CNDJ - F11001080200020240082600

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Villavicencio., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticuatro (2024) Magistrada Ponente: Dra. MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS Radicación No. 110010802000202400826 00 Aprobado según Acta N. 41 de la misma fecha ASUNTO Negado el proyecto presentado por el Magistrado Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo1, procede la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a pronunciarse respecto del conflicto negativo de competencia suscitado entre la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima2 y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima3. SITUACIÓN FÁCTICA El presente asunto tiene origen en la compulsa de copias del 21 de septiembre de 2023 ordenada por el Juzgado Promiscuo de Familia de Purificación, Tolima, mediante Oficio N.° 847 de fecha 2 de octubre de 2023 en el proceso de sucesión con radicado con el N.° 73-585-31-84001-2018-00126-00. Lo anterior, en razón a que la abogada Yadira Sotello Delgadillo, en su calidad de auxiliar de la justicia, “no presentó el trabajo de partición, dentro del término que le fue concedido, fue relevada del cargo y ordenó oficiar a esa honorable Corporación, para los fines previstos en el artículo 50 del CGP”. 1 En Sala 37 del 19 de junio de 2024

2 Rad. IUS-E-2023-698971 / IUC-D-2023-3353367

3 Rad. 73001250200220230106500, MP CARLOS FERNANDO CORTÉS REYES

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Referencia: CONFLICTO

ANTECEDENTES PROCESALES

1. Mediante auto del 19 de octubre de 20234, el Magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, doctor Carlos Fernando Cortés Reyes, resolvió remitir por competencia las diligencias a la Procuraduría General de la Nación – Regional Tolima.

2. Recibidas las diligencias en la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima, mediante auto del 25 de abril de 20245, la Procuradora María Piedad Zúñiga Leyva, resolvió remitir por competencia a la mencionada Comisión Seccional, a efecto de continuar con el proceso adelantado en contra de la auxiliar de la justicia.

3. El 2 de mayo de 20246, el Magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, nuevamente se pronunció y remitió la actuación a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el objeto de dirimir el conflicto negativo de competencias.

POSTURA DE LOS COLISIONADOS

1. El Magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, consideró que el asunto era ajeno a la competencia de la jurisdicción. Indicó que como la decisión que adoptaba se apartaba del precedente, procedía con la justificación, en cumplimiento de las cargas de transparencia y argumentación. 4 Archivo digital “006REMITEPORCOMPETENCIARAD202301065” 5 Archivo digital “008DEVOLUCIONDILIGENCIASPROCURADURIA12202301065”

6 Archivo digital “010REMITEPARARESOLVERCONFLICTODECOMPETENCIA202301065” Página 2 | 19

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Referencia: CONFLICTO Así, hizo referencia a la decisión de fecha 10 de agosto de 2022 dentro del proceso radicado N.° 73001110 2000 2019 0057701, aprobada según acta N.° 061, donde se determinó «[l]a falta de competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus Seccionales para adelantar la investigación y juzgamiento contra auxiliares de la justicia cuando no se ha notificado pliego de cargos antes de la vigencia del

Código General Disciplinario». Luego, citó los siguientes pronunciamientos de la Comisión Nacional de Disciplina: i) providencia del 10 de agosto de 2022 con radicado 73001110 2000 2019 00577 01 aprobada según acta 061, ii) decisión del 22 de marzo de 2023 con radicado 73001252000 20210080701, aprobada según acta 021, iii) fallo del 22 de marzo de 2023 con radicado 730012502000 20210012401 aprobada según acta 021, iv) sentencias de fechas 1° y 29 de marzo, y 19 de abril de 2023, procesos con radicados 110010802000 20220101600, 110010802000 20220101000, 110010802000 20220074600, 110010802000

20220075200, 110010802000 20220075300 y 11001080200020220094200, aprobadas en actas 014, 022 y 027, respectivamente; igualmente, en decisiones de fechas 4 y 10 de mayo de 2023 procesos con radicados 110010802000 20220074900, 110010802000 20220076200,110010802000 20220088700 y 11001080200020220089500, aprobadas en actas 030 y 032, respectivamente, v) decisión de fecha 22 de junio de 2023 proceso radicado 110010802000 20220101400, aprobada según acta 046. Relató que a partir del fallo proferido el 22 de junio de 2023 esta Colegiatura varió el precedente respecto a que el competente para juzgar disciplinariamente a los auxiliares de la justicia es la Comisión Página 3 | 19 C 12911 República de Colombia Rama Judicial

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Referencia: CONFLICTO Nacional de Disciplina Judicial. Describió el argumento de la Comisión así: “[…] manifestar que antes de la creación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la jurisdicción disciplinaria era la encargada de investigar la conducta de aquellos funcionarios judiciales y particulares que ejercieran labores dentro del sistema judicial y que además, aunque inicialmente el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 había derogado expresamente el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 73 de la Ley

2094 de 2021 al modificar el mentado artículo 265 no incluyó la derogatoria expresa aquí citada concluyendo que el artículo 41 de la Ley 1474 habría recobrado su vigencia manteniéndose entonces la competencia de la autoridad jurisdiccional disciplinaria para el juzgamiento disciplinario de los auxiliares de la justicia”. Finalmente, fundamentó la decisión de apartarse del precedente sentado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, soportado en que esta Colegiatura, por disposición constitucional expresa, “únicamente es competente para ejercer la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la rama judicial y los abogados, debiéndose precisar que los auxiliares de justicia no tienen ninguna de estas calidades, salvo el caso, claro está, de los curadores ad litem cuya situación, sobre la que no se ha puesto manto de duda, se encuentra definida en la Ley 1123 de 2007, pues se investigan y juzgan disciplinariamente como abogados y no como auxiliares de la justicia”. Argumentó que la calidad de funcionario y empleado de la Rama Judicial no se puede determinar por vía de interpretación, puesto que la calidad la establece la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, norma que no puede ser derogada por una Ley ordinaria. Página 4 | 19 C 12911 República de Colombia Rama Judicial

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Referencia: CONFLICTO

2. La Procuradora Regional de Instrucción del Tolima, por su parte, se

fundamentó en el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial del 31 de enero de 2024 con radicado 110010802000 1023 01127 00, Magistrado Ponente Doctor Alfonso Cajiao Cabrera, del cual citó algunos apartes. Por consiguiente, concluyó que, de conformidad con los argumentos jurídicos transcritos, los cuales compartía, lo procedente era que continuara la actuación en la Comisión Seccional.

RECUENTO PROCESAL EN ESTA INSTANCIA

1. Mediante acta individual de reparto del 16 de mayo de 20247 le correspondió el conocimiento de las presentes diligencias al despacho del doctor Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, quien presentó proyecto de fallo el cual fue negado8 en Sala No. 37 del 19 de junio de

2024.

2. El 21 de junio del presente9, el asunto fue repartido al despacho, de quien hoy funge como ponente de la Comisión Nacional de Disciplina

Judicial.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

1. Competencia. Inicialmente, es preciso anotar que si bien en recientes oportunidades10, esta Comisión optó por remitir estos 7 Archivo digital “01 acta de reparto” 8 Archivo digital “05 AUTO 2024 00826 00” 9 Archivo digital “08 PASO DESPACHO NEGADO 00826” Página 5 | 19

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Referencia: CONFLICTO asuntos para que fueran resueltos por la Corte Constitucional, en

virtud de la competencia establecida en el numeral 11 del artículo 241 de la Carta Política, dicho alto Tribunal, en tratándose de empleados11, al declararse inhibido, señaló no ser competente para conocerlos en atención a que técnicamente no se trataba de un conflicto de jurisdicciones, pues intervenía una autoridad que no ejercía la función constitucional de administrar justicia. Así lo manifestó en Auto 1411 de 2022, Expediente CJU-1353, con ponencia del Magistrado José Fernando Reyes Cuartas: “La Sala Plena considera que no es competente para resolver la presente controversia. Lo anterior porque no se trata de un conflicto entre jurisdicciones. Por el contrario, se trata de un conflicto de competencias entre una autoridad judicial (la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar) y una autoridad judicial en ejercicio de una función administrativa (Consejo de Estado). Según como fue planteado por la autoridad que promovió el conflicto, este asunto versa sobre la autoridad encargada de adelantar la acción disciplinaria que se sigue en contra de Matilde María Deluquez Díaz. Ella se desempeñaba como escribiente de la Secretaría General del Tribunal Administrativo del Cesar para el mes de enero del año 2015, fecha de la ocurrencia de la supuesta falta disciplinaria”. En el auto citado en precedencia, la Corte ordenó remitir el asunto para conocimiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en atención a lo dispuesto en el artículo 112.1012 de la Ley 10 Comisión Nacional de Disciplina Judicial, providencia del 18 de enero de 2023, aprobado en Sala No. 1 de la fecha, exp.

No. 110010802000202200963 00, M.P. Alfonso Cajiao Cabrera. 11 Pero que mutatis mutandis resulta plenamente aplicable al caso de auxiliares de la justicia. 12 ARTÍCULO 112. INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DE LA SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. <Inciso modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La Sala de Consulta y Servicio Civil cumplirá funciones separadas de las funciones jurisdiccionales y actuará en forma autónoma como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración. Estará integrada por cuatro (4) Magistrados. Página 6 | 19 C 12911 República de Colombia Rama Judicial

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Referencia: CONFLICTO 1437 de 2011. Sin embargo, dicha Sala también ha declarado su falta de competencia en asuntos similares, por lo que envió el expediente a la Corte Constitucional, pues su función se circunscribe a resolver conflictos de competencias entre autoridades administrativas, y al encontrar que una de las autoridades colisionadas corresponde a una Comisión Seccional de Disciplina Judicial, ha concluido que no puede resolver el conflicto debido a que se trata de una entidad que ejerce funciones jurisdiccionales13.

Así las cosas, con el fin de evitar que se sigan profiriendo decisiones inhibitorias en asuntos como el que hoy nos compete, es necesario que la Comisión proceda a resolver el conflicto planteado. Por lo tanto, al tratarse de un conflicto de competencias entre una autoridad

administrativa (Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima) y una de naturaleza jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima), de la cual, esta Comisión es su superior jerárquico, procede esta Colegiatura a resolver el presente asunto.

2. Del caso concreto.

Es postura decantada que esta jurisdicción disciplinaria, en efecto, es la competente para conocer de los procesos disciplinarios que se sigan contra auxiliares de la justicia, no solo en razón de las funciones Notas de Vigencia Legislación Anterior Los conceptos de la Sala no serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario. La Sala de Consulta y Servicio Civil tendrá las siguientes atribuciones: 10. <Numeral modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. 13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. 21 de septiembre de 2022. Radicado No. 11001-03-06-000-202200119-00. CP. Óscar Darío Amaya Navas. Página 7 | 19 C 12911 República de Colombia Rama Judicial

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Referencia: CONFLICTO que estos desempeñan al servicio del aparato judicial, sino también, de acuerdo a lo expresamente previsto en el artículo 257A de la Carta Política, los preceptos 112 (numeral 4°) de la Ley 270 de 1996, 194 del CDU y 41 de la Ley 1474 de 2011, en armonía con la regla 263 de la Ley 1952 de 2019.

En lo que respecta a los auxiliares de la justicia, bien sea como personas naturales o jurídicas, en su especialidad civil, laboral, penal, etc., esto es, en cualquiera en la que hubiesen sido designados, no existe duda en cuanto al régimen de faltas, sanciones para disciplinarlos y el procedimiento. Por ejemplo, en vigencia de la Ley 734 de 2002, el artículo 55 consagró un catálogo de faltas gravísimas, las que sin dificultad sancionó la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, soportada en el artículo 56 de esa misma codificación, norma según la cual: “Los particulares destinatarios de la ley disciplinaria estarán sometidos a las siguientes sanciones principales. (…)”, lo que resultaba coherente dada la naturaleza jurídica de la función de los auxiliares de la justicia, por cumplir un oficio público de manera transitoria, aunado a esa especial relación de sujeción con el Estado, una vez designados, la mayoría de las veces, por una autoridad jurisdiccional en el marco de determinado proceso de su resorte. (Se resalta).

Sobre el particular, la Corte Constitucional desde la sentencia C-798 de 2003 consideró que los auxiliares de la justicia, tales como “peritos, secuestres, partidores, contadores, agrimensores, síndicos, intérpretes y traductores”, “no tienen un vínculo laboral con el Estado sino que son Página 8 | 19 C 12911 República de Colombia Rama Judicial

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Referencia: CONFLICTO particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas, sujetos a un régimen de impedimentos y recusaciones como el señalado en el artículo 22 del Decreto 2265 de 1969 o el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil”, razonamiento que ni siquiera varió con motivo de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, pues en el inciso 2° del precepto 235 también consagró que las “partes se abstendrán de aportar dictámenes rendidos por personas en quienes concurra alguna de las causales de recusación establecidas para los jueces”. (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De allí que conforme con el artículo 47 de la Ley 1564 de 2012 (CGP), se reiteró que “los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para tal fin se requiere idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento.

Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o actividad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso”, exigencias que, dicho sea de paso, no le fueron dispensadas a la Procuraduría General de la Nación. (Se resalta). Ahora bien, con fundamento en ese razonamiento del alto Tribunal y las normas que regulan la materia para ese tipo de asuntos, en especial el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, la entonces Sala Página 9 | 19 C 12911 República de Colombia Rama Judicial

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Referencia: CONFLICTO

Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura unificó14 el criterio15, en el siguiente sentido: “(…) Para resolver el presente asunto, ha de precisarse que el ejercicio de funciones públicas por particulares es considerada como una de las formas de participar e intervenir en la gestión pública que permite poner en práctica la forma organizativa del Estado Colombiano, la cual es ser un Estado Social y Democrático de Derecho. Este pilar fundamental, hizo que en la Constitución Política en sus artículos 123 y 210 ampliara el campo de participación de los ciudadanos, permitiendo que determinados particulares pudieran ejercer funciones inherentes al Estado; forma de participación en la gestión pública de los particulares que se conoce con el nombre de descentralización por colaboración administrativa. (…) tratándose de responsabilidad disciplinaria que recae sobre el

particular que ejerce funciones públicas; ya no se le asimila al servidor público para aplicarle las mismas conductas y sanciones disciplinarias, puesto que el Legislador dispuso un régimen especial para los particulares–Libro III de la Ley 734 de 2002-, en los cuales están los que ejercen funciones públicas -Título I: RÉGIMEN DE LOS PARTICULARESy dedicando otro título para los Notarios -Titulo II: RÉGIMEN DE LOS NOTARIOS-, pues estos últimos también son particulares que ejercen funciones públicas sometidos a sanción disciplinaria. (…)”. Acto seguido, respecto del ámbito de aplicación del régimen disciplinario a los Auxiliares de la Justicia, estableció que: “Al establecer este artículo 52 -Ámbito de Aplicaciónque el régimen disciplinario para los particulares, comprende la 14 La Ley 1437 de 2011, creó la figura de las sentencias de unificación para el Consejo de Estado, en los siguientes términos: "ARTÍCULO 270. SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL. Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11_ de la Ley 1285 de 2009' 15 Providencia de 22 de marzo de 2018, aprobada en Sala No. 23, exp. 200011102000201400157 01, M.P. María Lourdes

Hernández Mindiola. Pági na 10 | 19 C 12911 República de Colombia Rama Judicial

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Referencia: CONFLICTO determinación de los sujetos disciplinables, inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses y en especial el catálogo de faltas imputables a los mismos, resulta obligante remitirnos a los siguientes artículos 53, 54, 55, 56 y 57. (…) Lo cierto es que justamente por ser particulares que ejercen funciones públicas, ese ajuste sancionatorio es tan severo que el componente de estas faltas sólo responde a gravísimas, remitiendo incluso en su numeral 11 del artículo 55 a algunas descripciones del artículo 48 de la Ley 734 de 2002-que es el que define las faltas gravísimas generalescuando resulten compatibles con la función, sus especiales sanciones y criterios para su graduación. (…) Finalmente, otro punto que no puede confundirse, es que una cosa son las sanciones que pueden ser aplicadas por el juez respectivo a los auxiliares de la justicia previo trámite incidental de exclusión al interior del proceso, y otras son las sanciones a decretarse por parte de la jurisdicción disciplinaria con ocasión de la incursión en comportamientos que atentan contra la conducta ética que deben mantener en el ejercicio del oficio público encomendado; pues estas últimas, así como su respectiva graduación, también fueron reguladas por el Código Disciplinario

Único en sus artículos 56 y 57.(…)”. Desde luego que el aludido criterio para disciplinar a los auxiliares de la justicia no varió con la entrada en vigencia del Código General Disciplinario (régimen disciplinario previstos en los artículos 69 a 74 de Ley 1952 de 2019), por lo siguiente:

1. En primer lugar, porque el artículo 70 de la Ley 1952 de 2019 sí incluyó en el régimen de particulares contenido en su Título I, Capítulo I, que “los auxiliares de la justicia serán disciplinables conforme a ese Código (Ley 1952 de 2019), sin perjuicio del poder correctivo del juez ante cuyo despacho intervengan”, norma que armoniza con el inciso 6° del precepto 2°, ídem, al señalar que a la “Comisión Pági na 11 | 19

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Referencia: CONFLICTO Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal y permanente”. (Negrillas y subrayas de texto).

Es más, si se miran bien las cosas, como los auxiliares de la justicia ejercen una función pública transitoria, según viene de verse, fue

precisamente que el artículo 63 de la Ley 1952 de 2019, al hablar de las “Faltas atribuibles a los funcionarios judiciales y a los empleados judiciales”, despejó cualquier duda sobre la competencia de la “Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial”, al encasillar, en el mismo segmento normativo, el parágrafo 2°, conforme al cual “Para los auxiliares de la justicia aplican las faltas previstas en los numerales 4° y 5° de la presente disposición (modificado por el artículo 12 de la Ley 2094 de 2021)”. Es decir, el Legislador por esa especial relación de sujeción que tienen los auxiliares de la justicia con las autoridades de naturaleza jurisdiccional, fue quien optó por otorgarle la facultad a las referidas corporaciones para ejercer la potestad disciplinaria, lo que impide considerar que pueda ser la Procuraduría General de la Nación quien asuma el conocimiento de las investigaciones, so pretexto de que el inciso 3° del artículo 92 de la Ley 1952 de 201916 habló del “particular disciplinable”. 16 Modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021. Pági na 12 | 19 C 12911 República de Colombia Rama Judicial

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Referencia: CONFLICTO Ahora, debe recordarse que desde la Ley 734 de 2002, en su artículo 75, la competencia por la calidad de particular recaía exclusivamente

en la Procuraduría General de la Nación, a excepción de los notarios (artículo 59, ibidem), luego ninguna novedad relevante trajo consigo el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, como para privar de la competencia a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial del país y a su Superior.

2. Por otro lado, si bien en un principio el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 derogó expresamente el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 que asignó la competencia a la jurisdicción disciplinaria sobre los auxiliares de la justicia, no puede pasarse por alto que con posterioridad el artículo 73 de la Ley 2094 de 202117 modificó el aludido precepto 265 y, al traer a la vida jurídica un nuevo texto, no incluyó esa derogatoria que estipulaba la Ley 1952, por lo que resulta evidente entonces que, contrario a tratarse de una omisión u olvido en la nueva ley o una derogatoria tácita, fue deseo del legislador corregir dicha derogatoria y mantener vigente la competencia de esta jurisdicción sobre esos particulares al servicio del aparato jurisdiccional

(auxiliares de la justicia). Por lo demás, se sabe que en el derecho disciplinario y en lo que concierne a los asuntos relativos a la competencia, también podrían presentarse casos difíciles18, en los cuales no existe una norma legal que podría resolver el asunto. Para ello y en lo que evidentemente 17 Reformó la Ley 1952 de 2019. 18 La distinción entre los casos fáciles (case easy) y los casos difíciles (case hard) ha sido utilizada por las diferentes

escuelas de pensamiento dentro de la Filosofía del Derecho. Así, por ejemplo, están los interesantes debates entre H. L. A. Hart y Ronald Dworkin. Ver, por ejemplo, LA DECISIÓN JUDICIAL. El debate Hart y Dworkin. Siglo del Hombre Editores. 1997. Pági na 13 | 19 C 12911 República de Colombia Rama Judicial

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Referencia: CONFLICTO podría significar una laguna normativa19, esta no solo puede ser solucionada con una simple interpretación, sino que sería necesario “integrar o completar el ordenamiento jurídico, esto solo puede hacerse introduciendo en él una norma nueva”20.

Lo anterior para significar, que aunque la competencia para disciplinar a auxiliares de la justicia no ha sido pacífica, una interpretación sistemática y jurisprudencial permite sostener, sin dificultad, que la misma continúa en cabeza de Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, por ser quienes de conformidad con lo señalado en el artículo 257A de la Constitución Política de Colombia, adicionado por el artículo 19 del Acto Legislativo No. 2 de 2015, ejercen la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial. Desde luego que aunque la Constitución Política no otorgó tal competencia a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, ello no traduce en que exista la imposibilidad de disciplinar a los auxiliares de la justicia, pues,

como viene de verse, a través de la Ley 1474 de 2011, en su artículo 41, para el legislador ello fue perfectamente posible, precepto normativo que, como se anticipó, conserva vigencia, y no se opone a la Constitución Política y, antes bien, permite a este Órgano especializado y fiscalizador de la actividad judicial, en las instancias respectivas, ejercer la potestad disciplinaria contra los particulares que intrínsecamente están ligados a la labor de administrar justicia, como 19 “Es este el riguroso (y restringido) concepto de laguna normativa elaborado por C. E. Alchourrón, E. Bulying, Normative Systems, Wien 1971, […]». Ricardo Guastini. Interpretar y argumentar. Traducción de Silvina Álvarez Medina. El Derecho y la Justicia. Segunda edición. Madrid (España). 2021. p. 140. Aclarado el origen del concepto, este se explica como «el fenómeno en el que el legislador regula una serie de supuestos de hecho, pero omite regular una o más de una de sus posibles combinaciones”. Cfr. Ib. 20 Ricardo Guastini. (ob. cit.). p. 144. Pági na 14 | 19 C 12911 República de Colombia Rama Judicial

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Referencia: CONFLICTO igualmente lo permiten los artículos 2°, 63, 70 y 92 de la Ley 1952 de

2019. De hecho, el principio del efecto útil21 de las normas también permite sostener que las decisiones disciplinarias proferidas en el marco de

actuaciones adelantadas contra auxiliares de la justicia, al excluir el régimen disciplinario administrativo de las Procuradurías Provinciales de Instrucción, le ahorraría un desgaste innecesario a la administración de justicia, en tanto las decisiones sancionatorias no tendrían un medio de control ante lo contencioso, debido a su naturaleza jurisdiccional. El anterior recuento legislativo entonces, despeja cualquier duda en torno a la competencia de esta Comisión y sus Seccionales para adelantar todos los asuntos disciplinarios relacionados con auxiliares de la justicia22; como lo ha señalado la Corporación en proveídos del 20 de marzo de 2024, aprobados en Sala No. 20, dentro de los radicados Nos. 110010802000202400256 00, 110010802000202400264 00, 110010802000202400304 00 y 110010802000202400275 00, y más reciente en radicado 110010802000202400624 00, en Sala 37 del 19 de junio de 2024, con ponencia de esta Magistrada. Antes de la creación de esta Comisión, la finalidad de la jurisdicción disciplinaria dentro de la estructura constitucional y legal era que se encargara de investigar y, sobre todo, sancionar las conductas de 21 Corte Constitucional, sentencia C-499 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 22 Como lo señaló la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, cuando unificó su criterio, en el radicado Nº 200011102000201400157-01. Pági na 15 | 19

C 12911 República de Colombia Rama Judicial

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

M.P. DRA. MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS Radicación No. 1100108