CNDJ - F11001110200020190305401ADJUNTA20210827152926-2021

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Magistrada ponente:

DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ

Denunciado: ORLANDO JIMÉNEZ CAMARGO Quejoso: MARÍA JOSEFA RODRÍGUEZ DE CARRERO Radicación: 11001-11-02-000-2019-03054-01

Decisión: RECHAZA RECURSO POR IMPROCEDENTE

Bogotá, D.C., 19 de agosto de 2021 Aprobado según Acta de Comisión No. 50 1.ASUNTO La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de la competencia asignada en el artículo 257A de la Constitución Política de Colombia, entra a determinar si es procedente o no el recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público, en contra de la providencia del 13 de diciembre de 2019, proferida por el Magistrado Instructor de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá1, en la que se inhibió de adelantar investigación disciplinaria en contra del abogado ORLANDO JIMÉNEZ CAMARGO.

2. SITUACIÓN FÁCTICA El 8 de mayo de 20192, la señora MARÍA JOSEFA RODRÍGUEZ CARRERO interpuso queja en en contra del abogado ORLANDO JIMÉNEZ CAMARGO, indicando que pudo haber desconocido sus deberes profesionales, en razón a que desatendió los términos del mandado conferido para ejercer su representación judicial en el curso del proceso divisorio N° 2011-00518-00, en el que ostentaba la calidad de demandante.

1 Magistrado Dr. Héctor Eduardo Realpe Chamorro.

2 Folios 1 a 5 cuaderno original. Señaló la quejosa que, conforme a lo acordado con el profesional del derecho, aquél debía lograr que en el remate se obtuviera el mayor precio posible por el inmueble, sin embargo, el inculpado desatendió esa obligación, permitiendo que en la audiencia de 9 de abril de 2019 se adjudicara el inmueble por el 70% de su valor, al único proponente que se presentó, circunstancia que, en su sentir, le causó un perjuicio, porque pretendía recibir un mayor valor por la cuota parte que le correspondía por la venta de esa propiedad. Arguyó la quejosa que, a instancias del Juzgado 49 Civil del Circuito de Bogotá, el inculpado permitió que el proponente al que se le adjudicó el inmueble por $244.000.000, participara en el remate consignando la suma de dinero correspondiente a su oferta económica con tan solo 20 minutos de antelación a la audiencia, cuando lo cierto es que ese depósito debió realizarse por lo menos cinco días antes de la diligencia. Indicó que, a pesar que sus hijos le informaron al abogado Orlando Jiménez Camargo que había otras personas interesadas en el inmueble, quienes tenían la posibilidad de hacer una mejor oferta, aquél hizo caso omiso a esa observación, permitiendo que el Juez de la causa ordinaria adjudicara el predio por una suma irrisoria, en detrimento de sus intereses económicos. Manifestó la quejosa que requirió al abogado vía telefónica y por medio de la aplicación WhatsApp, para que le indicara los pormenores del trámite de

remate y que no recibió respuesta alguna frente a sus interrogantes. Por último, indicó que en el poder suscrito el abogado incluyó la facultad para cobrar títulos judiciales, sin que ello estuviera previsto en el artículo 77 del Código General del Proceso. 3.DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA P á g i n a 2 | 14 Mediante auto del 13 de diciembre de 20193, el Magistrado Instructor de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, invocando lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1123 de 2007, se inhibió de abrir investigación disciplinaria en contra del abogado Orlando Jiménez Camargo, indicando que las manifestaciones efectuadas por la ciudadana María Josefa Realpe Chamorro, no tenían relevancia disciplinaria. Precisó la primera instancia que la inconformidad de la quejosa radica en el hecho de que en el remate adelantado en el curso del proceso divisorio N° 2011-00518-00, el abogado no logró que se adjudicara el inmueble objeto del litigio en el mayor precio posible. No obstante, para el a quo, el resultado de la venta judicial del bien no dependía exclusivamente del abogado, porque su labor debía medirse en término de los medios utilizados para alcanzar ese fin y no por su éxito o fracaso. Refirió la Sala Seccional que, aunque la quejosa cuestionó el hecho de que el abogado no permitió que otros proponentes participaran en la diligencia de remate, lo cierto es que en sus manos no estaba determinar quienes podían intervenir en la diligencia y quienes no, pues simplemente debían

seguirse los términos y pautas establecidas en la ley, pudiendo participar de manera libre quien estuviera interesado en la venta del inmueble. Consideró el a quo que el abogado inculpado no incurrió en ningún error al señalar que el proponente al que se le adjudicó el inmueble tenía la posibilidad de participar en el remate, pues en los términos del artículo 451 del Código General del Proceso, “todo aquel que pretenda hacer postura en la subasta deberá consignar previamente el dinero a órdenes del juzgado (…) dentro de los cinco días anteriores al remate”, con la posibilidad que el día de la diligencia los presentes también hagan sus ofertas, tal y como lo dispone el artículo 452 ibidem. Por último, indicó la primera instancia que el reproche respecto a las facultades de recibir en el poder, no tiene relevancia disciplinaria, en tanto, 3 Folios 8 a 11 cuaderno original. P á g i n a 3 | 14 la señora María Josefa Rodríguez Carrero debió conocer los términos del mandato conferido al inculpado y consentir su contenido, sin que fuera posible indicar que aquél actuó abusivamente, cuando fue la quejosa quien por voluntad propia le otorgó la potestad de cobrar los títulos judiciales.

4. RECURSO DE APELACIÓN El 28 de enero de 2019, la Procuradora 14 Judicial II Penal de Bogotá interpuso la alzada señalando que la decisión inhibitoria no es aceptable, por cuanto la primera instancia debió adelantar una investigación integral. 5.TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA El expediente fue recibido en la Secretaría de la Sala Jurisdiccional

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el 18 de febrero de 20204 y asignado al Despacho de la Magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, el 3 de marzo de 20205. El 8 de febrero de 2021, el proceso fue asignado al doctor Juan Carlos Granados Becerra, por reparto, en virtud de la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y en cumplimiento del Acuerdo PCSJA21-11710 del 8 de enero de 2021 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. El 4 de agosto de 2021, la Sala Plena de la Corporación estudió el proyecto presentado por el doctor Juan Carlos Granados Becerra, el cual fue negado, motivo por el cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 17, literal d, del Acuerdo No. 003 del 25 de enero de 2021 (reglamento interno de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial), se asignó el proceso de la referencia a este Despacho el 6 de agosto de 2021, para radicar nuevo proyecto para discusión y aprobación.6 6.CONSIDERACIONES 4 Folio 1, oficio remisorio cuaderno principal. 5 Folio 3, cuaderno principal. 6 Folio 7 cuaderno principal. P á g i n a 4 | 14 Teniendo en cuenta que el recurso de apelación interpuesto por la Agente del Ministerio Público se orienta a controvertir la decisión por la cual la primera instancia se inhibió de adelantar investigación disciplinaria, resulta pertinente estudiar si esta decisión es o no susceptible de alzada: El artículo 65 de la Ley 1123 de 2007, señala como intervinientes de la

actuación disciplinaria al investigado, su defensor y el Ministerio Público. Por su parte, el artículo 66 ibidem define las facultades de esos intervinientes así: “ARTÍCULO 66. FACULTADES. Los intervinientes se encuentran facultados para:

1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en su práctica.

2. Interponer los recursos de ley.

3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación disciplinaria y el cumplimiento de sus fines, y

4. Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal estas tengan carácter reservado.” (Negrillas fuera de texto).

El artículo 81 del Código Disciplinario del Abogado indica los eventos en los que procede el recurso de apelación, bajo los siguientes términos: “ARTÍCULO 81. RECURSO DE APELACIÓN. Procede únicamente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia.” (Negrillas fuera de texto) De esa forma, el Ministerio Público, en el marco de la actuación disciplinaria, dispone de la posibilidad de presentar el recurso de apelación contra las decisiones de terminación del proceso, entre otras. Descendiendo al caso bajo estudio, se advierte que el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, atacó el auto por medio del cual la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá se inhibió de adelantar investigación disciplinaria

contra el abogado ORLANDO JIMÉNEZ CAMARGO, decisión que, según la P á g i n a 5 | 14 norma antes citada, no se encuentra estipulada como susceptible de ser impugnada a través de alzada. Sobre el particular, resulta pertinente precisar que un auto de esta naturaleza, busca, según el tenor literal del artículo 69 de la Ley 1123 de 2007, abstenerse de iniciar investigación cuando se alleguen “informaciones y quejas falsas o temerarias, referidas a hechos disciplinariamente irrelevantes, de imposible ocurrencia o que sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa”. En efecto, el auto inhibitorio no involucra la apertura de investigación alguna, sino que se abstiene de iniciar actuación disciplinaria, al carecer la queja del mérito necesario. Así, al no existir una decisión de “abrir7” en el auto referido, no hay lugar a que esta decisión sea susceptible del recurso de apelación por la primera causal (terminación del procedimiento), dado que no se puede finalizar algo que no se ha iniciado. Además, el auto inhibitorio no hace tránsito a cosa juzgada material, ni define una situación particular y concreta, tal como, sucede con la providencia de terminación anticipada, toda vez que la primera decisión rechaza de plano la apertura de la actuación disciplinaria, por las causales señaladas en el anotado artículo 69 de la Ley 1123 de 2007, mientras tanto la providencia de terminación anticipada, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 103 ibidem8, implica necesariamente una valoración probatoria y, por tanto, una decisión de fondo dictada después de la apertura de la

investigación. 7 Según la RAE, abrir es: “Comenzar ciertas cosas o darles principio, inaugurar”. consultado el 8 de julio de 2021. 8 El artículo 103 de la Ley 1123 de 2007, indica que la terminación anticipada podrá proferirse en cualquier etapa de la actuación disciplinaria, así, según esta disposición, las etapas del procedimiento disciplinario para los abogados son: (i) apertura de investigación previa verificación de la condición de abogado del imputado (art.104 ibidem); (ii) audiencia de pruebas y calificación provisional (art.105 ibidem); (iii) audiencia de juzgamiento (art. 106 ibidem); (iv) sentencia de primera instancia y; (v) sentencia de segunda instancia, en virtud de la interposición de recurso de apelación o en grado jurisdiccional de consulta (art.107 ibidem), de modo que, el auto inhibitorio es una decisión que se toma con antelación al inicio del proceso disciplinario, mientras que la providencia de terminación anticipada, por su naturaleza procesal, debe proferirse después de la apertura de investigación. P á g i n a 6 | 14 Se precisa, entonces, que, si la providencia se apoya en el artículo 103 ibidem, es susceptible de recurso de apelación; en cambio, si la decisión se sustenta en algunas de las causales del artículo 69 de la Ley 1123 de 2007, no admite alzada y tampoco algún otro medio de impugnación (reposición). En ese orden de ideas, se rechazará por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el quejoso en contra del auto del 13 de diciembre

de 2019, proferido por el Magistrado Instructor de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. En consecuencia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, RESUELVE PRIMERO: RECHAZAR, por improcedente, el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra del auto del 13 de diciembre de 2019, proferido por la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Efectuar las notificaciones judiciales a que haya lugar, utilizando para el efecto los correos electrónicos de los intervinientes y el quejoso, incluyendo en el acto de notificación copia íntegra de la providencia notificada. Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación, cuando el iniciador recepcione acuso de recibido, en este caso se dejará constancia de ello en el expediente, adjuntando una impresión del mensaje de datos y del acuse de recibo certificado por el servidor de la Secretaría Judicial, advirtiendo que contra ella no procede recurso.

TERCERO: Devuélvase el expediente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá para lo de su competencia.

P á g i n a 7 | 14

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ

Presidente Vicepresidenta

MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS ALFONSO CAJIAO CABRERA

Magistrada Magistrado

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

Magistrado Magistrado

MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO

Magistrado

YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial 01

SALVAMENTO DE VOTO P á g i n a 8 | 14

Con el respeto de siempre, por la decisión mayoritaria de la Comisión, procedo a exponer las razones por las cuales suscribí la providencia con salvamento de voto. En el presente asunto, se resolvió RECHAZAR por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión de fecha 13 de diciembre de 2019 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, que se inhibió de adelantar proceso disciplinario contra el

abogado ORLANDO JIMÉNEZ CAMARGO.

Decisión que no comparto, pues al tenor de lo dispuesto en el artículo 65, el numeral 2º del artículo 66 y el inciso primero del artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, el representante del Ministerio Público ostenta la calidad de interviniente y está legitimado para apelar la decisión que pone fin a la actuación disciplinaria, así: “Artículo 65. Intervinientes. Podrán intervenir en la actuación disciplinaria el investigado, su defensor y el defensor suplente cuando sea necesario; el Ministerio Público podrá hacerlo en cumplimiento de sus funciones constitucionales.” “Artículo 66. Facultades. Los intervinientes se encuentran

facultados para: (…)

2. Interponer los recursos de ley.” “Artículo 81. Recurso de apelación. Procede únicamente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia.” P á g i n a 9 | 14

En consecuencia, el agente del Ministerio Público en cumplimiento de las funciones constitucionales y legales asignadas, se encontraba plenamente facultado para interponer recurso de apelación contra la decisión desestimatoria de plano. No puede perderse de vista que en su calidad interviene en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales9, por mandato constitucional establecido en el artículo 277 de la Constitución Política. Además, en calidad de interviniente y con la facultad de interponer los recursos de Ley y presentar las solicitudes que considere necesarias para garantizar la legalidad de la actuación disciplinaria y el cumplimiento de sus fines10; es decir, que no se pueden acortar sus facultades constitucionales mediante una interpretación restrictiva del artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, como en efecto sucedió. Por ello también considero que, cuando el artículo 81 ibídem, repara en que procederá la apelación, contra las decisiones de terminación del procedimiento, en ejercicio del principio constitucional de doble instancia, deben analizarse situaciones que la norma no contempló como los autos inhibitorios, con lo cual puede el Superior Jerárquico revisar éstas decisiones, como lo pretendió el Ministerio Público, sin que esto conlleve a un desconocimiento legislativo, sino que permite

que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea revisada por otro funcionario, independiente e imparcial de la misma naturaleza y más alta jerarquía, con el fin de que decisiones, tengan otro debate con propósitos de corrección, modificación o confirmación – si es necesario, lo cual es una garantía contra la arbitrariedad, y un mecanismo principal, idóneo y eficaz para la corrección de los yerros en que pueda incurrir el funcionario judicial de primera instancia. Luego en mi sentir, tal normatividad debe entenderse en sentido amplio. 9 Sentencia c-540 de 2010, Magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 10 Sentencia C-014 de 2004 Magistrado ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño P á g i n a 10 | 14 En conclusión, en el presente asunto, debió la Sala Plena de la Comisión conocer del recurso y en tal sentido resolver sobre los puntos de disenso expuestos por el Ministerio Público, encaminados a que se continuara la investigación en contra del abogado querellado. De los Señores Magistrados, en los anteriores términos dejo planteado mi salvamento de voto. Atentamente, MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS Magistrada kamoa

SALVAMENTO DE VOTO

Dr. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA

Magistrado Ponente Dra. DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ Radicado No. 11001-11-02-000-2019-03054-01 Aprobado según Acta No. 50 del 19 de agosto de 2021. ASUNTO Con el debido respeto me permito manifestar que, SALVO VOTO con

respecto a la decisión mayoritaria asumida por la Corporación, pues considero que, en el presente asunto, esta Corporación debió conocer del recurso de apelación presentado contra el auto que desestimó de plano la queja presentada, proferido por la Sala de primera instancia, conforme las razones que a continuación se relacionan: En el presente asunto, la Sala Mayoritaria resolvió RECHAZAR POR IMPROCEDENTE, el recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público, contra el auto del del 13 de diciembre de 2019, proferido por la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Bogotá, por medio del cual desestimó P á g i n a 11 | 14 de plano la queja formulada contra del abogado ORLANDO JIMÉNEZ CAMARGO con fundamento en lo dispuesto en artículo 68 de la Ley 1123 de 2007. Examinada la actuación, considero que el Agente del Ministerio Público estaba legitimado para apelar el auto mediante el cual se ordenó desestimar de plano la actuación disciplinaria, conforme lo establecido en los artículos 66 y 81 de la Ley 1123 de 2007, disponiendo las referidas normas: ARTÍCULO 66. FACULTADES. Los intervinientes se encuentran facultados para:

1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en su práctica.

2. Interponer los recursos de ley.

3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación disciplinaria y el cumplimiento de sus fines, y

4. Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional

o legal estas tengan carácter reservado. PARÁGRAFO. El quejoso solamente podrá concurrir al disciplinario para la formulación y ampliación de la queja bajo la gravedad del juramento, aporte de pruebas e impugnación de las decisiones que pongan fin a la actuación, distintas a la sentencia. Para este efecto podrá conocerlas en la Secretaría de la Sala respectiva. "ARTÍCULO 81. RECURSO DE APELACIÒN Procede únicamente contra las decisiones de terminación de procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia." En consecuencia, el Agente del Ministerio Público se encontraba plenamente facultado para interponer recurso de apelación contra la decisión de desestimar de plano, por cuanto la misma puso fin a la actuación. En cuanto a la procedencia del recurso de apelación contra el auto mediante el cual la Sala de primera instancia se inhibió de iniciar actuación disciplinaria, considero que, en ejercicio del principio constitucional de la doble instancia, se debe ser garantista de los derechos constitucionales y legales imperantes en las actuaciones judiciales, tanto respecto de los intervinientes, como del quejoso. Por lo anterior, cuando la Ley 1123 de 2007, advierte que gozarán de este mecanismo las decisiones que ponen fin a la actuación en sede de primera instancia, determinando de forma genérica la procedencia del recurso de apelación contra las decisiones de terminación del P á g i n a 12 | 14 procedimiento, se considera que en ejercicio del referido principio constitucional de la doble instancia, deben analizarse situaciones que

las normas no contemplaron, como la cesación del procedimiento por prescripción y los autos que desestiman de plano la queja, como salida jurídica para garantizar un efectivo acceso a la administración de justicia como derrotero de los fines mismos del Estado, con lo cual puede el Superior Jerárquico revisar éstas, sin que con ello conlleve a un desconocimiento legislativo, pues por el contrario, se le permite a los administrados acceder a la administración de justicia, a fin de zanjar su pretensiones. Entonces, si bien es cierto que el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007 establece que el recurso de apelación “procede únicamente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación: la que niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia », no es menos verdadero que de su lectura, no se concluye que una decisión que desestima la queja de plano no pueda ser atacada mediante el recurso de apelación por el quejoso, pues si nos vamos a la literalidad de la norma, de ella simplemente se extrae que el recurso procede contra las decisiones de terminación, sin establecer diferencia entre el archivo definitivo y el meramente formal. Lo anterior, por cuanto esta clase de proveídos no hacen tránsito a cosa juzgada absoluta y por tanto no pueden ser objeto de archivo definitivo, pues se pone fin a la actuación, cerrando la decisión con archivo, dado que el asunto no puede quedar indeterminado en el tiempo y a cargo del despacho ponente, sin que ello impida que en cualquier momento por prueba sobreviniente puedan desarchivarse las

diligencias. Sobre el particular, resulta pertinente indicar que el artículo 68 de la Ley 1123 de 2007, establece el concepto de auto que desestima de plano, así: “Procedencia, La Sala de conocimiento deberá examinar la procedencia de la acción disciplinaria y podrá desestimar de plano la queja, si la misma no presta mérito para abrir proceso disciplinario o existe una causal objetiva de improcedibilidad” P á g i n a 13 | 14 En este orden de ideas, se desprende que este tipo de decisión alude al hecho de abstenerse de conocer el juzgador disciplinario de un asunto cuando se configure alguna de las situaciones arriba mencionadas; decisión que conlleva el archivo formal de la actuación. Ahora en lo relacionado con las garantías constitucionales, se tiene que, la finalidad del principio-derecho a la doble instancia es permitir que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea revisada por otro funcionario, independiente e imparcial de la misma naturaleza y más alta jerarquía, con el fin de que decisiones contrarias a los intereses de las partes tengan otro debate con propósitos de corrección11. Lo cual es una garantía contra la arbitrariedad, y un mecanismo principal, idóneo y eficaz para la corrección de los yerros en que pueda incurrir el funcionario judicial. Además de garantizar a los asociados una posibilidad real de acceder a la administración de justicia. En los anteriores términos dejo planteado mi salvamento de voto. Atentamente, JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Magistrado Fecha ut supra 11 Sentencias C-037 de 1996, C-040 de 2000, C-650 de 2001, C-095 de 2003, C-l03 de 2005, C213 de 2007 y C-718de 2012. P á g i n a 14 | 14