CNDJ - F13001110200020190037201ADJUNTA20210623162741-2021

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D. C. veintitrés (23) de junio del 2021. Magistrado Ponente Dr. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO Radicación n.° 130011102000 2019 00372 01 Aprobado Según Acta Núm. 036 de la misma fecha.

1. ASUNTO A DECIDIR Sería del caso de que procediera la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a pronunciarse frente al recurso de apelación interpuesto por la quejosa en contra del auto de fecha treinta (30) de agosto de 2019, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar1, por medio del cual se desestimó de plano la queja presentada por 1 Magistrado Doctor José Ariel Sepúlveda Martínez. el señor Stephan Jaroudi en contra de la abogada María Fernanda Escobar Díaz, de no ser porque contra esa decisión no procede ningún recurso.

2. HECHOS El señor Stephan Jaroudi presentó el diecisiete (17) de mayo de 2019 queja en contra de la profesional del derecho María Fernanda Escobar Díaz, por los hechos que a continuación se resumen: Señaló que la abogada Escobar Díaz se aprovechó de que el señor Jaroudi se encontraba fuera del país, por motivos familiares, para presentar demanda en representación del señor Norman Seaberg, quien asegura era su socio, utilizando documentos falsos que él nunca firmó.

Así mismo, expuso que la profesional del derecho lo presionó

para que firmara un acuerdo que favorecía al señor Seaberg, comprometiéndolo a pagar la suma de doscientos millones de pesos $200.000.000 y solicitó el embargo de su vivienda como garantía de pago. Igualmente manifestó que lo obligó a pagarle en efectivo quince millones de pesos $15.000.000, de lo cual se dejó recibo y cinco millones de pesos $5.000.000 que no constan en recibo alguno, ambos rubros por concepto de honorarios, con la finalidad de resolver el caso. Por último, indicó que la abogada Escobar Díaz realizó todo esto antes de que el señor Jaroudi fuera aconsejado por un juez, quien revisó los documentos fraudulentos y le sugirió que presentara denuncia ante la Fiscalía General de la Nación no solo en contra de la abogada, sino también en contra de su socio el señor Norman Seaberg.

3. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Mediante proveído del treinta (30) de agosto de 2019, el

magistrado José Ariel Sepúlveda Martínez de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar desestimó de plano la queja presentada por el señor Stephan Jaroudi, en contra de la profesional del derecho María Fernanda Escobar Díaz, y, en consecuencia, ordenó el archivo del proceso. Lo anterior por cuanto afirmó que la queja disciplinaria se circunscribía a una presunta demanda fraudulenta que presentó la abogada María Fernanda Escobar Díaz en representación del señor Norma Seaberg, en contra del señor Stephan Jaroudi con

supuestos documentos falsos; sin embargo, expuso que dichas manifestaciones carecían de entidad para abrir investigación disciplinaria contra la profesional del derecho, debido a que, a su juicio, se trataba de apreciaciones subjetivas que no se encontraban respaldadas por algún medio de convicción, siquiera sumario. Estimó que el quejoso se limitó a aseverar que se utilizaron documentos falsos para demandarlo; no obstante, no enunció que tal falsedad hubiese sido declarada por parte de la jurisdicción competente y tampoco podía inferirse que la disciplinable hubiese asesorado o participado en la elaboración de tales documentos. Aunado a lo anterior, explicó que por el simple hecho de que la abogada aceptara representar al señor Seaberg ello no significaba que hubiese iniciado una demanda en contra del quejoso. Además, abrir investigación sobre la manifestación de estar ante un acto fraudulento, sin ningún respaldo probatorio, es tanto como cercenar el derecho que tienen las personas para acceder a la administración de justicia y debatir ante el juez natural la legalidad de las actuaciones que despliegan; por otro lado, afirmó que en el caso de haberse interpuesto una demanda, si el quejoso consideró en su momento que hubo irregularidades procesales, debió ponerlo de presente ante el juez de conocimiento, sin que le fuera posible considerar que por el solo hecho de haber sido demandado, la investigada se valió de medios fraudulentos para actuar. Por otra parte, frente a un correo electrónico remitido por la abogada Escobar Díaz al señor Stephan Jaroudi, por medio del cual le informa que lo iba a denunciar, consideró la primera

instancia que tampoco ello daba lugar a la corporación para iniciar una actuación disciplinaria en su contra. Por los argumentos anteriormente esgrimidos, se procedió a desestimar de plano la queja presentada por el señor Stephan Jaroudi en contra de la abogada María Fernanda Escobar Díaz, al considerar que los hechos puestos en conocimiento no tenían la envergadura suficiente para habilitar a la muy congestionada jurisdicción, a abrir un procedimiento disciplinario.

4. DE LA APELACIÓN Inconforme con la anterior decisión, el señor Stephan Jaroudi interpuso recurso de apelación a través de escrito de fecha diez (10) de octubre de 2019, por medio del cual indicó que la abogada María Fernanda Escobar Díaz tiene la obligación jurídica y moral de explicar por qué presentó documentos falsos, firmados y autenticados por ella misma.

Precisó que las intenciones de la profesional del derecho no son honestas, debido a que el señor Stephan le informó en varias ocasiones que sabía acerca de los documentos fraudulentos, pero ella no hizo nada al respecto. Afirmó que la abogada Escobar Díaz pagó una propina a la secretaria del juzgado para acelerar el proceso a su favor y en contra del señor Stephan Jaroudi. Así mismo anotó que, este actuar ilegal ya se encontraba en investigaciones ante la Fiscalía General de la Nación. Así mismo sostuvo que, la abogada lo había amenazado con rematar su bien inmueble, el cual se encontraba embargado gracias a «la manera sucia de actuar de la profesional del derecho», aun cuando recibió la suma total de veinte millones de

pesos $20.000.000, los cuales ocultó a su cliente el señor Seaberg. Por último, reitera que todo el actuar de la abogada era fraudulento y merecía recibir justicia, razón por la cual solicitó se revisara nuevamente su caso.

5. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA En cumplimiento de lo ordenado en providencia de fecha 30 de octubre de 2020, proferida por el doctor Jose Ariel Sepúlveda Martínez, magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Bolívar dentro del proceso de la referencia, se dispuso conceder el recurso de apelación incoado por el quejoso contra la providencia de fecha 30 de agosto de 2019, por medio de la cual se dispuso desestimar de plano la queja.

Posterior a la remisión del expediente, aparece la constancia secretarial de fecha 11 de marzo de 2021, a través de la cual se registró que el presente proceso disciplinario se asignaba, conforme al reparto efectuado por el sistema de gestión «Siglo XXI», al despacho del suscrito magistrado ponente, Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo.

6. CONSIDERACIONES 6.1. Competencia. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial es competente para conocer del presente asunto en aplicación a lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución Política de Colombia2. 6.2. Problema jurídico El problema jurídico que debe resolver la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es el siguiente: ¿Es procedente el recurso de apelación contra el auto que se abstiene de iniciar una investigación disciplinaria en contra de un

abogado? Tesis mayoritaria de la Comisión3: la Corporación rechazará por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el quejoso en contra del auto que desestimó de plano la queja en contra de la abogada María Fernanda Escobar Díaz. Resolución del caso concreto El señor Stephan Jaroudi, en su calidad de quejoso dentro del presente asunto, interpuso y sustentó recurso de apelación en 2 Artículo 257A inciso quinto de la Constitución Política: “La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados” 3 Auto del 7 de abril de 2021, Expediente 110011102000 2019 04813 01, M.P. Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, auto del 21 de abril de 2021, Expediente 110011102000 2019 00128 01, M.P. Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, entre otros. contra del auto de fecha treinta (30) de agosto de 2019, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar desestimó de plano la queja presentada en contra la abogada María Fernanda Escobar Díaz, razón por la cual correspondería a esta Comisión pronunciarse al respecto, de no ser porque contra la decisión recurrida no procede recurso alguno, tal como se explicará: En relación con la procedencia de la acción disciplinaria, el artículo 68 de la Ley 1123 de 2007 dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 68. PROCEDENCIA. La Sala del conocimiento deberá examinar la procedencia de la acción disciplinaria y podrá desestimar de plano la queja si la misma no presta mérito para abrir proceso disciplinario o existe una causal objetiva de improcedibilidad. Obsérvese que, a la luz de la citada norma, la autoridad judicial está facultada para desestimar de plano una queja, si esta no presta mérito para dar inicio a una investigación disciplinaria. Aunado a lo anterior, el artículo 69 ibidem consagra: ARTÍCULO 69. QUEJAS FALSAS O TEMERARIAS. Las informaciones y quejas falsas o temerarias, referidas a hechos disciplinariamente irrelevantes, de imposible ocurrencia o que sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, darán lugar a inhibirse de iniciar actuación alguna. […] Bajo el anterior derrotero normativo, la autoridad disciplinaria podrá proferir decisión inhibitoria en aquellos casos donde se adviertan informaciones y quejas falsas o temerarias, relacionadas con hechos disciplinariamente irrelevantes, de imposible ocurrencia o que se hubieren presentado de forma inconcreta o difusa. Ahora bien, el problema jurídico del asunto radica en la posibilidad de recurrir ese tipo de decisiones inhibitorias que se abstienen de iniciar investigaciones disciplinarias; en tal sentido, resulta necesario analizar lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, el cual establece la procedencia del recurso de apelación en los siguientes términos:

ARTÍCULO 81. RECURSO DE APELACIÓN. Procede

únicamente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia. Podrá interponerse de manera principal o subsidiaria al recurso de reposición respecto de las providencias que lo admitan. Se concederá en el efecto suspensivo y salvo norma expresa en contrario, deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a la última notificación. Vencido este término, los no apelantes podrán pronunciarse en relación con el recurso dentro de los dos (2) días siguientes. Sobre su concesión se decidirá de plano. El recurso será rechazado cuando no sea sustentado o se interponga de manera extemporánea, decisión contra la cual no procede recurso alguno. [Negrillas fuera de texto]. En virtud de lo anterior es dable colegir que no todas las decisiones son susceptibles de ser recurridas a través del recurso de apelación, toda vez que el legislador se ocupó de enlistar, de manera taxativa, aquellas providencias frente a las cuales resulta procedente la alzada. En ese orden de ideas, al no encontrarse en dicho listado el auto por medio del cual se desestima de plano la queja o el informe disciplinario, resulta improcedente la interposición del pluricitado recurso, razón por la cual resulta imperativo su rechazo. Por último, se precisa que la decisión adoptada por la primera instancia no hace transito a cosa juzgada, atendiendo a que no decidió de fondo el asunto puesto en conocimiento, por lo que si

posteriormente los mismos hechos son presentados en debida forma podrán investigarse según corresponda. En ese orden de ideas, la Comisión procederá a RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el quejoso en contra del auto de fecha treinta (30) de agosto de 2019, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, por medio del cual se desestimó de plano la queja presentada en contra de la abogada María Fernanda Escobar Díaz. En mérito de lo expuesto, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en uso de sus facultades constitucionales y legales, RESUELVE PRIMERO: RECHAZAR por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el señor Stephan Jaroudi contra el auto de fecha treinta (30) de agosto de 2019, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa del presente proveído.

SEGUNDO: Efectuar las notificaciones judiciales a que haya lugar, utilizando para el efecto los correos electrónicos de las partes, incluyendo en el acto de notificación copia integral de la providencia notificada, en formato PDF no modificable. Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación, cuando el iniciador recepcione acuso de recibo, en este caso se dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos y del respectivo acuse de recibo certificado por el servidor de la Secretaría Judicial.

TERCERO: Una vez realizadas las notificaciones, remítase la

actuación a la Comisión Seccional de instancia, para que imparta el trámite que corresponda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA

Presidente

DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ

Vicepresidenta

MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Magistrada

ALFONSO CAJIAO CABRERA

Magistrado

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA

Magistrado

CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

Magistrado

MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO

Magistrado

YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA

Secretaria SALVAMENTO DE VOTO Con el respeto de siempre, por la decisión mayoritaria de la Comisión, procedo a exponer las razones por las cuales suscribí la providencia con salvamento de voto. En el presente asunto, se resolvió “RECHAZAR por improcedente el recurso de apelación interpuesto (…) contra el auto de fecha treinta (30) de agosto de 2019, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar”, que “desestimó de plano la queja presentada por el señor Stephan Jaroudi en contra de la abogada María Fernanda Escobar Díaz”. Decisión que no comparto, en primer lugar, por cuanto en mi criterio, los quejosos están legitimados para apelar cualquier decisión que ponga fin a la actuación, distintas a la sentencia, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 66 de la Ley

1123 de 2007, que prevé: “PARÁGRAFO. El quejoso solamente podrá concurrir al disciplinario para la formulación y ampliación de la queja bajo la gravedad del juramento, aporte de pruebas e impugnación de las decisiones que pongan fin a la actuación, distintas a la sentencia. Para este efecto podrá conocerlas en la Secretaría de la Sala respectiva”. Así las cosas, la decisión de desestimación de plano, si bien alude al hecho de abstenerse de conocer el juzgador disciplinario de un asunto cuando se configure alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 69 de la misma normatividad, esto es, que se trate de quejas falsas o temerarias, referidas a hechos disciplinariamente irrelevantes, de imposible ocurrencia o que sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, esta decisión conlleva el archivo formal de la actuación. Entonces, aunque es claro que no hace tránsito a cosa juzgada absoluta y, por tanto, no pueden ser objeto de archivo definitivo, sí se trata de un archivo formal de la actuación, dado que el asunto no puede quedar indeterminado en el tiempo y a cargo del despacho ponente, lo que de cara al quejoso, conlleva una incertidumbre que merece respuesta del Estado, a través de su potestad disciplinaria, en virtud de la garantía de acceso a la administración de justicia. Postura que además se ajusta a los estándares de convencionalidad especialmente, al caso que atañe directamente al Estado Colombiano y en el cual aquél fue parte ante la CIDH y, por lo mismo, lo allí resuelto, a estas alturas se constituye en ratio

vinculante frente a la obligación de incorporar al ordenamiento disciplinario las garantías mínimas de contradicción y doble instancia, las cuales, como no puede ser de otra manera, se ejercitan a través de los medios impugnatorios. Por consiguiente, cerrarle el paso a los recursos en procesos disciplinarios en que se profieran decisiones inhibitorias de primera instancia, implica, ni más, ni menos, que ir en contravía de las reglas de convencionalidad vinculantes. Para el caso particular, se da aplicación al literal h) del artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos que otorga lo que la Corte Interamericana ha denominado como el “derecho al recurso”. En tal orden de ideas, permitir no solo a los sujetos procesales que interpongan recursos y a los quejosos, no solamente adapta nuestra normatividad a los estándares de convencionalidad, sino que también materializa el derecho de acceso a la administración de justicia en condiciones de eficacia, que también ha sido expuesto por la Corte Constitucional en Sentencia T-799 de 2011, MP. Humberto Antonio Sierra Porto, así: “El derecho fundamental de acceso a la administración de justicia se encuentra consagrado en el artículo 229 de la norma superior en los siguientes términos: Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. Este derecho ha sido entendido como la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y

otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley. Por medio de su ejercicio se pretende garantizar la prestación jurisdiccional a todos los individuos, a través del uso de los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico. De esta forma, el derecho de acceso a la administración de justicia constituye un presupuesto indispensable para la materialización de los demás derechos fundamentales, ya que, como ha señalado esta Corporación “no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el Legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso”. Por consiguiente, el derecho de acceso a la administración de justicia se erige como uno de los pilares que sostiene el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que abre las puertas para que los individuos ventilen sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan efectivos sus derechos”. Por ello también considero que, cuando el artículo 81 ibidem, repara en que procederá la apelación, contra las decisiones de terminación del procedimiento, en ejercicio del principio constitucional de doble instancia, deben analizarse situaciones que la norma no contempló como los autos inhibitorios, ello, insisto, a efectos de garantizar un efectivo acceso a la administración de justicia como derrotero de los fines mismos del

Estado, con lo cual puede el Superior Jerárquico revisar estas decisiones, sin que esto conlleve a un desconocimiento legislativo, pues por el contrario, se le garantiza a los administrados el acceso, a fin de obtener respuesta a sus pretensiones. En lo relacionado con la finalidad del principio-derecho a la doble instancia, se tiene que este permite que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea revisada por otro funcionario, independiente e imparcial de la misma naturaleza y más alta jerarquía, con el fin de que decisiones contrarias a los intereses, en este caso, del quejoso, tengan otro debate con propósitos de corrección, modificación o confirmación – si es necesario-, lo cual es una garantía contra la arbitrariedad, y un mecanismo principal, idóneo y eficaz para la corrección de los yerros en que pueda incurrir el funcionario judicial, además como ya se dijo, de garantizar a los asociados una posibilidad real de acceder a la administración de justicia. Luego en mi sentir, tal normatividad debe entenderse en sentido amplio. En conclusión, en el presente asunto, debió la Sala Plena de la Comisión resolver sobre los puntos de disenso expuestos en el recurso de apelación propuesto por el quejoso y así adoptar una decisión de fondo, sin mayores desgastes ni cargas impuestas al mismo, como tener que acudir nuevamente a la jurisdicción, a efectos de interponer otra queja. De los señores magistrados, en los anteriores términos dejo planteado mi salvamento de voto. Atentamente,

MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Magistrada JPCG