CNE - Resolución 3150 de 2022

RESOLUCIÓN No. 3150 de 2022 (8 de junio)

Por medio de la cual se SANCIONA a los ciudadanos ISAIAS SÁNCHEZ Á LVAREZ con cédula de ciudadanía No. 91.477.752 , IVAN ARTURO CORREDOR HURTADO con cédula de ciudadanía No. 7.184.443 y SANDRA NATALIA RIVERA GALLO con cédula de ciudadanía No. 46.457.601, en su calidad de Miembros del Comité Inscriptor del Grupo Significativo de Ciudadanos denominado “LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA”, por la vulneración a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, en armonía con lo establecido en los artículos 108 y 265 de la Constitución Política de Colombia, en las elecciones de autoridades locales llevadas a cabo el 27 de octubre de 2019, que se surte bajo el radicado No. 3837-20.

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 265 numerales 6 y 12 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009, Ley 130 de 1994, Ley 1475 de 2011 , Ley 1437 de 2011 y con fundamento en los siguientes:

1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

1.1. Mediante la Resolución No. 5777 del 16 de octubre de 2019, el Consejo Nacional Electoral revo có la candidatura del ciudadano al Concejo Municipal de TunjaBoyacá, al determinar que se encontraba incurso en la causal de inhabilidad ,

Electoral revo có la candidatura del ciudadano al Concejo Municipal de TunjaBoyacá, al determinar que se encontraba incurso en la causal de inhabilidad , conforme a reparto especial de los candidatos reportados por la Procuraduría General de la Nación.

1.2. Mediante oficio CNE-SS-LHG-10001C de 13 de mayo de 2020 la Subsecretaria del Consejo Nacional Electoral en cumplimiento a lo ordenado dentro de las actuaciones administrativas de revocatoria de inscripción de candidaturas, dispuso el reparto por partidos, movimientos polí ticos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos que inscribieron candidatos para las elecciones de autoridades locales celebradas el 27 de octubre de 2019, sin observar el cumplimiento de los requisitos y calidades que estos debían tene r, o que se encontraron incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad y por ende la inscripción de su candidatura fue objeto de revocatoria por parte de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral.Resolución No 3150 de 2022 Página 2 de 35

Por medio de la cual se SANCIONA a los ciudadanos ISAIAS SÁNCHEZ ÁLVAREZ con cédula de ciudadanía No. 91.477.752, IVAN ARTURO CORREDOR HURTADO con cédula de ciudadanía No. 7.184.443 y SANDRA NATALIA RIVERA GALLO con cédula de ciudadanía No. 46.457.601, en su calidad de Miembros del Comité Inscriptor del Grupo Significativo de Ciudadanos denominado “LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA”, por la vulneración a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, en armonía con lo establecido en los

Inscriptor del Grupo Significativo de Ciudadanos denominado “LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA”, por la vulneración a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, en armonía con lo establecido en los artículos 108 y 265 de la Constitución Política de Colomb ia, en las elecciones de autoridades locales llevadas a cabo el 27 de octubre de 2019, que se surte bajo el radicado No. 3837-20.

1.3. Por reparto le correspondió al magistrado VIRGILIO ALMANZA OCAMPO asumir el conocimiento del radicado 3827-20, sobre por la presunta vulneración de lo previsto en los artículos 8, 10.5 y 28 de la Ley 1475 de 2011, en armonía con lo previsto en los artículos 108 y 265 de la Constitución Política de Colombia, por parte del Comité Inscriptor del Grupo Significativo de Ciudadanos denominado “LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA”, como consecuencia de inscribir al ciudadano HÉCTOR MIGUEL PRIETO ZAMBRANO , por encontrándose incurso en la causal de inhabilidad conforme a reparto especial de los candidatos reportados por la Procuraduría General de la Nación.

1.4. Mediante auto de 23 de julio del año 2020 el Magistrado Ponente dispuso iniciar indagación preliminar a los inscriptores del Grupo Significativo de Ciudadanos denominado “LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA” por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 y ordenó la práctica de las siguientes pruebas:

“SOLICÍTESE a la Subsecretaría del Consejo Nacional Electoral para que en un término de diez

incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 y ordenó la práctica de las siguientes pruebas:

“SOLICÍTESE a la Subsecretaría del Consejo Nacional Electoral para que en un término de diez (10) días, allegue copia de l siguiente acto administrativo junto con la constancia de ejecutoria respecto del siguiente ciudadano, a través de la cual se decidió la revocatoria de la inscripción de la candidatura:

MOVIMIENT

O O G.S.C.

CORPORACIÓN MUNIC

IPIO

DEPARTAMENT

O

CANDIDAT

O

RESOLUCIÓN

LATIMOS

MOVIMIENTO

CÍVICO POR

TUNJA Concejo Tunja Boyacá Héctor Miguel Prieto Zambrano 5777 de 1 6 de octubre de 2019

Por la Secretaría del Despacho, obténgase copia de los formularios de inscripción y/o modificación E-6 y E-8 de la lista inscrita al Concejo Municipal de Tunja – Boyacá, por el grupo significativo de ciudadanos denominado “LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO

POR TUNJA”.

1.5. A través de oficio CNE-SS-VPM-C-16542 de 11 de noviembre de 2020, la doctora Lena Hoyos González en atención a lo ordenado en auto, allegó a la actuación administrativa copia de la resolución No. 5777 de 16 de octubre de 2019 “Por elResolución No 3150 de 2022 Página 3 de 35

Por medio de la cual se SANCIONA a los ciudadanos ISAIAS SÁNCHEZ ÁLVAREZ con cédula de ciudadanía

Por medio de la cual se SANCIONA a los ciudadanos ISAIAS SÁNCHEZ ÁLVAREZ con cédula de ciudadanía No. 91.477.752, IVAN ARTURO CORREDOR HURTADO con cédula de ciudadanía No. 7.184.443 y SANDRA NATALIA RIVERA GALLO con cédula de ciudadanía No. 46.457.601, en su calidad de Miembros del Comité Inscriptor del Grupo Significativo de Ciudadanos denominado “LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA”, por la vulneración a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, en armonía con lo establecido en los artículos 108 y 265 de la Constitución Política de Colomb ia, en las elecciones de autoridades locales llevadas a cabo el 27 de octubre de 2019, que se surte bajo el radicado No. 3837-20. cual se REVOCA la inscripciones de algunos candidatos relacionados en el reporte de la Procuraduría General de la Nación, Acta Especial de Revocatoria (PGN) Grupo No 07 del 13 de agosto de 2019 , para los cargos de elección popular a votarse en el nivel territorial, el 27 de octubre de 2019”, además arrimó constancia de ejecutoria de la mencionada Resolución, con fecha de expedición 16 de octubre del año 2020, por medio de la cual señala que el citado acto administrativo fue notificado en estrados el día 16 de octubre de 2019 quedando en firme la decisión el día 17 de octubre del mismo año, día hábil siguiente al vencimiento del término para interponer recurso de reposición, conforme lo señala el artículo 87 numeral 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

el día 17 de octubre del mismo año, día hábil siguiente al vencimiento del término para interponer recurso de reposición, conforme lo señala el artículo 87 numeral 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

1.6. La Secretaría Ejecutiva del Despacho en cumplimiento del auto en cita allegó como prueba a la actuación administrativa copia de los formularios de inscripción E-6 y E8 correspondientes a la inscripción de los candidatos al Concej o Municipal de Tunja — Boyacá, periodo 2020-2023, postulados por el Grupo Significativo de Ciudadanos denominado “LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA” para las elecciones de autoridades locales realizadas del día 27 de octubre del año 2019, dent ro de los cuales se encuentra el ciudadano HÉCTOR MIGUEL PRIETO ZAMBRANO.

1.7. A través de Resolución No. 0336 de 04 de febrero de 2021 la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral con Ponencia del Magistrado suscrito resolvió “ ABRIR INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA y FORMULAR CARGOS a los miembros del Comité Inscriptor del g rupo significativo de ciudadanos denominado “LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA” conformado por los ciudadanos ISAIAS SÁNCHEZ ÁLVAREZ con cédula de ciudadanía No. 91.477.752, IVAN ARTURO CORREDOR HURTADO con cédula de ciudadanía No. 7.184.443 y SANDRA NATALIA RIVERA GALLO con cédula de ciudadanía No. 46.457.601 por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28

de ciudadanía No. 7.184.443 y SANDRA NATALIA RIVERA GALLO con cédula de ciudadanía No. 46.457.601 por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, esto es, la inscripción del ciudadano Héctor Miguel Prieto Zambrano al Concejo Municipal de Tunja – Boyacá sin la previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos así como que no se encontrara incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad, con ocasión a las elecciones de autor idades locales del pasado 27 de octubre del año 2019”.

1.8. El citado acto administrativo fue notificado a través de la Subsecretaría del Corporación en los siguientes términos:Resolución No 3150 de 2022 Página 4 de 35

Por medio de la cual se SANCIONA a los ciudadanos ISAIAS SÁNCHEZ ÁLVAREZ con cédula de ciudadanía No. 91.477.752, IVAN ARTURO CORREDOR HURTADO con cédula de ciudadanía No. 7.184.443 y SANDRA NATALIA RIVERA GALLO con cédula de ciudadanía No. 46.457.601, en su calidad de Miembros del Comité Inscriptor del Grupo Significativo de Ciudadanos denominado “LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA”, por la vulneración a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, en armonía con lo establecido en los artículos 108 y 265 de la Constitución Política de Colomb ia, en las elecciones de autoridades locales llevadas a cabo el 27 de octubre de 2019, que se surte bajo el radicado No. 3837-20.

INVESTIGADO o

INTERESADO

FECHA

cabo el 27 de octubre de 2019, que se surte bajo el radicado No. 3837-20.

INVESTIGADO o

INTERESADO

FECHA

MODO DE NOTIFICACIÓN

1 Isaías Sánchez Álvarez (inscriptor) 08/03/2021 A través de correo electrónico conforme al artículo 56 del CPACA 2 Sandra Natalia Rivera Gallo (inscriptor) 08/03/2021 A través de correo electrónico conforme al artículo 56 del CPACA 3 Ivan Arturo Corredor Hurtado (Inscriptor) 08/03/2021 A través de correo electrónico conforme al artículo 56 del CPACA 4 Ministerio Público 05/03/2021 A través de correo electrónico conforme al artículo 56 del CPACA

1.9. Cumplido el término, ninguno de los investigados vinculados al procedimiento administrativo sancionatorio presentó escrito de descargos o solicitó o aportó medios probatorios a la actuación, eligiendo por lo tanto guardar silencio frente a los cargos formulados mediante la Resolución No. 0336 de 2021.

1.10. Mediante Auto del 26 de julio del 2021 se dio por terminada la etapa probatoria, se corrió traslado al Ministerio Público y a los investigados por un término común de quince (15) días para que si así lo deseaban presentaran es crito de alegatos de conclusión, el cual fue notificado así:

INVESTIGADO o

INTERESADO

FECHA

MODO DE NOTIFICACIÓN

1 Isaías Sánchez Álvarez (inscriptor) 02/09/2021 A través de correo electrónico conforme al artículo 56 del CPACA 2 Ivan Arturo Corredor Hurtado (Inscriptor) 02/09/2021 A través de correo electrónico conforme al artículo 56 del CPACA

(inscriptor) 02/09/2021 A través de correo electrónico conforme al artículo 56 del CPACA 2 Ivan Arturo Corredor Hurtado (Inscriptor) 02/09/2021 A través de correo electrónico conforme al artículo 56 del CPACA 3 Sandra Natalia Rivera Gallo (inscriptor) 02/09/2021 A través de correo electrónico conforme al artículo 56 del CPACA 4 Ministerio Público 02/09/2021 A través de correo electrónico conforme al artículo 56 del CPACA

1.11. Con memorial de fecha 08 de septiembre de 2021 , los integrantes del comité d el Grupo Significativo de Ciudadanos denominado “LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA” , radicaron ante la Corporación escrito de alegatos de conclusión, dentro del término establecido para ello.

1.12. A través de escrito El MINISTERIO PÚBLICO, presentó ante la Corporación dentro del término establecido, alegatos de conclusión radicado en fecha 21 de septiembreResolución No 3150 de 2022 Página 5 de 35

Por medio de la cual se SANCIONA a los ciudadanos ISAIAS SÁNCHEZ ÁLVAREZ con cédula de ciudadanía No. 91.477.752, IVAN ARTURO CORREDOR HURTADO con cédula de ciudadanía No. 7.184.443 y SANDRA NATALIA RIVERA GALLO con cédula de ciudadanía No. 46.457.601, en su calidad de Miembros del Comité Inscriptor del Grupo Significativo de Ciudadanos denominado “LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA”, por la vulneración a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, en armonía con lo establecido en los

Inscriptor del Grupo Significativo de Ciudadanos denominado “LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA”, por la vulneración a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, en armonía con lo establecido en los artículos 108 y 265 de la Constitución Política de Colomb ia, en las elecciones de autoridades locales llevadas a cabo el 27 de octubre de 2019, que se surte bajo el radicado No. 3837-20. de 2021.

2. ACERVO PROBATORIO

Obran en el plenario las siguientes pruebas:

2.1. Formulario E6 y E8 de inscripción de l ciudadano HÉCTOR MIGUEL PRIETO ZAMBRANO como candidato al Concejo M unicipal de Tunja – Boyacá por el grupo significativo de ciudadanos “LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA”.

2.2. Resolución No. 5777 de 2019 por medio de la cual esta Corporación revocó la inscripción del ciudadano HÉCTOR MIGUEL PRIETO ZAMBRANO como candidato al Concejo Municipal de Tunja-Boyacá, periodo constitucional 20202023.

2.3. Copia del oficio reparto especial de los candidatos reportados por la Procuraduría General de la Nación grupo No. 07 del 13 de agosto de 2019, en el cual se encuentra el

ciudadano HÉCTOR MIGUEL PRIETO ZAMBRANO.

2.4. Certificado expedido por la Contraloría General de la Nación de fecha 9 de julio de 2019.

2.5. Certificado de antecedentes penales y requerimientos judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia de fecha 9 de junio de 2019.

2019.

2.5. Certificado de antecedentes penales y requerimientos judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia de fecha 9 de junio de 2019.

2.6. Acta de compromiso suscrita por el candidato Héctor Miguel Prieto Zambrano con el

Movimiento Social “ LATIMOS MOVIEMIENTO CÍVICO POOR TUNJA” –ELECCIONES

LOCALES 2019.

2.7. Renuncia nota de presentación personal realizada el veintiséis (26 de agosto de 2019 por el ciudadano HÉCTOR MIGUEL PRIETO ZAMBRANO, ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el Municipio de Tunja.

2.8. Acta parcial de Escrutinios Municipales de Concejo G.S.C. LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA, Departamento de Boyacá, Municipio de Tunja.Resolución No 3150 de 2022 Página 6 de 35

Por medio de la cual se SANCIONA a los ciudadanos ISAIAS SÁNCHEZ ÁLVAREZ con cédula de ciudadanía No. 91.477.752, IVAN ARTURO CORREDOR HURTADO con cédula de ciudadanía No. 7.184.443 y SANDRA NATALIA RIVERA GALLO con cédula de ciudadanía No. 46.457.601, en su calidad de Miembros del Comité Inscriptor del Grupo Significativo de Ciudadanos denominado “LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA”, por la vulneración a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, en armonía con lo establecido en los artículos 108 y 265 de la Constitución Política de Colomb ia, en las elecciones de autoridades locales llevadas a

por la vulneración a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, en armonía con lo establecido en los artículos 108 y 265 de la Constitución Política de Colomb ia, en las elecciones de autoridades locales llevadas a cabo el 27 de octubre de 2019, que se surte bajo el radicado No. 3837-20.

3. CONSIDERACIONES

3.1. COMPETENCIA

3.1.1. Generalidades sobre la potestad sancionatoria del Estado

Antes de abordar los fundamentos constitucionales y legales que soportan la facultad sancionadora del Consejo Nacional Electoral, resulta necesario examinar brevemente la naturaleza del poder punitivo de la que deviene, no solo para contextualizar los mecanismos de autotutela con que cuenta el Estado para salvaguardar el interés general, sino para exponer las garantías procesales que el procedimiento sancionatorio debe observar, máxime cuando tales instituciones (sancionatoria penal y sancionatoria administrativa) orbitan en el marco de un estado social de derecho, dotado de una carta de derechos fundamentales y con unas competencias de la administración pública regladas.

En este sentido, el poder punitivo del Estado, el “iuspuniendi”, es una expresión latina referida al derecho o facultad del Estado para castigar1, que se manifiesta a través de dos potestades sancionadoras, la penal y la administrativa, que indistintamente buscan la sana conv ivencia social y el cumplimiento de los fines estatales, a pesar de encontrar diferencias entre estas, como es el poder desde donde se ejercen (poder judicial en un caso y poder ejecutivo en otro), el tipo de consecuencia jurídica que una y otra acarrea (p enas o sanciones) y el carácter

como es el poder desde donde se ejercen (poder judicial en un caso y poder ejecutivo en otro), el tipo de consecuencia jurídica que una y otra acarrea (p enas o sanciones) y el carácter preventivo de la sanción, frente a la naturaleza esencialmente correctiva de pena2.

Algunos sectores de la doctrina 3 definen la potestad punitiva del Estado como “el poder de naturaleza política, dirigido intencionalmente a sancionar conductas tipificadas como delitos, contravenciones o infracciones administrativas, cuya titularidad corresponde al Estado en defensa de la sociedad, que se contiene y racionaliza a través del derecho penal y del derecho administrativo sancionad or”, en concordancia con lo dicho por la Corte Constitucional en sentencias C-157 de 1997 y C-616 de 2002.

No obstante, la institucionalización del poder para sancionar como instrumento de convivencia social, no llega a ser absoluta, sino que se ajusta a unos principios que garantizan el respeto a los derechos fundamentales. Cabe mencionar desde ya que el poder punitivo del Estado

1 LÓPEZ BETANCOURT, Eduardo. Introducción al Derecho Penal. Edt. Porrúa. N° 13, 2007. Pág. 65. 2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, rad. 1454 de 2002. 3 MERLANO SIERRA, J. (2008). La identidad sustancial entre el delito y la infracción administrativa. Revista de Derecho de la División de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte. Barranquilla 2013.N° 30, Pág. 343.Resolución No 3150 de 2022 Página 7 de 35

Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte. Barranquilla 2013.N° 30, Pág. 343.Resolución No 3150 de 2022 Página 7 de 35

Por medio de la cual se SANCIONA a los ciudadanos ISAIAS SÁNCHEZ ÁLVAREZ con cédula de ciudadanía No. 91.477.752, IVAN ARTURO CORREDOR HURTADO con cédula de ciudadanía No. 7.184.443 y SANDRA NATALIA RIVERA GALLO con cédula de ciudadanía No. 46.457.601, en su calidad de Miembros del Comité Inscriptor del Grupo Significativo de Ciudadanos denominado “LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA”, por la vulneración a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, en armonía con lo establecido en los artículos 108 y 265 de la Constitución Política de Colomb ia, en las elecciones de autoridades locales llevadas a cabo el 27 de octubre de 2019, que se surte bajo el radicado No. 3837-20. encuentra asidero en el artículo 29 de la Constitución Política, que propugna por un debido proceso para todas las actuaciones judiciales o administrativas4.

En esta línea argumentativa, la doctrina española 5 ha clasificado los límites del “iuspuniendi” en formales y materiales, contemplando el principio de legalidad y de seguridad jurídica en el primer rango, mientras que los principios de intervención mínima, subsidiariedad, culpabilidad, proporcionalidad y resocialización en el seg undo de ellos, principios que la jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha recogido, como más adelante se verá.

En este sentido, la sentencia de la Corte Constitucional C -401 del 26 de mayo de 2010,

la Corte Constitucional también ha recogido, como más adelante se verá.

En este sentido, la sentencia de la Corte Constitucional C -401 del 26 de mayo de 2010, Magistrado Ponente, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, explicó lo siguiente:

“[A] través del derecho administrativo sancionador se pretende garantizar la preservación y restauración del ordenamiento jurídico, mediante la imposición de una sanción que no sólo repruebe sino que también prevenga la realización de todas aquellas conductas contrarias al mismo . Se trata, en esencia, de un poder de sanción ejercido por las autoridades administrativas que opera ante el incumplimiento de los distintos mandatos que las normas jurídicas imponen a los administrados y aún a las mismas autoridades públicas”. (Resalto fuera de texto).

Quiere decir lo anterior , la capacidad sancionadora de la administración, como una de las expresiones del “ iuspuniendi” del Estado, es una institución que garantiza la prevalencia del interés general frente a los intereses particulares, asegurando el primero sobre el segundo mediante su imposición coactiva, desencadenando una consecuencia negativa para sus infractores cuando se lesionan los valores objeto de protección en el ordenamien to jurídico6, sometida a los principios, límites que la propia Constitución y la ley establecen.

3.1.2. Competencias del Consejo Nacional Electoral.

El Consejo Nacional Electoral, tiene la potestad de regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden.

toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden.

4 Corte Constitucional, sentencias T-145 de 1993, C-214 de 1994, C-467 de 1995, C-05 de 1998, C-506 de 2002. 5 Introducción al Derecho Penal. Tema 5: Los principios limitadores del IusPuniendi. Curso de Derecho Penal Especial, Open CourseWare.

Universidad de Cádiz. https: //ocw.uca.es/course/view.php?id=5

6QUADRA-SALCEDO, T., VIDA, J., PEÑARANDA, J. L. Instituciones Básic as del Derecho Administrativo. Lección 13. Curso de Derecho Público, Open CourseWare. Universidad Carlos III de Madrid. Págs. 1 a 3.Resolución No 3150 de 2022 Página 8 de 35

Por medio de la cual se SANCIONA a los ciudadanos ISAIAS SÁNCHEZ ÁLVAREZ con cédula de ciudadanía No. 91.477.752, IVAN ARTURO CORREDOR HURTADO con cédula de ciudadanía No. 7.184.443 y SANDRA NATALIA RIVERA GALLO con cédula de ciudadanía No. 46.457.601, en su calidad de Miembros del Comité Inscriptor del Grupo Significativo de Ciudadanos denominado “LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA”, por la vulneración a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, en armonía con lo establecido en los artículos 108 y 265 de la Constitución Política de Colomb ia, en las elecciones de autoridades locales llevadas a

por la vulneración a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, en armonía con lo establecido en los artículos 108 y 265 de la Constitución Política de Colomb ia, en las elecciones de autoridades locales llevadas a cabo el 27 de octubre de 2019, que se surte bajo el radicado No. 3837-20. En términos generales, las funciones de inspección, vigilancia y control ha sido caracterizadas por la Corte Constitucional, así: (i) la función de inspección implica la facultad para solicitar y/o verificar información o documentos en poder de los sujetos controlados , (ii) la vigilancia está circunscrita al seguimiento y evaluación de las actividades que realiza el sujeto vigilado, y (iii) el control refiere a la potestad del ente que ejerce la función de ordenar correctivos, que pueden llevar hasta la revocatoria de la decisión del controlado y la imposición de sanciones(7).

En concordancia con lo anterior, el artículo 39 de la Ley 130 de 1994, dispone que le corresponde al Consejo Nacional Electoral, adelantar investigaciones administrativas para verificar el estric to cumplimiento de las normas contenidas en esa ley y sancionar a los partidos, movimientos y candidatos con multas.

3.1.3. De la potestad sancionatoria del Consejo Nacional Electoral.

La Corte Constitucional en revisión previa y automática del proyecto de Ley Estatutaria 130 de 1994, "Por la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones" emitió la sentencia C -089 de 1994, la cual, en lo atinente a la facultad sancionatoria de esta

normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones" emitió la sentencia C -089 de 1994, la cual, en lo atinente a la facultad sancionatoria de esta Corporación, sentenció:

“8.3 El artículo 39 del proyecto concede al Consejo Nacional Electoral una serie de funciones que se adicionan al repertorio de sus competencias. Ellas se refieren básicamente a l a supervisión del cumplimiento de lo estatuido en el proyecto en relación con los partidos, movimientos y candidatos, lo que apareja la facultad para imponer sanciones pecuniarias y la posibilidad en ejercicio de la función de vigilancia de "constituir tribunales o comisiones de garantías o vigilancia" (literal a); la facultad de citar personas para que rindan testimonios sobre el cumplimiento de las leyes electorales (literal b); la emisión de conceptos que interpreten las leyes mencionadas (literal c) y la fijación de las cuantías a que se refiere el proyecto (literal d)”.

Ahora bien, como se mencionó líneas atrás, la facultad sancionatoria administrativa no es absoluta, sino que se encuentra supeditada al respecto de las garantías y derechos fundamentales. Así lo ha venido sosteniendo la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos, a continuación, algunos de ellos8:

Sentencia T-145 de 21 de abril de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz:

7 Colombia. Corte Constitucional Sentencia C-570 del 18 de julio de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Expediente D-8814. 8Ver entre otras: Corte Constitucional, sentencia C-530 de 3 de julio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y sentencia C-595 de 27 de julio de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.Resolución No 3150 de 2022 Página 9 de 35

Por medio de la cual se SANCIONA a los ciudadanos ISAIAS SÁNCHEZ ÁLVAREZ con cédula de ciudadanía No. 91.477.752, IVAN ARTURO CORREDOR HURTADO con cédula de ciudadanía No. 7.184.443 y SANDRA NATALIA RIVERA GALLO con cédula de ciudadanía No. 46.457.601, en su calidad de Miembros del Comité Inscriptor del Grupo Significativo de Ciudadanos denominado “LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA”, por la vulneración a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, en armonía con lo establecido en los artículos 108 y 265 de la Constitución Política de Colomb ia, en las elecciones de autoridades locales llevadas a cabo el 27 de octubre de 2019, que se surte bajo el radicado No. 3837-20.

“El Constituyente colombiano hizo extensivo el derecho al d ebido proceso a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (CP 29). Las garantías mínimas del debido proceso penal son aplicables, con algunas atenuaciones, a las actuaciones administrativas sancionatorias. En materia sancionatoria de la admini stración, la estimación de los hechos y la interpretación de las normas son expresión directa de

debido proceso penal son aplicables, con algunas atenuaciones, a las actuaciones administrativas sancionatorias. En materia sancionatoria de la admini stración, la estimación de los hechos y la interpretación de las normas son expresión directa de la potestad punitiva del Estado, cuyo ejercicio legítimo debe sujetarse a los principios mínimos establecidos en garantía del interés público y de los ciudadanos, entre ellos, los principios de legalidad, imparcialidad y publicidad, la proscripción de la responsabilidad objetiva nullapoena sine culpa, la presunción de inocencia, las reglas de la carga de la prueba, el derecho de defensa, la libertad probatoria, el derecho a no declarar contra sí mismo, el derecho de contradicción, la prohibición del non bis in idem y de la analogía in malampartem, entre otras.

La no total aplicabilidad de las garantías del derecho penal al campo administrativo obedece a que mientras en el primero se protege el orden social en abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores, la potestad sancionatoria de la administración se orienta más a la propia protección de su organización y funcionamiento, lo cual en ocasiones justifica la aplicación restringida de estas garantías – quedando a salvo su núcleo esencial – en función de la importancia del interés público amenazado o desconocido” (Negrilla fuera de texto).

Sentencia C-948 de 6 de noviembre de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis:

“En la doctrina se postula, así mismo, sin discusión que la administración o las autoridades titulares de funciones administrativas lo sean de potestad sancionadora y que ésta en cuanto manifestación del iuspuniendi del Estado está sometida a claros

“En la doctrina se postula, así mismo, sin discusión que la administración o las autoridades titulares de funciones administrativas lo sean de potestad sancionadora y que ésta en cuanto manifestación del iuspuniendi del Estado está sometida a claros principios generalmente aceptados, y en la mayoría de los casos proclamados de manera explícita en los textos constituc