CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - A HRC 10 032

NACIONES

UNIDAS

A

Asamblea General

Distr.

GENERAL

A/HRC/10/032 19 de febrero de 2009

Original: ESPAÑOL

Consejo de Derechos Humanos Décimo período de sesiones Tema 2 de la agenda provisional

INFORME ANUAL DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA

LOS DERECHOS HUMANOS E INFORMES DE LA OFICINA DEL ALTO

COMISIONADO Y DEL SECRETARIO GENERAL

Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia∗

∗ El presente documento se remite con retraso con el fin de incluir la información más reciente. El informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. El anexo se distribuye en español e inglés únicamente.A/HRC/10/032 página 2

RESUMEN

En este informe se analizan los hechos más importantes ocurridos en Colombia durante el año 2008 sobre la situación de lo s derechos humanos y el derec ho internacional humanitario, en el marco del mandato establecido en el acuerdo en tre el Gobierno de Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmado en Bogotá el 29 de noviembre de 1996. El 9 de septiembre de 2007 las partes acordaron extender el mandato, sin modificaciones, hasta el 30 de octubre de 2010.

Este informe cubre el período comprendi do entre enero y diciembre de 2008 y se concentra en varios temas que han sido considerados como prioritarios. No obstante, la oficina

modificaciones, hasta el 30 de octubre de 2010.

Este informe cubre el período comprendi do entre enero y diciembre de 2008 y se concentra en varios temas que han sido considerados como prioritarios. No obstante, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las N aciones Unidas para los Derechos Humanos continuará trabajando otros temas que son de su interés y preo cupación, realizando un seguimiento constante a los mismos.

Las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los gr upos guerrilleros y las fuerzas armadas colombianas, así como las actividades de los grupos armados ilegale s y narcotraficantes, junto con subyacentes dificultades estructurales, como la inequitativ a distribución de la rique za, la discriminación y estigmatización de grupos vulnerables, la impunidad y las dificultades para el acceso a la justicia, siguen condicionando el goce inte gral de los derechos humanos . El Gobierno ha realizado grandes esfuerzos para fortalecer el Estado de derecho, fundamentalmente incrementando su presencia en lugares que anterior mente estaban bajo control de lo s grupos armados ilegales. Sin embargo, se continúan produciendo graves violaciones de los derechos humanos.

Algunos altos funcionarios del Gobierno co ntinuaron estigmatizando a los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes de la oposición y activistas sociales.

En relación con las ejecuci ones extrajudiciales, el Gobier no demostró buena voluntad y realizó importantes esfuerzos, que deberían conti nuar para garantizar la efectividad y estricto cumplimiento de las políticas institucionales. Hasta octubre de 2008, el número de quejas y

realizó importantes esfuerzos, que deberían conti nuar para garantizar la efectividad y estricto cumplimiento de las políticas institucionales. Hasta octubre de 2008, el número de quejas y víctimas registradas evidenciaba que las políticas institucionales adoptadas por el Ministerio de Defensa y el alto mando militar para combatir esta práctica no habían logrado incidir de manera significativa en la reducción de estas graves violaciones. En el informe se concluye que las importantes medidas adoptadas recientemente, in cluida la separación del servicio de algunos altos oficiales del Ejército, ha reforzado la polí tica de “tolerancia cero” con las violaciones de derechos humanos. Es necesario que estas me didas sean acompañadas por un mayor control operacional sobre las unidades militares y por una rápida y rigurosa investigación de todas las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales.

Todas las partes del conflicto continúan cometiendo infracciones al derecho internacional humanitario. Además, como en años anteriores, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) continúan rechazando el estar obligados a respetar el derecho internacional humanitario. Además de seguir con el reclutamiento de menores y la comisión de actos de violencia sexual contra mujeres y niñas, los grupos guerrilleros han seguido colocando minas antipersonal, tomando rehenes yA/HRC/10/032 página 3 3

manteniendo personas secuestradas por largos periodos de tiempo en condiciones inhumanas.

En el informe se expone la complejidad, va riedad y naturaleza cambiante e impredecible de los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones

manteniendo personas secuestradas por largos periodos de tiempo en condiciones inhumanas.

En el informe se expone la complejidad, va riedad y naturaleza cambiante e impredecible de los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares, que continúa siendo uno de los mayores retos para el Estado de Derecho. Estos grupos continúan poniendo en serio riesgo a la población civil y se requiere una acción integral de las autoridades competentes para combatirlos.

Se reconoce que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación han tenido una mayor relevancia en las agendas política y pública durante 2008. Sin embargo, a la fecha de cierre de este informe, pocas víctimas han podido ejercer efectivamente estos derechos, manteniendo, en particular, a las víctimas de acciones u omisiones de agentes estatales marginadas del proceso.

El crecimiento económico obtenido en los a ños anteriores no se ha traducido en un suficiente y satisfactorio progreso en el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio. Además, la brecha entre aquellos que tienen oportunidades para generar ingresos y aquellos que no las tienen no se ha reducido.

Finalmente, en el informe se resumen algunas de las principales actividades desarrolladas por la oficina en Colombia del Alto Comisionado durante 2008 y se proponen nueve recomendaciones, cuyo cumplimiento se espera que contribuya a la mejora de la situación de derechos humanos y a la aplicación de la normas de derecho internacional humanitario en el país.

La Alta Comisionada reconoce el espíritu de cooperación que existe entre el Gobierno y su oficina en Colombia y destaca la franqueza del Gobierno para tratar los retos que enfrenta en

derechos humanos y a la aplicación de la normas de derecho internacional humanitario en el país.

La Alta Comisionada reconoce el espíritu de cooperación que existe entre el Gobierno y su oficina en Colombia y destaca la franqueza del Gobierno para tratar los retos que enfrenta en materia de derechos humanos, tal y como demostró durante las sesiones del examen periódico universal.A/HRC/10/032 página 4

ÍNDICE

Párrafos Página

I. Introducción ........................................................................................... 1-5

II. Contexto ................................................................................................. 6-8

III. Derechos humanos y derecho internacional humanitario ..................... 9-89

A. Ejecuciones extrajudiciales.......................................................... 9-15

B. Detenciones ilegales y arbitrarias ............................................... 16-17

C. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes............................................................ 18-21

D. Desaparición forzada .................................................................. 22-26

E. Derecho internacional humanitario............................................. 27-41

F. Grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares....................... 42-49

G. Justicia ........................................................................................ 50-62

H. Víctimas...................................................................................... 63-71

I. Derechos económicos, sociales y culturales............................... 72-74

J. Grupos vulnerables ..................................................................... 75-89

IV. Principales actividades de la oficina en Colombia............................... 90-97

V. Recomendaciones................................................................................. 98-99

ANEXO

Casos ilustrativos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitarioA/HRC/10/032 página 5 5

I. INTRODUCCIÓN

ANEXO

Casos ilustrativos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitarioA/HRC/10/032 página 5 5

I. INTRODUCCIÓN

1. Este informe cubre el período comprendido entre enero y diciembre de 2008 y se concentra en varios temas que han sido co nsiderados como prioritarios. No obstante, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (“la oficina en Colombia”) continuará trabajando otros temas que son de su interés y preocupación, realizando un seguimiento constante a los mismos.

2. Como se comunicó en 2007, el Gobierno de Colombia y la Of icina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acordaron extender el mandato de la oficina en Colombia del Alto Comisionado en su integr idad, hasta el 30 de octubre de 2010. En cumplimiento de su mandato, la oficina en Colombia continúa asistiendo a las autoridades en el desarrollo de políticas y programas de prom oción y protección de los derechos humanos, asesorando a la sociedad civil en temas de derechos humanos, observando la situación de los derechos humanos y del derecho internacional huma nitario en el contexto del conflicto armado interno que padece el país y remitiendo informes analíticos a la Alta Comisionada.

3. La Alta Comisionada visitó Colombia del 27 de octubre al 1.º de noviembre de 2008.

Durante su visita, mantuvo reunion es con el Presidente, ministro s y altos funcionarios públicos encargados de la promoción y pr otección de los derechos huma nos. También se reunió con representantes de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas organizaciones no

Durante su visita, mantuvo reunion es con el Presidente, ministro s y altos funcionarios públicos encargados de la promoción y pr otección de los derechos huma nos. También se reunió con representantes de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de mujeres, asociaciones de víctimas y sindicatos. La Alta Comisionada viajó a Arauca donde pudo conocer los desafíos en derechos humanos a nivel regional y reunirse con líderes comunitarios y autoridades civiles y militares. En el marco de su visita, la Alta Comisionada expresó a todos sus interlocutores su agradecimiento por el apoyo que su oficina en Colombia ha estado recibiendo. Por otro parte, resaltó los esfuerzos del Gobierno para fomentar la rendición de cuentas y el resp eto a los derechos humanos dentro de las fuerzas militares, así como para desmovilizar organizaciones paramilitares. Al destacar la mayor atención prestada a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, la Alta Comisionada expresó también su preocupación por la persistencia de retos estructurales en derechos humanos.

4. La Representante Especial del Secretario Ge neral para la cuestión de los niños y los conflictos armados visitó Colombia del 12 al 14 de mayo de 2008 y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del 1 al 10 de octubre.1

5. El 10 de diciembre, Colombia fue analizada por el Consejo de Derechos Humanos en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).2

1 Otros relatores especiales visitaron el país en viajes no oficiales o de seguimiento.

5. El 10 de diciembre, Colombia fue analizada por el Consejo de Derechos Humanos en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).2

1 Otros relatores especiales visitaron el país en viajes no oficiales o de seguimiento. 2 Colombia se presentó de forma voluntaria al procedimiento del EPU y en el informe presentado por el Gobierno, fechado el 1.º de septiembre de 2008, se comprometió a tomar 69 iniciativas para mejorar la situación de derechosA/HRC/10/032 página 6

II. CONTEXTO

6. Colombia continúa inmersa en un conflicto armado interno complejo y de múltiples facetas, cuyo efecto sobre los derechos humanos representa un desafío permanente para el Estado y su población. Las violaciones de lo s derechos humanos e infracci ones al derecho internacional humanitario cometidas por los grupos guerrilleros y la fuerza pública, así como las actividades de los grupos armados ilegales y narcotraficantes, junto con las subyacentes dificultades estructurales, como la inequitativa distribución de la riqueza, la discriminación y estigmatización de grupos vulnerables, la impunidad y las dificultad es para el acceso efecti vo a la justicia siguen condicionando el goce integral de los derechos humanos. En es te contexto, los esfuerzos del Gobierno para fortalecer el Estado de derech o, fundamentalmente incrementando su presencia regional en lugares que anterior mente estaban bajo control de los grupos armados ilegales, han colocado al país en una mejor posición para asegurar el pleno respeto por los derechos humanos.

7. Durante 2008, los hechos políticos y de orden público más relevantes que han marcado el panorama de los derechos humanos fueron: a) las ejecuciones extrajudiciales y las medidas

7. Durante 2008, los hechos políticos y de orden público más relevantes que han marcado el panorama de los derechos humanos fueron: a) las ejecuciones extrajudiciales y las medidas tomadas por el Gobierno para enfrentarlas; b) las tensiones entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como consecuen cia de las últimas investigacione s sobre los presuntos vínculos entre miembros del Congreso y organizaciones paramilitares, proceso conocido como la “parapolítica”; c) la extradición a los Estados Unidos de América en mayo de 2008 de 13 de los principales jefes paramilitares 3 investigados en el marco del proceso de la Ley 975, conocida como “ley de Justicia y Paz”4; d) los éxitos militares contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), la muerte de su líder y fundador, así como las liberaciones, rescates y fugas de secuestrados en su poder; e) el aumento de la conciencia cívica, expresado a través de las masivas movilizaciones ciudadanas, en contra de los grupos armados ilegales y a favor del respeto por los derechos humanos; f) la desaceleración económica en el marco de la crisis financiera mundial, así como el importante impacto, sentido en el último trimestre del año, de los esquemas ilegales de inversión (pirámides) que han arrastrado a miles de personas a la quiebra con promesas de altos rendimientos.

8. El avance en la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio sigue siendo lento. Es motivo de especial preocupación la superación de la brecha entre aquellos grupos poblacionales con oportunidades de progreso, as entados sobre todo en las gr andes urbes, y otros grupos

motivo de especial preocupación la superación de la brecha entre aquellos grupos poblacionales con oportunidades de progreso, as entados sobre todo en las gr andes urbes, y otros grupos

humanos. A la fecha de finalización de este informe, las recomendaciones del Consejo al Estado colombiano aun no han sido publicadas formalmente. 3 A lo largo del año, 15 jefes paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos de América. 4 La Ley 975 de 2005 regula el procesamiento judicial de miembros desmovilizados de grupos armados ilegales para quienes se establecen beneficios judiciales con base en su contribución a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de sus crímenes.A/HRC/10/032 página 7 7

excluidos del desarrollo y alejados de los bienes y servicios que presta el Estado, localizados principalmente en el mundo rural y en las zonas deprimidas urbanas.5

III. DERECHOS HUMANOS Y DEREC HO INTERNACIONAL HUMANITARIO

A. Ejecuciones extrajudiciales

9. En 2008, la oficina en Colombia continuó trabajando con el Ministerio de Defensa presentando directamente casos de presuntas ejec uciones extrajudiciales pa ra el conocimiento y acción de los altos mandos militares. En enero de 2008, el Ministerio de Defensa publicó la “Política integral de derechos humanos y der echo internacional humanitario” para las fuerzas militares, que incluye, entre otras iniciativas, el establecimiento de asesores legales operacionales dentro del Ministerio para asegurar que las operaciones militares cumplan con los estándares de derecho internacional humanitario. Además, funcionarios civiles y militares del más alto nivel han declarado pública y repetidamente su voluntad de adoptar medidas para proteger y respetar

dentro del Ministerio para asegurar que las operaciones militares cumplan con los estándares de derecho internacional humanitario. Además, funcionarios civiles y militares del más alto nivel han declarado pública y repetidamente su voluntad de adoptar medidas para proteger y respetar los derechos humanos, incluida la erradicación de las ejecuciones extrajudiciales.

10. La destitución por el Presidente en octubre de 2008 de tres generales y otros 24 oficiales y suboficiales, incluidos cuatro coroneles, así como otras medi das disciplinarias, por “una inexcusable falta de diligencia del mando en la investigación rigurosa de presuntos casos irregulares en su jurisdicción” fue una importante señal para reforzar la política de “tolerancia cero” con las violaciones de derechos humanos. 6 En noviembre de 2008, el Comandante del Ejército renunció, el Ministro de Defensa anunció medidas adicionales7 y el Presidente inició una serie de sesiones periódicas de rendición de cuentas con los altos mandos militares para responder a las denuncias por ejecuciones extrajudiciales.

11. El número de quejas recibidas por ejecuciones ex trajudiciales y la cantidad de víctimas registradas hasta octubre de 2008 8 han evidenciado sin embargo que las políticas institucionales adoptadas por el Ministerio de Defensa y el al to mando militar para combatir esta práctica no habían logrado incidir de manera significativa en la reducción de estas violaciones. Es necesario realizar renovados esfuerzos para garantizar la efectividad y el estricto cumplimiento de las políticas institucionales establecidas para prevenir y sancionar las ejecuciones extrajudiciales.

realizar renovados esfuerzos para garantizar la efectividad y el estricto cumplimiento de las políticas institucionales establecidas para prevenir y sancionar las ejecuciones extrajudiciales.

5 Mientras que Bogotá D.C. tiene el 28% de su población por debajo de la línea de pobreza, en Chocó la cifra alcanza un 78,5%; mientras que en Cundinamarca (excluyendo Bogotá) la tasa de analfabetismo es del 1,1%, en La Guajira es del 6%. Fuente: Informe de Colombia sobre los objetivos de desarrollo del Milenio (2007), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 6 Otras medidas parecen haber sido tomadas, incluyendo la separación del servicio de otros oficiales y suboficiales, pero no han sido hechas públicas. 7 Estas medidas adicionales incluyen, entre otras, la revisión de la aplicación de la doctrina y procedimientos de inteligencia, operaciones y logística; la creación de una comisión que revise los casos desde un punto de vista operacional; el refuerzo de la responsabilidad del comandante; el perfeccionamiento de los sistemas de evaluación; y la redefinición de reglas de enfrentamiento. 8 Las mujeres son a menudo víctimas de esta violación al ser identificadas como compañeras sentimentales de presuntos miembros de grupos armados ilegales.A/HRC/10/032 página 8

12. A finales de noviembre de 2008, la Fiscalía General de la Nación había iniciado 112 investigaciones sobre presuntos casos de ej ecuciones extrajudiciales ocurridos en 2008. 9

Adicionalmente, otros 473 casos, la mayoría ocurridos en 2006 y 2007, habían sido asignados

investigaciones sobre presuntos casos de ej ecuciones extrajudiciales ocurridos en 2008. 9 Adicionalmente, otros 473 casos, la mayoría ocurridos en 2006 y 2007, habían sido asignados durante 2008 a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Inte rnacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación. Esta Un idad investiga actualmente cerca de 716 casos con más de 1.100 víctimas. Estas cifras confirman qu e las ejecuciones extrajudiciales no son hechos aislados, sino una práctica muy extendida co metida por un importante número de unidades militares a lo largo de todo el país. En 2008, de acuerdo con la información obtenida por la oficina en Colombia, en algunos departamentos, como Antioquia, se ha registrado un incremento de estos casos.

13. A los patrones descritos en informes anteriores, 10 se suman este año nuevas modalidades de comisión de esta grave violación, que sugieren una mayor complejidad y sofisticación en su planeación y ejecución. La oficina en Colombia confirmó la existencia de redes encargadas de ofrecer a las víctimas trabajos en municipios diferentes a los de su lugar de origen, y de procurarles medios para traslada rlos hasta tales luga res, donde eran ejecutadas y presentadas como “muertos en combate”. Según varias in vestigaciones en curso, ot ros miembros de esas redes (entre los que podrían encontrarse miem bros del Ejército) seri an los encargados de presentar denuncias contra los muertos, como in tegrantes de la guerrill a o de grupos armados ilegales surgidos después del proceso de desmov ilización de organizaciones paramilitares, y de elaborar informes de inteligencia o declar aciones de desmovilizados para corroborar tal

presentar denuncias contra los muertos, como in tegrantes de la guerrill a o de grupos armados ilegales surgidos después del proceso de desmov ilización de organizaciones paramilitares, y de elaborar informes de inteligencia o declar aciones de desmovilizados para corroborar tal vinculación. Asimismo, es reiterada la present ación de las víctimas sin identificar, como “NN”, aún cuando portaban sus documentos o se conocía su identidad. Esta pr áctica parecería estar dirigida a evitar la identificación de las persona s reportadas como desaparecidas y a impedir las investigaciones.

14. La ausencia de un control eficaz por los coma ndantes militares pudo favorecer la ocurrencia de estas graves violaciones de derechos humanos. Los incentivos económicos, días de descanso y reconocimientos otorgados sin control ni s upervisión previa a quie nes presentaron como resultados “muertos en combate” pudieron también alentar la repetición de esta preocupante práctica. Al mismo tiempo, la ausencia de un clar o mensaje de condena al interior del Ejército pudo haber permitido la perpetuación de estas violaciones.

9 Las denuncias de ejecuciones extrajudiciales se hacen normalmente varios meses después de haber ocurrido los hechos. Por esta razón, casos de ejecuciones extrajudiciales que hubieran tenido lugar en 2008 serian denunciados en 2009. La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación ha iniciado la investigación de 41 de estos casos, mientras que los restantes 71 están al cargo de las Direcciones Seccionales. 10 Ver documentos A/HRC/7/39 y Corr.1 de 2008, y A/HRC/4/48 de 2007.A/HRC/10/032 página 9

Direcciones Seccionales. 10 Ver documentos A/HRC/7/39 y Corr.1 de 2008, y A/HRC/4/48 de 2007.A/HRC/10/032 página 9 9

15. Se requieren medidas adicionale s y una mayor colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación para erradicar y sancionar las ej ecuciones extrajudiciales. La Procuraduría General de la Naci ón y la Fiscalía General de la Nación deberían redoblar sus esfuerzos para investigar los casos en el menor tiempo posible.

B. Detenciones ilegales y arbitrarias

16. En algunos departamentos, como Arauca y Norte de Santander, la Fisc alía General de la Nación continuó expidiendo órdenes de captura sin bases jurídicas sólidas por rebelión y delitos relacionados, lo que se tradujo en detenciones ar bitrarias. Estas órdenes estaban en muchas ocasiones fundamentadas en declaraciones de antiguos miembros de grupos guerrilleros desmovilizados que reciben incentivos y beneficios del Estado para cooperar en estas labores, lo que hace que la información obtenida no sea siempre creíble. La Estructura de Apoyo de la Fiscalía General de la Nación basada en la Brigada XVIII de Arauca ordenó al menos cuatro órdenes de captura masivas en estas circunstancias.

17. Las víctimas de esta violación, incluyendo a los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios, son detenidas sin una justifi cación jurídica adecuada, en ocasiones por periodos que llegan hasta dos años . Además, en departamentos como Antioquia y

humanos y líderes comunitarios, son detenidas sin una justifi cación jurídica adecuada, en ocasiones por periodos que llegan hasta dos años . Además, en departamentos como Antioquia y Chocó, se han reportado varios casos de detenci ones ilegales realizadas por el Ejército. La oficina en Colombia también recibió info rmación de acciones de la Policía Nacional, particularmente detenciones y arrestos de indivi duos pertenecientes a sector es vulnerables de la sociedad, en particular de las zonas deprimidas de Medellín, sin justificación jurídica adecuada.

C. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

18. La oficina en Colombia fue informada sobre casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes atribuidos a miembros de la fuerza pública en departamentos como Antioquia, Cauca y Chocó. Los pueblos y comuni dades indígenas, los grupos afrocolombianos, así como los sectores más deprimidos de la sociedad, fueron con frecuencia víctimas en tales casos.

19. En algunos departamentos, como el de Cauc a y Chocó, la oficina en Colombia recibió información de casos de tratos crueles y degrad antes contra mujeres y niñas por miembros del Ejército, que, en ocasiones, se tradujeron en violencia sexual.

20. A principios de 2008, en la prisión de Valledupar (Cesar), la oficina en Colombia registró casos de graves tratos inhumanos y degradantes contra reclusos, así como un uso excesivo de la fuerza por guardias para reprimir protestas.

21. El Gobierno ha dado pasos importantes para capacitar a funcionarios públicos y oficiales y

casos de graves tratos inhumanos y degradantes contra reclusos, así como un uso excesivo de la fuerza por guardias para reprimir protestas.

21. El Gobierno ha dado pasos importantes para capacitar a funcionarios públicos y oficiales y suboficiales militares en los estándares internacionales de prevención de la tortura. Sin embargo,A/HRC/10/032 página 10

como fue reconocido por el mismo Gobierno, los retos siguen vigentes. 11 El Gobierno daría un paso significativo para enfren tar estos retos aceptando ser parte del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

D. Desaparición forzada

22. La oficina en Colombia continuó observando ca sos de desaparición forzada, particularmente en municipios como Buenaventu ra (Valle del Cauca), donde se gún la Defensoría del Pueblo, fueron reportados 132 casos entre 2006 y 2008. En otros lugares, en particular en centros urbanos del departamento de Antioquia y Chocó, esta práctica parece ha ber sido utilizada para intimidar a enemigos en el contexto de disp utas entre bandas criminales y grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares.

23. Las víctimas de desapariciones son normalmen te jóvenes desempleados de familias sin recursos, habitantes de zonas urbanas marginales y de áreas rurales aisladas. Entre las víctimas de desaparición forzada también se encuentran, tanto defensores y defensoras de derechos humanos, como sindicalistas.

24. La Fiscalía General de la N ación ha investigado 111 casos de desaparición forzada en 2008.

de desaparición forzada también se encuentran, tanto defensores y defensoras de derechos humanos, como sindicalistas.

24. La Fiscalía General de la N ación ha investigado 111 casos de desaparición forzada en 2008.

La mayoría de estos casos fueron referidos a su Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario tras inves tigaciones preliminares llevadas a cabo por Comisiones Especiales de Impulso. 12 La Unidad Nacional ha realizado además 39 exhumaciones, pero los restos recobrados a un están en fase de identificación. Otras exhumaciones durante el periodo repor tado en este informe, referidas más adelante, han sido realizadas en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

25. La fase piloto del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, concentrada en la situación del departamento de Casanare, se lim itó en gran medida a recoger información que pudiera ser referida a la Fisca lía General de la Nación y a cap acitar a funcionarios públicos.

Como el Gobierno reconoció, éste y otros desarrollos institucionale s positivos, como la creación del Mecanismo de Búsqueda Urgente para personas desaparecidas, necesitan más esfuerzos para alcanzar la efectividad deseada. Organizaciones de víctimas y au toridades judiciales parecerían estar de acuerdo en que ha habido una limitada efectividad en el cruce de los sistemas de información y en general, una cierta negligenci a en el funcionamiento de estos mecanismos institucionales.13 Estas organizaciones también han criticad o la persistencia de tener que realizar

11 Informe del Gobierno para el proceso del EPU ante el Consejo de Derechos Humanos, fechado el 1 de septiembre de 2008.

institucionales.13 Estas orga