CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - A HRC 13 72

GE.10-11822 (S) 050310 100310 Consejo de Derechos Humanos 13º período de sesiones Tema 2 de la agenda Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia Resumen De conformidad con el mandato estableci do en el acuerdo firmado en 1996 entre el Gobierno de Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, este informe analiza los hechos más importantes relacionados con la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia en el año

2009. El informe registra, entre otros temas, importantes avances, destacando la reducción drástica de las denuncias por ej ecuciones extrajudiciales y los progresos en la tramitación de los procesos contra congresistas y funcionarios públicos por presuntos vínculos con organizaciones paramilitares.

El informe reconoce la apertura gubernament al al escrutinio internacional al recibir a cuatro relatores especiales y realizar el seguimiento por propia iniciativa de las recomendaciones del examen periódico universal. La Alta Comisionada agradece el espíritu de cooperación que existe entre el Gobierno y su Oficina en Colombia y destaca la apertura y franqueza del Gobierno para tratar los reto s que enfrenta en materia de derechos humanos. El informe muestra cómo el conflicto armado interno continúa planteando muchos retos para el país, incluyendo el total desp recio por el derecho internacional humanitario por los grupos guerrilleros. Esta situación se ve exacerbada por la violencia contra la

humanos. El informe muestra cómo el conflicto armado interno continúa planteando muchos retos para el país, incluyendo el total desp recio por el derecho internacional humanitario por los grupos guerrilleros. Esta situación se ve exacerbada por la violencia contra la población ejercida por los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de las organizaciones paramilitares, los nexos de los actores armados con el narcotráfico y el impacto especialmente grave del conflicto armado interno en las comunidades indígenas y afrocolombianas.

El informe se distribuye en todos los idiomas ofic iales. El anexo se distribuye en español e inglés únicamente. El presente documento se remite con retraso con el fin de incluir la información más reciente.

Naciones Unidas A/HRC/13/72

Asamblea General Distr. general 4 de marzo de 2010

Español Original: español e inglésA/HRC/13/72

2 GE.10-11822 Asimismo, el informe analiza los desafíos en la implementación de la Ley Nº 975 (2005), llamada de "justicia y paz", el aument o de amenazas y la utilización ilegal de los servicios de inteligencia contra los defensores y las defensoras de derechos humanos y otras personas, la polarización entre el Gobierno y la comunidad de derechos humanos y entre el ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, así como el aumento de los casos de violencia sexual. Además, persisten profundas debilidades en varios departamentos para alcanzar la plena satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, que se traducen en discriminación de facto y marginación de la población afrocolombiana e indígena. Finalmente en el informe se resumen algunas de las principales actividades

plena satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, que se traducen en discriminación de facto y marginación de la población afrocolombiana e indígena. Finalmente en el informe se resumen algunas de las principales actividades desarrolladas por la Oficina en Colombia y se presentan una serie de recomendaciones.A/HRC/13/72 GE.10-11822 3 Índice Párrafos Página

I. Introducción ............................................................................................................ 1– 6 4

II. Contexto.................................................................................................................. 7–9 5

III. Derechos humanos y derecho internacional humanitario........................................ 10–99 5

A. Situación de la rama judicial........................................................................... 10–13 5

B. Organismos de inteligencia............................................................................. 14–21 6

C. Defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas.... 22–31 7

D. Investigaciones por presuntos vínculos de miembros del Congreso y funcionarios públicos con organizaciones paramilitares................................. 32–35 9

E. Ejecuciones extr ajudiciales............................................................................. 36–42 10

F. Violencia sexual.............................................................................................. 43–48 11

G. Tortura y otros tratos o penas crue les, inhumanos o degradantes................... 49–52 12

H. Desaparición forzada ...................................................................................... 53–57 12

I. Grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares........................................................................... 58–65 13

J. Derecho internaciona l humanitario................................................................. 66–75 14

K. Desplazamiento forzado ................................................................................. 76–79 16

L. Derechos de las víctimas y Ley Nº 975 (2005)............................................... 80–85 17

K. Desplazamiento forzado ................................................................................. 76–79 16

L. Derechos de las víctimas y Ley Nº 975 (2005)............................................... 80–85 17

M. Pobreza y derechos económicos , sociales y culturales ................................... 86–89 18

N. Discriminación................................................................................................ 90–99 19

IV. Resumen de actividades de la Oficina en Colombia ............................................... 100–104 21

V. Recomendaciones.................................................................................................... 105 21

Anexo Casos ilustrativos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario .................................................................................................................. .................... 23A/HRC/13/72 4 GE.10-11822

I. Introducción

1. El 29 de noviembre de 1996 el Gobierno y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmaron el acuerdo que establece la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ("la Oficina en Colombia"). Dicho acuerdo fue extendido, si n modificaciones, hasta el 30 de octubre de 2010.

2. Según su mandato, la Oficina en Colombia observa la situación de derechos humanos y de derecho internacional humanitario para asesorar a las autoridades en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para la promoción y protección de los derechos humanos. Además, remite informes analíticos a la Alta Comisionada. El presente informe cubre el año 2009 y hace énfasis en varios temas considerados prioritarios, que fueron periódicamente discutidos con el Gobierno.

3. En 2009, Colombia de mostró una gran apertu ra hacia los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Visitaron el país, por invitación del

prioritarios, que fueron periódicamente discutidos con el Gobierno.

3. En 2009, Colombia de mostró una gran apertu ra hacia los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Visitaron el país, por invitación del Gobierno, cuatro relatores es peciales: sobre ejecuciones ex trajudiciales, sumarias o arbitrarias (8 a 18 de junio) ; sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas (22 a 27 julio); sobre la situación de los defensores de derechos humanos (7 a 18 septiembre); y sobre la independencia de jueces y abogados (7 a 16 diciembre)1.

4. La Alta Comisionada Adjunta visitó Colombia del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2009, con ocasión de su particip ación en la Segunda Conferencia de Examen de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (Convención de Ottawa).

Durante su visita, mantuvo reuniones con el Vicepresidente, ministros y altos funcionarios públicos, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional. También viajó a Putumayo para conocer de primera mano los retos locales en derechos humanos y derecho internacional humanitario.

5. Asimismo, tres órganos de tratados analizaron la situación del país: el Comité para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (21 y 22 de abril de 2009), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (12 y 13 agosto) y el Comité contra la Tortura (10 y 11 noviembre)2. Además, el Gobierno completó el examen periódico universal en marzo y el Secretario General de las Naciones Unidas

agosto) y el Comité contra la Tortura (10 y 11 noviembre)2. Además, el Gobierno completó el examen periódico universal en marzo y el Secretario General de las Naciones Unidas presentó al Consejo de Seguridad el 19 de agosto el primer informe sobre los niños y el conflicto armado en Colombia, en cumplimiento de la resolución 1612 (2005) del Consejo3.

6. El desafío en 2010 es avanzar en la implementación efectiva de las recomendaciones de estos mecanismos de protección y de las form uladas por la Alta Comisionada que están pendientes, para lo cual la Oficina en Colombia ofrece su acompañamiento y cooperación.

1 Colombia fue el país que más visitas recibió de relatores especiales en 2009. 2 El Comité de Derechos Econó micos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos Humanos formularon sus listas de cuestiones que debían abordarse en relación con el examen de los informes periódicos de Colombia. El examen de estos informes se llevará a cabo en mayo y julio de 2010, respectivamente. 3 Documento S/2009/434.A/HRC/13/72 GE.10-11822 5

II. Contexto

7. La plena satisfacción de los derechos humanos en Colombia continúa estando afectada por un conflicto armado interno complejo, exacerbado por la violencia organizada, particularmente la relacionada con el tráfico de drogas. Esta situación ha perjudicado el funcionamiento de las instituciones democráticas y el desarrollo socioeconómico del país.

El mejoramiento de la seguridad de los últimos años y la disminución en la tasa nacional de homicidios en 2009 se vieron afectados por el claro aumento de las tasas de homicidio en algunas ciudades, como por ejemplo Medellín, el aumento del número de intimidaciones y

El mejoramiento de la seguridad de los últimos años y la disminución en la tasa nacional de homicidios en 2009 se vieron afectados por el claro aumento de las tasas de homicidio en algunas ciudades, como por ejemplo Medellín, el aumento del número de intimidaciones y amenazas de muerte contra jóvenes y defensores de derechos humanos, entre otros, la expansión de los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares y el incremento de la violencia que éstos ejercen contra la población.

8. Otros hechos que afectaron los derechos humanos en 2009 fueron las graves irregularidades en las que se vio involucrado el Departamento Administrativo de Seguridad

(DAS); la persistencia de tensiones entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia, incluyendo el impasse en la elección del Fiscal General de la Nación; las dificultades para lograr más liberaciones de secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) después de que varios policías y políticos fueran liberados durante el primer semestre del año; el continuo incumplimiento del derecho internacional humanitario por parte de los grupos guerrilleros y sus ataques contra la población civil; y la polarización política alimentada por la incertidumbre de un posible referéndum que abriría la puerta a una segunda reelección del Presidente Uribe.

9. También hubo una serie de avances normativos y políticas adoptadas por el Gobierno que ayudaron a mejorar la situación de derechos humanos, incluyendo una drástica reducción del número de quejas por ejecuciones extrajudiciales atribuidas al

Ejército.

III. Derechos humanos y derecho internacional humanitario

A. Situación de la rama judicial

drástica reducción del número de quejas por ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Ejército.

III. Derechos humanos y derecho internacional humanitario

A. Situación de la rama judicial

10. Las tensiones y enfrentamientos públicos entre las ramas ejecutiva y judicial en 2009 pudieron haber socavado la independencia de la rama judicial. La Oficina en Colombia documentó críticas públicas de desprestigio a la Corte Suprema y a sus magistrados de parte de funcionarios públicos de alto nivel y de actores sociales y políticos, así como interferencias indebidas, directas o indirectas, a sus funciones por medio de influencias, presiones y amenazas. Estos actos podrían constituir una violación a los principios de independencia del poder judicial de las Naciones Unidas 4 y han dado lugar a preocupaciones frente a la seguridad personal de algunos magistrados.

4 Resoluciones de la Asamblea General 40/32, de 29 de noviembre de 1985, y 40/146, de 13 de diciembre de 1985.A/HRC/13/72 6 GE.10-11822

11. La persistencia de los problemas estr ucturales de la administración de justicia 5 y los desacuerdos al interior de la rama judicial dieron lugar a propuestas de reforma judicial.

Cualquier reforma que se lleve a cabo debería ser participativa y transparente, con el fin de asegurar la plena satisfacción del derecho a una justicia competente, independiente, imparcial y pronta para toda la ciudadanía.

12. Es esencial fortalecer el trabajo de la ra ma judicial, en especial de la Corte Suprema de Justicia, garantizando que pueda ejercer sus responsabilidades con independencia, seguridad, libertad y profesionalismo, sin restricciones ni presiones.

12. Es esencial fortalecer el trabajo de la ra ma judicial, en especial de la Corte Suprema de Justicia, garantizando que pueda ejercer sus responsabilidades con independencia, seguridad, libertad y profesionalismo, sin restricciones ni presiones.

13. Durante su visita en diciembre, la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados hizo un llamado para que se mejorara la protección de todos los operadores judiciales y para que se garantizara su independencia.

B. Organismos de inteligencia

14. En 2009 se hizo público que el DAS, entidad de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República, había estado desarrollando, por lo menos desde 2003 y de manera generalizada y sistemática, una serie de actividades ilegales dirigidas contra, entre otros, defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas y altos funcionarios del Gobierno, como el Vicepresidente. Además, información preocupante publicada en los medios de comunicación indicaría que incluso los magistrados de la Corte Suprema fueron objeto de vigilancia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un Relator Especial de las Naciones Unidas y la Oficin a en Colombia fueron también objeto de vigilancia. Estas acciones, en muchos casos, tenían como objetivo neutralizar las labores desarrolladas por las víctimas, a quienes se consideraba "blancos legítimos" por ser potenciales opositoras de las políticas gubernamentales.

15. Las acciones ilegales incluyeron inte rceptaciones de teléfonos y correos electrónicos, seguimientos, hostigamientos y amenazas, robos de información e ingresos ilegales a oficinas y domicilios. Esto provocó un clima de miedo e inseguridad y, en algunas ocasiones, sabotaje y descrédito del trabajo de los defensores y las defensoras de

ilegales a oficinas y domicilios. Esto provocó un clima de miedo e inseguridad y, en algunas ocasiones, sabotaje y descrédito del trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos. Las acciones contra las muje res incluyeron amenazas directas contra sus hijos e hijas, en ocasiones con manifiesto contenido sexual violento.

16. La autoría parece haber recaído en es tructuras no formales creadas por los responsables del más alto nivel del DAS, lo que permitió contar con una apariencia de legalidad y jerarquía para obtener, administrar e intercambiar información y disponer de recursos humanos, técnicos y económicos de la misma institución. En algunos casos, incluso los esquemas de protección a cargo del DAS fueron utilizados para obtener información de las personas protegidas.

17. La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación iniciaron investigaciones contra aproximadamente 40 funcionarios del DAS, entre ellos 4 de sus ex directores. El Gobierno adoptó medidas para reestructurar el DAS, incluyendo la aceptación de renuncias, investigaciones internas y la separación de las funciones de policía judicial de las actividades de inteligencia. No obstante, en septiembre de 2009 el Presidente ordenó la liquidación del DAS y la creación de una nueva agencia de inteligencia.

5 La Oficina en Colombia ha señalado en varias oc asiones problemas tales como la "falta de denuncia de delitos ante las autoridades, dificultades en el acceso a la justicia, insuficientes recursos financieros y tecnológicos (a pesar de los incrementos presupuestales), falta de criterios unificados en la aplicación de las leyes, alta carga de trabajo de fiscales y jueces, lentitud en el avance de los procesos,

y tecnológicos (a pesar de los incrementos presupuestales), falta de criterios unificados en la aplicación de las leyes, alta carga de trabajo de fiscales y jueces, lentitud en el avance de los procesos, y casos de corrupción" (A/HRC/7/39 y Corr.1, párr. 12).A/HRC/13/72 GE.10-11822 7

18. Asimismo, algunos miembros de la Fuerza Pública continuaron utilizando las facultades de inteligencia del Estado para desarrollar operaciones ilegales y clandestinas en contra de sectores sociales y políticos críticos del Gobierno, usando métodos similares a los arriba descritos. Estas acciones también estuvi eron dirigidas contra funcionarios públicos cuya función es defender los derechos humanos. En algunas ocasiones, la información obtenida de forma ilegal fue utilizada por algunas secciones de la Fiscalía para abrir procesos judiciales contra defensores de derechos humanos y activistas sociales.

19. Fue especialmente preocupante el robo de información relacionada con los derechos de la niñez a una funcionaria de las Naciones Unidas por personas desconocidas.

20. El reto actual es establecer las responsa bilidades y circunstancias que facilitaron el desarrollo de estas actividades ilegales por el DAS e identificar a quienes las permitieron y a quienes se beneficiaron de ellas. Las dificultades enfrentadas por los investigadores en la fase inicial deben ser superadas para que las investigaciones puedan continuar con independencia y seguridad, sin presiones ni amenazas. La impunidad, así como la ausencia de controles democráticos y de supervisión sobre los servicios de inteligencia, permitieron que estas conductas criminales pudieran ser cometidas.

21. Más allá de la anunciada liquidación del DAS, es imperioso establecer requisitos legales, políticos y administrativos, así como sólidos sistemas de control y supervisión,

que estas conductas criminales pudieran ser cometidas.

21. Más allá de la anunciada liquidación del DAS, es imperioso establecer requisitos legales, políticos y administrativos, así como sólidos sistemas de control y supervisión, sobre los organismos de inteligencia. La nueva Ley de inteligencia y el decreto que la desarrolla deberían avanzar en este sentido. Se insta al Gobierno a adoptar medidas específicas y transparentes con claros plazos pa ra la implementación de esta normativa. En este sentido, las instituciones gubernamentales relevantes de berían acelerar la elaboración de un plan de acción para la creación de un mecanismo nacional de depuración de los archivos de inteligencia, en consulta co n víctimas y organizaci ones interesadas, que posibilite un activo rol de la Procuraduría General de la Nación, tal y como ha recomendado en años anteriores la Oficina en Colombia.

C. Defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas

22. La Oficina en Colombia observó, en tre otros, casos de homicidios, amenazas, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, injerencias arbitrarias en domicilios y sedes de las organizaciones y robos de información dirigidos contra defensores y defensoras de derechos humanos. Estas violaciones fueron atribuidas a miembros de grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares y a grupos guerrilleros, en particular las FARC-EP, así como, en algunos casos, a integrantes de la

Fuerza Pública.

23. En 2009, la Oficina en Colombia constató un aumento de las intimidaciones y amenazas de muerte a través de panfletos y correos electrónicos contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y comunitarios y miembros de

23. En 2009, la Oficina en Colombia constató un aumento de las intimidaciones y amenazas de muerte a través de panfletos y correos electrónicos contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y comunitarios y miembros de otros grupos marginados. Si bien las investigaciones avanzaron en algunos casos, la mayoría de las amenazas permanecen en la impunidad y en ocasiones las autoridades rápidamente las descalificaron, sin una investigación previa.

24. Mientras tanto, algunas denuncias por rebelión, terrorismo, injurias y/o calumnias contra defensores o periodistas que cuestionan políticas gubernamentales o denuncian corrupción y violaciones de derechos humanos, fueron investigadas rápidamente. La Fiscalía tiene que actuar con transparencia, prontitud e imparcialidad en todos los casos, independientemente de si un defensor o defensora de derechos humanos es una víctima o está acusado de un delito.A/HRC/13/72

8 GE.10-11822

25. Las amenazas y asesinatos contra sindicalistas 6, periodistas, personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas (LGBT), y contra quienes promueven sus derechos, son motivo de especial preocupación. También preocupa la situación de quienes defienden derechos etnoterritoriales de comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas. Las personas que representan y apoyan a víctimas en el marco de la Ley Nº 975 (2005), especialmente si procuran la restitución de tierras usurpadas, han sido amenazadas e incluso asesinadas, así como también lo han sido pe rsonas que trabajan por la paz, líderes y lideresas comunitarios y funcionarios que promueven y defienden derechos humanos, como

asesinadas, así como también lo han sido pe rsonas que trabajan por la paz, líderes y lideresas comunitarios y funcionarios que promueven y defienden derechos humanos, como los analistas del Sistema de Alertas Tempranas (SAT)7 y personeros.

26. En los últimos años, el Gobierno ha invertido una gran cantidad de recursos humanos y financieros en los programas de prot ección para los diferentes grupos en riesgo.

Los importantes esfuerzos realizados, sin embargo, requieren estar mejor coordinados, ampliarse, para incorporar, por ejemplo, a los funcionarios del SAT, fortalecerse con enfoque de género y agilizarse acortando los tiempos entre la adopción de medidas y su efectiva implementación. La cesión de los esquemas de protección a empresas privadas y otras reformas debería realizarse en consulta con las personas beneficiarias, recordando que el Estado mantiene la obligación indelegable de prevenir, proteger y garantizar el pleno disfrute de derechos en su jurisdicción.

27. Entre abril y mayo de 2009, el Gobierno, las plataformas de derechos humanos y paz y sectores sociales acordaron un procedimiento para dialogar sobre las garantías de las que deben gozar las defensoras y defensores en el desarrollo de sus actividades. En abril, con el activo apoyo de la comunidad internacional, se creó la Mesa Nacional de Garantías y posteriormente se realizaron audiencias regionales en la mitad de los departamentos del país. La Oficina en Colombia valora este ejercicio y los compromisos concretos alcanzados, y llama a su rápida implementación por el G obierno. Varias amenazas de muerte recibidas por defensores y defensoras de derechos humanos que participaron en estas discusiones todavía no han sido adecuadamente investigadas.

28. La Oficina en Colombia ve con preocupación que algunos funcionarios públicos,

por defensores y defensoras de derechos humanos que participaron en estas discusiones todavía no han sido adecuadamente investigadas.

28. La Oficina en Colombia ve con preocupación que algunos funcionarios públicos, civiles y militares, han continuado realizando declaraciones contra defensores y defensoras de derechos humanos, acusándoles o sugiriendo que su trabajo es contrario a los intereses del Estado o que son simpatizantes de la guerrilla. Tales señalamientos aumentan los factores de riesgo de los defensores y defensoras y pueden limitar sus actividades, provocando autocensura y profundizando la desconfianza entre el Estado y la sociedad civil.

29. Frente a esta situación, la Oficina en Colombia valora positivamente la normativa expedida y los pronunciamientos del Presidente, el Vicepresidente y el Ministro del Interior sobre la legitimidad del trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos 8. Se alienta a los altos funcionarios a mantener un activo y coherente discurso público de apoyo a los defensores y defensoras de derechos humanos y al resto de los funcionarios a acogerse al mismo. El Gobierno y la Procuraduría deberían sancionar a los funcionarios públicos que continúen estigmatizando a los defensores y defensoras de derechos humanos.

6 El Programa Presidencial para los Derechos Huma nos registró de enero a octubre 27 homicidios de sindicalistas, 14 de ellos maestros. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) reportó 37 homicidios, que incluyeron 4 mujeres, durante el mismo período. 7 El SAT, bajo el liderazgo y di rección del Defensor del Pueblo, tiene como misión producir alertas sobre violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

que incluyeron 4 mujeres, durante el mismo período. 7 El SAT, bajo el liderazgo y di rección del Defensor del Pueblo, tiene como misión producir alertas sobre violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. 8 En una declaración públic a el 17 de septiembre de 2009, el Presidente reconoció que "la defensa de los derechos humanos es una acción necesaria y legítima para la democracia".A/HRC/13/72 GE.10-11822 9

30. Durante su visita en septiembre, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos reconoció que el Gobierno había realizado importantes esfuerzos para apoyar a este colectivo, al tiempo que afirmaba que los defensores y defensoras continuaban realizando su trabajo en un ambiente poco propicio de hostilidad y miedo.

31. La Oficina en Colombia considera que se ha progresado en la elaboración de los planes nacionales de derechos humanos. La Mesa Nacional de Garantías es un paso importante hacia la elaboración concertada de un plan nacional de acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario. El Plan Nacional de educación en derechos humanos, que debería ser rápidamente implementado en todos los departamentos y municipios por el Ministerio de Educación, fue presentado en noviembre de 2009.

D. Investigaciones por presuntos ví nculos de miembros del Congreso y funcionarios públicos con organizaciones paramilitares

32. Desde la detención de tres congresistas en noviembre de 2006, el número de políticos y funcionarios públicos investigados por supuestas relaciones con organizaciones paramilitares, o casos de "parapolítica", ha continuado aumentando. A noviembre de 2009, había 93 casos abiertos contra congresistas, de un total de 268 miembros elegidos para el

políticos y funcionarios públicos investigados por supuestas relaciones con organizaciones paramilitares, o casos de "parapolítica", ha continuado aumentando. A noviembre de 2009, había 93 casos abiertos contra congresistas, de un total de 268 miembros elegidos para el período 2006-2010, pertenecientes a 15 partidos políticos diferentes. A diciembre de 2009, había un total de 13 personas condenadas, 5 absueltas y 9 casos en los que se determinó que no había suficientes pruebas para continuar con la investigación9. A noviembre de 2009, había 249 casos iniciados contra 12 gobernadores, 166 alcaldes, 13 diputados y 58 concejales.

33. Cuarenta y tres congresis tas renunciaron a su curul para ser investigados por la Fiscalía, en lugar de la Corte Suprema. En septiembre de 2009, sin embargo, la Corte decidió que mantendría la competencia cuando el delito atribuido a un congresista estuviera relacionado con el ejercicio de su cargo y con sus funciones como miembro del Congreso10.

La nueva jurisprudencia debería favorecer una investigación más uniforme de estos casos.

34. La Oficina en Colombia saluda las medidas adoptadas por la Corte Suprema que fortalecen el debido proceso, tales como la expresa separación de las funciones de investigación y juzgamiento en el seno de la Corte 11. Sin embargo, es necesario adoptar medidas adicionales, como por ejemplo garantizar el derecho a la segunda instancia, que la Corte Suprema parece estar considerando.

35. Los casos de "parapolítica" ponen