CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - A HRC 28 3 Add. 3
Consejo de Derechos Humanos
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- Título
- CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - A HRC 28 3 Add. 3
- Autor
- Consejo de Derechos Humanos
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Internacional_Publico
- Año
- —
GE.15-00824 (S) Consejo de Derechos Humanos 28º período de sesiones Tema 2 de la agenda Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Adición Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia Resumen El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saluda los esfuerzos del Gobierno de Colombia para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, así como los progresos realizados en la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado interno. El Alto Comisionado destaca que alcanzar una paz sostenible requerirá un esfuerzo sustancial para superar las desigualdades en el acceso a los derechos políticos y económicos y a los servicios públicos. También destaca la necesidad de abordar las violaciones del pasado, incluidas las ejecuciones extrajudiciales. El informe contiene 11 recomendaciones.
El resumen del presente informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. El informe, que figura en el anexo, se distribuye en español y en inglés solamente. El apéndice del presente informe se reproduce como se recibió, en los idiomas presentados solamente. El presente documento se presenta con retraso.
Naciones Unidas A/HRC/28/3/Add.3
Asamblea General Distr. general
El apéndice del presente informe se reproduce como se recibió, en los idiomas presentados solamente. El presente documento se presenta con retraso.
Naciones Unidas A/HRC/28/3/Add.3
Asamblea General Distr. general 23 de enero de 2015
Original: español e inglésA/HRC/28/3/Add.3
2 Anexo [Español e inglés solamente] Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia Índice Párrafos Página
I. Introducción ............................................................................................................ 1–3 3
II. Contexto ................................................................................................................ 4–13 3
A. General............................................................................................................ 4–9 3
B. Gobierno e instituciones del Estado ................................................................ 10–13 4
III. Situación de los derechos humanos ......................................................................... 14–77 5
A. Panorama de la situación de los derechos humanos........................................ 14–50 5
B. Respuesta estatal a las violaciones de derechos humanos .............................. 51–77 13
IV. Recomendaciones .................................................................................................. 78 19
Apéndice Comparativa de bajas en combate y presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales 22A/HRC/28/3/Add.3 3
I. Introducción
1. En octubre de 2014, el Gobierno de Colombia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos renovaron , hasta el 31 de octubre de 2016 , el
acuerdo de 1996 que es tableció la oficina del Alto Comisionado en el país ( ACNUDHColombia). Al tiempo que reitera ron el mandato original, el Alto Comisionado y el Gobierno acordaron que, en el caso de firmarse un acuerdo para la terminación del conflicto entre el Gobierno y la s Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo (FARC-EP), la cooperación podría reformularse para incluir e l apoyo en la implementación de aspectos relevantes de los acuerdos de paz.
2. El ACNUDH tiene oficinas en Bogotá, Barranquilla, Buca ramanga, Cali, Quibdó, Medellín, Neiva, Pasto y Villavicencio , y contin úa privilegiando sus actividades en aproximadamente 80 comunidades priorizadas, sobre todo en zonas rurales afectadas por el conflicto armado. ACNUDH-Colombia siguió contribuyendo a cambios positivos a través de su observación, incidencia, declaraciones públicas, buenos oficios y cooperación técnica.
Ha presentado informes periódicos a entidades gubernamentales; ha actuado como garante en conflictos que afectaban derechos de comunidades vulnerables; ha interactuado a diario con el E stado y la sociedad civil para encontrar soluciones a los desafíos de derechos humanos que se plantearon; y ha contribuido al fortalecimiento de las instituciones.
3. En 2014 ACNUDH-Colombia revisó sus operacione s para hacer una transición de un escenario de conflicto armado a uno de post -conflicto. Su nueva agenda da prioridad a actividades relacionadas con el apoyo a víctimas de violaciones de derechos humanos , la restitución de tierras, las reparaciones, la jus ticia de transición, el dialogo social y otros
actividades relacionadas con el apoyo a víctimas de violaciones de derechos humanos , la restitución de tierras, las reparaciones, la jus ticia de transición, el dialogo social y otros asuntos post -conflicto, con el objetivo de fortalecer las comunidades e incrementar el impacto de su incidencia con autoridades locales y nacionales. En 2014 el ACNUDH llevó a cabo un estudio que documenta cóm o la cooperación del Gobierno con el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas ha contribuido a la mejora de la situación de los derechos humanos en Colombia en los últimos 16 años.
II. Contexto
A. General
4. En marzo y mayo de 2014, se celebraron elecciones legislativas y presidenciales. El presidente Juan Manuel Santos fue reelegido para un segundo mandato de cuatro años y juró su cargo el 7 de agosto.
5. En 2014 continuaron las negociaciones de paz con las FARC -EP. El 10 de junio, el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron que habían iniciado conversaciones para llegar a un acuerdo general para iniciar negociaciones de paz.
6. Tras d os años de negociaciones de paz, el Gobierno y las FARC -EP han logrado avances sin precedentes para poner fin a cinco décadas de conflicto armado. En septiembre, las partes en las negociaciones hicieron públicos los acuerdos preliminares alcanzados hasta la fecha sobre reforma rural, participación política y drogas ilícitas. Además, las partes crearon una subcomisión de género para incorporar una perspectiva de género en los acuerdos. Estos acuerdos ponen de manifiesto que una paz sostenible se alcanzaría a través de cambios estructurales desde una perspectiva de derechos, enfocado s en mejorar la vida
crearon una subcomisión de género para incorporar una perspectiva de género en los acuerdos. Estos acuerdos ponen de manifiesto que una paz sostenible se alcanzaría a través de cambios estructurales desde una perspectiva de derechos, enfocado s en mejorar la vida de aquellos afectados por el conflicto. No faltaron obstáculos en las negociaciones de paz, incluidas tensiones entre distintas instituciones y partidos políticos. El 16 de noviembre , el Presidente suspendió las conversaciones de paz tras la captura por la s FARC -EP de unA/HRC/28/3/Add.3 4 general del Ejército y otro s militares y personal del Ejército. Tras la liberación de los cautivos, las partes acordaron reanudar las conversaciones el 10 de diciembre.
7. En 2014 los negociadores abrieron debates sobre el punto de la agenda relativo a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el conflicto. En una declaración conjunta en la que se fijaban 10 principios para guiar esta discusión, el Gobierno y las FARC -EP reconocieron que la paz sólo podría lograrse sobre la base del reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos del pasado, en los esfuerzos para restaurar los derechos de las víctimas y en su participación en el proceso de paz1. Esto fue seguido por foros sobre y para las víctimas y por la decisión sin precedentes de escuchar directamente en la mesa de negociaciones el testimonio de 60 víctimas de violaciones cometidas por todas las partes en el conflicto 2. La selección de las víctimas se efectuó de forma que se asegurase diversidad geográfica, étnica, de género, de edad y de orientación sexual. El sistema de las Naciones Unidas (incluido el ACNUDH),
las víctimas se efectuó de forma que se asegurase diversidad geográfica, étnica, de género, de edad y de orientación sexual. El sistema de las Naciones Unidas (incluido el ACNUDH), la Universidad Nacional de Colombia y la Iglesia católica contribuy eron a organizar los foros de víctimas y su par ticipación en el proceso de paz. El Alto Comisionado considera que la participación de las víctimas en el proceso es un modo de potenciarlas y redefinirlas como supervivientes, titulares de derechos y contribuyentes a la paz. La restauración de sus derechos es un medio para transformar las condiciones que contribuyen al conflicto. Un fin negociado del conflicto podría mejora r de manera significativa la situación de los derechos humanos, no sólo por acabar con la violencia y las violaciones relacionadas con el conflicto, sino también por abordar asuntos como el desarrollo rural y la participación política.
8. Construyendo sobre los esfuerzos de Colombia para aprender de otras experiencias internacionales, l os mecanismos actualmente en discusión con respecto al desarme, desmovilización y reintegración de los miembros de los grupos armados deben tomar en cuenta la falta de éxito de otros procesos de paz para prevenir que los desmovilizados sean de nuevo reclutados por organizaciones criminales o por otros grupos ar mados. Especial atención debe darse a la desvinculación y reintegración de los niños, preferentemente a través de un plan de acción que ten ga en cuenta los problemas de acceso a la educación y a la atención sanitaria en gran parte de la Colombia rural , así como los riesgos de revictimización o de reclutamiento por parte de otros grupos.
9. Los desplazamientos continúan, con cifras anuales en torno a los 250 .000, desde
la atención sanitaria en gran parte de la Colombia rural , así como los riesgos de revictimización o de reclutamiento por parte de otros grupos.
9. Los desplazamientos continúan, con cifras anuales en torno a los 250 .000, desde
2010. Las comunidades indígenas y afro colombianas continúan sufriendo de manera desproporcionada el impacto del desplazamiento, incluso en áreas urbanas como de los municipios de Buenaventura y Tumaco. Los efectos de la violencia en zonas marginales de grandes y medianas ciudades limitan la disponibilidad de zonas seguras para la reubicación y perpetúan la crisis de desplazamiento.
B. Gobierno e instituciones del Estado
10. ACNUDH-Colombia colabora con una amplia gama de instituciones del Estado , incluyendo las autoridades locales de las comunidades priorizadas, construyendo alianzas que contribuy en a mejorar la situación de los derechos humanos. La Cons titución y las leyes de Colombia proporcionan un sólido marco de derechos humanos que, sin embargo, se implementa de manera dispar en distintas partes d el país. La falta de voluntad para aceptar respo nsabilidad por ejecuciones extrajudiciales obstaculiza el progreso. Mayores avances también son socavados por excesivas formalidades o por obstáculos burocráticos.
1 Comunicado conjunto, 7 de junio de 2014. https://www.mesadeconversaciones.com.co/. 2 Comunicado conjunto, 17 de julio de 2014. https://www.mesadeconversaciones.com.co/.A/HRC/28/3/Add.3 5
11. ACNUDH-Colombia continúa apoyando al Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, creado en 20113. En septiembre de 2014, el Gobierno
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11. ACNUDH-Colombia continúa apoyando al Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, creado en 20113. En septiembre de 2014, el Gobierno reestructuró su programa de derechos humanos , posicionándolo directamente bajo la Presidencia4. Se nombró un Ministro Consejero para el Post-Conflicto, Derechos Humanos y Seguridad, baj o el cual se constituyó la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, sustituyendo al Programa Presidencial de Derechos Humanos. Es todavía temprano para evaluar el impacto de la abolición de los programas presidenciales para el desarrollo integral de la población indígena, a frocolombiana, n egra, palenquera y r aizal, pero el ACNUDH continuará observando su evolución.
12. El Alto Comisionado reconoce la labor de la Defensoría del Pueblo . Sus intervenciones a nivel regional, llevadas a cabo conjuntamente con el ACNUDH y otros organismos de las Naciones Unidas , como en el departamento de Chocó 5, han sido buenos ejemplos de cooperación.
13. ACNUDH-Colombia continuó trabajando con l as personerías municipales, mediante asesoramiento y capacitación a la Federació n Nacional de Personeros y dando apoyo directo a las personerías en las comunidades priorizadas . Las personerías tienen recursos humanos y materiales sumamente insuficientes. En 2014 u na propuesta de reforma para hacer frente a estas deficiencias no prospe ró. El Alto Comisionado considera importante fortalecer tanto la Defensoría del Pueblo como las personerías municipales, dada su capacidad para trabajar en todo el país y su eventual contribución a la consolidación de la paz en un escenario de post-conflicto.
fortalecer tanto la Defensoría del Pueblo como las personerías municipales, dada su capacidad para trabajar en todo el país y su eventual contribución a la consolidación de la paz en un escenario de post-conflicto.
III. Situación de los derechos humanos
A. Panorama de la situación de los derechos humanos
14. El contexto de los derechos humanos en Colombia es complejo y consta de múltiples niveles. Colombia se ha caracterizado históricamente por las desigualdades económicas y un acceso asimétrico a l os derechos y a los servicios públicos. Cincuenta años de conflicto armado crearon profundas divisiones en la sociedad y una cultura de aliados y enemigos. El Estado ha mirado en ocasiones hacia otro lado con respecto a violaciones cometidas por aquellos a quienes percibía como sus aliados, mientras que al mismo tiempo sectores enteros de la sociedad eran vistos como posibles enemigos. Esto reforzó ciertos patrones de desigualdad y marginación. En otro nivel, nos encontr amos la Colombia moderna y en crecimiento , donde los derechos y la igualdad ante la ley son los valores predominantes. Por ejemplo, hace 25 años, los defensores de derechos humanos provenientes de la clase media urbana eran a menudo considerados como enemigos del Estado, pues el discurso del conflicto armado domina ba la m entalidad en el país. Esto ha cambiado para muchos defensores en las ciudades. Sin embargo, muchos defensores de los derechos humanos que trabajan en zonas rurales todavía se enfrentan a un ambiente hostil y a una perspectiva de contrainsurgencia. Es importante comprender la dinámica continua entre estos diferentes niveles, con distintos discursos prevalentes en cada uno de ellos (el
3 Decreto 4100 de 2011.
a una perspectiva de contrainsurgencia. Es importante comprender la dinámica continua entre estos diferentes niveles, con distintos discursos prevalentes en cada uno de ellos (el
3 Decreto 4100 de 2011. 4 Decreto 1649 de 2014. 5 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUDH, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, nota de prensa. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/ files/resources/ACNUR%20ONU%20Derechos%20Humanos%20y%20OCHA%20reiteran%20 su%20preocupacion.pdf.A/HRC/28/3/Add.3 6 estado de derecho, el conflicto armado, la exclusión socioeconómica) para mejor facilitar el cambio positivo en la situación de los derechos humanos.
15. La presencia del Estado se siente de forma desigual en distintas áreas geográficas y en diferentes estratos sociales, afectando a l goce de todos los derechos humano s. Las áreas más desarrolladas de Colombia, representada principalmente por las áreas más prósperas de Bogotá y otras ciudades importantes , son vibrantes y un referente económico y cultural en el continente. Sin embargo, son otras las realidades dominantes en áreas de la Colombia rural, en zonas marginales de los centros urbanos, en las comunidades étnicas, en remotos enclaves mineros y en las zonas afectadas por la criminalidad y el conflicto armado. Esta “otra Colombia” es la que más sufre por la violencia, el desplazamiento, el acceso desigual a la salud, la educación, el agua, la seguridad, la justicia y otros servicios. Está todavía definida en función del conflicto armado y la exclusión socioeconómica.
a la salud, la educación, el agua, la seguridad, la justicia y otros servicios. Está todavía definida en función del conflicto armado y la exclusión socioeconómica.
16. El acceso básico a los servicios de salud y de educación es un derecho reconocido en la legislación colombiana ; sin embargo, la distribución de estos servicios está a menudo sesgada en favor de las zonas más prósperas, cuando estos servicios son necesarios precisamente para poder romper las desigualdades existentes. Incluso dentro de un mismo departamento hay una notable diferencia entre los servicios disponible s en diferentes municipios que va más allá de la división normal urbano -rural. Por ejemplo, con relación a una cesta específica de servicios públic os en el departamento de Magdalena , un 68% de ellos se concentra en el municipio de Santa Marta , mientras que 21 de los 29 municipios restantes de dicho departamento albergan cada uno menos del 1% de dicha cesta de servicios6. Los datos sobre violencia también muestran diferencias notables, incluso dentro de una misma ciudad. Por ejemplo, en Cali, una de las ciudades con una de las tasas de homicidio más alta s, ésto s tienden a concentrarse en determinadas comunas. Mediante la apertura de nuevas oficinas, el ACNUDH busca trabajar de manera más efectiva con el Gobierno para apoyar la transformación de las zonas más a fectadas por el conflicto, la violencia y la pobreza.
17. Mientras no se abord en las desigualdades , Colombia seguirá teniendo problemas de derechos humanos. El crecimiento económico y la explotación de recursos naturales pueden tener algunas consecuencias negativas, como la escasez de agua, la desintegración cultural, la conflictividad social y los daños medioambientales. Esto afecta a los derechos de los más
derechos humanos. El crecimiento económico y la explotación de recursos naturales pueden tener algunas consecuencias negativas, como la escasez de agua, la desintegración cultural, la conflictividad social y los daños medioambientales. Esto afecta a los derechos de los más vulnerables, sin que esos efectos se vean necesariamente compensad os con otro s aspectos positivos como la mejora de las infraestructuras y los servicios públicos , ya que est os tienden a concentrarse en las ciudades en auge. Esta desigualdad va más a llá de los derechos socioeconómicos y viola claramente los derechos políticos, ya que estos titulares de derechos marginados pierden la posibilidad de influir en las decisiones que les afectan. Estructuralmente, las vibrantes ciudades tienen mayor poder po lítico debido a su población y presupuesto. Casos de corrupción y de vínculos entre élites económicas locales y redes criminales socavan aún más los derechos de todos a la participación política y a la consulta previa que se han diseñado para nivelar el terreno de juego.
18. Se necesitan enfoques innovadores 7 para que todos los colombianos puedan compartir los beneficios y costos del desarrollo económico; hay que priorizar el gasto de los recursos obtenidos gracias al desarrollo económico con el fin de reducir progresivamente las diferencias en el disfrute de los derechos humanos. El disfrute de los derechos
6 Departamento Nacional de Planeación, Visión Magdalena 2032: Un mundo de oportunidades, pág. 48. https://pwh.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/OrdenamientoyDesarrolloTerritorial/ Planificaci%C3%B3nEstrat%C3%A9gica/VisionesdeDesarrollo.aspx.
pág. 48. https://pwh.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/OrdenamientoyDesarrolloTerritorial/ Planificaci%C3%B3nEstrat%C3%A9gica/VisionesdeDesarrollo.aspx. 7 Por ejemplo, formas alternativas de llevar a localidades remotas la educación (clases virtuales), la energía eléctrica o los servicios de salud.A/HRC/28/3/Add.3 7 económicos, sociales y culturales no puede venir determinado por el lugar de residencia de una persona 8, en función de si vive en una zona urbana o rural, e n una próspera zona residencial o en una comunidad étnica.
19. La perspectiva de una salida negociada al conflicto armado y el crecimiento económico proporcionan una oportunidad única para ampliar la presencia del Estado, hacer frente a la desigualdad y mejor ar la situación de los derechos humanos. Se requerirá el compromiso de todos los actores del Estado , así como el apoyo de los grupos armados desmovilizados y de toda la sociedad. La paz también necesitará una cultura de tolerancia que desactive la polarización política. Colombia es un país lo suficientemente grande como para dar cabida a diferentes visiones de desarrollo, donde la explotación de los recursos minerales, la agricultura industrializada y la producción energética a gran escala pueden coexistir con la minería comunitaria, la agricultura familiar , la protección de las culturas y valores de los pueblos indígenas y de las comunidades afro descendientes tradicionales, así como la protección del medio ambiente.
1. Derechos económicos, sociales y culturales
20. El progreso alcanzado en la lucha contra la pobreza será limitad o hasta que los
como la protección del medio ambiente.
1. Derechos económicos, sociales y culturales
20. El progreso alcanzado en la lucha contra la pobreza será limitad o hasta que los esfuerzos también aborden la discriminación y la desigualdad. Las personas que viven en las zonas rurales , los pueblos indígenas y afrocolombianos, las mujeres y los niños se enfrentan a obstáculos aún mayores para el disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 24,8% de la población vive en situación de pobreza9. En las zonas urbanas, el porcentaje de pobreza es de 18,5%, mientras que en las zonas rurales es de 45,9%. Colombia es un país de renta media-alta, pero es uno de los más desiguales en la región.
21. El departamento del Chocó, poblado mayoritariamente por afrocolombianos (82,1%) e indígenas (12,7%) 10, ofrece un ejemplo crítico de desigualdad. El Chocó presenta el mayor porcentaje de población en situación de pobreza monetaria: 63,1%, en contraste con el más bajo, Bogotá, con un 10,2%11. Quienes viven en zonas rurales sufren más la negación de derechos que caracteriza a la pobreza.
22. ACNUDH-Colombia ha acompañado iniciativas del Departamento de Prosperidad Social dirigidas a mejorar el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.
Estas incluyen e l programa Más Familias en A cción, un subsidio monetario directo a las familias, condicionado a la inscripción escolar de los niños y a su seguimiento a través de controles médicos . La estrategia Red Unidos , que implica coordinación interinstitucional,
familias, condicionado a la inscripción escolar de los niños y a su seguimiento a través de controles médicos . La estrategia Red Unidos , que implica coordinación interinstitucional, apoya a las familias en situación de pobreza extrema a través de un apoyo familiar y comunitario. Dado que la pobreza afecta de manera desigual a las mujeres12, es encomiable que Más Familias en Acción pag ue subvenciones directamente a estas, así como que incluya indicadores de salud femenina y de violencia contra las mujeres. Lamentablemente, los niños con discapacidad cognitiva no tienen acceso a los subsidios del programa porque
8 Observación general N.º 20 (2009) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales, párr. 34. 9 DANE, “Pobreza monetaria y multidimensional 2013”, 4 de septiembre de 2013. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/cp_pobreza_13.pdf. 10 DANE, “La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos”. https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad_estadistica_etnicos.pdf. 11 DANE, comunicado de prensa, 11 de julio de 2014. https://www.dane.gov.co/files/ investigaciones/condiciones_vida/pobreza/cp_pobreza_departamentos_R2013.pdf. 12 DANE, “Pobreza Monetaria y Multidimensional 2013”, boletín de prensa, 21 de marzo de 2014.
investigaciones/condiciones_vida/pobreza/cp_pobreza_departamentos_R2013.pdf. 12 DANE, “Pobreza Monetaria y Multidimensional 2013”, boletín de prensa, 21 de marzo de 2014. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_13.pdf.A/HRC/28/3/Add.3 8 no entran en el sistema educativo. En 2015, ACNUDH -Colombia espera desarrollar su trabajo con la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema.
23. El ACNUDH señala que, sobre todo en las zonas rurales, los servicios de salud no alcanzan los estándares mínimos de disponibilidad, acceso, aceptabilidad y calidad. Por ejemplo, los niños afrocolombianos e indígenas en el departamento del Chocó siguen muriendo de enfermedades prevenibles y tratables, como gastroenteritis e infecciones respiratorias, debido a obstáculos en el acceso a servicios de salud adecuados , agua potable y saneamiento básico. La tasa de mortalidad materna en este departamento es de 341,63 por 100.000 nacidos vivos, mientras que en Bogotá es de 42, 05. La mortalidad de los niños menores de un año en el Chocó es de 42,69 por 1.000 nacidos vivos ; en comparación, en Bogotá es de 12,8813.
24. En 2014 el informe especial del Defensor del Pueblo sobre el Chocó señaló que al menos 95 niños indígenas menores de 5 años murieron de diarrea aguda, algunos pertenecientes a las comunidades de retornados a raíz de la restitución de tierras en la zona
menos 95 niños indígenas menores de 5 años murieron de diarrea aguda, algunos pertenecientes a las comunidades de retornados a raíz de la restitución de tierras en la zona de Alto An dagueda14. En el municipio de Riosucio, ACNUDH-Colombia recopiló información acerca de nueve niños que murieron a causa de diarrea aguda o infecciones respiratorias entre julio de 2013 y agosto de 2014. La oficina trabaja con la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Víctimas y otros para abordar estas situaciones.
25. El Alto Comisionado hace hincapié en la importancia de que el Estado, de acuerdo con sus obligaciones internacionales, invierta hasta el máximo de los recursos de que disponga15 en garantiz ar, sin dis criminación, el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.
26. La falta de participación política en decisiones que afectan a las personas que viven en las zonas de explotación minera, especialmente comunidades indígenas y afrocolombianas, con tinúa siendo causa de malestar social. Sus derechos a la consulta previa en relación con los proyectos económicos implementados en sus territorios están siendo ampliamente ignorados . A pesar del reconocimiento del derecho internacional por parte de Colombi a, a ltos funcionarios del Gobierno también han hecho comentarios públicos que presenta n los derechos de consulta previa como un obstáculo para el desarrollo. Además, las propuestas legislativas del Gobierno para regula r las consultas limitan el derecho de participación en procedimientos para la obtención de permisos y licencias de explotación con respecto a recursos extractivos y construcción de infraestructuras en los territorios étnicos.
27. Las a ctividades económicas a gran escala , tales como los proyectos mineros,
limitan el derecho de participación en procedimientos para la obtención de permisos y licencias de explotación con respecto a recursos extractivos y construcción de infraestructuras en los territorios étnicos.
27. Las a ctividades económicas a gran escala , tales como los proyectos mineros, plantean inquietudes debido a su impacto ambiental y social, incluida la c ontaminación de fuentes de agua y su impacto en la producción de alimentos . Algunas comunidades étnicas han atribuido el aumento de la mortalidad infantil en los últimos año s a la explotación minera intens iva que afecta al agua en sus territorios. Se precisa mayor transparencia y capacidad científica para realizar estudios de impacto ambiental adecuados , accesible s a entidades del Estado como la Defensoría del Pueblo y al público.
28. No se han dado avances significativos en las 124 peticiones de protección territoriales hechas por las comunidades étnicas a través de mecanismos de la C orte
Constitucional16.
13 Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. 14 Defensoría del Pueblo, “Crisis humanitaria en Chocó 2014: Diagnóstico, valoración y acciones de la Defensoría del Pueblo”, pág. 59. www.defensoria.gov.co/public/pdf/crisisHumanitariaChoco.pdf. 15 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 2. 16 Ruta Étnica de Protección, Autos 4 y 5 de 2009.A/HRC/28/3/Add.3 9
29. Es importante destacar que el Gobierno y los pueblos étnico s han abierto y mantienen un diálogo permanente. ACNUDH -Colombia a menudo facilita este diálogo a nivel nacional y regional.
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