CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - A HRC 31 3 Add.2

Consejo de Derechos Humanos 31.º período de sesiones Tema 2 de la agenda Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Adición Situación de los derechos humanos en Colombia Resumen El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebra los avances en las negociaciones para el fin del conflicto armado interno entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo (FARC-EP), resalta sus efectos positivos durante el 2015 e identifica riesgos y oportunidades para la construcción de la paz, con base en la observación de la situación de derechos humanos y las experiencias internacionales. Destaca además algunos desafíos estructurales en materia de derechos humanos que considera prioritarios para que el proceso de paz trascienda el cese de las hostilidades y cree una transformación hacia el d isfrute de los derechos humanos de todos los hombres, mujeres, niñas y niños en Colombia. El informe contiene 13 recomendaciones.

El resumen del presente informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. El informe, que figura en el anexo, se distribuye en español y en inglés solamente. El presente documento se presenta con retraso para poder incluir en él la información más reciente.

A/HRC/31/3/Add.2

Versión Avanzada No Editada Distr. general 15 de marzo de 2016

Original: español e inglésA/HRC/31/3/Add.2

2 Anexo [Español e inglés solamente]

Versión Avanzada No Editada Distr. general 15 de marzo de 2016

Original: español e inglésA/HRC/31/3/Add.2

2 Anexo [Español e inglés solamente] Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia Índice Página I Introducción ..................................................................................................................................... 3

II. Proceso de paz y víctimas del conflicto armado............................................................................... 3

III. Construcción de la paz: oportunidad y riesgos para los derechos humanos ..................................... 6

A. Violencia .................................................................................................................................. 6

B. Economías ilegales .................................................................................................................. 7

C. Institucionalidad ...................................................................................................................... 8

D. Lucha contra la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos ............................ 11

E. Derechos de las víctimas.......................................................................................................... 13

IV. Desafíos estructurales de derechos humanos para una paz equitativa y sostenible .......................... 15

A. Derechos económicos y sociales .............................................................................................. 15

B. Defensores y defensoras de derechos humanos ...................................................................... 16

C. Género y diversidad sexual ...................................................................................................... 17

D. Violencia sexual....................................................................................................................... 18

E. Personas privadas de libertad ................................................................................................... 18

F. Pueblos indígenas y afrocolombianos ...................................................................................... 18

V. Recomendaciones ............................................................................................................................ 19A/HRC/31/3/Add.2

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I. Introducción

1. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

V. Recomendaciones ............................................................................................................................ 19A/HRC/31/3/Add.2

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I. Introducción

1. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (la Oficina) fue establecida a través de un acuerdo con el Gobierno en 1996, renovado en 2014 hasta el 31 de octubre de 2016. El contenido del presente informe es resultado de su labor de observación de la situación de derechos humanos y de cooperación técnica, a través de sus 12 oficinas en el terreno. Del 15 al 21 de abril, la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos visitó Colombia y mantuvo reuniones c on autoridades nacionales y locales, así como con representantes de organizaciones étnicas, sociales y de derechos humanos en Bogotá, Cauca y Putumayo. Los informes periódicos de Colombia fueron revisados por los comités de los derechos del niño, contra la tortura y contra la discriminación racial.

2. El Alto Comisionado transmite al Gobierno de Colombia y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo (FARC -EP) su sincero reconocimiento por los avances históricos alcanzados en sus ne gociaciones en La Habana para el fin del conflicto armado interno. Cuatro de los seis puntos de la agenda de negociación cuentan con acuerdos preliminares. El acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado, alcanzado en 2015, se suma a los acuerdos sobre reforma rural, participación política y drogas ilícitas. El Congreso aprobó la celebración del plebiscito sobre los acuerdos de paz que requerirá la aprobación del 13% del censo electoral. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno no han logra do pasar a una negociación formal.

celebración del plebiscito sobre los acuerdos de paz que requerirá la aprobación del 13% del censo electoral. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno no han logra do pasar a una negociación formal.

3. Naciones Unidas y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) designaron representantes para apoyar a la subcomisión de paz sobre el fin del conflicto de las partes en la Habana. El Presidente de la República anunció en 2015 que pediría al Consejo de Seguridad su apoyo para la verificación del eventual cese del fuego bilateral.

4. Como es reconocido por el Gobierno en su planeación, la sostenibilidad de la paz dependerá de que Colombia supere las enormes brechas en el disfrute de los derechos humanos entre zonas rurales y urbanas, entre hombres y mujeres y entre grupos poblacionales y étnicos.

Esto requerirá de procesos participativos para que el Estado – con compromiso, fondos y capacidad – y la sociedad civil - incluyendo movimientos sociales, el sector privado, la academia y entidades religiosas - encuentren e implementen soluciones conjuntamente. La implementación de los eventuales acuerdos de paz deberían generar las condiciones necesarias para superar las violacio nes pasadas vinculadas al conflicto armado y los problemas estructurales de derechos humanos.

5. La Oficina mantuvo actividades de coordinación y apoyo con la Defensoría del Pueblo en todo el país. También fortaleció sus acciones de coordinación y asesorí a al Equipo de País de las Naciones Unidas para incorporar el enfoque de derechos humanos tanto en el Marco de Asistencia al Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDAF) 2015 -19, como en el apoyo al Estado en la implementación de las recomendaciones de órganos internacionales y regionales.

las Naciones Unidas para incorporar el enfoque de derechos humanos tanto en el Marco de Asistencia al Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDAF) 2015 -19, como en el apoyo al Estado en la implementación de las recomendaciones de órganos internacionales y regionales.

II. Proceso de paz y víctimas del conflicto armado

6. En 2015 se cumplieron tres años de las negociaciones para el fin del conflicto. El Alto Comisionado destaca la posición del Gobierno y las FARC -EP sobre el carácter cen tral de lasA/HRC/31/3/Add.2 4 víctimas y sus derechos en las conversaciones y resalta la importancia de que estos compromisos se hagan efectivos en la fase de implementación.

7. Entre junio y diciembre de 2015, las partes anunciaron acuerdos sobre la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, integrado por una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición como mecanismo independiente e imparcial de carácter extra -judicial; una Unidad Especial para la B úsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado; y una Jurisdicción Especial para la Paz. Asimismo, acordaron medidas de reparación integral, medidas especiales para la no repetición de las violaciones y resaltaro n los compromisos del Estado en materia de derechos humanos.

8. El Sistema Integral brinda ría una oportunidad inigualable para dar respuesta a los derechos de las víctimas. La Oficina asesora al Estado para superar los gra ndes retos para implementarlo, entre los que se encuentran la dotación presupuestal, el diseño de mecanismos

derechos de las víctimas. La Oficina asesora al Estado para superar los gra ndes retos para implementarlo, entre los que se encuentran la dotación presupuestal, el diseño de mecanismos de apoyo financiero , la gestión operativa y la coordinación y despliegue necesarias para promover la realización de los derechos de las víctimas 1. Para que el Sistema sea creíble y legítimo sería esencial que los procesos de selección de los integrantes sean transparentes y que la administración sea efectiva. Deberían definirse los esquemas de coordinación y cooperación, incluso aquellos que buscan asegurar relaci ones constructivas con la institucionalidad de atención a las víctimas y la rama judicial . Es necesario diseñar un sistema claro de incentivos y garantías para maximizar la participación de agentes del Estado, miembros de las FARC -EP y terceros. La situación observada por la Oficina también resalta la necesidad urgente de contar con un mecanismo independiente de protección para los miembros de la fuerza pública que deseen contribuir con la verdad y la justicia.

9. El Alto Comisionado reconoce el valor del Informe de la Comis ión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, publicado en febrero a solicitud de las partes en La Habana. Procesos futuros de esclarecimiento deberán profundizar en las perspectivas de las mujeres, los pueblos indígenas y los afrocolombianos.

10. La Ofici na asesora para que el esclarecimiento de la verdad y el reconocimiento de responsabilidades, a través de una eventual comisión de la verdad , responda a la variedad de realidades locales con un enfoque étnico diferencial. El mandato de la comisión propuest a incorpora la promoción de procesos sociales de reconciliación y deber ía proporcionar una

responsabilidades, a través de una eventual comisión de la verdad , responda a la variedad de realidades locales con un enfoque étnico diferencial. El mandato de la comisión propuest a incorpora la promoción de procesos sociales de reconciliación y deber ía proporcionar una lectura común sobre la magnitud y causas de las violaciones, en un contexto marcado por la polarización, la violencia y la exclusión. La comisión podría ser invaluable para enfrentar la negación que ha cobijado los patrones de violaciones de derechos humanos.

11. El acuerdo sobre personas dadas por desaparecidas definió medidas inmediatas como el aporte de información de las partes para acelerar los procesos de búsqu eda. La Oficina asesora al Gobierno sobre la creación de una Unidad Especial de Búsqueda prevista en los acuerdoscon participación de las víctimas y organizaciones de derechos humanos - y el apoyo de instituciones especializadas. En diciembre, en Villav icencio, la Fiscalía General de la Nación

1 Atendiendo a su mandato, es probable que los recursos necesarios para una eventual comisión de la verdad en Colombia superen los invertidos, por ejemplo, en Sudáfrica (400 personas y presupuesto anual de US$18 millones en sus primeros años ), en Perú, con un mandato menos ambicioso (500 funcionarios y presupuesto bianual de más de US$13 millones); o en Guatemala (200 personas y gasto total de US$10 millones en menos de dos años).A/HRC/31/3/Add.2 5 entregó los restos de 29 personas, que habían sido enterradas como no identificadas en cuatro cementerios de Meta y Guaviare, a sus familiares.

12. La Oficina asesora al Gobierno en la superación de los desafíos cr eados por los múltiples

entregó los restos de 29 personas, que habían sido enterradas como no identificadas en cuatro cementerios de Meta y Guaviare, a sus familiares.

12. La Oficina asesora al Gobierno en la superación de los desafíos cr eados por los múltiples y disímiles registros sobre las personas desaparecidas que impiden comprender la magnitud de la situación: la Fiscalía registra más de 70.000; el Registro Nacional de Desaparecidos 19.855 hombres y 2.511 mujeres; la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

(UARIV) 45.515. El Registro Nacional de Desaparecidos registró 5.482 desapariciones entre enero y noviembre de 2015, de las cuales 105, incluyendo 18 mujeres, son presuntamente forzadas. En octubre, la Comisión Nacional de Búsqueda inició la revisión de sus registros con las entidades intervinientes y las organizaciones sociales a fin de contar con información más confiable.

13. El componente de justicia de los acuerdos de paz generó un arduo debate y concentró muchas de las preocupaciones de sectores críticos del proceso de paz. El acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz conte mpla mecanismos sobre amnistías e indultos y un procedimiento judicial especial para responsabilidad penal individual por crímenes graves no sujetos a amnistía o indulto, sanciones y reparaciones. Se aplicaría de manera diferencial a miembros de la guerril la, agentes estatales y particulares responsables de graves violaciones de derechos humanos y/o el derecho internacional humanitario. La Jurisdicción Especial ofrecería una ventana de oportunidad contra la impunidad. La Oficina asesora sobre maneras de sup erar los retos que implicaría abordar tan amplio repertorio de violaciones. El acuerdo desarrolla sólo

una ventana de oportunidad contra la impunidad. La Oficina asesora sobre maneras de sup erar los retos que implicaría abordar tan amplio repertorio de violaciones. El acuerdo desarrolla sólo las líneas generales y su implementación requeriría mayor definición de aspectos tales como las conductas específicas a procesar, el derecho aplicable y los procedimientos de orientación estratégica. Pocos días después de divulgado el acuerdo, el Presidente de la República anunció de manera unilateral la manera como se aplicaría a agentes del Estado y personas particulares.

14. Entre agosto y noviembre , el país registró el nivel más bajo de los últimos 50 años de acciones ofensivas en el marco del conflicto armado, gracias a las medidas de construcción de confianza, los ceses unilaterales de fuego por las FARC -EP y el desescalamiento de las operaciones ofen sivas del Gobierno. La Oficina observó que las negociaciones de paz han prevenido muchas violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la aguda situación humanitaria generada por diversos actores siguió afectando de forma desproporcionada a las poblaciones rurales, indígenas y afrocolombianas. La Defensoría del Pueblo documentó casos de desplazamiento, control social, amenazas, extorsiones y restricciones a la movilidad en varios departamentos.

15. La Oficina saluda el acuerdo del 7 de marzo sobre limpieza y descontaminación de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar. El Gobierno y las FARC-EP iniciaron un Plan Piloto de Desminado en Briceño (Antioquia), apoya do por el Servicio de las Naciones Unidas para la Acción contra las Minas ( UNMAS). Se anunció la desactivación de 33 artefactos explosivos y el despeje de más de 14.000m2 de territorio. Una

Servicio de las Naciones Unidas para la Acción contra las Minas ( UNMAS). Se anunció la desactivación de 33 artefactos explosivos y el despeje de más de 14.000m2 de territorio. Una segunda fase inició en Mesetas (Meta). Durante 2015, el Gobierno r eportó 222 víctimas de minas y otros artefactos; 31 fallecieron. Hubo 66 víctimas civiles, de ellas 12 mujeres y 27 niños y niñas.

16. En noviembre, el Gobierno anunció medidas unilaterales beneficiando a 106 miembros de las FARC-EP privados de libertad, incluyendo un indulto a 30 condenados por rebelión que no habían cometido delitos graves y un programa piloto de retorno a la vida civil con componentes de apoyo psicosocial y de salud , así como el acceso a la educación y formaciónA/HRC/31/3/Add.2 6 para el trabajo. La Ofi cina asesora al Gobierno para mejorar la coordinación institucional en estos procesos.

17. El Alto Comisionado saluda el anuncio de las FARC -EP de poner fin al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, así como la desvinculación de los menores de 15 añ os. Debería concretarse un programa de desvinculación a la mayor brevedad, asegurando respeto a los derechos de las niñas y el enfoque étnico.

18. El Alto Comisionado apoya actos de reconocimiento de responsabilidad de todos los responsables de violacione s de derechos humanos como parte del proceso de paz. El 6 de noviembre, 30 años después de las muertes y desapariciones producidas en la retoma del Palacio de Justicia por la fuerza pública, el Estado reconoció su responsabilidad en

responsables de violacione s de derechos humanos como parte del proceso de paz. El 6 de noviembre, 30 años después de las muertes y desapariciones producidas en la retoma del Palacio de Justicia por la fuerza pública, el Estado reconoció su responsabilidad en cumplimiento parcial de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos2

19. El 6 de diciembre en Bojayá (Chocó), las FARC -EP realizaron un acto de reconocimiento de responsabilidad y petición de perdón por las muertes y daños causados durante un combate con paramilitares en 2002. Este acto simbólico, en el que el Estado también reconoció su responsabilidad , es histórico. La Oficina asesora este proceso que requiere acciones adicionales del Estado y de las FARC-EP para empoderar y superar la marginalidad de los habitantes del Medio Atrato chocoano.

20. El Alto Comisionado saluda la decisión del Presidente de la República de solicitar el apoyo de las Naciones Unidas al proceso de paz. La respuesta internacional debe adaptarse al contexto y características específica s de Colombia. Este apoyo sería de los primeros otorgados tras la adopción por parte de las Naciones Unidas de la iniciativa los Derechos Humanos Primero (“ Human Rights up Front”) , dirigida a asegurar acción temprana y efectiva de las Naciones Unidas para prevenir y responder a violaciones masivas de derechos humanos y/o el derecho internacional humanitario. Los informes anuales del Alto Comisionado sobre la situación en Colombia dan cuenta de cómo la afectación a la población civil por el conflicto trasciende el efecto directo de las hostilidades y socava el libre ejercicio de derechos que es imprescindible para la paz.

21. El proceso de paz presenta numerosos desafíos pero aún mayores oportun idades para

trasciende el efecto directo de las hostilidades y socava el libre ejercicio de derechos que es imprescindible para la paz.

21. El proceso de paz presenta numerosos desafíos pero aún mayores oportun idades para mejorar el goce de los derechos humanos. Enfrentar los desafíos, incluyendo las economías ilícitas, requiere reajustes en los presupuestos de las entidades y la voluntad de invertir en las oportunidades de cambio. Se requiere dejar atrás la com partimentación de responsabilidades colectivas del Estado y prácticas que dan prioridad a procesos sobre resultados, a fin de reflejar la naturaleza integral de los acuerdos de paz y alcanzar sus objetivos.

III. Construcción de la paz: oportunidad y riesgos para los derechos humanos

22. El 9 de diciembre, el Presidente de la República afirmó que respetar los derechos humanos era un buen plan de desarrollo para Colombia. El Alto Comisionado considera que el aprovechamiento de la oportunidad que constituirán los acuerdos de paz, dependerá de la capacidad para generar los cambios culturales, institucionales, políticos y económicos que aumenten el goce de derechos de los sectores más excluidos. Con base en sus 18 años de trabajo

2 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_287_esp.pdfA/HRC/31/3/Add.2 7 en materia de monitoreo en Colom bia, la Oficina considera que los cambios deberían presentarse en las siguientes áreas interrelacionadas.

A. Violencia

23. La Oficina observó que los grupos armados post -desmovilización y actores conexos socavan constantemente los derechos humanos y la se guridad ciudadana, la administración de

presentarse en las siguientes áreas interrelacionadas.

A. Violencia

23. La Oficina observó que los grupos armados post -desmovilización y actores conexos socavan constantemente los derechos humanos y la se guridad ciudadana, la administración de justicia y la construcción de paz, incluyendo la restitución de tierras. La desarticulación de grupos que mantienen control sobre tierras despojadas a través del uso de la violencia o las amenazas, constituye un desafío permanente para la paz. Durante dos semanas de diciembre, en el centro urbano de Tumaco, donde hay una fuerte presencia estatal, 14 personas fueron asesinadas, incluyendo dos niños y dos mujeres, en hechos en los que la policía vincula a miembros de dichos grupos. En junio, en Ayapel (Córdoba), fue asesinado un miembro de una familia reclamante de tierras en Turbo (Antioquia). En el norte de Urabá un grupo armado postdesmovilización amenazó y hostigó a campesinos despojados de sus tierras. En Magdalena hubo amenazas reiteradas contra un juez de restitución de tierras y en Cesar fueron sustraídas computadoras e información sobre procesos de restitución.

24. Conforme a la experiencia internacional, es posible prever que el fin de las hostilidades y la des movilización de la guerrilla podría generar vacíos de poder y disputas por controlar las rentas ilícitas (ganancias derivadas del narcotráfico, extorsión, trata de personas, prostitución, minería, captura de recursos estatales, entre otras). Diversos inter eses locales y grupos que se oponen a los cambios que promueve el proceso de paz ya están empleando la violencia y la intimidación para proteger sus intereses, sin una respuesta estatal suficientemente efectiva.

minería, captura de recursos estatales, entre otras). Diversos inter eses locales y grupos que se oponen a los cambios que promueve el proceso de paz ya están empleando la violencia y la intimidación para proteger sus intereses, sin una respuesta estatal suficientemente efectiva.

25. Como la Oficina viene observando, esa v iolencia se emplea contra la población, funcionarios públicos y líderes sociales que defienden derechos o se oponen a los intereses ilegales. Podrían ser vulnerables también las personas que participan en la implementación de los acuerdos de paz, incluso d esmovilizados que contribuyan a la verdad, la justicia y la norepetición. Los riesgos para las personas desmovilizadas son ya conocidos en la historia de Colombia, a partir de procesos previos de desmovilización en Colombia, incluyendo los del M19 y de grupos paramilitares.

26. El 25 de octubre se celebraron elecciones regionales. La Misión de Observación Electoral (MOE) de la sociedad civil reportó 179 hechos relacionados con violencia política durante 2015, en 112 municipios de 28 departamentos. Estos i ncluyen 124 amenazas, 29 atentados, 20 asesinatos, cuatro secuestros y dos desapariciones. Fueron víctimas candidatos, funcionarios públicos electos o líderes políticos, socavando los derechos a participar en los asuntos públicos, a votar y a ser elegido.

27. El Alto Comisionado reconoce los esfuerzos estatales contra el crimen organizado y las numerosas capturas logradas a miembros, incluso de alto nivel. Se requieren mayores acciones orientadas a su desestructuración, tales como la investigación del mane jo y lavado de activos provenientes de actividades ilegales. También es necesario el fortalecimiento de la coordinación

numerosas capturas logradas a miembros, incluso de alto nivel. Se requieren mayores acciones orientadas a su desestructuración, tales como la investigación del mane jo y lavado de activos provenientes de actividades ilegales. También es necesario el fortalecimiento de la coordinación al interior de la Fiscalía General de la Nación.

28. Las FARC -EP afirman que la reintegración de sus miembros sería un proceso fundamentalmente rural, lo que plantearía un nuevo reto para la institucionalidad colombiana ya que tiene mayor experiencia en procesos de reintegración urbanos. La experiencia colombiana demuestra la necesidad de enfrentar las economías ilícitas y de prov eer incentivosA/HRC/31/3/Add.2 8 económicamente atractivos alternativos a través de, por ejemplo, programas de creación de empleo con una duración de cinco a diez años.

29. Corresponde a la guerrilla abandonar formas violentas de control practicadas durante décadas operando fuera de la legalidad. El cambio cultural, individual y colectivo, necesario para su reintegración y su participación política civil, exige a sus líderes asegurar públicamente el respeto de los derechos de la población y el rechazo de la violencia.

30. Los centenares de asesinatos de líderes y miembros del partido político Unión Patriótica en los años 80 y 90 ilustran el elevado riesgo para nuevos movimientos políticos. Las garantías de seguridad y trasformación de la realidad política son esenciales para que este tipo de situaciones no se repitan.

B. Economías ilegales

31. La Oficina siguió acompañando mesas de diálogo sobre cultivos de uso ilícito. En este contexto, la Asociación Campesina de Catatumbo del Norte de Santander (ASCAMCAT)

situaciones no se repitan.

B. Economías ilegales

31. La Oficina siguió acompañando mesas de diálogo sobre cultivos de uso ilícito. En este contexto, la Asociación Campesina de Catatumbo del Norte de Santander (ASCAMCAT) cumplió con el compromiso de que familias campesinas dejaran de cultivar coca. A pesar de los esfuerzos, existen varios compromisos pendientes por parte del Gobierno. El éxito de los programas de sustitución voluntaria depende del acompañamiento técnico y la creación de mercados para productos, lo cual implica, entre otros, el desarrollo de infraestructura rural. Por ejemplo, en su diálogo sobre sustitución, la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo pidió al Gobierno implementar el Plan de Desarrollo Integral Andino Amazónico.

32. El Alto Comisionado apoya las premisas del acuerdo en el marco del proceso de paz “Solución al problema de las drogas ilícitas” que señala el impacto de los cultivos de uso ilícito en los derechos humanos y su relación con la pobreza , marginación, débil presencia estatal y las actividades criminales. Asimismo, la Oficina valora la decisión de desarrollar una respuesta participativa, con base en los derechos de las personas, con enfoque territorial, reconociendo usos ancestrales de la coca y diferenciando entre el consumo, el cultivo y el crimen organizado.

Un enfoque de salud pública frente al consumo y la promoción de alternativas laborales en condiciones dignas, junto con la desarticulación de la cadena criminal, representa una estra tegia acertada para mejorar las condiciones de vida en todo el país.

33. En el contexto de las afectaciones a la salud derivadas del uso de glifosato en la erradicación de cultivos, constatadas por la Organización Mundial de la Salud, y del acuerdo

acertada para mejorar las condiciones de vida en todo el país.

33. En el contexto de las afectaciones a la salud derivadas del uso de glifosato en la erradicación de cultivos, constatadas por la Organización Mundial de la Salud, y del acuerdo sobre e l tema en La Habana, el Consejo Nacional de Estupefacientes, como medida de precaución, ordenó suspender su uso en Colombia desde octubre y ofreció incentivos para desvincular a los campesinos de dicho cultivo.

34. La Oficina siguió asesorando al Gobierno sobre acciones para enfrentar la minería ilegal y sus efectos sociales y en materia de derechos humanos. La fuerte expansión de las actividades ilegales en la Costa Pacífica fue especialmente perjudicial. El caso del Consejo Comunitario Renacer Negro (Cau ca) ejemplifica cómo el interés por extraer oro, sumado al abandono del Estado, atraen a los actores armados y personas ajenas a la comunidad, debilitan los procesos organizativos de control del territorio y afectan el medio ambiente. Las medidas integrale s acordadas entre el Gobierno y las mujeres afrocolombianas del norte del Cauca afectadas por minería ilegal fueron parcialmente implementadas, pero el diálogo fue suspendido. La minería ilegal presenta retos complejos que requieren una respuesta integral, similar a la planteada para los cultivos de uso ilícito. Es esencial diferenciar entre el crimen organizado y otros actores,A/HRC/31/3/Add.2 9 garantizar los derechos humanos incluyendo el derecho a la participación y enfrentar la relación entre la corrupción y la omisión por parte de algunas autoridades.

C. Institucionalidad

35. La Oficina ha observado dificultades persistentes de las instituciones estatales para materializar de manera efectiva sus mandatos legales y traducir su acción en el cierre de la

entre la corrupción y la omisión por parte de algunas autoridades.

C. Institucionalidad

35. La Oficina ha observado dificultades persistentes de las instituciones estatales para materializar de manera efectiva sus mandatos l