CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - A HRC 37 3 Add.3

GE.

Consejo de Derechos Humanos 37o período de sesiones 26 febrero-23 marzo 2018 Tema 2 de la agenda Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General

VERSIÓN NO EDITADA

Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia1

Nota de la Secretaría

El presente informe describe la situación de derechos humanos en Colombia en materia de pa z, seguridad, desarrollo y democracia en 2017 . También destaca algunas de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el país. E n particular, e l informe presenta el balance de OACNUDH del primer año de implemen tación de los aspectos de derechos humanos del acuerdo de paz. Destaca algunos desafíos, especialmente en las zonas rurales, como la falta de seguridad, la violencia vinculada a actividades económicas ilegales en contextos de disputas entre grupos armados ilegales y el crimen organizado, en particular en las antiguas áreas de influencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo. Este informe también resalta los crecientes ataques en contra de los defensores de derechos humanos, la corrupción y su impacto en las desigualdades en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, así como las dificultades para abordar los problemas multidimensionales que desde hace décadas padecen las comunidades rurales. El informe contiene 19 recomendaciones.

derechos económicos, sociales y culturales, así como las dificultades para abordar los problemas multidimensionales que desde hace décadas padecen las comunidades rurales. El informe contiene 19 recomendaciones.

1 El presente informe fue presentado después de la fecha límite para poder reflejar los desarrollos más recientes.

A/HRC/37/3/Add.3

VERSIÓN NO EDITADA Traducción no oficial Distr.: General 2 de marzo de 2018

Original: inglésReport of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Colombia in Spanish

2 Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia2

I. Introducción

1. El presente informe se basa en la observación de la situación de derechos humanos en Colombia por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia ( OACNUDH) entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de

2017.

2. El a cuerdo de paz (el Acuerdo) entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo (FARC -EP) estableció responsabilidades3 sustanciales para la Oficina – adicionales a las contenidas en su acuerdo con el Gobierno de Colombia – sin recursos adicionales.

3. Las partes solicitaron a la OACNUDH incluir en los informes anuales sobre Colombia del Alto Comisionado al Consejo de Derechos Humanos sus hallazgos sobre el impacto de la implementación del Acuerdo en materia de derechos humanos. Mientras que varias organizaciones monitorean el Acuerdo desde una perspectiva cuantitativa o procedimental, como el número de leyes aprobadas y el número de actividades realizadas,

impacto de la implementación del Acuerdo en materia de derechos humanos. Mientras que varias organizaciones monitorean el Acuerdo desde una perspectiva cuantitativa o procedimental, como el número de leyes aprobadas y el número de actividades realizadas, la OACNUDH monitorea e l impacto del Acuerdo en términos de disfrute efectivo de los derechos humanos de los habitantes de las áreas más afectadas por el conflicto. Esta labor de monitoreo fue realizada mediante 1.850 misones a l terreno en 2017. Si b ien se observaron efectos adversos durante el primer año de implementación, las transformaciones positivas requiere n de más tiempo, ya que resolver los problemas multidimensionales e interrelacionados que han existido por décadas es un proceso complejo.

4. El Acuerdo permitió el fin de las hostilidades entre las partes. La OACNUDH reconoce los esfuerzos de las FARC -EP por cumplir con los compromisos relacionados con el proceso de desmovilización y reincorporación, así como el trabajo de miles de agentes del Estado en la implementación del Acuerdo. El Acuerdo rei tera las oblig aciones preexistenes del Estado en materia de derechos humanos. Su plena implementación también puede mejorar sustancialmente la situación de derechos humanos, especialmente en las zonas rurales.

5. Ha habido mucha resistencia a la implementación del Acue rdo en varios sectores de la sociedad, incluyendo actores políticos y económicos, instanci as legislativas y judiciales , así como funcionarios públicos. Por ejemplo, durante el pr oceso del plebiscito, se utilizaron los avances en la realización de los derechos de las mujeres y de la población LGBTI para apalancar la oposición al Acuerdo, lo que tuvo un fuert e impacto en los avances previamente logrados en estos derechos.

los avances en la realización de los derechos de las mujeres y de la población LGBTI para apalancar la oposición al Acuerdo, lo que tuvo un fuert e impacto en los avances previamente logrados en estos derechos.

6. La OACNUDH ha observado que otros grupos armados, como el ELN, así como organizaciones criminales, han incursionado en las antigua s zonas de influencia de las FARC-EP, a menudo buscando controlar las economías ilegales, lo que ha tenido un impacto negativo en los derechos de los habitantes. La consolidación de grupos armados y organizaciones criminales en estas áreas pued e impedir sustancialmente la implementación del Acuerdo y socavar los potenciales beneficios del proceso de paz en materia de derechos humanos. Tomando en cuenta lo anterior , en esos sitios hay apenas una pequ eña ventana de oportunidad para mejorar la situación de derechos humanos.

7. La OACNUDH re afirma su compromiso de seguir trabajando con el Estado y la sociedad civil para mejora r la situación de los derechos humanos en Colombia. Mediante su presencia en terreno en las áreas más afectadas por el conflicto armado, la OACNUDH contribuye a lograr un cambio positivo en la situación de los derechos humanos ,

2 Circulado en el idioma original y en español únicamente. 3 A/HRC/34/3/Add.3, párrafo 3.Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Colombia in Spanish 3 empoderando a las comunidades rurales; facilitando interacción entre las comunidades y las instituciones del Estado; y fortaleciendo las capacidades de de estas últimas para responder a los derechos de la comunidad. El Acuerdo en si mismo constituye otra herramienta para facilitar un cambio en la situación de los derechos human os, ya que en su mayoría está

instituciones del Estado; y fortaleciendo las capacidades de de estas últimas para responder a los derechos de la comunidad. El Acuerdo en si mismo constituye otra herramienta para facilitar un cambio en la situación de los derechos human os, ya que en su mayoría está diseñado para beneficiar a las comunidades rurales mediante la inclusión económica y política. La OACNUDH también apoya la participación de las víctimas y la realización de sus derechos, para lo cual el Acuerdo ofrece nuevas posibilidades y desafíos. Tambi én brinda asistencia técnica y fortalece las capacidades del Estado para facilitar la investigación y sanción de las violaciones de los derechos humanos.

II. Desafíos para la implementación del Acuerdo en materia de garantías de no repetición

A. Ataques contra defensores de los derechos humanos

8. La OACNUDH está extremadamente preocupad a por el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios , a pesar de los esfuerzos desplegados por el E stado para reducir estos ataques . En 2017, la OACNUDH registró 4 41 ataques, incluyendo 1 21 asesinatos. Estos últimos incluyen a 84 defensores de los derechos humanos que ejercían liderazgo, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muert as durante las protestas sociales. La OACNUDH también registró 41 intentos de asesinato; 213 amenazas; 61 violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad (entre ellas la toma no so licitada de fotografías y el robo de información); cuatro desapariciones forzadas; y la violación sexual de una mujer activista.

la intimidad y la propiedad (entre ellas la toma no so licitada de fotografías y el robo de información); cuatro desapariciones forzadas; y la violación sexual de una mujer activista.

9. De los defensores asesinados catorce fueron mujeres, lo cual dobla el porcentaje de mujeres defensores asesinadas en comparación con el año pasado. Tres de las víctimas eran miembros de la población LGBTI. Las categorías de defensores más afectados por los atentados son líderes comunitarios, indígenas, campesinos, afro-colombianos y sindicales.

10. Las regiones con mayor número de asesinatos fueron Antioquia (13) y Cauca (11).

El 62 por ciento de los asesinatos ocurrieron en zonas rurales, el 24 por ciento en ciudades cercanas a las anteriores zonas de conflicto y el 14 por ciento en las ciudades principales.

11. El 64 por ciento de los asesinatos ocurri eron en las Zonas más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC)4 y en zonas con una presencia histórica de las FARC -EP. El vacío de poder que dejaron las FARC-EP después de su desmovilización; la falta de una presencia estatal integral; y demoras en la implementación del Acuerdo permitieron el ingreso de grupos ilegales y grupos criminales a las zonas, los cuales buscaban asumir el control de las economías ilegales aún existentes, provocando un aumento de la violencia. Aparentemente, varias víctimas fueron asesinadas por apoy ar las políticas derivadas del A cuerdo, como la sustitución de cultivos ilícitos y la reforma rural integral. Esto constituye una nueva

varias víctimas fueron asesinadas por apoy ar las políticas derivadas del A cuerdo, como la sustitución de cultivos ilícitos y la reforma rural integral. Esto constituye una nueva tendencia en los móviles de los asesinatos. En años anteriores la mayoría de los defensores de derechos humanos fue ron asesinados por oponerse a las políticas de gobierno, no por apoyarlas.

12. El 57 por ciento de los asesinatos aparentemente fue cometido por sicarios, lo que dificulta la identificación del autor intelectual. Los presuntos autores materiales de los asesinatos fueron principalmente miembros de grupos criminales que posiblemente incluyen a ex miembros o antiguas estructuras de organi zaciones paramilitares (54 casos); grupos armados ilegales – ELN (cuatro casos) , ex FARC -EP (tres casos) , el Ejército Popular de Liberación (EPL) (un caso); individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal (19 casos); y miembros de la fuerza pública (tres casos).

13. Miembros de la Policía y el Ejército están siendo investigados por 14 asesinatos cometidos durante las protestas sociales. En octubre, siete manifestantes fueron asesinados en Tumaco, Nariño, en el marco de protestas en contra de la errad icación forzada de

4 Los municipios designados por el decreto 1650 de 2017.Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Colombia in Spanish 4 cultivos ilícitos. Antes del inicio de la investigación formal, la P olicía alegó que había sido atacada con artefactos explosivos improvisados. La OACNUDH no pudo confirmar esta

4 cultivos ilícitos. Antes del inicio de la investigación formal, la P olicía alegó que había sido atacada con artefactos explosivos improvisados. La OACNUDH no pudo confirmar esta alegación en el terreno. La OACNUDH está apoyando las investigaciones en curso sobre este incidente. Hasta el momento, dos comandantes han sido acusados.

14. Algunos de los asesinatos de defensores de derechos humanos, especialmente aquellos en antiguas zonas de influencia de las FARC-EP, se podrían haber evitado con una respuesta oportuna y coordinada del Estado a la implementación del Acuerdo, priorizando los derechos de la población. La débil presencia estatal en estas zonas genera la falta de acceso de las comunidades a derechos y oportunidades para vincularse a esquemas económicos legales. Por lo tanto, aumenta la pobreza y contribuye al desarrollo o persistencia de economías ilícitas, lo cual facilita la formación o entrada de organi zaciones delictivas y de grupos armados ilegales que compiten por el control de éstas , generando corrupción y niveles endémicos de violencia. En el último trimestre de 2017, la OACNUDH registró cuatro masacres en el contexto de disputas por el control de economías ilícitas en antiguas zonas de influencia de las FARC-EP (en Nariño y Cauca).

15. En la gran mayoría de los asesinatos de def ensores de derechos humanos, el contexto tiene tres características comunes: la presencia de economías ilícitas (p.ej., e l tráfico o la producción de drogas, cultivos ilícitos, minería ilegal, micro -tráfico, extorsión); una tasa de homicidio en el municipio que supera los niveles de violencia endémica según

tráfico o la producción de drogas, cultivos ilícitos, minería ilegal, micro -tráfico, extorsión); una tasa de homicidio en el municipio que supera los niveles de violencia endémica según el criterio establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)5; y una tasa de pobreza multidimensional más alta que el promedio nacional.

16. La OACNUDH acoge con satisfacción la decisión de la Fiscalía General de la Nación de priorizar sus investigaciones de asesinatos de defensores de derechos humanos, y toma nota de las 15 sentencias emitidas desde 2015 relacionadas con estos delitos, incluyendo cinco en 2017. La OACNUDH también acoge con satisfacción la estrategia adoptada por la Fiscalía General de la Nación de interv enir en 500 municipios priorizados, así como la adopción de la directiva 0002 de 2017, que establece directrices para la investigación de delitos cometidos contra defensores de derechos humanos, lo anterior a partir de un diálogo sostenido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Asímismo, la OACNUDH toma nota del apoyo dado por los fiscales especializados a los fiscales regionales para fortalecer su capacidad en la toma de acciones urgentes para la investigación de delitos cometidos contra defensores de derechos humanos.

17. Si bien la Fiscalía General de la Nación ha avanzado significativamente en la identificación del autor material de estos delitos, en la mayoría de los casos los autores intelectuales no han sido identificados. La OACNUDH considera que la plena identificación de responsabilidad y sanción penal de los implicados en los ataques contra los defensores de derechos humanos es crucial, ya que constituiría una salvaguardia para la protección y la no repetición.

identificación de responsabilidad y sanción penal de los implicados en los ataques contra los defensores de derechos humanos es crucial, ya que constituiría una salvaguardia para la protección y la no repetición.

18. Es importante destacar que mediante el directiva 002 de 2017 la Procuraduría General de la Nación anunció que utilizaría sus facultades administrativ as y disciplinari as para abordar la estigmatización de los defensores de derechos humanos y la inacción de las autoridades municipales, departamentales o nacionales para protegerlos.

19. La OACNUDH reconoce los esfuer zos de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior por proteger a los defensores de derechos humanos, pero señala que 4 defensores que estaban bajo protecci ón de la Unidad ( todos contaban con escoltas ) fueron asesinados en 2017. Las víctimas con escoltas fueron asesinadas cuando los escoltas no estaban presentes, lo que indica que el uso de escoltas sí e vita los atentados. También parece que los recortes presupuestal es que ha sufrido la Unidad han tenido un impacto negativo en los esquemas de protección.

5 Según la OMS, una región sufre de violencia endémica cuando la tasa de homicidios es superior a 10 por cada 100.000 habitantes. .Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Colombia in Spanish 5

20. Es imperativo reforzar el enfoque de género en la valor ación de las amenazas a los defensores de derechos humanos así como un análisis de las amenazas en ámbitos rurales, dada la prevalencia de asesinatos en estas zonas.

defensores de derechos humanos así como un análisis de las amenazas en ámbitos rurales, dada la prevalencia de asesinatos en estas zonas.

21. La OACNUDH recomienda que se modifiquen las medidas de protección en zonas rurales y que se fortalezcan las medidas de protección colectiva, como las guardias indígenas y afrocolombianas, como medio de protección individual y territorial. Las medidas de protección tiene n limitaciones, puesto que los defensores de derechos humanos seguirán corriendo riesgos si no se abordan los factores estructurale s de la pobreza multidimensional, las economías ilícitas, los vacíos de poder y la falta de presencia estatal.

22. La OACNUDH acoge con satisfacción la creación de l Cuerpo de Elite de la Policía Nacional, establecido en el Acuerdo para combatir las organi zaciones criminales, y de la Unidad Especial de investigación de la Fiscalía General de la Nación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales y los esfuerzos realizados por ambos cuerpos. Esta última requiere más recursos financieros y técnicos así como apoyo político para su adecuado funcionamiento. La Fiscalía General de la Nación deberá investigar los vínculos entre la corrupción y el crimen organizado, ya que algunos defensores que han denunciado esta correlación han sufrido ataques.

B. Reintegración de excombatientes y desvinculación de niños y niñas

1. Reintegración de excombatientes

23. El 66 por ciento de la población reincorporada de las FARC -EP proviene de zonas rurales. El 30 por ciento se identifica como integrante de un grupo étnico y el 23 por ciento son mujeres6.

23. El 66 por ciento de la población reincorporada de las FARC -EP proviene de zonas rurales. El 30 por ciento se identifica como integrante de un grupo étnico y el 23 por ciento son mujeres6.

24. Se observaron serias deficiencias, como la falta de agua potable, san eamiento y viviendas habitables en las Zonas veredales transitorias de no rmalización donde se concentron los combatientes para iniciar el proceso de desmovilización. Esta situación puede haber llevado a que algunos exmiembros de las FARC -EP abandonaran estos lugares. OACNUDH observó sobrecostos de alimentos y demoras en la co nstrucción de infraestructura en algunas de las Zonas. Dada la centralización de los contratos, las Zonas no generaron el impacto e conómico positivo esperado para las comunidades rurales a través de la contratación local , como está previsto en el Acuerdo.

25. La reintegración de excombatientes en las zonas rurales es un gran desafío debido a la pobreza multidimensional, el difícil acceso a la salud y a la educación, las economías ilícitas y la violencia endémica en el 96 por ciento de las áreas cercanas a las Zonas. Según el censo socioeconómico de las FARC -EP realizado por la Universidad Nacional de Colombia, uno de los principales desafíos en el proceso de reintegración es la salud, puesto que el 33 por cient o de los encuestados (3.305 individuos) indicó tener una discapacidad por causa del conflicto.

26. La OACNUDH resalta la importancia de acelerar la implementación de los programas de reintegración previstos en el Acuerdo, incluyendo una implementación desde la perspectiva étnica y con enfoque de género, y teniendo en cuenta las condiciones

26. La OACNUDH resalta la importancia de acelerar la implementación de los programas de reintegración previstos en el Acuerdo, incluyendo una implementación desde la perspectiva étnica y con enfoque de género, y teniendo en cuenta las condiciones específicas de los habitantes de las zonas rurales. Los excombatientes podrían reintegrarse a la sociedad realizando trabajos o actividades de guardabosques, de apoyo logístico para la productividad y de atenci ón médica básica. Un a reintegración exitosa es clave tanto para evitar que los excombatientes participen en actividades ilegales como para impulsar el regreso de quienes abandonaron el proceso de reintegración.

27. Los grupos armados ilegales y grupos criminales que han ingresado a las antiguas zonas de influencia de las FARC -EP han generado violencia en las comunidades rurales y constituyen una potencial amenaza para los exmiembros de las FAR C-EP que participarán en los próximos comicios electo rales. Algunos sectores de la sociedad se rehusan a aceptar a los desmovilizados de las FARC -EP, especialmente aquellos que están en el ámbito

6 Censo Socioeconómico de las FARC-EP. Universidad Nacional de Colombia 2017.Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Colombia in Spanish 6 político, lo cual ha demorado y dif icultado la implementación del A cuerdo, especialmente en relación con su part icipación política. La OACNUDH recibió información sobre el asesinato de al menos 36 exmiembros de las FARC -EP en 2017. Preocupa n los limitados avances en las garantías de seguridad para la participación po lítica de las FARC -EP que están contempladas en el Acuerdo. El Programa Integral de Protección para organizaciones

avances en las garantías de seguridad para la participación po lítica de las FARC -EP que están contempladas en el Acuerdo. El Programa Integral de Protección para organizaciones y comunidades rurales, que incluye a los exmiembros de las FARC -EP, aún no está completamente operativo. Asímismo, no ha habido avances significativos en las transformaciones estructurales n ecesarias para mitigar el impacto de las organizaciones criminales en la política, como en la transformación de las economías ilegales.

28. Los 160 miembros del Cuerpo de Seguridad y Protección que creó el Acuerdo son combatientes desmozilizados de las FARC-EP y ha n comenzado a brindar protección al nuevo partido político FARC. Si bien este programa de reintegración es un ejemplo concreto de lo que se puede lograr en términos de reintegración, se supon ía que un número mayor de miembros desmovilizados de las FARC-EP lo integrarían.

29. La Defensoría de Pueblo señaló que , al 25 de octubre , 800 excombatientes de las FARC-EP, aproximadamente el 11 por ciento, habían formado o habían ingresado a otro grupo armado ilegal o criminal

2. Desvinculación de niños y niñas

30. El Acuerdo y el derecho internacional de los derechos humanos obligan a respetar el principio del interés superior del niño en su proceso de desvinculación de las FARC -EP. No obstante, hasta el momento no se ha respetado en su totalidad este principio.

31. Según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, al 31 de diciembre de 2017, solo 135 niños se habían desvinculado de las FARC -EP (75 niñas y 60 niños). La OACNUDH recibió información sobre la desvinculación informal de ni ños antes del

2017, solo 135 niños se habían desvinculado de las FARC -EP (75 niñas y 60 niños). La OACNUDH recibió información sobre la desvinculación informal de ni ños antes del proceso formal al menos en Cauca, Caqueta y Meta.

32. Aquellos que han decidi do regresar a sus familias, la cual ha sido la opción mas recurrida, se encuentran con falta de acceso a la salud y a la educación, lo cual es frecuente en las zon as rurales de Colombia. Por lo tanto, es necesario garantizar la plena implementación del A cuerdo para mejorar la situación y garantizar el respeto de los derechos de los niños cuando regresa n a sus familias. Aquellos que permanecieron en los centros de separación-desvinculación tienen mejor acceso a la salud y la educación pero a menudo se encuentran lejos de sus familias y comunidades.

33. En 2017 la OACNUDH recibó información, a través de sus presencias en el terreno, que indican la persistencia del reclutamiento y la utilización de niños en áreas donde operan exmiembros de las FARC -EP. Adicionalmente, el ELN y los grupos criminales siguen reclutando y utilizando a los niños.

III. El desafío rural y otros factores estructurales que afectan la situación de derechos humanos

34. Los problemas que enfrentan las comunidades rurales son multidimensionales y están interconectados. Abordarlos es un asunto complejo . L a solución a un problema concreto requiere que se solucionen otros problemas. Por ejemplo, en varias de las antiguas zonas de influencia de las FARC -EP, la OACNUDH observó que para que funcione adecuadamente la justicia local , sin amen azas de grupos criminales, es necesaria la

zonas de influencia de las FARC -EP, la OACNUDH observó que para que funcione adecuadamente la justicia local , sin amen azas de grupos criminales, es necesaria la sustitución de cultivos ilícitos. No obstante, la sustitución implic a el saneamiento de los títulos de propiedad de tierras, lo que requiere la compra y distribución de tierra. Estos pasos tienen implicaciones presupuestales, necesitándose que una mayoría política a nivel municipal, departamental y nacional apruebe los pre supuestos. Puesto que la solución al problema es distinta en cada comunidad, las metas nacionales de transformación hacen que cada actor tome acción sin tener en cuenta la secuencia necesaria o la capacidad de producir un impacto en los derechos humanos. Se requieren metas más realistas con indicadores que reflejen la situación de derechos humanos a nivel incluso veredal.Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Colombia in Spanish 7

35. Como un ejemplo concreto, la OACNUDH observó el reto de resolver los problemas interconect ados y multimensionales en comunidades r urales de las regiones de Norte de Santander, Nariño y Putumayo, donde se sustituyeron los cultivos ilícitos por unos legales. Sin embargo, estas comunidades expresaron su preocupación por la falta de asistencia efectiva para comercializar sus nuevos produ ctos. La OACNUDH alentó a tomar acciones que pudieran conducir al acceso a mercados de las comunidades rurales en Antioquia, Chocó, Norte de Santander y Tolima. El Estado, la comunidad internacional y el sector privado deben fomentar relaciones comerciales directas y justas entre las comunidades rurales y los consumidores con el fin de mejorar su nivel de vida y evitar el retorno a la economía ilegal.

sector privado deben fomentar relaciones comerciales directas y justas entre las comunidades rurales y los consumidores con el fin de mejorar su nivel de vida y evitar el retorno a la economía ilegal.

36. Para la implementación de la Reforma Rural Integral prevista en el Acuerdo es crucial la presencia del Estado y las garan tías presupuestales necesarias para avanzar en la formalización de la propiedad 7, la creación de mercados locales, la conectividad, la asistencia técnica, los préstamos y el acceso a servicios públicos. Se requiere acción estatal que cree el entorno para lograr la exitosa sustitución de cultivos ilícitos. Si bien el Acuerdo prevee asociaciones con comunidades rurales en su implementación (por ejemplo, en el capítulo étnico 8), los habitantes de muchas comunidades rurales han expresado a la OACNUDH su gran frustración al ver que su participación se reduce a la asistencia a reuniones, sin tener un impacto visible.

37. En este sentido, el ACNUDH alienta a las autoridades estatales relevantes a valorar la participación de los pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos, mujeres y personas con discapacidad como un mecanismo efectivo de empoderamiento que podría poner fin a la exclusión y discriminación estructural, en lugar de considerarla una mera formalidad.

A. El impacto de la falta de presencia estatal en la situación de derechos humanos y la existencia de economías ilícitas y su impacto en la implementación del Acuerdo

38. La presencia efectiva e integral del Estado en zonas rurales es fundamental para garantizar la seguridad, la justicia, el empoderamiento de líderes y autoridades y para estimular el desarrollo económico. Si bien se han formulado planes y adoptado leyes para

38. La presencia efectiva e integral del Estado en zonas rurales es fundamental para garantizar la seguridad, la justicia, el empoderamiento de líderes y autoridades y para estimular el desarrollo económico. Si bien se han formulado planes y adoptado leyes para garantizar una mayor presencia estatal, el despliegüe de servicios estatales apenas se ha iniciado9. La presencia del Estado unicamente a través de sus fuerzas de seguridad que buscan imponer autoridad a través de la fuerza, no contribuye a gen erar cambios positivos y sostenibles para las camunidades. La falta de un enfoque de intervención integr al del Estado ha llevado a una escalada de violencia en ciertas partes del país.

39. Entre los grupos violentos que se aprovechan de la débil presencia estatal en las antiguas zonas de influencia de las FARC -EP están los grupos de l crimen organizado

(nacional y transnacional), numeroso s grupos criminales locales, grupos que surgieron debido a las falencias en el proceso de reintegración de las FARC -EP y grupos armados organizados, como el ELN y el EPL.

40. Su competencia por el control de las economías ilícitas se refleja en el aumento en las tasas de homicidios en varias regiones, incluyendo las declaradas como ZOMAC. Por ejemplo, en Mesetas, Meta; , Magui Payán, Nariño , así como en El Carmen en Norte de Santander, el número de homicidios registrados po r la Policía Nacional en 2017 mostró un incremento de 1095, 966 y 916 por ciento, respectivamente, al número registrado en 2016.

Quienes viven en las zonas de economías ilícitas sufren de diferentes tipos de violencia, lo

7La Agencia Nacional de Tierras (ANT) indicó a OHC