CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - A HRC 4 48

Distr. GENERAL A/HRC/4/48 5 de marzo de 2007

Original: ESPAÑOL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS Cuarto período de sesiones Tema 2 del programa provisional APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 60/251 DE LA ASAMBLEA GENERAL, DE 15 DE MARZO DE 2006, TITULADA "CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS" Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia

Los anexos al informe se distribuyen solamente en los idiomas originales.

A

ADVANCE EDITED VERSIONA/HRC/4/48 página 2

Resumen El Consejo de Derechos Humanos, en su decisión 2/102 del 6 de octubre de 2006, solicitó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derec hos Humanos "continuar con el cumplimiento de sus actividades, conforme a las resoluciones anteriores adoptadas por la Comisión de los Derechos Humanos y actualizar lo s informes y estudios relevantes". Sobre el presente tema del informe de la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, un informe completo anual (E/CN.4/2006/9) fue presentado durante el 62º período de sesiones de la Comisión de Dere chos Humanos conforme a la declaración del Presidente. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acepta la resolución 2/102 para mantener el ciclo anual anterior de informes respecto a este tema hasta que el Consejo decida lo contrario. El presente informe para el Consejo describe consecuentemente los desarrollos con respecto al informe de la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos

resolución 2/102 para mantener el ciclo anual anterior de informes respecto a este tema hasta que el Consejo decida lo contrario. El presente informe para el Consejo describe consecuentemente los desarrollos con respecto al informe de la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año pasado. Este informe de la Alta Comisionada sobr e Colombia cubre el año 2006 y se fundamenta en la resolución 2/102 del Consejo. El documento incluye una descripción general de los principales hechos ocurridos en el país durante el año 2006, la evolución del confli cto armado y las perspectivas de paz. Recoge los principales avances y retos en las política s públicas en materia de derechos humanos, e informa sobre la implementación de algunas de las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada en su informe anterior. Asimismo, contiene los aspectos más significativos en relación con el proceso de desmovilización y reintegración de miembros de grupos paramilitares. El informe presenta el panorama general de los derechos humanos en Colombia. En materia de derechos civiles y políticos, se incluyen datos sobre violaciones de los derechos a la vida, la integridad, la libertad, la seguridad , el debido proceso y las garantías judiciales, que afectaron, entre otras personas, a miembros de comunidades indígenas y afrocolombianas, líderes sociales, defensores de derechos hu manos, campesinos, mujeres, niños y niñas, sindicalistas, periodistas y personas desplazadas. En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, se presenta también información general sobre la situación de pobreza, inequidad, desempleo y desnutrición. La situación del derecho internacional huma nitario recoge inform ación basada en las quejas recibidas sobre infracciones atribuidas a mi embros de grupos guerrilleros, paramilitares y

desempleo y desnutrición. La situación del derecho internacional huma nitario recoge inform ación basada en las quejas recibidas sobre infracciones atribuidas a mi embros de grupos guerrilleros, paramilitares y nuevos grupos armados ilegales, así como sobre infracciones atribuidas a miembros de la fuerza pública. Finalmente, se presenta información sobre algunas de las actividades de observación, seguimiento de las políticas públicas, asesoría, cooperación técnica y difusión, desarrolladas por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2006. Con el ánimo de continuar contribuyendo al fortalecimiento de la situación de los derechos humanos, la vigencia del derecho inte rnacional humanitario y el desarrollo de la capacidad institucional del Estado colombiano, la Alta Comisionada incluye en este informe 18 recomendaciones. Están dirigidas al G obierno, al Congreso, a la Fiscalía General deA/HRC/4/48 página 3 la Nación, a otros órganos del Estado, a la socied ad civil, a la comunidad internacional y a los grupos armados ilegales. El informe va acompañado de tres anexos que abordan los temas: casos representativos de violaciones de derechos humanos e infracc iones al derecho internacional humanitario; situación de grupos en particular condición de vulnerabilidad y discriminación; y actividades de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado.A/HRC/4/48 página 4 ÍNDICE Párrafos Página INTRODUCCIÓN.......................................................................................... 1 - 3 5

I. CONTEXTO GENERAL DEL PAÍS, EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y PERSPECTIVAS DE PAZ ........................................................................................... 4 - 14 5

INTRODUCCIÓN.......................................................................................... 1 - 3 5

I. CONTEXTO GENERAL DEL PAÍS, EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y PERSPECTIVAS DE PAZ ........................................................................................... 4 - 14 5

II. PRINCIPALES AVANCES Y RETOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES .................................................................. 15 - 27 8

III. PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN ...... 28 - 33 10

IV. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ......................... 34 - 61 12

V. SITUACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO ............................................................................ 62 - 99 17

VI. ACTIVIDADES DE LA OFICI NA EN COLOMBIA .................... 100 - 112 22

VII. RECOMENDACIONES .................................................................. 113 - 131 24

Anexos

I. Casos representativos de violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario .............................................................. 28

II. Situación de grupos en particular condición de vulnerabilidad o discriminación ................................................................................................... 41

III. Reseña de las actividades de observa ción, difusión, asesoría y cooperación técnica de la Oficina en Colombia ................................................................... 47A/HRC/4/48 página 5

INTRODUCCIÓN

1. El acuerdo firmado en 1996 por el Gobierno colombiano y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para establecer una oficina en Colombia fue prorrogado por el Presidente Uribe hasta octubre de 2007, manteniéndose en forma plena su mandato de observación, asesoría, cooperación y difusión1.

Naciones Unidas para los Derechos Humanos para establecer una oficina en Colombia fue prorrogado por el Presidente Uribe hasta octubre de 2007, manteniéndose en forma plena su mandato de observación, asesoría, cooperación y difusión1.

2. Este informe, fundamentado en la deci sión 2/102 del Consejo de Derechos Humanos, cubre el año 2006 y va acompañado de tres anexos: casos representativos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario; situación de grupos en particular condición de vulnerabilidad y discriminación; y actividades de la Oficina en

Colombia.

3. Durante 2006 el Gobierno colombiano y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acordaron establecer mecanismos de diálogo permanentes para fortalecer el trabajo conjunto en lo referente a las distintas dimensiones del mandato, particularmente en materia de prevención y protección de los derechos humanos y de erradicación de las causas generadoras de las violaciones.

I. CONTEXTO GENERAL DEL PAÍS, EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO

ARMADO INTERNO Y PERSPECTIVAS DE PAZ

4. Durante 2006 el conflicto armado interno siguió siendo, junto con el narcotráfico y el crimen organizado, uno de los principales fact ores que afectan la vida de los colombianos, perturban la institucionalidad democrática de Colombia y dificultan el desarrollo socioeconómico del país. El conflicto ta mbién continuó siendo una de las causas más importantes de las violaciones de los derech os humanos y de las infracciones del derecho internacional humanitario. Se observó también que el Estado continúa demostrando debilidades para reducir la impunidad existente en relación con las violaciones de derechos humanos, aunque

importantes de las violaciones de los derech os humanos y de las infracciones del derecho internacional humanitario. Se observó también que el Estado continúa demostrando debilidades para reducir la impunidad existente en relación con las violaciones de derechos humanos, aunque se produjeron nuevos compromisos para superar esta situación.

5. En 2006 prosiguió la ofensiva militar de l Gobierno contra los grupos armados ilegales, dirigida principalmente contra las Fuerzas Ar madas Revolucionarias de Colombia-Ejército del

1 En 1996 la Comisión de Derechos Humanos solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que estableciera una oficina en Colombia, teniendo en cuenta la invitación del Gobierno de este país. Dicha oficina fue establecida el 29 de noviembre de 1996, mediante acuerdo firmado por el Gobierno y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el marco de ese instrumento, la Oficina en Colombia debe observar la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el contexto de violencia y conflicto armado interno que vive el país, con el objeto de asesorar a las autoridades en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para la promoción y protección de los derechos humanos. Por iniciativa del Presidente Uribe el acuerdo fue prorrogado en septiembre de 2002 por un período de cuatro años, hasta octubre 2006. Con base en la observación de su Oficina en Colombia, entre 1998 y 2005 el Alto Comisionado presentó ante la Comisión de Derechos Humanos informes analíticos sobre la situación del país.A/HRC/4/48 página 6 Pueblo (FARC-EP), y en menor medida contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las

ante la Comisión de Derechos Humanos informes analíticos sobre la situación del país.A/HRC/4/48 página 6 Pueblo (FARC-EP), y en menor medida contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las nuevas agrupaciones armadas ilegales confor madas por paramilitares no desmovilizados o rearmados. Las FARC-EP enfocaron sus acciones en ataques contra autoridades locales, paros armados en período preelectoral, masacres y ataques contra unidades móviles de la fuerza pública y erradicadores de cultivos de coca. Aunque los ataques de la guerrilla a bases fijas de la fuerza pública disminuyeron, se dieron algunos como el ataque a una estación de policía en el casco urbano de Tierradentro (Córdoba) en noviembre.

6. Según datos del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la aplicación de la política de defensa y seguridad democrática permitió al Gobierno mantener la tendencia reductiva de los índices generales de violencia en el país, en particular de la tasa de homicidios y secuestros2. Se destacan las políticas de seguridad impulsadas por las alcaldías de Bogotá y Medell ín. Continuó el aumento de efectivos de la fuerza pública y se logró un mayor control de cier tas zonas rurales, tradicionalmente bajo el dominio de los grupos armados ilegales. En otras regiones, como el Urabá Antioqueño, la fuerza pública no estuvo en condiciones de impedir el ingreso de las FARC-EP y de controlar plenamente los territorios que anteriormente estaban bajo el dominio de grupos paramilitares.

Asimismo persisten retos importantes para la plena reconstrucción del Estado de derecho en todo

pública no estuvo en condiciones de impedir el ingreso de las FARC-EP y de controlar plenamente los territorios que anteriormente estaban bajo el dominio de grupos paramilitares. Asimismo persisten retos importantes para la plena reconstrucción del Estado de derecho en todo el territorio nacional, pues siguen existiendo di ficultades para conseguir que los logros militares se acompañen con el robustecimiento simultáneo del ejercicio de la autoridad civil, la presencia de otras instituciones del Estado, la ejecución de proyectos de inversión social y desarrollo rural, y el respeto pleno de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

7. Durante 2006 hubo investigaciones contra varios oficiales militares a quienes se imputaron la organización de atentados terrorist as falsamente atribuidos a las FARC-EP y la comisión de homicidios intencionales que inicialmente fueron presentados como muertes en combate, causadas por error o provocadas por "f uego amigo". Algunos servidores públicos y ex funcionarios -entre ellos congresistas, gobernadores, miembros de asambleas departamentales y el anterior director del Departamento Admini strativo de Seguridad (DAS)- fueron investigados por la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia. En estas investigaciones se imputó a los procesados el mantenimiento de vínculos políticos y económicos con organizaciones paramilitares, y a algunos de el los también la participación en hechos de violencia perpetrados por integrantes de las mismas. Estas actuaciones judiciales contribuyen a robustecer el estado de derecho y la institucionalidad democrática.

8. Se mantuvieron las conversaciones preliminares entre el ELN y el Gobierno. Se espera que en 2007 esas conversaciones se traduzcan en el establecimiento de una agenda de negociación y la apertura de diálogos formales de paz.

8. Se mantuvieron las conversaciones preliminares entre el ELN y el Gobierno. Se espera que en 2007 esas conversaciones se traduzcan en el establecimiento de una agenda de negociación y la apertura de diálogos formales de paz.

2 En 2006 la tasa de homicidios fue la más baja en los últimos 15 años. La tendencia decreciente comenzó a ser más significativa a partir de 2002. La toma de rehenes por parte de grupos armados ilegales y el crimen organizado también se redujeron. Mientras en 2002 el Gobierno registró 1.676 secuestros, entre enero y noviembre de 2006 fueron secuestradas 243 personas. Con el propósito de fortalecer la política de combate al narcotráfico, el Vicepresidente lanzó en el exterior una “campaña de responsabilidad compartida” resaltando la importancia de erradicar el consumo de drogas en países receptores.A/HRC/4/48 página 7

9. Hubo importantes avances en lo referente a la desmovilización de los grupos paramilitares y en la aplicación de la Ley Nº 975 de 2005 ("Ley de justicia y paz"). En agosto tuvo lugar la última desmovilización colectiva de paramilitares, y en diciembre se iniciaron en Barranquilla (Atlántico) y Medellín (Antioquia) lo s primeros procesos regidos por esa ley. El Gobierno creó la Alta consejería presidencial para la reintegración social y económica de los grupos y personas alzadas en armas.

10. El tráfico de drogas continuó alimentando el conflicto armado interno, y en particular la acción de los grupos armados ilegales. Ese tráf ico también se convirtió en el motor de los

grupos y personas alzadas en armas.

10. El tráfico de drogas continuó alimentando el conflicto armado interno, y en particular la acción de los grupos armados ilegales. Ese tráf ico también se convirtió en el motor de los nuevos grupos armados ilegales, cuya existencia pl antea grandes retos para el éxito del proceso de desmovilización y reinserción de los paramilitares y de futuros procesos de paz3.

11. En contraste con 2002, las elecciones para Congreso y Presidente, en marzo y mayo respectivamente, se dieron en un ambiente más tranquilo, aunque en algunas zonas alejadas de las grandes urbes las FARC-EP perturbaron los preparativos de los comicios. Los grupos paramilitares intentaron incidir en el proceso elec toral para favorecer la llegada al Congreso de candidatos afines a sus intereses. Durante el período preelectoral también se observó en varias regiones del país un incremento de amenazas c ontra periodistas y defensores de derechos humanos. El Presidente Uribe fue reelegido en primera vuelta, y su coalición logró obtener la mayoría en ambas cámaras legislativas. El candidato presidencial del partido opositor de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA) obtuvo el 22% de los votos. Aunque las autoridades procuraron garantizar el libre ejerci cio de los derechos políticos, las dos jornadas electorales estuvieron marcadas por un alto nivel de abstención.

12. Durante 2006 hubo serios cuestionamientos a servidores públicos de alto nivel por hechos de corrupción. En varias regiones hubo informaciones sobre la influencia financiera de grupos armados ilegales y del narcotráfico en las administraciones locales.

12. Durante 2006 hubo serios cuestionamientos a servidores públicos de alto nivel por hechos de corrupción. En varias regiones hubo informaciones sobre la influencia financiera de grupos armados ilegales y del narcotráfico en las administraciones locales.

13. La Corte Constitucional continuó desempeña ndo un papel relevante en la defensa de los derechos humanos. También se destacaron en esa tarea la Procuraduría General de la Nación y los personeros municipales. La Defensoría del Pu eblo contribuyó con aportes importantes en la materia, a pesar de sus limitaciones presupuestales y de personal.

14. El crecimiento económico de 2006 fue del orden del 6%, lo cual constituye una importante variable macroeconómica para superar los significativos índices de pobreza del país.

Los resultados del censo de población realizado en 2005 arrojaron datos sobre avances logrados e importantes retos pendientes en materia de re ducción de la pobreza y superación de la inequidad.

3 Con el propósito de fortalecer la política de combate al narcotráfico, el Vicepresidente lanzó en el exterior una "campaña de responsabilidad compartida" resaltando la importancia de erradicar el consumo de drogas en países receptores.A/HRC/4/48 página 8

II. PRINCIPALES AVANCES Y RETOS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Y SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

15. La Alta Comisionada ha podido observar un mayor compromiso de las autoridades colombianas para alcanzar los objetivos de las recomendaciones formuladas en sus informes anteriores sobre la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia, así como también un mayor esfuerzo para valorar el impacto concreto de aquéllas.

colombianas para alcanzar los objetivos de las recomendaciones formuladas en sus informes anteriores sobre la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia, así como también un mayor esfuerzo para valorar el impacto concreto de aquéllas. Al final del año el cuadro de implementación era todavía variado, particularmente en el caso de las recomendaciones sobre la revisión de los arch ivos de inteligencia, la reducción de los índices de impunidad, la cesación de vínculos entre servidores públicos y miembros de grupos paramilitares, y la mejoría de la calidad de la s estadísticas sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario.

16. La Vicepresidencia, en un ejercicio conjunto con la Oficina en Colombia, lideró un proceso de trabajo con las instituciones estata les para avanzar en el seguimiento de las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada en sus informes anteriores. Como resultado de ese proceso se estableció una metodología que define responsabilidades institucionales, acciones y un cronograma con indicadores de progreso, a fin de sentar las bases para una evaluación conjunta de los avances y las dificultades, y adoptar las medidas de fortalecimiento correspondientes. Ello permitirá a la Oficina en Colombia establecer líneas de cooperación técnica pertinentes.

17. El Estado colombiano ha tomado una opción fundamental en materia de derechos humanos al iniciar, en concertación con la socied ad civil, con la asesoría y cooperación técnica de la Oficina en Colombia, y con el apoyo de los Gobiernos de Suecia y España, el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (PNADH). En septiembre se estableci ó la Instancia Coordinadora, conformada por representantes del Gobierno, los órganos de control y la sociedad civil, que adoptó un

elaboración del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (PNADH). En septiembre se estableci ó la Instancia Coordinadora, conformada por representantes del Gobierno, los órganos de control y la sociedad civil, que adoptó un reglamento de trabajo.

18. Durante 2006, 651 municipios elaboraron planes de acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario. De ellos 516 están incorporados en los planes de desarrollo municipales. Asimismo, 31 departamentos adoptaron planes de derechos humanos, incorporados en los respectivos planes de desarrollo.

19. El Gobierno, en concordancia con lo recomendado por la Alta Comisionada, ha manifestado su decisión de avanzar hacia una reforma de las disposiciones vigentes sobre servicios de inteligencia, incluyendo la revisión de los archivos en la materia para asegurar su total compatibilidad con los principios del es tado de derecho, verificando que no incluyan injustificadamente nombres de defensores de de rechos humanos y de instituciones que trabajan en ese campo. La Procuraduría General de la Nación presentó una propuesta sobre el establecimiento de parámetros legales claros que impidan la inclusión injustificada de datos en archivos militares, policiales o de organismos de seguridad, y garanticen la corrección oportuna de los datos inexactos recogidos en los mismos.A/HRC/4/48 página 9

20. En términos de administración de justicia, se destaca la adopción de una política de lucha contra la impunidad 4 y el anuncio por parte del Gobierno de una reforma sustancial del sistema de justicia penal militar. Con el apoyo de la Comunidad Europea y de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado se adelanta un programa de fortalecimiento de la rama judicial, en

contra la impunidad 4 y el anuncio por parte del Gobierno de una reforma sustancial del sistema de justicia penal militar. Con el apoyo de la Comunidad Europea y de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado se adelanta un programa de fortalecimiento de la rama judicial, en particular de la fiscalía, con el cual se espe ra contribuir a la reducción de los niveles de impunidad.

21. La superación de la impunidad continúa demandando esfuerzos significativos. Se destacan algunas decisiones judiciales que repr esentan importantes pasos para evitarla, entre ellas, el inicio por la Corte Suprema de Justicia de investigaciones de congresistas por supuestos vínculos con paramilitares, y el procesamiento por la fiscalía de un ex gobernador y una ex congresista bajo esa misma imputación. La fiscalía también avanzó en el procesamiento de siete miembros del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la II brigada del ejército con sede en Barranquilla por haber dado mu erte a seis personas en un falso operativo antisecuestro, y de cinco militares del Batallón La Popa de Valledupar por la ejecución de un indígena kankuamo reportado como muerto en combate en 2003. La fiscalía llamó a juicio a un suboficial y seis soldados del ejército por la muerte de cinco campesinos en Cajamarca (Tolima) en 2004. Se publicó el informe de la Comisión de la Verdad, creada por la Corte Suprema para esclarecer los sucesos de 1985 en el Palacio de Justicia de Bogotá. Este informe reveló la comisión de graves crímenes por parte de guerr illeros y de miembros de la fuerza pública que

esclarecer los sucesos de 1985 en el Palacio de Justicia de Bogotá. Este informe reveló la comisión de graves crímenes por parte de guerr illeros y de miembros de la fuerza pública que allí se enfrentaron. Asimismo se detuvo a un ex coronel a quien se imputa la desaparición forzada de dos personas que salieron con vida del Palacio. La Procuraduría suspendió por 90 días de sus cargos a un general retirad o del ejército y a un coronel por omisión en la seguridad que debían brindar a los habitantes de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Estos pasos resultan positivos en la lucha contra la impunidad. Es necesario profundizar la investigación y sanción de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos que siguen sin ser investigadas en el país.

22. El Ministerio de Defensa, con el apoyo de la Oficina en Colombia, inició la fase de implementación de las recomendaciones surgidas del estudio realizado por expertos independientes para fortalecer los resultados de la capacitación de los miembros de la fuerza pública en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Estas recomendaciones se refieren particularmente a órdenes de operaciones, análisis de lecciones aprendidas, metodologías de capacitación, mecanismos de control y reglas de enfrentamiento. Asimismo, se destacan avances en la implementación de la figura de los asesores jurídicos operacionales y el nombramiento de oficiales de alto rango como inspectores en cada división. Se espera que estos esfuerzos incidan directamente en la reducción sustantiva de graves violaciones o infracciones cometidas por efectivos de la fuerza pública.

23. A pesar de los avances realizados y el incremento de los recursos asignados, continúa

esfuerzos incidan directamente en la reducción sustantiva de graves violaciones o infracciones cometidas por efectivos de la fuerza pública.

23. A pesar de los avances realizados y el incremento de los recursos asignados, continúa siendo preocupante la situación de las personas desplazadas por razones vinculadas al conflicto armado. Según la Corte Constitucional, no se ha superado el estado de cosas inconstitucional y persiste la grave crisis humanitaria con respecto a ellas 5. El número de personas que se

4 Documento CONPES 3411 de marzo de 2006. 5 Auto Nº 218 de la Corte Constitucional de agosto de 2006 en materia de cumplimiento de la sentencia T-025.A/HRC/4/48 página 10 desplazaron en 2006 mantuvo la tendencia decreciente observada desde 2002. El subregistro de casos de desplazamiento continúa siendo muy alto, aunque es posit ivo el hecho de que la Alta Consejería Presidencial para la Acción Social ha ya reconocido que la cifra total de desplazados entre 1985 y 2005 ascendió a 3 millones de personas. Es necesario avanzar en la implementación de soluciones duraderas con enfoque diferencial y de género, y prestar especial atención al derecho de las personas desplazadas a la reparación y, en particular, a la restitución de bienes.

24. El Estado definió una estrategia para i nvestigar casos de violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internaci onal humanitario cuyas víctimas hayan sido miembros de organizaciones sindicales. Esta in iciativa se fundamentó en el "Acuerdo tripartito por el derecho de asociación y la democracia", susc rito por la delegación de Colombia en la 95ª

miembros de organizaciones sindicales. Esta in iciativa se fundamentó en el "Acuerdo tripartito por el derecho de asociación y la democracia", susc rito por la delegación de Colombia en la 95ª reunión de la Conferencia Internacional del Tr abajo, conformada por representantes del Gobierno, de los trabajadores y de los empresarios. El Gobierno se comprometió a contribuir con 5 millones de dólares. Se destaca también la asignación de 13 fiscales especializados en estas investigaciones y el significativo aument o de la asignación presupuestal destinada al programa de protección del Gobierno6.

25. El Sistema de Alertas Tempranas (SAT ) de la Defensoría del Pueblo siguió contribuyendo a la prevención de violaciones e infracciones. Al mismo tiempo, su acción continuó limitada por la falta de respuestas opor tunas y eficaces del Comité Interinstitucional de Alerta Temprana (CIAT). Adic ionalmente es necesario que la s respuestas a las alertas den mayor énfasis al aspecto humanitario que al mili tar. Los defensores comunitarios continuaron siendo otra herramienta valiosa de prevención de la Defensoría.

26. Acorde con lo recomendado en materia de estadísticas sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, es necesario redoblar los esfuerzos para mejorar la medición de esta situación y así crear una base más adecuada para la formulación de las políticas públicas de fortalecimiento de los derechos humanos.

27. En materia legislativa, cabe destacar la promulgación de la Ley estatutaria de hábeas corpus y del Código de la Infancia y la Adolesce ncia. Cursan en el Congreso varios proyectos de ley sobre temas relacionados con la protección y garantía de los derechos humanos. Entre ellos están los proyectos de ley sobre violencia contra las mujeres, sanción de actos

corpus y del Código de la Infancia y la Adolesce ncia. Cursan en el Congreso varios proyectos de ley sobre temas relacionados con la protección y garantía de los derechos humanos. Entre ellos están los proyectos de ley sobre violencia contra las mujeres, sanción de actos discriminatorios en materia racial, nacional, cultu ral o étnica, y beneficios de seguridad social para parejas del mismo sexo. La Oficina del Alto Comisionado reconoce el valor político de la conformación en el Congreso de la Comisión accidental de mujeres, creada con el fin de impulsar propuestas legislativas para avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres.

III. PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN

28. La Corte Constitucional examinó la constitucionalidad de la Ley Nº 975 de 2005, "Ley de