CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - A HRC 40 3 Add.3
Consejo de Derechos Humanos
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- Título
- CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - A HRC 40 3 Add.3
- Autor
- Consejo de Derechos Humanos
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Internacional_Publico
- Año
- —
GE.19-01652 (S) 270219 280219 Consejo de Derechos Humanos 40º período de sesiones 25 de febrero a 22 de marzo de 2019 Tema 2 de la agenda Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General Situación de los derechos humanos en Colombia Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Resumen En el presente informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos describe la situación de los derechos humanos en Colombia en 2018 con respecto a la democracia, la seguridad, el desarrollo, la participación cívica y la paz, y destaca algunas de las actividades realizadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el país. En particular, la Alta Comisionada subraya la importancia de garantizar los derechos humanos como vía para lograr una paz sostenible y duradera. El informe también presenta el balance realizado por el ACNUDH del segundo año de implementación de los aspectos de derechos humanos del Acuerdo de Paz susc rito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). La Alta Comisionada destaca los desafíos específicos que plantean la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad y la corrupción, el incremento de la violencia y la necesidad de reducir la brecha de desigualdad en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente en zonas rurales.
violencia y la necesidad de reducir la brecha de desigualdad en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente en zonas rurales.
Se acordó publicar el presente informe tras la fecha de publicación prevista debido a circunstancias que escapan al control de quien lo presenta. El resumen del presente informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. El informe propiamente dicho, que figura en el anexo del resumen, se distribuye únicamente en el idioma en que se presentó y en español.
Naciones Unidas A/HRC/40/3/Add.3
Asamblea General Distr. general 4 de febrero de 2019
Español Original: inglésA/HRC/40/3/Add.3
2 GE.19-01652 Anexo Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia
I. Introducción
1. El presente informe, que se basa en las actividades de observación directa de la situación de los derechos humanos en Colombia realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y se ha presentado al Consejo de Derechos Humanos según lo dispuesto en la resolución 48/141 de la Asamblea General, abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
2. En el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC -EP), las partes solicitaron al
2. En el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC -EP), las partes solicitaron al ACNUDH que incluyera en su informe anual sobre Colombia sus hallazgos sobre las repercusiones de la aplicación del Acuerdo en los derechos humanos. Este informe incluye las conclusiones sobre el segundo año de implementación desde una perspectiva de derechos humanos.
3. Con la implementación plena del Acuerdo, el Estado tiene una oportuni dad histórica para impulsar cambios positivos y sostenibles de índole estructural para el acceso y goce de los derechos humanos de la población. El ACNUDH pide a las partes que incrementen sus esfuerzos para avanzar en la ejecución de todos los capítulos c ontenidos en el Acuerdo, puesto que no puede haber vuelta atrás. Se debe seguir construyendo confianza entre las partes y dentro de la sociedad colombiana, en especial para con las víctimas.
4. El Gobierno elegido para el período 2018 -2022 tendrá la respo nsabilidad histórica de continuar con la implementación del Acuerdo y de avanzar en la construcción de un país en paz y equitativo, donde toda la población tenga garantizado el pleno acceso a los derechos humanos.
5. El ACNUDH hace un llamado al Gobierno y al Ejército de Liberación Nacional
(ELN) para que respeten el derecho internacional humanitario, e insta al ELN a que se abstenga de tomar rehenes, práctica prohibida por el derecho internacional humanitario. Asimismo, convoca a las partes a acordar un c ese al fuego bilateral que permita seguir construyendo confianza para la reanudación de los diálogos de paz. Esto mejoraría la
Asimismo, convoca a las partes a acordar un c ese al fuego bilateral que permita seguir construyendo confianza para la reanudación de los diálogos de paz. Esto mejoraría la situación de los derechos humanos de las comunidades que se han visto afectadas tanto por las hostilidades como por la falta de inclusión económica, social y política.
6. Es alentador que, durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2018, Iván Duque, que resultó elegido Presidente, firmase el Pacto Social por los Derechos Humanos, promovido por el ACNUDH. Este Pacto re itera la obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, impulsando la inclusión de la población, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto y la violencia, y garantizando de una forma real el ejercicio de sus derechos ci viles y políticos, y económicos, sociales y culturales.
7. El ACNUDH reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno en la construcción de un plan de acción nacional en derechos humanos. Este plan deberá reforzar el enfoque preventivo del Gobierno, inco rporar las perspectivas de género y atender a la situación regional. Para garantizar su ejecución efectiva, el país debe establecer indicadores basados en estándares internacionales, así como un proceso de evaluación y rendición de cuentas.
8. El ACNUDH r eafirma su compromiso de trabajar con el Estado en su conjunto y con la sociedad civil colombiana en el marco de su mandato, sosteniendo una continuaA/HRC/40/3/Add.3
GE.19-01652 3 interlocución con todas sus contrapartes que permita prevenir las violaciones de los derechos humanos. El ACNUDH mantendrá su presencia en el territorio nacional con el
GE.19-01652 3 interlocución con todas sus contrapartes que permita prevenir las violaciones de los derechos humanos. El ACNUDH mantendrá su presencia en el territorio nacional con el propósito de llegar a las comunidades más remotas afectadas por el conflicto y la violencia. Durante 2018, el ACNUDH realizó un total de 1.339 misiones sobre el terreno. Asimismo, el ACNUDH rec uerda que su oficina en Colombia depende principalmente de contribuciones voluntarias y que, a pesar de contar con responsabilidades adicionales derivadas del Acuerdo, 2018 ha sido el segundo año consecutivo en que no ha recibido recursos adicionales.
9. El ACNUDH valora la apertura mostrada por el nuevo Gobierno para permitir el escrutinio internacional. Este último le permitirá implementar acciones para mejorar la situación de derechos humanos en el país. En ese sentido, el ACNUDH celebra la visita del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, que tuvo lugar del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018, y la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del 27 al 30 de noviembre.
II. Garantizar los derechos humanos es la vía para la sostenibilidad de la paz
10. El ACNUDH recuerda que la mayoría de los compromisos asumidos por el Estado en el Acuerdo hacen parte de la agenda de derechos humanos que se ha delineado en muchos de los tratados, mecanismos, recomendaciones y directrices de las Naciones Unidas y del sistema interamericano de derechos humanos en los que Colombia es parte. Por lo tanto, su debida implementación reflejará también la voluntad del Estado de cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
y del sistema interamericano de derechos humanos en los que Colombia es parte. Por lo tanto, su debida implementación reflejará también la voluntad del Estado de cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
11. El pleno acceso a los derechos humanos y su realización constituyen la base para una paz estable y duradera. Para ello, las acciones de prevención que identifiquen de manera efectiva las causas estructurales que prop ician los conflictos y la violencia son determinantes. En ese sentido, fortalecer las capacidades del Estado tanto a nivel nacional como local y garantizar una mayor inclusión de la sociedad civil y las comunidades locales es esencial para prevenir las vio laciones de los derechos humanos. También es esencial para la prevención la participación de las mujeres, por su papel determinante tanto en la identificación de las causas de la violencia como en la mediación de conflictos en sus comunidades.
12. En su m ás reciente informe sobre la consolidación y el sostenimiento de la paz
(A/72/707–S/2018/43), el Secretario General de las Naciones Unidas estimó que las medidas efectivas de prevención podían disminuir hasta en un 30 % los costos generados por la violenci a y los conflictos. Sin embargo, el presupuesto de defensa del Estado se incrementó en más del 5 %. En ese sentido, el ACNUDH alienta al Gobierno a priorizar el gasto público en prevención y a seguir promoviendo el desarrollo, en particular en las zonas rurales apartadas y urbanas marginales.
13. El Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final, cumpliendo lo estipulado entre las partes, será el principal instrumento para la inclusión de los diversos componentes del Acuerdo en los próximos planes nacional es de desarrollo. Para poder cumplir con este Plan y con la totalidad del Acuerdo, es imprescindible que el Gobierno asigne los recursos
entre las partes, será el principal instrumento para la inclusión de los diversos componentes del Acuerdo en los próximos planes nacional es de desarrollo. Para poder cumplir con este Plan y con la totalidad del Acuerdo, es imprescindible que el Gobierno asigne los recursos necesarios, con especial atención a las zonas rurales más afectadas por el conflicto.
A. Situación de los defensores de los derechos humanos
14. En 2018, el ACNUDH continuó prestando su asistencia técnica a todas las autoridades estatales relevantes y a la sociedad civil, impulsando para ello medidas de prevención y protección, así como las investigaciones que contribuyan al esclarecimiento de los asesinatos y agresiones contra las personas defensoras de los derechos humanos y que permitan la sanción de los responsables. Asimismo, siguió adoptando medidas de construcción de confianza entre las entidades del Estado, las org anizaciones sociales y las comunidades mediante la creación de espacios de diálogo entre estas.A/HRC/40/3/Add.3
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15. De conformidad con lo estipulado en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos (Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos), cualquier persona que defiende los derechos humanos es un defensor, con independencia de la organización a la que pueda pertenecer.
El ACNUDH ve con preocupación el alto número de asesinatos (110) de personas defensoras de los derechos humanos durante el período examinado. Es importante señalar que el 27 % de los casos registrados afectaron a personas defensoras de los dere chos
El ACNUDH ve con preocupación el alto número de asesinatos (110) de personas defensoras de los derechos humanos durante el período examinado. Es importante señalar que el 27 % de los casos registrados afectaron a personas defensoras de los dere chos humanos pertenecientes a pueblos indígenas (18 casos) o afrocolombianas (12 casos), lo que demuestra que algunas comunidades étnicas se ven más afectadas que otras. Se registró un aumento de otros tipos de agresiones, tales como amenazas, intentos de asesinato y violaciones de los derechos a la intimidad y a la propiedad.
16. Los 110 asesinatos de defensores de los derechos humanos registrados por el ACNUDH, si bien no representan el universo total de casos, sí permiten identificar tendencias en el comportamiento de estas agresiones, que socavan gravemente la defensa de los derechos humanos, actividad fundamental para la vida democrática y el estado de derecho.
17. Estos asesinatos ocurrieron en 24 departamentos del país, concentrándose principalmente e n Antioquia, el Cauca y Norte de Santander (37 % del total de casos registrados en 2018). Siguiendo la tendencia observada por el ACNUDH en sus tres informes anteriores, en esas zonas el riesgo continúa siendo alto y el Estado debe hacerle frente con urgen cia, entre otras medidas a través del nuevo Plan de Acción Oportuna, que prioriza, entre otros, los departamentos arriba mencionados.
18. El ACNUDH observa que un 93 % de los casos a los cuales hizo seguimiento ocurrieron en contextos regionales con causa s estructurales vinculadas a la persistencia de la falta de acceso a los derechos de la población, principalmente el derecho a la justicia y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Estas causas generan altos
ocurrieron en contextos regionales con causa s estructurales vinculadas a la persistencia de la falta de acceso a los derechos de la población, principalmente el derecho a la justicia y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Estas causas generan altos índices de pobreza multidim ensional y propician el surgimiento de economías ilícitas, controladas o disputadas por grupos criminales, lo que también provoca niveles endémicos de violencia 1. La mayoría de estos casos siguieron teniendo lugar en zonas rurales o en aquellas calificadas como Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC) en el Decreto núm. 1650 (2017).
19. Las causas estructurales antes mencionadas derivan en buena medida de la débil o nula presencia del Estado en algunas zonas rurales, lo cual fue reconocido por el Presidente en su discurso inaugural. También son el resultado de sustanciales retrasos en la implementación del Acuerdo, particularmente en lo relacionado con la reforma rural integral y la sustitución de los cultivos ilícitos. Para mitigar los riesgos pa ra las personas defensoras de los derechos humanos, el Estado debe mantener su presencia, que incluya a las autoridades civiles, reconocer e impulsar la participación de la sociedad civil con plenas garantías de asociación, reunión y expresión, y acelerar la implementación del Acuerdo en las regiones afectadas, lo que ayudaría a la labor de los defensores mediante la ampliación del espacio cívico.
20. En el mes de julio de 2018, el presidente de una Junta de Acción Comunal (JAC) fue asesinado en el sur del país. La víctima era un impulsor del proceso de implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), contenido en el Acuerdo.
asesinado en el sur del país. La víctima era un impulsor del proceso de implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), contenido en el Acuerdo. Conforme a la información recibida, las motivaciones del homicidio estarían relacionadas con esa actividad. Tres meses antes de los hechos, tanto las familias que suscribieron los acuerdos voluntarios de sustitución como este líder comunitario habían recibido amenazas, que fueron puestas en conocimiento de las autoridades. Al igual que muchas otras pe rsonas en la misma situación, este líder buscaba alternativas económicas viables y legales para su comunidad, dados los altos índices de pobreza multidimensional en la región. Esta falta de oportunidades y las altas tasas de pobreza multidimensional habría n llevado a la comunidad a vincularse a la economía ilegal para subsistir, lo que la expuso a la violencia ejercida por
1 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existe violencia endémica cuando la tasa de asesinatos es superior a 10 por cada 100.000 habitantes.A/HRC/40/3/Add.3 GE.19-01652 5 los grupos ilegales o criminales que manejaban esas economías, en este caso, presuntamente, antiguos integrantes de las FARC -EP que no s e acogieron al proceso de paz.
21. Según la información recopilada sobre las posibles motivaciones de estos asesinatos, el 66 % estaría relacionado con la denuncia u oposición al accionar criminal, los efectos de la violencia a niveles endémicos que afect a a la población en general o el apoyo a la implementación del Acuerdo, y más concretamente la sustitución de los cultivos ilícitos. Se
la violencia a niveles endémicos que afect a a la población en general o el apoyo a la implementación del Acuerdo, y más concretamente la sustitución de los cultivos ilícitos. Se registraron homicidios relacionados con este último motivo en el Cauca y Putumayo.
22. Los presuntos autores de estos as esinatos fueron principalmente miembros de organizaciones criminales, entre cuyos integrantes se encuentran posiblemente antiguos miembros de estructuras paramilitares desmovilizadas (40 %), individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado il egal (18 %), integrantes del ELN (8 %), integrantes del Ejército Popular de Liberación (EPL) (4 %), miembros de la fuerza pública (5 %), antiguos miembros de las FARC -EP que no se acogieron al proceso de paz (8 %) y personas por determinar (17 %).
23. Persisten los asesinatos de mujeres defensoras de los derechos humanos, habiéndose registrado al menos nueve casos a lo largo del año pasado. De acuerdo con las observaciones del ACNUDH y los datos oficiales, la mayoría de estos asesinatos se cometieron en mu nicipios donde, además de presentarse las tendencias ya descritas, existe un alto riesgo de incidencia de violencia por razón de género2.
24. Igualmente, preocupan al ACNUDH las agresiones cometidas contra los defensores pertenecientes a la comunidad de p ersonas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, incluyendo, según la organización Colombia Diversa, dos casos de homicidio y seis de amenazas. La situación de estos defensores se agrava por la persistencia de prácticas discriminatorias y excluyentes muy arraigadas en la sociedad colombiana.
intersexuales, incluyendo, según la organización Colombia Diversa, dos casos de homicidio y seis de amenazas. La situación de estos defensores se agrava por la persistencia de prácticas discriminatorias y excluyentes muy arraigadas en la sociedad colombiana.
25. De acuerdo con la información obtenida de la organización no gubernamental Fundación para la Libertad de Prensa, en 2018 se registró un aumento preocupante del número de amenazas y agresiones contr a periodistas con respecto a 2017. Hasta el 2 de noviembre de 2018 se habían denunciado 3 homicidios, 200 amenazas y 477 agresiones en contra de la libertad de prensa. Esto afecta gravemente el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.
26. El ACNUDH observa que el 59 % de los asesinatos se cometieron en ámbitos comunitarios. Los más afectados fueron los directivos de las Juntas de Acción Comunal y quienes asumen el liderazgo y vocería de sus comunidades, en partic ular los que viven en condiciones precarias y con poco respaldo institucional. El ACNUDH ha observado que en Caquetá, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, grupos armados ilegales y grupos criminales han presionado a los líderes comunales para que les per mitieran proseguir con sus acciones delictivas. En Norte de Santander se registraron cinco asesinatos de líderes de Juntas de Acción Comunal, todos miembros de la misma organización campesina.
27. En muchas ocasiones, las medidas de protección otorgadas a los defensores no respondían a los riesgos y complejidades del contexto en el que estos desempeñaban su labor. Tal fue el caso de la corregidora de una zona rural apartada y afectada por el
27. En muchas ocasiones, las medidas de protección otorgadas a los defensores no respondían a los riesgos y complejidades del contexto en el que estos desempeñaban su labor. Tal fue el caso de la corregidora de una zona rural apartada y afectada por el conflicto en el sur del país, quien fue amenazada en abril de 2018 por denunciar a una banda de microtráfico que vendía sustancias psicoactivas en la escuela local. Las medidas de protección otorgadas en septiembre por la Unidad Nacional de Protección (UNP) fuero n un botón de pánico, un celular y un chaleco antibalas. Sin embargo, no todos estos elementos eran idóneos teniendo en cuenta las dificultades de acceso y la falta de comunicaciones que existían en la zona donde la corregidora ejercía sus funciones.
28. El retraso de más de un mes en el otorgamiento de medidas de protección por la UNP derivó en el asesinato de un líder comunal y de un representante de las víctimas en Norte de Santander y Valle del Cauca en julio y septiembre, respectivamente.
2 De acuerdo con el ACNUDH, este riesgo se debe a la confluencia de diferentes tipos de violencia contra las mujeres, tales como asesinatos, violencia sexual, violencia intrafamiliar y violencia asociada al conflicto armado.A/HRC/40/3/Add.3 6 GE.19-01652
29. Por lo anterior, se debe priorizar el enfoque preventivo sobre la adopción de medidas de protección de carácter temporal. Para tal propósito, la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), el Plan de Acción Oportuna (véase el párr. 17) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad deberían ser espacios
Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), el Plan de Acción Oportuna (véase el párr. 17) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad deberían ser espacios adecuados para abordar este enfoque.
30. Por otro lado, la Fiscalía debe fortalecer la investigación penal para poder abordar los fenómenos de violencia en los que se enmarcan la mayoría de los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos y sancionar a los autores de estos crímenes y a los que los planifican. En ese sentido, las mesas regionales impulsadas por la Fiscalía y facilitadas por el ACNUDH tienen por o bjetivo identificar las causas estructurales de las agresiones a los defensores de los derechos humanos y son una valiosa iniciativa para impulsar la prevención.
31. El ACNUDH ha venido dialogando con el sector privado para promover medidas que fomenten e l respeto de los defensores de los derechos humanos mediante el reconocimiento de su labor, la condena de las agresiones de que son objeto y la promoción del diálogo social y las medidas de protección, entre ellas la realización de investigaciones por el E stado. En ese contexto, el ACNUDH destaca la iniciativa conjunta de las organizaciones sociales, el sector privado y otros agentes denominada “Ni uno más: Alianza civil por la democracia, la vida y el pluralismo”, que busca rechazar la violencia ejercida contra los defensores de los derechos humanos mediante la protección del derecho a la libertad de expresión y la diversidad. El Gobierno ha promovido iniciativas similares a nivel regional y local.
32. Durante su visita oficial a Colombia a finales de 2018 , el Relator Especial sobre la
a la libertad de expresión y la diversidad. El Gobierno ha promovido iniciativas similares a nivel regional y local.
32. Durante su visita oficial a Colombia a finales de 2018 , el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos resaltó la importancia de la labor de las personas defensoras de los derechos humanos como agentes de cambio que preservan la democracia y salvaguardan los principios del es tado de derecho, y subrayó que la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos debía ser ampliamente adoptada, sin restricciones indebidas. El Relator manifestó asimismo su preocupación por los mayores riesgos que afrontan los defensores de los derechos humanos en las zonas rurales, cuya lejanía los hace más vulnerables por estar menos conectados con las redes más amplias de defensores.
B. Participación
1. Procesos electorales en 2018
33. Durante el primer semestre de 2018 se celebraron las p rimeras elecciones legislativas y presidenciales luego de la firma del Acuerdo de Paz. El ACNUDH observó un número significativamente más bajo de acciones violentas durante las campañas electorales. La firma del Acuerdo ha mejorado las condiciones de segur idad para el ejercicio electoral. Sin embargo, el ACNUDH registró el asesinato de tres miembros del partido político FARC en las etapas preelectorales, y uno más cometido en el Cauca el día de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
34. Si bien se observó una mayor participación a nivel nacional, persiste el desafío de mejorar las condiciones de acceso a los puestos de votación para los habitantes de las zonas rurales aisladas, especialmente los pertenecientes a comunidades indígenas y
34. Si bien se observó una mayor participación a nivel nacional, persiste el desafío de mejorar las condiciones de acceso a los puestos de votación para los habitantes de las zonas rurales aisladas, especialmente los pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas. El ACNUDH observó esta necesidad en Amazonas, Chocó, Guaviare, Putumayo y Santander, entre otras zonas. Adicionalmente, existen aspectos normativos vigentes que dificultan el acceso al voto debido a las restricciones a la instalación de puestos el ectorales3. Al respecto, la Corte Constitucional se encuentra revisando una solicitud de amparo de derechos fundamentales relacionada con el ejercicio efectivo del derecho al voto promovida por representantes de comunidades indígenas de Chocó
(radicado núm. T-6.340.286).
3 Código Electoral, art. 99.A/HRC/40/3/Add.3 GE.19-01652 7
35. El ACNUDH observa que en las elecciones de 2018 disminuyó el porcentaje de mujeres presentes en el Congreso, pues, aunque obtuvieron los mismos escaños (56) que en las elecciones de 2014, el número total de curules pasó de 268 en 2014 a 279 en 2018. Sin embargo, hay paridad de género en el gabinete ministerial del Gobierno actual. Una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 es asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres a todos los niveles decisorios.
2. Participación en el marco de la implementación del Acuerdo
36. El Acuerdo de Paz asignó al partido político FARC 10 asientos en el Congreso. Si bien se tomó posesión de estas curules, tres fueron ocupadas por suplentes, una de ellas
2. Participación en el marco de la implementación del Acuerdo
36. El Acuerdo de Paz asignó al partido político FARC 10 asientos en el Congreso. Si bien se tomó posesión de estas curules, tres fueron ocupadas por suplentes, una de ellas debido a una situación jur ídica por definir bajo la revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La participación de los congresistas del partido FARC en las distintas comisiones legislativas contribuye significativamente a la reincorporación y participación política de los antiguos integrantes de las FARC-EP.
37. Durante la campaña para las elecciones presidenciales, el ACNUDH observó que algunos sectores de la sociedad eran reticentes a aceptar la participación del partido FARC como actor político legítimo. El Estado d ebe redoblar esfuerzos para garantizar esta participación; a su vez, el partido FARC debe reanudar las acciones dirigidas al reconocimiento de responsabilidad y la reparación en los territorios.
38. El ACNUDH considera preocupante que el Congreso no haya podido completar el trámite de aprobación de las Circunscripciones Especiales para la Paz en la presente legislatura y el proyecto de ley deba ser presentado nuevamente en 2019, lo que pone en riesgo el espacio de representación y participación en el Congr eso de las víctimas de las regiones más afectadas por el conflicto.
39. El ACNUDH observa que aún no se han aprobado las disposiciones sobre las garantías para la movilización y la protesta pacífica estipuladas en el Acuerdo. Sin embargo, el 3 de agosto d e 2018 el Ministerio del Interior expidió el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”, elaborado
embargo, el 3 de agosto d e 2018 el Ministerio del Interior expidió el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”, elaborado conjuntamente entre la sociedad civil y el Gobierno con la asesoría del ACNUDH.
