CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - A HRC 52 25
Consejo de Derechos Humanos
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- Título
- CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - A HRC 52 25
- Autor
- Consejo de Derechos Humanos
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Internacional_Publico
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GE.23-03531 (S) Consejo de Derechos Humanos 52º período de sesiones 27 de febrero a 4 de abril de 2023 Tema 2 de la agenda Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General Situación de los derechos humanos en Colombia Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Resumen En el presente informe, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos analiza la situación de los derechos humanos en Colombia en 2022. Hace énfasis en el impacto de la violencia territorial en los derechos humanos, el estado de implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en materia de derechos humanos, incluyendo la reforma rural y la justicia transicional, y el espacio cívico. Además, aborda la nueva polític a de “paz total” y la transición hacia un modelo de seguridad humana.
El resumen del presente informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. El informe propiamente dicho, que figura en el anexo, se distribuye únicamente en el idioma en que se presentó y en inglés. Este informe se presentó con retraso para incluir en él información sobre los acontecimientos más recientes.
Naciones Unidas A/HRC/52/25
Asamblea General Distr. general 21 de junio de 2023
Original: españolA/HRC/52/25
2 Anexo Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia
I. Introducción
21 de junio de 2023
Original: españolA/HRC/52/25
2 Anexo Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia
I. Introducción
1. En el presente informe, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos analiza la situación de los derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.
2. El 13 de marzo, tuvieron lugar elecciones legislativas, y se realizó la primera elección de las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz establecidas en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo de Paz) , suscrito en 2016 entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Estas curules, asignadas por dos períodos electorales, se crearon para garantizar la rep resentación política de las zonas más afectadas por el conflicto y con débil presencia institucional. Se postularon 403 personas.
Algunas de estas enfrentaron obstáculos para el libre desarrollo de su campaña , como impedimentos por parte de grupos armados no estatales para ingresar a las zonas incluidas en las circunscripciones para realizar campaña política, amenazas directas contra ellos o contra sus entornos y estigmatización. De 16 personas electas, 3 fueron mujeres. Algunas de las personas electas fueron cuestionadas porque no representarían a las víctimas y comunidades. Además, surgieron preocupaciones por la presunta presión de partidos políticos tradicionales y grupos armados no estatales en el proceso.
personas electas fueron cuestionadas porque no representarían a las víctimas y comunidades. Además, surgieron preocupaciones por la presunta presión de partidos políticos tradicionales y grupos armados no estatales en el proceso.
3. Las elecciones presidenciales fueron mayoritariamente pacíficas, con hechos aislados de violencia 1. El 19 de junio, en segunda ronda electoral, Gustavo Petro resultó electo Presidente y tomó posesión del cargo el 7 de agosto junto a Francia Márquez, defensora de derechos humanos del departamento del Cauca y primera mujer afrodescendiente en llegar a la vicepresidencia.
4. El nuevo Gobierno priorizó en sus primeros 100 días el desarrollo de una nueva política de “paz total”, que incluye la implementación integral del Acuerdo de Paz. Adoptó, en agosto, un Plan de emergencia para la protección de personas líderes sociales, defensoras de derechos humanos y firmantes de paz . En octubre, relanzó dos mecanismos clave para la implementación del Acuerdo de Paz: la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
5. En octubre, la Cámara de Representantes aprobó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
6. En 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) realizó 906 misiones al terreno y 319 actividades de fortalecimiento de capacidades con instituciones del Estado y la sociedad civil.
1 El 29 de mayo, en Meta, durante la primera vuelta electoral, miembros de un grupo armado no estatal
Humanos (ACNUDH) realizó 906 misiones al terreno y 319 actividades de fortalecimiento de capacidades con instituciones del Estado y la sociedad civil.
1 El 29 de mayo, en Meta, durante la primera vuelta electoral, miembros de un grupo armado no estatal atacaron a integrantes del Ejército cuando retiraban material electoral, dejando como resultado la muerte de un jurado de votación y un soldado herido. Durante el proceso de escrutinio, en Cauca, desconocidos asesinaron a dos líderes sociales en dos incidentes distintos. Ambas víctimas habrían apoyado la campaña del Presidente Gustavo Petro.A/HRC/52/25 3
II. Política de “paz total”
7. En julio, la Oficina del ACNUDH en Colombia publicó el informe Violencia territorial en Colombia : recomendaciones para el nuevo Gobierno 2, en el que se identificaban 156 municipios donde la violencia ejercida por grupos armados no estatales y organizaciones criminales había afectado gravemente la situación de los derechos humanos.
8. Estos grupos y organizaciones mantienen una presencia en varios territorios y ejercen control sobre la población , utilizando coerción, intimidación, violencia y amenazas para contrarrestar la oposición al desarrollo de sus actividades. Además de actos de violencia sexual, asesinatos y desapariciones, en varios territorios los grupos extorsionan, controlan o limitan la movilidad de la población y sus actividades productivas.
9. En algunos lugares, dichos grupos parecen suplantar funciones propias del Estado, regulando aspectos de la vida comunitaria y tomando decisiones sobre temas familiares o impartiendo “justicia”.
10. La violencia ejercida por actores armados en zonas rurales y en algunos centros
regulando aspectos de la vida comunitaria y tomando decisiones sobre temas familiares o impartiendo “justicia”.
10. La violencia ejercida por actores armados en zonas rurales y en algunos centros urbanos afecta severamente los liderazgos y la vida en las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y a las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+. En este contexto se cometen la mayoría de los homicidios de personas defensoras de derechos humanos, afectando la capacidad organizativa de las comunidades y su tejido social.
11. En el informe, el ACNUDH resaltó la responsabilidad del Estado, como garante de los derechos humanos, de proteger a las poblaciones y señaló su preocupación frente a casos de presunta connivencia entre agentes del Estado y grupos armados no estatales.
12. En respuesta a esta situación de violencia, el nuevo Gobierno lanzó la política de “paz total”3, que incluye el compromiso de fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz , la apertura de diálogos con todos los grupos armados presentes en los territorios y el desarrollo de un nuevo enfoque de seguridad humana.
13. En el marco de esta nueva política, el Gobierno reanudó en noviembre los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional 4 y ha realizado acercamientos con otros grupos. En septiembre, el Alto Comisionado para la Paz anunció la voluntad de diálogo de varios actores armados y la posibilidad de un cese al fuego multilateral5. El 31 de diciembre, el Presidente Gustavo Petro anunció6 el cese al fuego bilateral con cinco grupos armados no estatales y organizaciones criminales7.
14. El 4 de noviembre, el Presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2272 de 2022, que
Gustavo Petro anunció6 el cese al fuego bilateral con cinco grupos armados no estatales y organizaciones criminales7.
14. El 4 de noviembre, el Presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2272 de 2022, que define el marco legal de la política de “paz total” como política de Estado y ratifica el nuevo enfoque de seguridad humana. Mediante esta Ley se crea una comisión para calificar el tipo de organizaciones con las que se comenzará un diálogo político y con las que se dará un proceso de acogimiento a la justicia. También se posibilita la realización de acuerdos parciales y totales con los diferentes actores del conflicto armado, incluidos acuerdos humanitarios.
15. En la Ley 2272 se expresó que la política de paz debe garantizar la participación efectiva de las mujeres y de la sociedad civil, al incorporar los enfoques diferenciales de manera interseccional y territorial y el principio de la centralidad de las víctimas 8. Es
2 El informe puede consultarse en www.hchr.org.co/informes_tematicos/violencia-territorial-encolombia-recomendaciones-al-nuevo-gobierno/. 3 Véase la Ley 2272 de 2022, que puede consultarse en www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=197883. 4 Véase https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Gobierno-del-Cambio-y-guerrilla-del-ELNreanudaran-este-lunes-negociacion-221119.aspx. 5 Véase www.elcolombiano.com/colombia/gustavo-petro-y-danilo-rueda-explican-cese-multilateralreanudaran-este-lunes-negociacion-221119.aspx. 5 Véase www.elcolombiano.com/colombia/gustavo-petro-y-danilo-rueda-explican-cese-multilateraldel-fuego-con-eln-exfarc-disidencias-y-narcobandas-PG18695802. 6 Véase https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Presidente-Petro-anuncia-cese-al-fuegobilateral-con-5-organizaciones-armad-221201.aspx. 7 El 31 de diciembre, el Gobierno expidió los Decretos 2656, 2658, 2659 y 2660. 8 Ley 2272, cap. I, art. 2º b, y cap. II, art. 8C.A/HRC/52/25 4 fundamental que se implementen esfuerzos para materializar dicha participación y que de manera simultánea se pueda avanzar en acuerdos que contribuyan a mitigar el impacto de la violencia en la población civil. Para alcanzar la “paz total”, es esencial fortalecer el Estado de derecho y el desarrollo participativo en los territorios afectados por la violencia. Esto requiere el fortalecimiento de la institucionalidad civil del Estado, combatiendo situaciones de corrupción y connivencia e implementando efectivamente el Acuerdo de Paz.
III. Implementación del Acuerdo de Paz
16. En seguimiento a lo establecido en el Acuerdo de Paz, el ACNUDH incorpora un capítulo de seguimiento a los aspectos de derechos humanos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz.
A. Reforma rural integral y política de drogas
17. El nuevo Gobierno anunció un cambio en la política de drogas, con un enfoque menos
capítulo de seguimiento a los aspectos de derechos humanos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz.
A. Reforma rural integral y política de drogas
17. El nuevo Gobierno anunció un cambio en la política de drogas, con un enfoque menos punitivo, más social y de salud pública. Particularmente, anunció que privilegiaría la política de sustitución de cultivos sobre otros mecanismos, y la inclusión de un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas de drogas9. La anterior Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que este enfoque podría ser instrumental para proteger de mejor manera los derechos de los campesinos, de las comunidades indígenas y afrocolombianas y de las personas que usan drogas, tanto en Colombia como de manera global10.
18. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos presenta aún retos en cuanto a su nivel de implementación. El avance en la erradicación voluntaria de cultivos en el Programa es de un 75,07 % respecto a la meta del cuatrienio11. La Procuraduría señala un aumento del 21 % en el número de familias que son retiradas del Programa de sustitución por el incumplimiento de obligaciones o por no acreditar los requisitos de ingreso al Programa12. La Contraloría General de la República ha reportado preocupaciones en el manejo de los recursos del Programa13.
19. En noviembre, el Estado env ió notificación al Secretario General , manifestando su adhesión a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derecho s de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.
20. El Gobierno anunció la compra de tierras para alimentar el Fondo Nacional de Tierras,
adhesión a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derecho s de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.
20. El Gobierno anunció la compra de tierras para alimentar el Fondo Nacional de Tierras, con el fin de avanzar en la asignación de tierras al campesinado. Esto incluye la firma, en octubre, de un acuerdo con el gremio ganadero14.
21. Las mujeres en el mundo rural enfrentan mayores dificultades para el acceso, el uso y la tenencia de la tierra. Por cada cinco mujeres campesinas beneficiarias de programas de
9 Véase https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/La-paz-en-Colombia-afecta-de-manerapositiva-el-trabajo-con-Estados-Unidos-221003.aspx. 10 Véase www.hchr.org.co/historias_destacadas/una-politica-de-drogas-mas-social-podria-protegermejor-a-campesinos-indigenas-y-afrodescendientes-en-colombia-michelle-bachelet/. 11 Véase www.procuraduria.gov.co/Documents/Cuarto%20Informe%20Seguimiento%20al%20Acuerdo%20de %20Paz_Radicaci%C3%B3n%20%281%29.pdf. 12 Ibid. 13 Véase www.contraloria.gov.co/documents/20125/2968463/011.+Resumen+Ejecutivo+-
+Sexto+Informe+de+Seguimiento+a+los+Recursos+del+Posconflicto+2022.pdf/3274882a-37d25524-0348-2db480837ec1?t=1669298586050. 14 Véase www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/ACUERDO-PARA-LAMATERIALIZACI%C3%93N-DE-LA-PAZ-TERRITORIAL-Compra-directa-de-tierras-para-laconstrucci%C3%B3n-de-la-Reforma-Rural-In.aspx.A/HRC/52/25 5 tierras, hay ocho hombres beneficiarios. De los baldíos adjudicados en el marco del Acuerdo de Paz entre 2016 y 2018, un 38 % fueron para mujeres15.
22. La Mesa Nacion al de Seguimiento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial instó16 al Gobierno a buscar una mayor participación de las comunidades, reconocer la agricultura familiar y comunitaria y avanzar en la democratización del acceso a la tierra. La Mesa también indicó que las hojas de ruta diseñadas para cumplir el Acuerdo de Paz desconocen los indicadores del Plan Marco de Implementación sobre garantías a los derechos territoriales de los pueblos étnicos.
23. El Congreso analiza dos iniciativas legislativas importantes para la reforma rural integral: la creación de una jurisdicción especial agraria17 para abordar los conflictos por el territorio en la ruralidad, y el reconocimiento del campesinado y otras personas que trabajan en zonas rurales como sujetos de derechos, mediante la incorporación en el bloque de constitucionalidad18 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
territorio en la ruralidad, y el reconocimiento del campesinado y otras personas que trabajan en zonas rurales como sujetos de derechos, mediante la incorporación en el bloque de constitucionalidad18 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. De aprobarse, estos proyectos de ley constituirían avances importantes.
B. Justicia transicional
24. El Informe Final 19 de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad , la Convivencia y la No Repetición, que se publicó e n junio, fundamenta sus hallazgos en los testimonios individuales y colectivos de más de 30.000 víctimas y en más de 500 encuentros de diálogo y reconocimiento con amplios sectores de la sociedad colombiana.
25. La divulgación del informe y el cumplimiento de sus recomendaciones contribuirán a que la sociedad colombiana conozca la historia del conflicto armado y se garantice la no repetición. El informe es un instrumento para la implementación integral del Acuerdo de Paz, y para combatir la impunidad y superar la militarización de la seguridad, la desprotección del campesinado, la discriminación y la violencia y su impacto desproporcionado sobre pueblos étnicos, mujeres, niñas y niños.
26. El Comité de Seguimiento y Monitoreo, creado en agosto de 2022 por siete años, verificará la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad . El ACNUDH ha contribuido a la puesta en marcha del Comité de Seguimiento y continuará apoyando los esfuerzos para el cumplimiento de las recomendaciones. Es fundamental que el Estado garantice las condiciones para el funcionamiento del Comité de Seguimiento.
ACNUDH ha contribuido a la puesta en marcha del Comité de Seguimiento y continuará apoyando los esfuerzos para el cumplimiento de las recomendaciones. Es fundamental que el Estado garantice las condiciones para el funcionamiento del Comité de Seguimiento.
27. La búsqueda liderada por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas requiere que las entidades estatales —poderes ejecutivo y judicial — en los ámbitos nacional y local garanticen el acceso efectivo a la información y avancen en la articulación y coordinación institucional para fortalecer la búsqueda.
28. La implementación de los planes regionales de búsqueda ha permitido avanzar en el hallazgo de person as dadas por desaparecidas. No obstante, se ve limitada por la crítica situación de seguridad en departamentos como Arauca, Chocó y Norte de Santander, y en regiones como el Pacífico Medio y Nariñense, entre otros. En la estrategia de impulso a la identificación se han abordado 34.238 expedientes de cuerpos no identificados.
15 Véase https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND-Pacto-por-Colombia-pacto-por-la-equidad2018-2022.pdf. 16 Véase www.cinep.org.co/Home2/images/2021Noticias/ComunicadoMesaPDET.docx.pdf?utm _source=MesaPDET. 17 Véase http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-20222024/2607-proyecto-de-ley-056-de-2022.
_source=MesaPDET. 17 Véase http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-20222024/2607-proyecto-de-ley-056-de-2022. 18 Véase http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/ Ponencias/2022/gaceta_1279.pdf. 19 Véase www.comisiondelaverdad.co.A/HRC/52/25 6
29. La aceptación en agosto por parte del Estado de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones individuales20 constituye un importante avance para la búsqueda, la investigación y la erradicación de la desaparición forzada.
30. Las audienci as de reconocimiento de responsabilidad —adelantadas por la Jurisdicción Especial para la Paz en los casos sobre secuestros (caso 01) y ejecuciones extrajudiciales (caso 03) a nivel nacional, en Bogotá y en los departamentos de l Cesar y de Norte de Sa ntander— son hitos significativos para el conocimiento de la verdad. También han sido importantes las medidas cautelares que protegen lugares en los que habría víctimas de desaparición en Antioquia y Valle del Cauca, entre otros. El ACNUDH valora la apertura de tres nuevos macrocasos 21 y reitera la importancia de la apertura formal del macrocaso sobre violencia sexual22.
31. Las tres primeras resoluciones de conclusiones en los macrocasos 01 y 03 son avances para garantizar la justicia y demuestran la capacidad de la Jurisdicción Especial para la Paz para superar la impunidad. Las sanciones propias que sean impuestas por el Tribunal para la
para garantizar la justicia y demuestran la capacidad de la Jurisdicción Especial para la Paz para superar la impunidad. Las sanciones propias que sean impuestas por el Tribunal para la Paz deben considerar las preocupaciones y propues tas presentadas por las víctimas. Se debe garantizar su participación a través de observaciones en los procesos judiciales, así como en la etapa de implementación de las sentencias. El cumplimiento de las condiciones que las/los comparecientes asumi eron en virtud de su sometimiento ante la Jurisdicción Especial es necesario para asegurar una verdad plena.
32. El ACNUDH conoció preocupaciones de grup os de víctimas relacionadas con la sentencia interpretativa 323 de la Jurisdicción Especial para la Paz que consideran que limita su participación. Las víctimas también señalaron desafíos que han enfrentado en algunas diligencias y espacios de participación. El ACNUDH reitera que el principio de centralidad de las víctimas se garantiza a través de los estándares sobre acceso a la justicia, igualdad de partes y participación.
C. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
33. En el Informe Final de la Comisión de la Verdad se señala que, entre 1995 y 2004, fueron despojadas o abandonadas más de ocho millones de hectáreas de tierra24. Según la Unidad de Restitución de Tierras, tras diez años de implementación de la Ley de Víctimas se han restituido más de 568.000 hectáreas 25. Avanzar de manera decidida en los proces os de restitución de tierras implica fortalecer los procesos administrativos de la Unidad, asegurando una adecuada representación de las víctimas, y reforzar el componente de seguridad para los
restitución de tierras implica fortalecer los procesos administrativos de la Unidad, asegurando una adecuada representación de las víctimas, y reforzar el componente de seguridad para los reclamantes. Asimismo, se deben fortalecer los procesos judici ales para resolver el represamiento de casos.
34. Según información de la Unidad de Restitución de Tierras, se han dictado 7.791 sentencias de restitución que han beneficiado a 85.588 personas. Existen 57 despachos judiciales en todo el país para resolver 19.272 demandas de restitución 26. La Unidad sigue teniendo un gran reto en materia de restitución de territorios étnicos. Se han presentado 822 solicitudes sobre territorios de Pueblos Indígenas y afrodescendientes, pero solo se han
20 Véase https://treaties.un.org (Status of Multilateral Treaties Deposited with the Secretary General, cap. IV.16). 21 Caso 08: Crímenes cometidos por la Fuerza Pública, agentes de Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado; caso 09: Crímenes contra pueblos y territorios étnicos en el conflicto armado, y caso 10: Crímenes no amnistiables cometidos por las extintas FARC-EP en el marco del conflicto armado colombiano. 22 https://jurinfo.jep.gov.co/normograma/compilacion/docs/auto_srvr-103_11-julio-2022.htm.
23 https://jurinfo.jep.gov.co/normograma/compilacion/docs/pdf/Sentencia-interpretativa_TP-SA-SENIT03_28-abril-2022.pdf. 24 Véase www.comisiondelaverdad.co/sites/default/files/descargables/202206/Informe%20Final%20capi%CC%81tulo%20Hallazgos%20y%20recomendaciones.pdf. 25 www.urt.gov.co/estadisticas-de-restitucion-de-tierras. 26 Ibid.A/HRC/52/25 7 procesado administrativamente 235 demandas para su trámite ante la justicia. De estas, en 24 casos se ha logrado llegar a sentencia. Sectores sociales solicitaron al Gobierno la revisión de los más de 57.000 casos que fueron rechazados para restitución de tierras y que, por l o tanto, no hacen parte del registro de tierras. En noviembre, el Gobierno expidió la Circular núm. 00021, mediante la cual se elimina el Equipo de Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y de Infraestructura de la Unidad.
D. Desmantelamiento y sometimiento a la justicia
35. El Presidente Gustavo Petro reactivó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en octubre, que ya ha registrado algunos avances hacia la adopción de los lineamientos de política pública de desmantelamiento de conductas y organizaciones criminales. Esta política debe definirse lo más pronto posible y debe considerar las dinámicas y los análisis territoriales en su implementación y seguimiento. Según buenas prácticas identificadas por el ACNUDH , el desmantelamiento debe orientarse hacia los factores que facilitan el fenómeno criminal. Estas prácticas recomiendan la aplicación simultánea de cinco medidas,
territoriales en su implementación y seguimiento. Según buenas prácticas identificadas por el ACNUDH , el desmantelamiento debe orientarse hacia los factores que facilitan el fenómeno criminal. Estas prácticas recomiendan la aplicación simultánea de cinco medidas, que corresponden con obligaciones internacionales de l Estado en derechos humanos: inversión social, fortalecimiento de la justicia, lucha contra la corrupción, afectación al patrimonio criminal y sometimiento a la justicia. En el marco de esta última medida, debe incluirse la reparación a las víctimas y la exposición de la red criminal27.
36. La participación de comunidades afectadas y pueblos étnicos –incluyendo la participación de mujeres – para definir la orientación de las medidas de desmantelamiento relacionadas con la inversión social, el fortalec imiento de la justicia y la lucha contra la corrupción es fundamental para el éxito de este propósito. Para ello, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad debe incrementar sus esfuerzos para canalizar las propuestas de las comunidades y pueblos étnicos y garantizar adecuadamente su seguridad.
E. Capítulo étnico
37. Los informes de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos para seguimiento de la implementación de l Acuerdo de Paz 28, del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano29 y de instituciones como la Procuraduría General de la Nación 30 y el Instituto Kroc 31 coinciden en señalar mínimos avances en la implementación del capítulo
27 Véase la presentación de Edgardo Buscaglia “Paradoja de la represión: la impotencia del Estado ante la delincuencia organizada” (2011), que puede consultarse en
27 Véase la presentación de Edgardo Buscaglia “Paradoja de la represión: la impotencia del Estado ante la delincuencia organizada” (2011), que puede consultarse en www.casamerica.es/index.php/temastv/paradoja-de-la-represion-la-impotencia-del-estado-ante-ladelincuencia-organizada. Véase también Edgardo Buscaglia, “La integración vertical de la delincuencia organizada vinculada a la corrupción política: un análisis jurimétrico del decomiso de activos y los derechos humanos”, en Carlos Tablante y Mariela Morales Antoniazzi (eds.), Impacto de la corrupción en los derechos humanos, Querétaro (México), Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2018, págs. 239 a 293, que puede consultarse en https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/5096-impacto-de-la-corrupcion-en-los-derechoshumanos. 28 Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos de Colombia, “Informe de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del capítulo étnico del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” (diciembre de 2021), que puede consultarse en www.cenpaz.com/2022/01/informe-ieanpe-2016-2021-de-seguimiento.html. 29 Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, “II Informe de balance de la implementación del capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz: 5 años de incumplimiento” (agosto de 2022), que puede consultarse en https://conpapaz.org/.
29 Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, “II Informe de balance de la implementación del capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz: 5 años de incumplimiento” (agosto de 2022), que puede consultarse en https://conpapaz.org/. 30 www.procuraduria.gov.co/portal/media/docs/Procuradur%C3%ADa%20- %20Informe%20Final%20Cap%C3%ADtulo%20%C3%89tnico%202020%20- %20Agosto%202021.pdf. 31 Instituto Kroc de Estudios Internacionales sobre la Paz, “Informe trimestral: estado efectivo de la implementación del Acuerdo Final, julio-septiembre de 2022” (diciembre de 2022), que puede consultarse en https://curate.nd.edu/show/4f16c250g77.A/HRC/52/25 8 étnico del Acuerdo de Paz. Según el Instituto Kroc , a septiembre de 2022 solo se ha bían implementado completamente el 13 % de las 80 disposiciones incluidas en el capítulo étnico.
38. El ACNUDH observó retrocesos en la protección de los derechos a la vida, a la movilidad, al territorio y al gobierno propio de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes en Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca. El Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano atribuye el alto nivel de incumplimiento del capítulo étnico a la persistencia del conflicto armado y la crisis humanitaria que siguen afectando a los pueblos étnicos32.
39. La falta de consulta previa, libre e informada en programas y proyectos para la
del capítulo étnico a la persistencia del conflicto armado y la crisis humanitaria que siguen afectando a los pueblos étnicos32.
