CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - A HRC 55 23

GE.24-02789 (S) 110724 120724 Consejo de Derechos Humanos 55º período de sesiones 26 de febrero a 5 de abril de 2024 Tema 2 de la agenda Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General Situación de los derechos humanos en Colombia Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Resumen En el presente informe se analiza la situación de los derechos humanos en Colombia en 2023, con énfasis en el impacto de la violencia territorial en los derechos humanos, las políticas de paz, de seguridad y de desmantelamiento , en el estado de implementación del Acuerdo de Paz en materia de derechos humanos, y en el espacio cívico.

Este informe se presentó a los servicios de conferencias para su tramitación fuera del plazo establecido a fin de incluir en él la información más reciente. El resumen del presente informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. El informe propiamente dicho, que figura en el anexo, se distribuye únicamente en el idioma en que se presentó y en inglés.

Naciones Unidas A/HRC/55/23

Asamblea General Distr. general 12 de julio de 2024

Original: españolA/HRC/55/23

2 Anexo Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia

I. Introducción

1. En el presente informe, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) analiza la situación de los derechos humanos en

derechos humanos en Colombia

I. Introducción

1. En el presente informe, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) analiza la situación de los derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.

2. En enero, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para l os Derechos Humanos, Volker Türk, realizó una visita a Colombia, y sostuvo reuniones con varias de las más altas autoridades del país, incluido el Presidente de la República1. En el marco de su visita, firmó un nuevo acuerdo relativo a la oficina del ACNU DH en Colombia con el Gobierno colombiano, por el que se extiende la presencia del ACNUDH en el país hasta 2032.

3. A iniciativa de Colombia, el 13 de julio de 2023, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 53/22 sobre el fortalecimiento de la cooperación técnica y el fomento de la capacidad en la esfera de los derechos humanos en Colombia. Por medio de esta resolución se solicita al ACNUDH que ofrezca e intensifique, inter alia, la asistencia técnica para ayudar a Colombia a implementar las reco mendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

4. En virtud de lo establecido en esa misma resolución, el 26 de julio de 2023, el Alto Comisionado nombró a Antonia Urrejola Noguera como la experta internacional en derechos humanos encargada de detectar y verificar los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz de 2016, en particular los que anunció públicamente en marzo de 2023 la Jurisdicción Especial para la Paz. La experta presentará su informe ante el Consejo de Derechos Humanos

de paz de 2016, en particular los que anunció públicamente en marzo de 2023 la Jurisdicción Especial para la Paz. La experta presentará su informe ante el Consejo de Derechos Humanos en su 55º período de sesiones.

5. En noviembre, se llevó a cabo el examen periódico universal de Colombia. Durante la revisión, 82 países formularon recomendaciones al Estado. El Comité contra la Tortura2 y el Comité de Derechos Humanos 3 publicaron sus observaciones finales sobre los informes periódicos de Colombia en junio y septiembre, respectivamente. La Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños y el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición realizaron visitas oficiales a Colombia en mayo y en septiembre, respectivamente. La Oficina saluda la apertura y cooperación del Gobierno con los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos y los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas.

6. La Oficina considera positiva la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad 4, con el objetivo, inter alia, de facilitar la adopción e implementación eficaz de políticas públicas y medidas para la eliminación de la desigualdad en todos los ámbitos e impulsar el goce efectivo del derecho a la igualdad de las comunidades y poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad.

7. En mayo, el Congreso de la República aprobó el Pla n Nacional de Desarrollo 2022-20265. La Oficina reconoce la importancia de la inclusión del enfoque basado en los

1 Véase https://www.ohchr.org/es/statements/2023/01/un-high-commissioner-human-rights-volker2022-20265. La Oficina reconoce la importancia de la inclusión del enfoque basado en los

1 Véase https://www.ohchr.org/es/statements/2023/01/un-high-commissioner-human-rights-volkerturk-concludes-official-visit-colombia. 2 Véase CAT/C/COL/CO/6. 3 Véase CCPR/C/COL/CO/8. 4 Véase https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=200325#:~:text=Cr% C3%A9ase%20el%20Ministerio%20de%20Igualdad,sus%20entidades%20adscritas%20o%20vincula das. 5 Véase https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-20222026-colombia-potencia-mundial-de-la-vida.pdf.A/HRC/55/23 3 derechos humanos y de género, territorial y del fortalecimiento del ejercicio del derecho a la participación de la ciudadanía, en particular l os pueblos étnicos y grupos en situación de vulnerabilidad, en la elaboración del plan. El plan contiene líneas de acción sobre la protección de los derechos humanos, enfocándose en la consolidación de la paz, la protección del agua y el cuidado del ambiente, la justicia social y la seguridad humana, así como en acciones encaminadas a garantizar el derecho a la alimentación de la población, entre otros.

8. En octubre se llevaron a cabo las elecciones departamentales y municipales para el período comprendido entre 2024 y 2027. En algunas partes del país , los abusos cometidos

acciones encaminadas a garantizar el derecho a la alimentación de la población, entre otros.

8. En octubre se llevaron a cabo las elecciones departamentales y municipales para el período comprendido entre 2024 y 2027. En algunas partes del país , los abusos cometidos por grupos armados no estatales y organizaciones criminales afectaron el ejercicio de los derechos civiles y políticos, inclu ido el derecho a la vida. Entre el 1 de enero y el 29 de octubre, la Oficina recibió información de 46 personas (41 hombres y 5 mujeres) con algún tipo de liderazgo político asesinadas. De estos 46 casos, 11 eran personas candidatas y 12 desarrollaban una actividad política preelectoral. Entre las víctima s se encuentran siete afrodescendientes, cinco indígenas y ocho campesinos. Los departamentos donde se presentaron estos hechos son Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Guaviare, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca. Igualmente, durante este período, la Oficina documentó amenazas, atentados contra personas y sedes de partidos políticos, hostigamientos y prohibiciones de actividades de campaña, incluidos casos de violencia de género en contra de mujeres y personas LGBTIQ+ participantes en el proceso presuntamente cometidos por actores armados no estatales.

9. En 2023, el ACNUDH en Colombia realizó aproximadamente 962 misiones al terreno y 278 actividades de fortalecimiento de capacidades con instituciones del Estado y l a sociedad civil.

II. Violencia territorial, conflicto armado, seguridad y derechos humanos

A. Situación de seguridad y de derechos humanos

y 278 actividades de fortalecimiento de capacidades con instituciones del Estado y l a sociedad civil.

II. Violencia territorial, conflicto armado, seguridad y derechos humanos

A. Situación de seguridad y de derechos humanos

10. A pesar de una disminución en algunos indicadores de violencia en 2023, la continua expansión territorial y las estrategias violentas de control social y territorial 6 de grupos armados no estatales y organizaciones criminales contra la población civil, organizaciones étnico-territoriales y de base siguen poniendo en riesgo la pervivencia física y cultural de varios pueblos y procesos organizativos históricos.

11. La Oficina recibió 123 alegaciones de posibles masacres 7 en 2023. De estas, se verificaron 98 y 25 fueron consideradas no concluyentes. Se observa un incremento del 6,5 % respecto de las masacres verificadas de 2022. En las masacres verificadas , se registraron 320 víctimas (242 hombres, 46 mujeres, 25 niños y 7 niñas). Del total de víctimas, 18 pertenecían a pueblos étnicos (15 indígenas y 3 afrodescendientes). Los depart amentos más afectados fueron Antioquia, Atlántico, Cauca, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca. En el 93 % de las masacres verificadas, la presunta autoría recayó en grupos armados no estatales y organizaciones criminales.

12. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, en 2023 , aproximadamente 62.967 personas han sido desplazadas y 87.646 personas se han visto confinadas. Estas cifras representan una disminución del 22 ,9 % en desplazamientos y

aproximadamente 62.967 personas han sido desplazadas y 87.646 personas se han visto confinadas. Estas cifras representan una disminución del 22 ,9 % en desplazamientos y del 14,3 % en confinamientos, respecto de la información de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios para 2022. Un 55 % de las personas desplazadas y un 79 % de las confinadas en 2023 pertenece a pueblos étnicos. Los departamentos más afectados por el desplazamiento fueron Bolívar, Cauca, Nariñ o y Valle del Cauca, y , por confinamiento ,

6 Se entiende por “control social” las estrategias de amedrentamiento, acoso, presión, extorsión y otras acciones con el objetivo de controlar a la población y los territorios por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales. 7 A efectos del presente informe, se entiende por “masacre” la ejecución extrajudicial de tres o más personas en un mismo evento, o en eventos relacionados por la autoría, el lugar y el tiempo. Véase E/CN.4/2000/11, párr. 27.A/HRC/55/23 4 Caquetá, Cauca, Chocó y Nariño. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios también informó que, en 2023, 20.370 personas se vieron afectadas por limitaciones al acceso humanitario, siendo los departamentos más afectados Amazonas, Chocó, Norte de Santander y Putumayo. La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal registró 85 accidentes con minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, durante 2023 , siendo los departamentos más afectados Bolívar, Chocó y

85 accidentes con minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, durante 2023 , siendo los departamentos más afectados Bolívar, Chocó y Nariño8.

13. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia verificó el asesinato de 48 antiguos integrantes de las FARC -EP en 2023. Esto representa una disminución del 5,9 % respecto a 2022. Desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 408 antiguos integrantes de las FARC-EP, incluyendo 11 mujeres.

14. La Oficina recibió 100 alegaciones de violencia basada en género, incluyendo violencia sexual, en el marco del conflicto armado. Se verificaron 53 casos en Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Meta, Nariño y Norte de Santander. Entre ellos, la Oficina documentó algunos casos de trata con fines de explotación sexual contra niñas por parte de grupos armados no estatales, que las estarían transportando a sus campamentos para ser explotadas sexualmente por sus integrantes en Chocó y Nariño. La Oficina documentó también algunos casos de violaciones de mujeres y niñas en el marco del control social ejercido por estos grupos , incluyendo casos que habrían ocurrido en la presencia de familiares.

15. El ACNUDH continuó documentando feminicidios, violencia sexual y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de grupos armados no estatales contra mujeres acusadas de ser pareja de miembros de grupos rivales o de integrantes de la Fuerza Pública. También conoció situaciones de amenazas, desplazamiento o violencia contra personas LGBTIQ+ por

inhumanos y degradantes por parte de grupos armados no estatales contra mujeres acusadas de ser pareja de miembros de grupos rivales o de integrantes de la Fuerza Pública. También conoció situaciones de amenazas, desplazamiento o violencia contra personas LGBTIQ+ por su orientación sexual o identidad de género. La mayoría de los casos no son denunciados, lo que muestra la necesidad de implementar estrategias para la atención integral y confidencial a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ en los territorios.

16. La Oficina verificó 134 casos de reclutamiento, uso o utilización de la niñez en el conflicto armad o por parte de grupos armados no estatales y organizaciones crimin ales (86 niños, 42 niñas, 6 sin confirmación de género). Persiste un alto subregistro en estas violaciones, por lo que estas cifras son solo una muestra de un fenómeno de mayor magnitud.

Preocupa particularmente que, en 75 casos, las víctimas pertenecían a pueblos étnicos (71 indígenas y 4 afrodescendientes). En 37 de los casos, las víctimas sufrieron múltiples violaciones de derechos.

17. La mayoría de los casos documentados de reclutamiento, uso o utilización de niños y niñas sucedieron en Antioquia, Arauca, Cauca y Nariño. Al menos 11 víctimas fueron reclutadas en escuelas por grupos armados no estatales ubicados en centros educativos y sus inmediaciones, o utilizando a otros niños y niñas para reclutarlas. Se han identificado , además, rutas habituales de reclutamiento y lugares donde las víctimas son sometidas a instrucción dentro del grupo e incluso a pruebas médicas. En 16 casos se reportaron amenazas contra las víctimas, sus famili ares o sus autoridades tradicionales. Cinco niños fueron

además, rutas habituales de reclutamiento y lugares donde las víctimas son sometidas a instrucción dentro del grupo e incluso a pruebas médicas. En 16 casos se reportaron amenazas contra las víctimas, sus famili ares o sus autoridades tradicionales. Cinco niños fueron judicializados por haber pertenecido a un grupo armado no estatal, en lugar de restablecerse sus derechos y reconocerse su calidad de víctima. Según la Fiscalía, el 40 % de las investigaciones activa s por el delito de reclutamiento cometido en 2023 se concentra en Cauca, Nariño y Valle del Cauca. La Fiscalía indica que en Caquetá, Huila y Putumayo la variación porcentual de casos comparada con 2022 es superior al promedio 9.

18. La Oficina observó con preocupación la implementación del denominado “plan pistola”10 por parte de algunos grupos armados no estatales y organizaciones criminales. De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional, en 2023 fueron

8 Véase https://www.datos.gov.co/Inclusi-n-Social-y-Reconciliaci-n/Situaci-n-V-ctimas-MinasAntipersonal-en-Colombia/yhxn-eqqw/data_preview. 9 Observaciones transmitidas por Colombia el 30 de enero de 2024. 10 Orden para asesinar sistemáticamente a miembros de la Fuerza Pública en funciones o descanso, durante un tiempo y lugar determinado, otorgando un pago por cada policía o militar asesinado que se incrementa en función del rango de la víctima.A/HRC/55/23 5 asesinadas 84 personas integrantes de la Fuerza Pública y otras 380 resultaron heridas, lo que

incrementa en función del rango de la víctima.A/HRC/55/23 5 asesinadas 84 personas integrantes de la Fuerza Pública y otras 380 resultaron heridas, lo que representa una reducción del 35 % y el 47 % respectivamente respecto de 2022.

19. El ACNUDH considera que es necesario realizar todos los esfuerzos posibles para lograr una mejor articulación estatal, a nivel territorial, al momento de implementar las políticas de paz total, de desmantelamiento de organizaciones criminales que atentan c ontra la construcción de la paz, incluidas las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo (política de desmantelamiento), de seguridad, defensa y convivencia ciudadana : Garantías para la Vida y la Paz 2022 -2026 (política de seguridad) y la Política Nacional de Drogas 2023 -2033: “Sembrando vida, Desterramos el narcotráfico” (política de drogas).

Igualmente, considera esencial empoderar a las organizaciones étnico-territoriales y de base, como eje fundamental para priorizar la protección d e la población civil y del territorio. En particular, es necesario una mejor coordinación entre las autoridades locales, regionales y nacionales para la articulación y ejecución de las diferentes políticas, y con el fin de fortalecer la presencia del Estado en los territorios.

B. Fuerza Pública

20. La Oficina recibió 37 alegaciones de privaciones arbitrarias a la vida que habrían cometido integrantes de la Policía y las fuerzas militares, de las cuales 30 fueron verificadas por la Oficina y 7 continúan en proceso de verificación. En las 30 alegaciones verificadas se registran como víctimas 26 hombres, 2 niños y 2 niñas. Cuatro víctimas eran

por la Oficina y 7 continúan en proceso de verificación. En las 30 alegaciones verificadas se registran como víctimas 26 hombres, 2 niños y 2 niñas. Cuatro víctimas eran afrodescendientes. Las alegaciones verificadas ocurrieron en 13 departamentos, siendo los principales Atlántico, Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. En 21 de las 30 alegaciones verificadas, la presunta responsabilidad es de integrantes de la Policía, y en 9 es de miembros de las fuerzas militares. La Oficina transmitió estas 37 alegaciones al Ministerio de Defensa, que inició acciones para determinar si hubo una violación al derecho a la vida y le solicitó que, de ser así, se inicien las acciones disciplinarias correspondientes y las acciones penales por parte de la jurisdicción ordinaria.

21. La Oficina valora los avan ces de la Fiscalía General de la Nación en 2023 en la investigación de los hechos ocurridos en Alto Remanso (Putumayo) en marzo de 2022, donde 11 personas perdieron la vida en el marco de una acción del Ejército. Sin embargo, considera que la gravedad de los hechos que están siendo investigados requiere que el proceso judicial se lleve a cabo con más celeridad en el marco de la justicia ordinaria, d ado que la justicia penal militar carece de competencia para investigar presuntas graves violaciones de derechos humanos atribuidas a la Fuerza Pública11.

22. La Oficina recibió también 36 alegaciones de otras presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública, de las que ha verificado 18.

Las alegaciones fueron transmitidas al Ministerio de Defensa para que inicie las investigaciones correspondientes. Estas violaciones consistieron en: torturas; tratos crueles,

derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública, de las que ha verificado 18. Las alegaciones fueron transmitidas al Ministerio de Defensa para que inicie las investigaciones correspondientes. Estas violaciones consistieron en: torturas; tratos crueles, inhumanos o degradantes; violencia basada en género, inclu ida la violencia sexual; violaciones y amenazas a la integridad personal; detenciones arbitrarias , y discriminación. La Oficina también siguió recibiendo información sobre casos de corrupción y/o de connivencia entre miembros de la Fuerza Pública y organizaciones criminales o grupos armados no estatales, así como casos de omisión en su deber de protección de comunidades y/o víctimas.

23. La Oficina recibió con preocupación dos nuevas alegaciones de violacion es a los derechos humanos de niñas en Bolívar, que incluyen violencia sexual y basada en género, presuntamente cometidas por miembros de las fuerzas militares y de la Policía12. La Oficina considera necesario que las autoridades tomen medidas más efectivas para investigar y sancionar a los responsables, y prevenir la ocurrencia de nuevas violaciones , así como fortalecer la coordinación interinstitucional que garantice plenamente los derechos de las niñas.

11 Corte Constitucional, auto núm. 989/22. 12 A/HRC/52/25, párr. 55.A/HRC/55/23 6

24. El ACNUDH asesoró a la Policía para la inclusión de estándares internacionales de derechos humanos en el tomo de derechos humanos y el Plan de Educación Integral y asesoró en la elaboración de la Política de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. La Oficina

derechos humanos en el tomo de derechos humanos y el Plan de Educación Integral y asesoró en la elaboración de la Política de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. La Oficina saluda la disposición del Ministerio de D efensa, de las fuerzas militares y de la Policía para construir espacios de diálogo. El ACNUDH brindó asistencia técnica al Congreso para la elaboración del proyecto de ley por el que se reforma la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia (Ley núm. 1621).

III. Políticas de paz total, de seguridad y de desmantelamiento

25. La Oficina saluda la adopción de la nueva Política de Seguridad y Convivencia del Ministerio de Defensa 13 basada en el concepto de seguridad humana, y con el objetivo principal de proteger la vida y el medio ambiente. La Oficina valora positivamente el enfoque de derechos humanos de esta política para afrontar la violencia en los territorios.

26. La Política de Seguridad y Convivencia reconoce las dinámicas de violencia distintas en cada territorio e integra un enfoque preventivo a través de la inclusión de un concepto de justicia social estrechamente relacionado con el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para lograr una transformación en los territorios. También contempla la acción integral del Estado mediante la coordinación interinstitucional inclusiva, con la participación de instituciones civiles. Establece igualmente la participación de actores sociales a nivel local a través de espacios de diálogo y dispone que la Fuerza Pública oriente su actuación para proteger a la población. Es fundamental que esta política se implemente con el fin de producir cambios en las acciones de la Fuerza Pública para for talecer la protección de la población civil y las relaciones con la misma.

su actuación para proteger a la población. Es fundamental que esta política se implemente con el fin de producir cambios en las acciones de la Fuerza Pública para for talecer la protección de la población civil y las relaciones con la misma.

27. En el marco de la política de paz total, el Gobierno decretó dos ceses al fuego bilateral y temporal de carácter nacional , uno con el Ejército de Liberación Nacional 14, en el mes de julio, y otro con el autodenominado “Estado Mayor Central de las FARC-EP”15, en octubre.

El Gobierno estableció tres mesas de conversación sociojurídica con organizaciones criminales urbanas en las ciudades de Buenaventura, Medellín (y su área metropo litana) y Quibdó, así como una mesa de diálogo con el Estado Mayor Central de las FARC-EP.

28. En 2023, como parte de los acuerdos parciales alcanzados en los diálogos del Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional , se creó un comité de participación para desarrollar una metodología de consulta con la sociedad civil y recoger sus propuestas para esta mesa de diálogo. En diciembre, al cierre del quinto ciclo de diálogos entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional , las partes informaron, entre otros, sobre el acuerdo de la suspensión de secuestros con fines extorsivos por parte del Ejército de Liberación

Nacional.

29. Sobre estos distintos escenarios de negociación con actores armados, el Presidente de Colombia señaló en julio que la prioridad es que los diálogos permitan el respeto integral de los derechos de la población 16. En este sentido, es importante que la voluntad de diálogo de los grupos armados no estatales se demuestre a través de un cambio positivo en el trato que le dan a la población civil.

los derechos de la población 16. En este sentido, es importante que la voluntad de diálogo de los grupos armados no estatales se demuestre a través de un cambio positivo en el trato que le dan a la población civil.

30. La Oficina recomendó al Gobierno la formalización de distintos procesos de diálogo con organizaciones de base, autoridades étnico-territoriales y poblaciones más afectadas por el conflicto armado a nivel territorial, independientemente de los diferentes espacios de diálogo con grupos armados no estatales, en los que la población civil organizada pueda

13 Véase https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/ politica_seg_conviv.pdf. 14 Véase https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=213670#:~:text= Decretar%20el%20Cese%20al%20Fuego,29%20de%20enero%20de%202024. 15 Véase https://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/dialogos_con_EMC_FARC-EP/Documents/ Decreto%201684%20del%2016%20de%20Octubre%20de%202023.pdf. 16 Véase https://www.youtube.com/watch?v=X7v3FW5J20Q.A/HRC/55/23 7 expresarle directamente al Estado sus propuestas y opiniones sobre seguridad humana y paz territorial17.

31. En septiembre, y después de un diálogo participativo, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad aprobó la política de desmantelamiento 18. Su aprobación constituye un avance fundamental en el cumplimiento de uno de los puntos del Acuerdo de Paz para

31. En septiembre, y después de un diálogo participativo, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad aprobó la política de desmantelamiento 18. Su aprobación constituye un avance fundamental en el cumplimiento de uno de los puntos del Acuerdo de Paz para afrontar la violencia que afecta a la población y al reconocer los desafíos territoriales.

32. Es positivo que la política de desmantelamiento se oriente a las causas estructurales de la violencia. La Oficina saluda que se hayan tomado en cuenta, durante la elaboración de esta política, sus recomendaciones sobre la inclusión de un enfoque transversal de derechos humanos, de género, étnico y diferencial, así como de las cinco buenas prácticas internacionales en materia de derechos humanos para el desmantelamiento de organizaciones criminales y que estas se hayan aplicado de forma simultánea19.

33. Asimismo, la Oficina saluda que esta política de desmantelamiento contemple un fortalecimiento de la presencia integral del Estado en los territorios, con la participación efectiva de la poblaci ón. La política también busca fortalecer una cultura de rendición de cuentas y, en particular, para lograr garantías efectivas de no repetición. La implementación pronta y efectiva de esta política es esencial para una disminución sostenida de la violencia territorial.

34. Finalmente, la Oficina reconoce los avances en la construcción del primer plan de acción nacional para la resolución núm. 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad en Colombia. Es de notar la participación de más de 1.500 mujeres de todo el país en las consultas participativas.

IV. Implementación del Acuerdo de Paz

A. Reforma rural integral y política de drogas

Unidas sobre mujeres, paz y seguridad en Colombia. Es de notar la participación de más de 1.500 mujeres de todo el país en las consultas participativas.

IV. Implementación del Acuerdo de Paz

A. Reforma rural integral y política de drogas

35. El reto de la implementación de las 33.000 iniciativas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial continúa siendo uno de los aspectos más relevantes para la realización de la reforma rural integral contemplada en el Acuerdo de Paz. Las comunidades rurales afirman que se requiere fortalecer los espacios de participación de éstas en los Programas. El Gobierno ha planteado la Ruta de Implementación Activa como una estrategia de implementación de los Planes de Acción para la Transformación Regional. Se han entregado 35.164 ha para campesinos, se ha formalizado la tenencia de tierras de 184.189 ha para campesinos y 414.999 ha para comunidades étnicas, y se han restituido 672 predios a 2013 familias20. Se restituyeron 267 ha para dos comunidades étnicas.

36. El ACNUDH celebra la r eforma del artículo 64 de la Constitución, que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección, en concordancia con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de O tras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales21. Asimismo, la Oficina considera positiv a la aprobación del Acto Legislativo 3 de 202322, por medio del que se crea la jurisdicción agraria y rural.

17 Véase https://www.hchr.org.co/informes_tematicos/analisis-de-la-situacion-de-derechos-humanos-eny rural.

17 Véase https://www.hchr.org.co/informes_tematicos/analisis-de-la-situacion-de-derechos-humanos-encolombia-del-1-de-enero-al-30-de-junio-de-2023/. 18 Véase https://portalparalapaz.gov.co/aprobada-politica-de-desmantelamiento-de-organizacionescriminales/08/#:~:text=La%20Pol%C3%ADtica%20de%20desmantelamiento%20de,firma%20por%2 0fin%20es%20aprobada. 19 Inversión social, acceso a la justicia, lucha contra la corrupción, afectación al patrimonio criminal y sometimiento a la justicia acompañado de una reforma al sector seguridad. 20 Oficio núm. 202320000489313, de 28 de diciembre de 2023, remitido al ACNUDH. 21 Acto Legislativo 1 de 2023, disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/ gestornormativo/norma.php?i=213790. 22 Véase https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=214630.A/HRC/55/23 8

37. El Gobierno activó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural 23 e instaló la Mesa Permanente de Trabajo con Organizaciones Campesinas, así como la ruta de restitución para mujeres. Es importante que las distintas políticas de acceso a tierras estén articuladas para que los avances e impactos de l