CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - A HRC 58 24

GE.25-00257 (S) 200125 180225 Consejo de Derechos Humanos 58º período de sesiones 24 de febrero a 4 de abril de 2025 Tema 2 de la agenda Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General Situación de los derechos humanos en Colombia Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Resumen En e l presente informe se analiza la situación de los derechos humanos en Colombia en 2024, con énfasis en el impacto de la violencia territorial y el conflicto armado interno en los derechos humanos y en el espacio cívico. Se analiza la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en materia de derechos humanos, las políticas de paz, de seguridad humana y de desmantelamiento.

Se acordó publicar este informe tras la fecha prevista debido a circunstancias que escapan al control de quien lo presenta. El resumen del presente informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. El informe propiamente dicho, que figura en el anexo, se distribuye únicamente en el idioma en que se presentó y en inglés.

Naciones Unidas A/HRC/58/24

Asamblea General Distr. general 22 de enero de 2025

Original: españolA/HRC/58/24

2 Anexo Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia

I. Introducción

22 de enero de 2025

Original: españolA/HRC/58/24

2 Anexo Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia

I. Introducción

1. Este informe se presenta de conformidad con el acuerdo entre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Gobierno de Colombia, firmado en noviembre de 1996, y el acuerdo firmado por nueve años en enero de 2023. En el presente informe, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos analiza la situación de los derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.

2. En 2024, el Estado ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)1, así como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que establece un sistema de visitas a lugares de privación de libertad. En octubre, por primera vez, Colombia fue elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos para el período 2025-2027.

3. En marzo, la experta internacional Antonia Urrejola presentó al Consejo de Derechos Humanos su informe sobre los obstáculos a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo de Paz), firmado en 2016 entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Humanos su informe sobre los obstáculos a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo de Paz), firmado en 2016 entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo ( FARC-EP)2. En julio, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la resolución 56/14 para el fortalecimiento de la cooperación técnica y fomento de la capacidad en la esfera de derechos humanos en Colombia para implementa r las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

4. Durante 2024, los siguientes mecanismos independientes visitaron Colombia: el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, la Representante Especial del Secretario General sobre la V iolencia Sexual en los C onflictos, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes, el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas y el Comité contra la Desaparición Forzada.

5. El Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes señaló su preocupación por la polarización de la sociedad colombiana , basada, entre otras cosas, en el odio racista y prejuicios contra los afrodescendientes3.

6. El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas reconoció que, además del conflicto armado, muchos desafíos de derechos humanos tienen sus raíces en el modelo histórico económico del país, centrado en la explotación de recursos naturales a gran escala, que ha marginado

trasnacionales y otras empresas reconoció que, además del conflicto armado, muchos desafíos de derechos humanos tienen sus raíces en el modelo histórico económico del país, centrado en la explotación de recursos naturales a gran escala, que ha marginado sistemáticamente a grupos como los Pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes y los campesinos.

7. El Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas señaló su preocupación por la situación de los Pueblos Indígenas en riesgo de exterminio físico y

1 Véase https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/autos/2024/A545-24.htm. 2 Véase A/HRC/55/18. 3 Declaración de fin de misión del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes tras su visita a Colombia (15 a 24 de mayo de 2024), que puede consultarse en https://www.ohchr.org/es/ press-releases/2024/05/colombia-must-be-accountable-people-african-descent-conditions-risk-and.A/HRC/58/24 3 cultural, y la falta de implementación de medidas para su protección frente a los efectos de la violencia, la pobreza y el avance de la frontera extractiva4.

8. Según el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos , el conflicto es una de las principales causas de la pobreza en el país, donde los grupos armados no estatales expulsan personas de los territorios, limitan el acceso a derechos como salud, educación o vivienda , y extorsionan a propietarios de pequeños negocios. Además, señaló que el hecho de que se requieran 11 generaciones para que un niño o una niña nacidos en una

educación o vivienda , y extorsionan a propietarios de pequeños negocios. Además, señaló que el hecho de que se requieran 11 generaciones para que un niño o una niña nacidos en una familia pobre alcance a ganar un salario promedio aumenta el ries go de esas familias de ser un “blanco fácil” para el reclutamiento forzado o las economías ilícitas.

9. En octubre, Colombia fue anfitrión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Las Partes decidieron, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 j) del Convenio , la creación de un órgano subsidiario para fortalecer la participación de los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes y locales. Por primera vez, se celebró una jornada de derechos humanos.

10. En 2024, frente a los altos niveles de violencia, el ACNUDH decidió priorizar 26 situaciones en 96 municipios de 16 departamentos, y realizó aproximadamente 610 misiones al terreno y 290 actividades de fortalecimiento de capacidades con el Estado y la sociedad civil.

II. Violencia territorial, conflicto armado, seguridad y derechos humanos

A. Situación de seguridad y de derechos humanos

11. La presencia territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales y sus estrategias violentas de control social continúan impactando en la población civil y generando riesgos para la gobernabilidad en los territorios. En el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo “Escuchar la Paz” 5 se señala que, en 2023, el 79 % de las personas encuestadas consideraban que el conflicto armado podía volver o que se había mantenido en sus comunidades.

de las Naciones Unidas para el Desarrollo “Escuchar la Paz” 5 se señala que, en 2023, el 79 % de las personas encuestadas consideraban que el conflicto armado podía volver o que se había mantenido en sus comunidades.

12. Esta violencia afecta desproporcionadamente a Pueblos Indígenas y afrodescendientes, procesos organizativos de base y comunidades campesinas. El ACNUDH ha observado que los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales siguen tratando de destruir el tejido social, cooptar, suplantar y/o eliminar organizaciones con presencia histórica en los territorios , como autoridades indígenas, consejos comunitarios y directivos de las Juntas de Acción Comunal, y promover la creación de nuevas organizaciones para defender sus intereses. En algunos casos, buscan instrumentalizar a la población.

13. Mediante este control social y territorial imponen normas y controles, incluyendo carnetizar a la población e impartir “justicia”. Por ejemplo, el ACNUDH ha recibido información según la cual, en Norte de Santander, un grupo armado no estatal estableció “centros de rehabilitación” para jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas en los que actúa impartiendo justicia en casos de delincuencia y violencia intrafamiliar. Ha aumentado la percepción de que las organizaciones criminales y los grupos guerrilleros son responsables de impartir justicia en los territorios, pasando del 8 ,8 % en 2021 al 22,4 % en 2023.

Asimismo, la percepción de la ciudadanía de que el Estado imparte justicia en el territorio pasó del 73,6 % en 2021 al 52,9 % en 20236.

4 Véase A/HRC/57/47/Add.1.

Asimismo, la percepción de la ciudadanía de que el Estado imparte justicia en el territorio pasó del 73,6 % en 2021 al 52,9 % en 20236.

4 Véase A/HRC/57/47/Add.1. 5 Véase https://www.undp.org/es/colombia/paz-justicia-reconciliacion/escuchar-la-paz. 6 Ibid.A/HRC/58/24 4

14. El ACNUDH recibió 8 9 alegaciones de posibles masacres 7 en 2024. De estas, 72 alegaciones fueron verificadas y 17 fueron consideradas no concluyentes. Se observa una disminución (27 %) respecto del número de masacres verificadas por el ACNUDH en 2023.

En las masacres verificadas se registraron 2 52 víctimas (214 hombres, 26 mujeres, 11 niños y 1 niña). Del total de víctimas, 12 pertenecían a pueblos étnicos (6 indígenas y 6 afrodescendientes).

15. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, en 2024 fueron desplazadas 51.623 personas . Esto representa una disminución del 18 % en comparación con 2023. El 50 % de las personas desplazadas pertenece a Pueblos Indígenas y afrodescendientes.

16. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios indica que 13 8.419 personas fueron confinadas en 2024. Esto representa un aumento del 58 % respecto de 2023. El 66 % de las personas confinadas pertenece a Pueblos Indígenas y afrodescendientes.

17. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia verificó el asesinato

de las personas confinadas pertenece a Pueblos Indígenas y afrodescendientes.

17. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia verificó el asesinato de 33 excombatientes de las FARC -EP en 2024. Esto representa una disminución del 3 1 % respecto a 2023. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 , han sido asesinados 441 antiguos integrantes de las FARC-EP, incluyendo 11 mujeres.

18. En 2024, el ACNUDH verificó 216 casos de reclutamiento y uso de niños y niñas por parte de grupos armados no estatales (118 niños, 86 niñas y 12 sin confirmación de género), lo que implica un deterioro respecto a 2023 a pesar de que estas cifras representan solo una muestra del total de casos ocurridos en todo el país. Preocupa que un alto porcentaje de víctimas pertenecen a Pueblos Indígenas y af rodescendientes (58 %). Varias víctimas reportaron haber recibido castigos físicos, haber sido usadas para el reclutamiento de otros niños y amenazadas tras su desvinculación del grupo. El ACNUDH documentó casos de niños y niñas asesinados en el marco de hostilidades, o como resultado de represalias internas del grupo. Documentó también el caso de dos niños reclutados que fueron torturados y asesinados en Guaviare. Asimismo, el ACNUDH registró amenazas a los familiares de las víctimas después de denunciar los hechos o de tratar de recuperar a niños y niñas. Debido al temor a las retaliaciones por parte de los grupos armados no estatales, a la normalización de estas conductas y a la desconfianza en las instituciones, un alto porcentaje de casos de

temor a las retaliaciones por parte de los grupos armados no estatales, a la normalización de estas conductas y a la desconfianza en las instituciones, un alto porcentaje de casos de reclutamiento no se denuncian ante las entidades públicas. La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Salud y Protección Social identificaron la necesidad de reforzar la protección de la salud mental y emocional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas emberás en departamentos como el Chocó y Risaralda, debido al registro de casos de suicidio para evitar el reclutamiento u otras formas de violencia asociadas al conflicto.

19. El ACNUDH recibió información sobre amenazas contra la comunidad educativa y casos de uso de escuelas por parte de grupos armados no estatales. En Norte de Santander, esos grupos han instalado objetos proselitistas en centros educativos y entregado kits y uniformes escolares. También se han registrado enfrentamientos armados e instalación de minas antipersonal en las inmediaciones de las escuelas. En Caquetá, en agosto, una niña de 10 años perdió un pie al pisar una mina antipersonal en el camino entre su casa y la escuela.

Lo anterior ha llevado a la interrupción de las clases, obstaculizando el derecho a la educación.

20. El ACNUDH documentó casos de violencia por razón de l género en el marco del conflicto armado, ejercidas como forma de control social y territorial de los actores armados, como método de reclutamiento de niñas y castigo contra defensoras de derechos humanos y personas LGBTIQ+. Preocupa la especial incidencia de la violencia sexual ejercida contra Pueblos Indígenas y afrodescendientes, contra personas migrantes, así como contra la niñez

personas LGBTIQ+. Preocupa la especial incidencia de la violencia sexual ejercida contra Pueblos Indígenas y afrodescendientes, contra personas migrantes, así como contra la niñez víctima de reclutamiento. El ACNUDH recibió información de violacione s, uniones tempranas y anticoncepciones forzadas afectando a niñas reclutadas desde los 12 años. También recibió alegaciones sobre trata y explotación sexual de mujeres y niñas, incluyendo migrantes y refugiadas venezolanas, en establecimientos controlados por grupos armados no

7 A efectos del presente informe, se entiende por “masacre” la ejecución extrajudicial de tres o más personas en un mismo evento, o en eventos relacionados por la autoría, el lugar y el tiempo. Véase E/CN.4/2000/11, párr. 27.A/HRC/58/24 5 estatales en Antioquia, el Chocó, Nariño y Norte de Santander. Asimismo, documentó casos de homicidios, amenazas, desplazamientos y lesiones contra personas por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género diversa. El subregistro y la normalización de la violencia por razón de l género, así como la estigmatización de las víctimas, generan obstáculos para el acceso a la justicia y a servicios de atención de la salud mental, sexual y reproductiva.

21. Según datos de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, a 30 de noviembre de 2024 se habían registrado 93 víctimas de minas antipersonal (10,5 % menos que en el mismo período de 2023)8.

22. Durante 2024, las organizaciones criminales y los grupos armados no estatales

de 2024 se habían registrado 93 víctimas de minas antipersonal (10,5 % menos que en el mismo período de 2023)8.

22. Durante 2024, las organizaciones criminales y los grupos armados no estatales siguieron recurriendo al denominado “plan pistola”9, y cometieron atentados con explosivos y acciones de hostigamiento armado contra la Fuerza Pública. El Ministerio de Defensa Nacional reportó 90 integrantes de la Fuerza Pública asesinados y 425 heridos entre enero y noviembre10.

23. El ACNUDH recibió información sobre la extorsión violenta, por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, como un fenómeno extendido que destruye las precarias economías de poblaciones ya empobrecidas. Afecta también a gobiernos locales en la ejecución de proyectos y obras públicas, empresas que operan en los territorios, transportistas, comerciantes y personas vendedoras informales.

24. En este contexto, sigue siendo fundamental que el Estado fortalezca su papel como garante de los derechos humanos, previniendo la violencia y cumpliendo con su obligación de proteger los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población civil.

B. Situación de las personas defensoras de derechos humanos

25. El ACNUDH recibió 191 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos. En 89 casos, se verificó que la persona defendía derechos humanos y que existía un vínculo entre su muerte y su labor, en 33 casos se verificó el carácter de persona defensora pero no se pudo determinar el nexo causal del homicidio con su labor, y en 69 se consideró que no había información concluyente.

existía un vínculo entre su muerte y su labor, en 33 casos se verificó el carácter de persona defensora pero no se pudo determinar el nexo causal del homicidio con su labor, y en 69 se consideró que no había información concluyente.

26. En los casos verificados, 77 de las víctimas eran hombres, 11 eran mujeres y 1 era mujer trans. Por segundo año consecutivo se registró una disminución ( 15 %) en el número de casos verificados en relación con 2023. Diversos grupos armados no estatales serían los presuntos responsables del 71 % de los homicidios verificados.

27. El ACNUDH recibió 569 alegaciones de amenazas y otras afectaciones a los derechos humanos de personas defensoras, que constituyen s olo una muestra del universo total de casos. Del total de casos, 353 fueron contra hombres, 200 contra mujeres, 16 en contra de personas defensoras LGBTIQ+ y 21 amenazas colectivas. En cinco casos, las amenazas contra mujeres y personas LGBTIQ+ podrían constituir violencia de género.

28. Los miembros de las Juntas de Acción Comunal continuaron siendo los más afectados por la violencia ejercida por actores armados no estatales y organizaciones criminales.

El ACNUDH verificó 43 casos de homicidios de líderes y lideresas de las Juntas ( 47 % del total de casos de homicidios de personas defensoras). En Arauca, 12 miembros de diversas Juntas fueron asesinados en el contexto del conflicto entre dos grupos armados no estatales que se disputan el territorio. También se documentaron 35 homicidios de personas defensoras de los derechos campesinos y de la tierra , como el caso de Narciso Beleño , presidente de la

Juntas fueron asesinados en el contexto del conflicto entre dos grupos armados no estatales que se disputan el territorio. También se documentaron 35 homicidios de personas defensoras de los derechos campesinos y de la tierra , como el caso de Narciso Beleño , presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, asesinado el 21 de abril en Santa Rosa del Sur.

8 Véase https://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/datos-abiertos. 9 Orden para asesinar sistemáticamente a miembros de la Fuerza Pública en funciones o descanso, durante un tiempo y lugar determinado, otorgando un pago por cada policía o militar asesinado que se incrementa en función del rango de la víctima. 10 Véase https://www.mindefensa.gov.co/defensa-y-seguridad/datos-y-cifras/informacion-estadistica.A/HRC/58/24 6

29. El ACNUDH verificó 18 casos de homicidios de autoridades, guardias y sabedores ancestrales indígenas cometidos presuntamente por grupos armados no estatales con la finalidad de afectar sus proyectos organizativos y ejercer mayor control de los territorios que defienden. Algunos casos emblemáticos son el de la mayora del pueblo nasa, Carmelina Yule Pavi, asesinada el 17 de marzo en Toribio (Cauca) mientras participaba junto con la comunidad en el rescate de un niño que habría sido retenido por un grupo a rmado; y el del sabedor ancestral del pueblo hitnü, Bruno Pambele, asesinado el 7 de julio en el resguardo San José de Lipa en Arauquita (Arauca).

30. Las personas defensoras del medio ambiente también enfrentaron altos niveles de

sabedor ancestral del pueblo hitnü, Bruno Pambele, asesinado el 7 de julio en el resguardo San José de Lipa en Arauquita (Arauca).

30. Las personas defensoras del medio ambiente también enfrentaron altos niveles de riesgo por denunciar el impacto ambiental negativo de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos y la minería legal, informal e ilegal, así como la tala de árboles.

El riesgo se incrementa considerablemente cuando las actividades extractivas, como la deforestación o la minería ilegal, están impulsadas por grupos armados no estatales. Reclamar el derecho a la consulta previa también se ha convertido en un factor de riesgo para las personas defensoras de los derechos colectivos de Pueblos Indígenas y afrodescendientes. El ACNUDH documentó en 2024 el homicidio de 25 personas defensoras del medio ambiente y 119 casos de amenazas y ataques contra ellas.

31. El Gobierno y otras entidades estatales avanzaron para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional SU-546/23, de diciembre de 2023, que declaró el estado de cosas inconstitucional con relación a la situación de violencia que enfrentan las personas defensoras. El Ministerio del Interior reimpulsó el proceso nacional de garantías mediante la convocatoria de la Mesa Nacional de Garantías en julio y el impulso para el funcionamiento de las mesas territoriales de garantías en 24 departamentos.

32. El Ministerio del Interior retomó el proceso participativo para la adopción de una Política Nacional de Garantías, con base en propuestas de las plataformas de derechos humanos. Esta política debe adoptarse cuanto antes, con el fin de dar coherencia y eficacia al conjunto de normas y directivas para garantizar el derecho a defender derechos. El Ministerio

Política Nacional de Garantías, con base en propuestas de las plataformas de derechos humanos. Esta política debe adoptarse cuanto antes, con el fin de dar coherencia y eficacia al conjunto de normas y directivas para garantizar el derecho a defender derechos. El Ministerio del Interior también adoptó el Plan de Acción de la Política Integral de Garantías para Mujeres Defensoras. El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible impulsa una red institucional para defender y proteger a las personas defensoras del medio ambiente en la Amazonía colombiana y a las personas campesinas comprometidas con los programas de conservación de la selva. El ACNUDH firmó un memorándum de entendimiento con el Ministerio para cooperar en esta red.

33. Otro avance positivo fue la expedición de la Ley núm. 2422 en septiembre, que dota de mayores recursos a las personerías de los municipios con menor presupuesto y mayores índices de violencia. La legislación se adoptó después de muchos años de impulso por parte de la Federación Nacional de Personerías y contó con la asesoría té cnica del ACNUDH. Sin embargo, las personerías siguieron enfrentando enormes riesgos para realizar su labor de derechos humanos, tal y como lo evidenció el caso del personero del municipio de Cumbitara, Jimmy Rosero, quien fue asesinado tras ser privado de libertad por miembros de un grupo armado no estatal en Nariño.

34. En 2024, la Unidad Nacional de Protección brindó protección reforzada a 4.683 personas defensoras, lo cual representa un 31 % de las solicitudes recibidas. La ruta individual de protección de la Unidad siguió experimentando serios problemas en su funcionamiento, mermando considerablemente su eficacia. El ACNUDH recibió un número

4.683 personas defensoras, lo cual representa un 31 % de las solicitudes recibidas. La ruta individual de protección de la Unidad siguió experimentando serios problemas en su funcionamiento, mermando considerablemente su eficacia. El ACNUDH recibió un número alto de denuncias de personas beneficiarias que consideran que, pese al alto nivel de riesgo que enfrentan, la Unidad puso fin a sus esquemas de protección o habría reducido su nivel de protección. Identificó que cinco de las personas defensoras asesinadas contaban con esquemas de protección o los habían solicitado a la Unidad.

35. La Unidad siguió impulsando la ruta de protección colectiva otorgando medidas a 321 colectivos. Adicionalmente, el Ministerio del Interior formuló 70 Planes Integrales de Prevención, con 248 organizaciones priorizadas. Sin embargo, la fase de implementación de las medidas colectivas siguió enfrentando varios rezagos y obstáculos por parte de ministerios e instituciones que deben adoptar acciones integrales para mitigar la situación de riesgo de los colectivos. Hasta la fecha, el Gobierno no ha logrado a rticular un proceso participativo, sostenido y eficiente para reformar el modelo actual de protección.A/HRC/58/24

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36. Según la Fiscalía General de la Nación, del total de 1.369 casos de homicidios de personas defensoras entre 2016 y 2024, en 222 casos se ha dictado sentencia, 229 casos están en etapa de juicio, 102 en investigación y 166 en indagación con orden de captura .

El ACNUDH reconoce el fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía a través de la asignación de nuevos fiscales, el potenciamiento de las investigaciones de contexto, el relacionamiento de casos y la persecución de los determ inadores de los

El ACNUDH reconoce el fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía a través de la asignación de nuevos fiscales, el potenciamiento de las investigaciones de contexto, el relacionamiento de casos y la persecución de los determ inadores de los homicidios. El Ministerio de Defensa Nacional, la Fuerza Pública y la Fiscalía materializaron 119 órdenes de captura de presuntos autores de homicidios de personas defensoras en el marco de la operación Themis.

C. Fuerza Pública

37. El ACNUDH recibió 33 alegaciones de privaciones arbitrarias de la vida que habrían cometido integrantes de la Policía y Fuerzas Militares, de las cuales 18 fueron verificadas por el ACNUDH , 6 continúan en proceso de verificación y 9 fueron consideradas como no concluyentes. Esto representa una disminución (3 9 %) respecto de las alegaciones recibidas en 2023. En las 18 alegaciones verificadas se registran como víctimas 14 hombres, 2 mujeres y 2 niños. Tres de las víctimas eran afrodescendientes.

38. El ACNUDH recibió también 40 alegaciones de otras violaciones de los derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública, de las que ha verificado 1 5 que incluyen alegaciones de torturas; tratos crueles, inhumanos o degradantes; violencia por razón de l género, incluyendo violencia sexual; violaciones a la integridad personal; detenciones arbitrarias y discriminación; corrupción o connivencia entre miembros de la Fuerza Pública y organizaciones criminales o grupos armados no estatales; y omisiones en el deber de protección de comunidades y/o víctimas por parte de la Fuerza Pública.

Fuerza Pública y organizaciones criminales o grupos armados no estatales; y omisiones en el deber de protección de comunidades y/o víctimas por parte de la Fuerza Pública.

39. Estas 73 alegaciones fueron transmitidas al Ministerio de Defensa Nacional para identificar acciones preventivas y a la Fiscalía General de la Nación para adelantar las investigaciones penales correspondientes. En septiembre, se expidió la Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del sector seguridad y defensa.

40. El ACNUDH siguió recibiendo alegaciones de actos de violencia por razón de l género, incluyendo violencia sexual por parte de miembros de la Fuerza Pública en contra de niñas en el departamento de Bolívar. Se reconoce la apertura para abordar la situación, pero la persistencia de estos hechos evidencia la necesidad de seguir implementando medidas efectivas para prevenir procedimientos y/o relacionamientos indebidos de miembros de la Fuerza Pública con la población civil.

41. El ACNUDH saluda la apertura de la Dirección Nacional de Inteligencia para recibir asistencia técnica que permita la inclusión de normas, estándares y buenas prácticas internacionales de derechos humanos en los procesos relacionados con la gestión de inteligencia, y en la elaboración de su política de derechos humanos. El ACNUDH brindó asistencia técnica para la inclusión de normas y estándares internacionales de derechos humanos en el proyecto de reforma de la Ley núm. 1621 de Inteligencia y Contrainteligencia, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso CAJAR vs. Colombia11.

42. El ACNUDH saluda la continuación del proceso de transformación de la Policía para

en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso CAJAR vs. Colombia11.

42. El ACNUDH saluda la continuación del proceso de transformación de la Policía para fortalecer el respeto de los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas. Las recomendaciones del ACNUDH para incluir normas, estándares y buenas prácticas internacionales en derechos humanos en el Tomo de Derechos Humanos de la Doctrina Operativa fueron aprobadas por el Consejo Asesor de Derechos Humanos de la Policía.

43. El ACNUDH reconoce la importancia de la puesta en marcha del proceso de estandarización institucional que busca garantizar que todos los integrantes de la Policía cuenten con competencias mínimas para el ejercicio de su labor, entre las que se incluye la

11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Miembros de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” vs. Colombia, sentencia de 18 de octubre de 2023 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), Serie C, n