CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - A HRC 7 39

A

ADVANCE EDITED

VERSION

Distr.

GENERAL

A/HRC/7/39 28 de febrero de 2008

Original: ESPAÑOL, INGLÉS

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS Séptimo período de sesiones Tema 2 del programa

INFORME ANUAL DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA

LOS DERECHOS HUMANOS E INFORMES DE LA OFICINA DEL ALTO

COMISIONADO Y DEL SECRETARIO GENERAL

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia

Este informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. El anexo al informe se distribuye en español e inglés solamente. El presente documento se remite con retraso con el fin de incluir la información más reciente.A/HRC/7/039 página 2 RESUMEN El documento recoge los principales hechos ocurridos en Colombia durante el año 2007 sobre la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el marco del acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que fue renovado en 2007 hasta octubre de 2010. El informe subraya que el conflicto armado interno, el narcotráfico y el crimen organizado continúan teniendo un peso significativo sobre la situación de derechos humanos. Al mismo tiempo, el informe destaca la persistencia de problemas estructurales en ciertos órganos del Estado. Durante el año, la necesidad de garantizar los derechos de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario estuvo en

tiempo, el informe destaca la persistencia de problemas estructurales en ciertos órganos del Estado. Durante el año, la necesidad de garantizar los derechos de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario estuvo en el centro del debate público. El documento enfatiza que es urgente e imperativo dar una respuesta adecuada y oportuna a las demandas de las víctimas.

Algunos de los retos más importantes tienen que ver con la consolidación del proceso de desmovilización del paramilitarismo y el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales, circunstancias que afectan directamente el ejercicio de los derechos humanos. La magnitud de las tareas pendientes en los procesos judiciales en el marco de la Ley N.° 975 de 2005, “Ley de Justicia y Paz”, y la persistencia de obstáculos para su plena aplicación son motivo de incertidumbre y preocupación. Subsisten retos importantes para garantizar la participación de las víctimas en estos procesos. Paralelamente, las investigaciones impulsadas por la Corte Suprema de Justicia, a pesar de los obstáculos y riesgos que han tenido que enfrentar, produjeron avances importantes en el sentido de exponer la gravedad de la infiltración alcanzada por los paramilitares y sus organizaciones en el Estado y la sociedad.A/HRC/7/039 página 3

Durante el año 2007 hubo decisiones políticas y medidas adoptadas en las más altas esferas civiles y militares para contrarrestar la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública. El grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), y en menor medida el Ejército de Liberación Nacional (ELN), continuaron cometiendo graves infracciones al derecho internacional

atribuidas a la Fuerza Pública. El grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), y en menor medida el Ejército de Liberación Nacional (ELN), continuaron cometiendo graves infracciones al derecho internacional humanitario.

Aproximadamente el 45% de la población vive en situación de pobreza, incluyendo la mayoría de personas desplazadas, lo que impide la plena vigencia de sus derechos. El informe también recoge información y análisis sobre situaciones de especial preocupación y grupos particularmente vulnerables, entre otros, víctimas del conflicto armado interno, desplazados, indígenas, afrodescendientes, mujeres, sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas y niños. Finalmente, el informe presenta un resumen de las actividades de la oficina en Colombia del Alto Comisionado durante 2007 y ocho recomendaciones cuyo cumplimiento ayudaría a producir una notable mejora en la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.A/HRC/7/039 página 4

INDICE

Párrafos Página Resumen …………………………………………….. II Introducción…………………………………………………... 1 – 3 I Contexto político……………………………………………… 4 – 9 II Situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario…………………………………….. 10-79

A. Autoridades del Estado………………………………… 12-38

B. Proceso de desmovilización……………………… 39-43

C. Grupos guerrilleros………………………………. 44-48

D. Situaciones de especial preocupación y grupos particularmente vulnerables………………………… 49-79

III. Actividades de la oficina en Colombia……………………… 80-91

C. Grupos guerrilleros………………………………. 44-48

D. Situaciones de especial preocupación y grupos particularmente vulnerables………………………… 49-79

III. Actividades de la oficina en Colombia……………………… 80-91

IV. Recomendaciones……………………………………………. 92-94

Anexo

Casos representativos de violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario……A/HRC/7/039 página 5

INTRODUCCIÓN

1. El 26 de noviembre de 1996 el Gobierno de Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acordaron establecer una oficina en el país, la cual inició tareas en abril de 1997. Su mandato es asistir a las autoridades colombianas en el desarrollo de políticas y programas de promoción y protección de los derechos humanos, asesorar a la sociedad civil en temas de derechos humanos, observar la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el contexto de violencia y conflicto armado interno que padece el país y remitir informes analíticos a la Alta

Comisionada.

2. La Alta Comisionada visitó el país entre el 7 y el 9 de septiembre de 2007 para firmar con el Gobierno de Colombia la prórroga del mandato1 de su oficina en Colombia en forma plena hasta el 30 de octubre de 2010.Cumplidos 10 años de actividad en el país, la Alta Comisionada desea expresar su reconocimiento al pueblo colombiano y a sus autoridades por acoger su oficina y colaborar con ella. La Alta Comisionada también extiende su agradecimiento a los países y organizaciones que la han respaldado y que han contribuido a la promoción y protección de los derechos humanos.

oficina y colaborar con ella. La Alta Comisionada también extiende su agradecimiento a los países y organizaciones que la han respaldado y que han contribuido a la promoción y protección de los derechos humanos.

3. El presente informe cubre el período comprendido entre enero y diciembre de 2007, y se enfoca en los aspectos más significativos pertinentes al mandato de la oficina en Colombia.

1 Ver capítulo III (Actividades de la oficina en Colombia).A/HRC/7/039 página 6 Está basado en las siguientes actividades: observación sistemática y analítica de la situación de derechos humanos, incluyendo visitas de campo, procesamiento de quejas, análisis de informes y estadísticas, entrevistas con autoridades estatales, víctimas y otros representantes de la sociedad civil, agencias del sistema de las Naciones Unidas en Colombia y entidades oficiales y no gubernamentales de la comunidad internacional.

I. CONTEXTO POLÍTICO

4. Colombia continúa seriamente afectada por un conflicto armado interno que se remonta a más de cuatro décadas. Es también cada vez más evidente que los grupos armados ilegales están involucrados de manera directa o indirecta en actividades de narcotráfico2, y que están asociados con redes locales e internacionales de crimen organizado y corrupción. La relación compleja entre todos estos factores, a la que se agrega la persistencia de problemas estructurales tales como la impunidad y las limitaciones para el acceso a la justicia, la desigualdad y la discriminación, continúan afectando de manera negativa la situación de los derechos humanos. Al mismo tiempo, es necesario reconocer que en los últimos años Colombia ha alcanzado progresos en el restablecimiento de la seguridad a lo largo de su territorio3, y que

desigualdad y la discriminación, continúan afectando de manera negativa la situación de los derechos humanos. Al mismo tiempo, es necesario reconocer que en los últimos años Colombia ha alcanzado progresos en el restablecimiento de la seguridad a lo largo de su territorio3, y que es un logro significativo que los derechos humanos tengan mayor visibilidad en la agenda pública.

2 Estas actividades incluyen cobros a los cultivadores, almacenamiento y tráfico en las respectivas zonas de control o influencia; la administración directa del suministro de precursores químicos necesarios para el procesamiento ilegal de estupefacientes; el reclutamiento y pago de cultivadores y cosechadores; la vigilancia y mantenimiento de aeropuertos clandestinos y, en algunos casos, la exportación directa de drogas y el lavado de activos. 3 Las estadísticas oficiales revelan una disminución en el número de masacres y homicidios, secuestros, ataques de la guerrilla contra pequeñas poblaciones y bases militares, retenes ilegales y voladuras de torres eléctricas y oleoductos, entre otros. Como resultado, la inversión extranjera directa y el turismo aumentaron durante el año.A/HRC/7/039 página 7

5. Durante el año 2007 los hechos políticos y de orden público con impacto en la situación de los derechos humanos más relevantes fueron: a) los procesos judiciales contra líderes desmovilizados de grupos paramilitares en el marco de la Ley N.º 975 de 2005, conocida como “Ley de Justicia y Paz”4; b) las investigaciones judiciales contra servidores públicos de alto nivel por presuntos vínculos con grupos paramilitares5; c) la aparición o consolidación de nuevos grupos armados ilegales después del proceso de desmovilización de los paramilitares,

nivel por presuntos vínculos con grupos paramilitares5; c) la aparición o consolidación de nuevos grupos armados ilegales después del proceso de desmovilización de los paramilitares, algunos con fuertes vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico; d) la realización de elecciones de autoridades regionales y locales.

6. La Fuerza Pública continuó implementando su plan de guerra contra los grupos armados ilegales, y en particular contra las guerrillas a través del “Plan Consolidación”, que reemplazó al “Plan Patriota”. Con frecuencia, la intensidad de las hostilidades tuvo impactos negativos sobre la población civil y se atribuyeron infracciones del derecho internacional humanitario a todos los actores armados. En algunas regiones continuaron actuando y consolidándose nuevos grupos armados ilegales6. Las FARC-EP y el ELN persistieron en trastornar violentamente el orden público y continuaron infringiendo el derecho internacional humanitario. Diferentes organismos, entre ellos la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), han alertado sobre actividades guerrilleras en algunas regiones que fueron zonas de influencia de los grupos paramilitares desmovilizados7. La propia Fuerza Pública reporta un mayor empleo

4 Ley N.º 975 de 2005, regula el procesamiento judicial de miembros desmovilizados de grupos armados ilegales para quienes se establecen beneficios judiciales con base en su contribución a la justicia y a la reparación. Ver “Informe sobre la implementación de la Ley de Justicia y Paz: etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, Documento OEA/Ser.L/V/II Doc. 3, 2 de octubre de 2007.

las AUC y primeras diligencias judiciales”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, Documento OEA/Ser.L/V/II Doc. 3, 2 de octubre de 2007. 5 Ver subsección “Lucha contra la impunidad” (párrs. 12 a 14). 6 Ver subsección “Proceso de desmovilización” (párrs. 40 a 44). 7 Ver Organización de los Estados Americanos (OEA), “Décimo informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAPP/OEA”; Documento OEA/Ser.G,CP/doc.4249/07, 31 de octubre de 2007; “Noveno informe trimestral del Secretario General al ConsejoA/HRC/7/039 página 8 de modalidades de tipo milicia por las guerrillas, aún cuando también señala un repliegue general de estos grupos. Las áreas donde se observaron más directamente estas dinámicas son el sur del departamento de Córdoba, el Urabá chocoano, el oriente antioqueño, norte de Santander, norte del Tolima, Nariño, Putumayo, Guaviare, Vichada y Arauca.

7. El Gobierno autorizó y auspició, con desi gual respaldo, diferentes iniciativas propias8 y de terceros para adelantar contactos con las FARC-EP, con la intención de buscar acuerdos que permitieran la liberación de rehenes a cambio de guerrilleros presos y que contribuyeran a iniciar diálogos de paz. El asesinato de 11 diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca9, que las FARC-EP mantenían secuestrados desde 2002, produjo profunda

iniciar diálogos de paz. El asesinato de 11 diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca9, que las FARC-EP mantenían secuestrados desde 2002, produjo profunda consternación. Estas muertes provocaron un rechazo unánime de toda la población, y generaron manifestaciones multitudinarias y un movimiento de opinión para exigir la liberación de todas las personas secuestradas. También provocó dolor y estupor la publicación de fotografías y cartas de los rehenes para sus familias, interceptadas a las FARC-EP por las autoridades colombianas a fines de noviembre, las cuales evidenciaron la dramática situación de las personas secuestradas. Estos hechos volvieron a recordar a la opinión pública nacional e internacional la permanente indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentran todas las personas en poder de los grupos armados ilegales. Algunas de ellas cumplieron ya 10 años de cautiverio10.

Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAPP/OEA”, Organización de los Estados Americanos (OEA); Documento OEA/Ser.G,CP/doc.4237/07, 3 de julio de 2007. 8 Por ejemplo, la identificación de más de 180 presos de las FARC-EP, incluido uno de sus líderes, para ser liberados unilateralmente. 9 Ver OEA, “Conclusiones de la Comisión Forense Internacional para esclarecer las circunstancias en torno a la muerte de los Diputados colombianos del Valle del Cauca en Junio de 2007”; Documento OEA/Ser.G,CP/INF.5545/07, 18 de septiembre de 2007. 10 Ver sección "Grupos guerrilleros" (párrs. 45 a 49).A/HRC/7/039

OEA/Ser.G,CP/INF.5545/07, 18 de septiembre de 2007. 10 Ver sección "Grupos guerrilleros" (párrs. 45 a 49).A/HRC/7/039 página 9

8. Las elecciones de autoridades regionales y locales a nivel nacional tuvieron lugar el 28 de octubre de 2007. Se eligieron Gobernadores y Diputados a las Asambleas en los 32 departamentos, y alcaldes y concejales en los 1.094 municipios y cuatro distritos, así como ediles de las Juntas Administradoras Locales. Hubo una amplia postulación de candidatos11. La participación ciudadana y los resultados confirmaron la pluralidad política del país. La movilización de la Fuerza Pública contribuyó a la seguridad en el desarrollo de los comicios.

Durante el día de elecciones prevaleció un clima de normalidad, aunque antes y después hubo actos aislados de violencia12. En algunas regiones se registraron amenazas e incluso asesinatos atribuidos principalmente a los grupos guerrilleros (especialmente las FARC-EP); también hubo algunos atribuidos a miembros de nuevos grupos armados ilegales, narcotraficantes y bandas criminales que pusieron en riesgo a numerosos candidatos y limitaron sus actividades políticas13. Hubo un total de ocho precandidatos y 23 candidatos asesinados, y cuatro precandidatos y cinco candidatos secuestrados14.

9. Otro aspecto importante del contexto político fue la continuación del diálogo entre el Gobierno, la sociedad civil colombiana y la comunidad internacional, que dio lugar a la realización de la III Conferencia Internacional sobre Colombia en noviembre de 2007 en Bogotá. La declaración final reafirmó la importancia de “continuar los esfuerzos para obtener

Gobierno, la sociedad civil colombiana y la comunidad internacional, que dio lugar a la realización de la III Conferencia Internacional sobre Colombia en noviembre de 2007 en Bogotá. La declaración final reafirmó la importancia de “continuar los esfuerzos para obtener

11 La Registraduría Nacional del Estado Civil informó de que se inscribieron 61.949 candidatos. 12 Los resultados en 18 municipios de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cesar, Huila, Magdalena, Nariño y Santander, fueron cuestionados por supuestas irregularidades como compra de votos o suplantación de electores y amenazas a testigos electorales. Disturbios en algunos municipios ocasionaron daños a oficinas de la Registraduría, Alcaldías y viviendas privadas. 13 Se registraron amenazas en Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Putumayo, Santander, Tolima y Valle, e intimidaciones a la población civil en Córdoba y Nariño, orientadas a presionar a los votantes. 14 Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Valle del Cauca y Tolima.A/HRC/7/039 página 10 resultados [en la aplicación de las recomendaciones de la Alta Comisionada] a la mayor brevedad posible”15.

II. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO

INTERNACIONAL HUMANITARIO

10. Aunque hay algunos signos alentadores de mejoría, la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario continúa siendo objeto de grave preocupación, particularmente en las regiones donde las dinámicas del conflicto armado interno se han intensificado.

11. Las autoridades, en particular el Gobierno, acogieron la cooperación y las

y del derecho internacional humanitario continúa siendo objeto de grave preocupación, particularmente en las regiones donde las dinámicas del conflicto armado interno se han intensificado.

11. Las autoridades, en particular el Gobierno, acogieron la cooperación y las recomendaciones de la Alta Comisionada, renovando su compromiso para lograr su plena implementación. Al mismo tiempo reconocieron que persisten retos que deben ser enfrentados y deficiencias que deben ser remediadas. Para que las medidas adoptadas sean eficaces se requieren mayores esfuerzos y medidas adicionales sostenidas y reforzadas a largo plazo. Tales medidas deben incluir acciones coordinadas y convergentes de parte de todos los sectores e instituciones del Estado y de la sociedad civil. Es necesario hacer esfuerzos específicos para evitar que las demandas de las víctimas se vuelvan invisibles y por lo tanto irrelevantes. El pleno cumplimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia y la reparación, y la garantía de no repetición, son condiciones esenciales para el tránsito hacia un escenario de paz duradera y reconciliación nacional.

15 Declaración de Bogotá de la III Conferencia Internacional sobre Colombia, Bogotá, 30 de noviembre de 2007,A/HRC/7/039 página 11

A. Autoridades del Estado

1. Lucha contra la impunidad

12. Los problemas estructurales de la administración de justicia colombiana persisten.

Algunos de éstos son: falta de denuncia de delitos ante las autoridades, dificultades en el acceso a la justicia, insuficientes recursos financieros y tecnológicos (a pesar de los incrementos presupuestales), falta de criterios unificados en la aplicación de las leyes, alta carga de trabajo

a la justicia, insuficientes recursos financieros y tecnológicos (a pesar de los incrementos presupuestales), falta de criterios unificados en la aplicación de las leyes, alta carga de trabajo de fiscales y jueces, lentitud en el avance de los procesos, y casos de corrupción. En 2007 hubo algunos progresos importantes para abrir caminos en la lucha contra la impunidad, en particular con el desarrollo de los procesos de la Ley N.° 975 de 2005 contra jefes paramilitares desmovilizados, cuyas versiones libres son un primer paso para esclarecer los hechos del pasado16, y con las investigaciones y procesos adelantados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía contra funcionarios civiles y militares de alto nivel por supuestos vínculos con grupos paramilitares y por hechos de corrupción.

13. Se reabrieron las investigaciones por la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19 en 1986, y otras relacionadas con los asesinatos de miembros del partido Unión Patriótica17. También hubo sentencias condenatorias por ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública, como en el caso de los tres sindicalistas asesinados en agosto de 2004 en Caño Seco, en Saravena (Arauca) y el de un campesino asesinado en abril de 2004 en la vereda La Hondita, en El Peñol (Antioquia). En ambos casos la

punto 7. 16 Ver nota 4 supra. 17 Partido político de izquierda creado en el contexto de los diálogos de paz con las FARC-EP a finales de la década de 1980, muchos de cuyos miembros y seguidores fueron asesinados.A/HRC/7/039 página 12

17 Partido político de izquierda creado en el contexto de los diálogos de paz con las FARC-EP a finales de la década de 1980, muchos de cuyos miembros y seguidores fueron asesinados.A/HRC/7/039 página 12 justicia demostró la falsedad de los informes de patrulla inicialmente elaborados por las unidades militares, que reportaron a las víctimas como “muertos en combate”. La Fiscalía también ordenó la detención de un capitán del Ejército por la masacre de cinco adultos y tres niños en San José de Apartadó (Antioquia) en febrero de 2005.

14. En el ámbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) profirió condena contra el Estado colombiano, que reconoció su responsabilidad, por la ejecución extrajudicial de un líder indígena de la comunidad Nasa (Cauca) cometida por miembros de la Fuerza Pública en febrero de 1988. En otro caso en el cual el Estado también aceptó su responsabilidad, la CIDH condenó la masacre de 12 funcionarios judiciales cometida por grupos paramilitares18 en enero de 1989 con la colaboración de agentes estatales en La

Rochela (Santander).

a) Investigaciones por nexos entre funcionarios públicos, empresas y grupos paramilitares

15. La Corte Suprema de Justicia inició i nvestigaciones por presuntos nexos con grupos paramilitares contra 45 Congresistas de 16 departamentos, de los cuales 18 están en prisión.

También se iniciaron investigaciones contra cuatro ex Gobernadores y 18 ex Alcaldes. En noviembre, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años al ex director del Departamento

También se iniciaron investigaciones contra cuatro ex Gobernadores y 18 ex Alcaldes. En noviembre, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por haber colaborado con grupos paramilitares y por actos de corrupción. Todas estas investigaciones han revelado el alto grado de infiltración paramilitarA/HRC/7/039 página 13 en el Estado a través de alianzas con políticos y con el sostén de algunas empresas privadas19. La Corte Suprema ha dado claras muestras de fortaleza e independencia, lo cual refuerza la posibilidad de continuar revelando otros vínculos de paramilitares con miembros de instituciones públicas y privadas.

16. A pesar de estos importantes casos, cont inúan existiendo serios problemas estructurales para la eficacia del sistema de justicia, tal como se mencionó atrás. La plena funcionalidad del sistema penal acusatorio, prevista para comienzos de 2008, debería contribuir a combatir la impunidad en todos los niveles.

b) Procesos en el marco de la Ley N.° 975 de 2005, “Ley de Justicia y Paz”

17. La Ley N.º 975 de 2005 regula el procesamiento judicial de miembros desmovilizados de grupos armados ilegales para quienes se establecen beneficios judiciales con base en su contribución a la justicia y a la reparación. De los 31.671 paramilitares desmovilizados, en 2007 había 3.127 en la lista de postulados a la Ley N.° 975 de 200520. A 19 de diciembre de 2007, la Fiscalía había iniciado la recepción de 1.057 versiones libres, de las cuales 941 fueron

2007 había 3.127 en la lista de postulados a la Ley N.° 975 de 200520. A 19 de diciembre de 2007, la Fiscalía había iniciado la recepción de 1.057 versiones libres, de las cuales 941 fueron terminadas porque postulados no ratificaron su voluntad de acogerse al proceso de la Ley N.° 975 de 2005. Un total de 542 postulados se encuentran detenidos. La Fiscalía había registrado 121.547 víctimas. Hay un marcado contraste entre el gran número de casos y los limitados progresos realizados, teniendo en cuenta que durante 2007 no hubo ningún llamamiento a

18 Varios de los paramilitares implicados en la referida masacre actualmente son beneficiarios del proceso de desmovilización de la Ley N.º 975 de 2005. 19 En ese sentido, una corte de Estados Unidos condenó y multó a Chiquita Brands International por haber financiado a grupos paramilitares colombianos entre 1997 y 2004.A/HRC/7/039 página 14 juicio. Esto revela la magnitud de los desafíos que enfrenta la Fiscalía y respalda muchas de las preocupaciones y dudas que existen acerca del proceso.

18. Algunas víctimas y defensores de derechos humanos han señalado que frecuentemente la información revelada por los paramilitares desmovilizados no ha sido completa ni veraz. Es evidente también que las declaraciones de la mayoría de estos paramilitares muchas veces justifican, o incluso hacen abierta apología, de los actos de sus organizaciones, derivando en riesgos reales para la vida e integridad de las víctimas que participan en los procesos21. Al mismo tiempo, la información que ha salido a la luz pública a raíz de las versiones libres ha

riesgos reales para la vida e integridad de las víctimas que participan en los procesos21. Al mismo tiempo, la información que ha salido a la luz pública a raíz de las versiones libres ha revelado la descomunal magnitud de las actividades delictivas de los paramilitares22 y los inenarrables detalles de crímenes que no eran conocidos por las autoridades, y mucho menos por la ciudadanía23. Esta realidad genera legítima inquietud con relación al grupo de aproximadamente 19.000 paramilitares desmovilizados que no se acogieron al proceso de la Ley N.° 975 de 2005 y que no tienen una investigación penal abierta en su contra.24.

19. Existe un consenso creciente en relación con la necesidad de contar con nuevos recursos profesionales y técnicos en la Fiscalía, la Procuraduría y el sistema judicial. También es necesario contar con un renovado apoyo político nacional e internacional con el fin de fortalecer los procesos judiciales y políticos desarrollados a partir de la Ley de Justicia y Paz.

20 De estos postulados, todavía hay 439 que no han sido plenamente identificados. 21 Ver sección "Víctimas del conflicto armado" (párrs. 50 a 52). 22 Por ejemplo, un ex líder del llamado “Bloque Bananero” de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) declaró haber ordenado asesinar a cerca de 1.500 personas solamente en la zona de Urabá (departamento de Antioquia). 23 La Fiscalía reportó que no tenían registro de investigaciones previas en contra de alrededor 2.193 de los 3.127 paramilitares desmovilizados postulados. 24 Ver en particular el Decreto N.º 128 del 22 de enero de 2003 “Por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997,

paramilitares desmovilizados postulados. 24 Ver en particular el Decreto N.º 128 del 22 de enero de 2003 “Por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil”.A/HRC/7/039 página 15

20. Sigue siendo un desafío la implementación de mecanismos que garanticen la seguridad de las víctimas para participar en los procesos y recibir reparaciones. Este será un tema central en 2008 si la Fiscalía da los pasos procesales25 que siguen a las declaraciones de los líderes paramilitares.

2. Ejecuciones extrajudiciales

21. La persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, fundamentalmente del Ejército, ha dado lugar a que el Gobierno fortalezca los mecanismos de control. La voluntad política de los funcionarios civiles y militares del más alto nivel para adoptar medidas para prevenir, investigar, sancionar y hacer públicas situaciones en las que se hubieren presentado hechos de esta naturaleza, ha sido manifiesta en la interlocución con la oficina en Colombia durante 2007. Las autoridades han reconocido que conductas tan graves como las ejecuciones extrajudiciales no proporcionan ventaja militar alguna.

22. Las nuevas directivas adoptadas este año por el Ministro de Defensa y autoridades militares de alto nivel26 enfatizaron el campo técnico y normativo. Estas directivas podrían

25 Por ejemplo, existe un debate procesal sin resolver sobre el momento adecuado para expedir resoluciones de acusación individuales. Se plantea si se debe utilizar la información disponible para iniciar el juicio de manera

25 Por ejemplo, existe un debate procesal sin resolver sobre el momento adecuado para expedir resoluciones de acusación individuales. Se plantea si se debe utilizar la información disponible para iniciar el juicio de manera inmediata, o si se debe esperar hasta tener todas las pruebas para todos los casos posibles (incluyendo los casos que aún no han sido iniciados por hechos desconocidos hasta el momento y que solo ahora están saliendo a la luz). 26 Por ejemplo: Disposición N.° 12 del 5 de marzo de 2007, “Reglas de enfrentamiento para las Fuerzas Militares”; la Directiva Permanente N.° 10 del 6 de junio de 2007, “Reiteración (de las) obligaciones para (las) autoridades de hacer cumplir la ley y evitar homicidios en persona protegida”; la Directiva Permanente N.° 19 del 2 de noviembre d