CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - E CN.4 1999 8

Distr. GENERAL E/CN.4/1999/8 16 de marzo de 1999

Original: ESPAÑOL COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 55º período de sesiones Tema 3 del programa provisional

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PERÍODO DE SESIONES

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia

ÍNDICE

Párrafos

INTRODUCCIÓN 1 - 6

I. ACTIVIDADES DE LA OFICINA 7 - 18

II. VISITA DE LA ALTA COMISIONADA A COLOMBIA 19 - 26

III. CONTEXTO NACIONAL 27 - 32

IV. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 33 - 132

A. Derechos civiles y políticos 41 - 66

B. Derechos económicos, sociales y culturales 67 - 81

NACIONES

UNIDAS E Consejo Económico y SocialE/CN.4/1999/8 página 2

C. Derechos de la mujer 82 - 85

D. Derechos del niño y la niña 86 - 90

E. Las minorías étnicas 91 - 94

F. Los desplazados 95 - 101

G. Los defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas 102 - 107

H. Principales infracciones al derecho internacional humanitario 108 - 132

V. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 133 - 148

sindicalistas y periodistas 102 - 107

H. Principales infracciones al derecho internacional humanitario 108 - 132

V. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 133 - 148

VI. CONCLUSIONES 149 - 163

VII. RECOMENDACIONES 164 - 181

Lista de abreviaciones

ACCU Autodefensas Campesinas de Córdova y Urabá

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

AUC Autodefensas unidas de Colombia

CCA Common Country Assesment: Documento de evaluación conjunta de país

CICR Comité Internacional de la Cruz Roja

CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CODHES Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento

CTI Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General

CUT Central unitaria de trabajadores

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DNP Departamento Nacional de PlaneaciónE/CN.4/1999/8 página 3 ELN Ejército de Liberación Nacional

EPL Ejército Patriótico de Liberación

FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

FASOL Corporación Fondo de Solidaridad de los Jueces Alemanes con los Jueces Colombianos Víctimas de la Violencia - Rama Judicial

ICBF Instituto Colombiano del Bienestar Familiar

IDHC Informe de Desarrollo Humano para Colombia

INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

OIT Organización Internacional del Trabajo

ONG Organización no gubernamental

OPS Organización Panamericana de la Salud

PIB Producto interior bruto

INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

OIT Organización Internacional del Trabajo

ONG Organización no gubernamental

OPS Organización Panamericana de la Salud

PIB Producto interior bruto

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

USO Unión sindical obrera

INTRODUCCIÓN

1. La Comisión de Derechos Humanos viene siguiendo con preocupación la situación de los derechos humanos en Colombia desde hace ya algunos años. Así, en 1996, 1997 y 1998, se han sucedido declaraciones por parte del Presidente de la Comisión señalando preocupación ante la situación de violencia endémica que se vive en Colombia, haciendo hincapié a graves problemas en la esfera de los derechos humanos a la misma vez que reconociendo los esfuerzos del Gobierno en el área de los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos solicitó en 1996 a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos establecer una oficina en Colombia teniendo en cuenta la invitación de dicho Gobierno.

2. El 26 de noviembre de 1996 fue establecida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia mediante acuerdo firmado por la entonces Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia y el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el marco de este acuerdo, la Oficina debe observar la situación de los derechos humanos con el objeto de asesorar a las autoridades colombianas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de violencia y conflicto armado interno que vive el país a fin de permitir a la Alta Comisionada presentar informes analíticos a la Comisión de Derechos

formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de violencia y conflicto armado interno que vive el país a fin de permitir a la Alta Comisionada presentar informes analíticos a la Comisión de Derechos Humanos.E/CN.4/1999/8 página 4

3. En el 54º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos (1998), su Presidente declaró que la Comisión "considera de la mayor importancia el trabajo que la Oficina ha venido realizando en la promoción del respeto de los derechos humanos, el cual puede facilitar la reconciliación entre los colombianos y la búsqueda de la paz. Considera que la Oficina... desempeña una función vital para focalizar la situación de los derechos humanos en Colombia".

Asimismo, "pide a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que durante su 55º período de sesiones le presente un informe detallado de actividades que incluya el análisis de su Oficina sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, de conformidad con las disposiciones del acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Alta Comisionada sobre la operación de la Oficina permanente en Bogotá.

4. Originalmente de una vigencia de 17 meses, el acuerdo fue prorrogado mediante intercambio de comunicaciones hasta abril de 2000. En marzo de 1998, se suscribió un acuerdo adicional por el cual se aumentaba el número de oficiales de derechos humanos a 12 y se permitía expresamente la presentación de informes de carácter confidencial a los países miembros, organizaciones internacionales y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

5. La Oficina en Colombia viene trabajando desde hace casi dos años en forma ininterrumpida con las autoridades colombianas, organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras,

organizaciones internacionales y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

5. La Oficina en Colombia viene trabajando desde hace casi dos años en forma ininterrumpida con las autoridades colombianas, organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras, representantes de la sociedad civil, el CICR y organismos de las Naciones Unidas con el objetivo no sólo de prevenir y denunciar violaciones a los derechos humanos, sino también de aportar soluciones concretas que busquen mejorar la situación de los derechos humanos. La Oficina, tal como lo indica el mandato, ha puesto a disposición de los distintos mecanismos de las Naciones Unidas la información recogida por ella en el transcurso de sus actividades; la Oficina también vela para que se cumplan las recomendaciones emitidas por los distintos organismos de derechos humanos dando recomendaciones concretas para la aplicación de las mismas.

6. El presente informe corresponde al período comprendido entre el mes de enero y el mes de diciembre de 1998.

I. ACTIVIDADES DE LA OFICINA

7. A fin de dar cumplimiento al amplio mandato contenido en el acuerdo suscrito con el Gobierno de Colombia, la Oficina se ha abocado a una serie de actividades relacionadas al mandato. Dado el número limitado de recursos disponibles, ésta ha debido de hacer buen uso de ellos y priorizar áreas de acción. De fundamental importancia han sido los contactos y redes establecidos para obtener información creíble sobre la situación de los derechos humanos y poder así canalizar nuestra ayuda. En este sentido, la Oficina mantuvo la interlocución con los organismos del Estado competentes, autoridades civiles y militares, organizaciones de la sociedad civil y particulares, así como con miembros del cuerpo diplomático, organizaciones internacionales, los distintos organismos del sistema de las Naciones Unidas y con el CICR.

organismos del Estado competentes, autoridades civiles y militares, organizaciones de la sociedad civil y particulares, así como con miembros del cuerpo diplomático, organizaciones internacionales, los distintos organismos del sistema de las Naciones Unidas y con el CICR.

8. En cumplimiento de sus funciones de observación, la Oficina ha continuado recibiendo quejas provenientes de particulares, de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de instituciones del Estado. Estas quejas fueron recibidas en las instalaciones de Bogotá y durante numerososE/CN.4/1999/8 página 5 viajes realizados a diferentes regiones del país. Luego de una verificación de las mismas, gran cantidad de ellas fue transmitida al Gobierno de conformidad con el acuerdo a fin de que éste tome la debida acción. El número total de quejas recibidas entre enero y noviembre de 1998 llega a 882, de las cuales 747 fueron admitidas mientras que otras 155 fueron consideradas inadmisibles. Un total de 482 quejas correspondieron a hechos ocurridos durante 1998, siendo la gran mayoría de ellas quejas por violaciones al derecho a la vida. Es de advertir, sin embargo, que la cantidad de casos a los cuales se refieren las quejas recibidas por la Oficina está lejos de reflejar la magnitud real de la situación que vive Colombia en materia de violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

9. Asimismo, en su afán de colaborar en la prevención de violaciones de derechos humanos, la Oficina transmitió información al Gobierno respecto a masacres que habían sido anunciadas. La Oficina participó en el Grupo de Trabajo sobre la investigación sobre masacres y su prevención coordinado por la Defensoría del Pueblo, cuyo objetivo es precisamente prevenir la ocurrencia de éstas y alertar a las autoridades encargadas de la seguridad de la población. Lamentablemente,

coordinado por la Defensoría del Pueblo, cuyo objetivo es precisamente prevenir la ocurrencia de éstas y alertar a las autoridades encargadas de la seguridad de la población. Lamentablemente, la comunicación de esta información no se ha traducido en acción efectiva y las masacres han continuado impunemente.

10. Vistas la magnitud e intensificación del desplazamiento en Colombia, la Oficina ha dedicado considerables esfuerzos a la tarea de observación y seguimiento de la situación, comunicando al Gobierno sus preocupaciones, así como impulsando acciones de prevención y protección de la población desplazada. Adicionalmente, la Oficina participa, junto a varios organismos de las Naciones Unidas, en un grupo interagencial de trabajo sobre el desplazamiento, impulsando la implementación de sistemas de alerta temprana. En este sentido, la Oficina ha participado en mesas de trabajo donde están representados los desplazados y el Gobierno a fin de verificar el cumplimiento de acuerdos pactados. La Oficina ha realizado numerosas reuniones de trabajo con distintas organizaciones no gubernamentales, agrupaciones de desplazados y agencias de cooperación en las que se analizaron posibles medidas de prevención y protección.

11. Las actividades más relevantes de la Oficina en relación con sus funciones de asesoramiento estuvieron vinculadas con el seguimiento de los proyectos de ley sobre reforma del Código Penal Militar y sobre desaparición forzada. En este sentido, participó conjuntamente con organizaciones no gubernamentales en mesas de trabajo que permitieron estudiar a fondo dichos proyectos. Igualmente, ha brindado asesoría y auspiciado el desarrollo de un proyecto de diseño e implementación de un nuevo módulo pedagógico de formación en derechos humanos para la fuerza pública que cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

e implementación de un nuevo módulo pedagógico de formación en derechos humanos para la fuerza pública que cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD).

12. Múltiples organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil se han beneficiado del apoyo y asesoramiento brindado por la Oficina para la elaboración e implementación de diversos proyectos, particularmente en el área de atención a los desplazados.

También se brindó asesoramiento a la organización no gubernamental que representa a los familiares de las víctimas de los sucesos violentos de Trujillo que está en etapa de solución amistosa, en el marco del caso Nº 11.007 que cursa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz de la masacre ocurrida en 1989/1990. Asimismo, la Oficina prestó sus servicios de asesoramiento a la sociedad civil sobre los temas de derechos humanos y paz, cuya importancia es particularmente relevante en estos momentos.E/CN.4/1999/8 página 6

13. La Oficina continuó participando en los trabajos de la Comisión para el Análisis y Asesoramiento en la Aplicación de las Recomendaciones de los Órganos Internacionales de Derechos Humanos (Comisión 1290), en el seno de la cual expuso el punto de vista de los órganos y mecanismos especiales de las Naciones Unidas así como sus propias observaciones y recomendaciones sobre el fuero militar, la justicia regional, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, los servicios de vigilancia y seguridad privada, el fenómeno del paramilitarismo y la situación de los defensores de los derechos humanos, entre otros temas.

desplazamiento forzado, los servicios de vigilancia y seguridad privada, el fenómeno del paramilitarismo y la situación de los defensores de los derechos humanos, entre otros temas.

14. La Oficina participó en múltiples foros, seminarios, conferencias, mesas redondas, reuniones de trabajo y talleres sobre temas relacionados con la protección de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la paz y el desarrollo, dirigidos a amplios sectores de la sociedad civil y diversas entidades gubernamentales.

15. Entre los proyectos de cooperación impulsados por la Oficina en 1998, destaca el apoyo brindado al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General a través del financiamiento, por un período de dos meses, de dos expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense, quienes participaron y colaboraron en las etapas de exhumación y de estudio en laboratorio de los restos de las víctimas no identificadas de los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia de la ciudad de Bogotá.

16. De conformidad con el "Acuerdo adicional relativo a los informes y al número de profesionales de la Oficina" suscrito en marzo de 1998 entre el Gobierno de Colombia y la Oficina del Alto Comisionado, la Oficina en Colombia ha presentado desde esa fecha un informe mensual de actividades que recoge las observaciones pertinentes del Gobierno de Colombia.

17. La Oficina en Colombia emitió 17 declaraciones públicas y concedió aproximadamente 30 entrevistas a medios de comunicación nacionales y extranjeros.

18. Para el año 1999, la Oficina espera multiplicar sus actividades en el área de la cooperación técnica con el objeto de impulsar proyectos tendentes a promover y proteger los derechos humanos a nivel nacional. La colaboración de las autoridades, instituciones nacionales,

18. Para el año 1999, la Oficina espera multiplicar sus actividades en el área de la cooperación técnica con el objeto de impulsar proyectos tendentes a promover y proteger los derechos humanos a nivel nacional. La colaboración de las autoridades, instituciones nacionales, organizaciones no gubernamentales y de los colombianos en general será indispensable.

Asimismo, se buscará la cooperación de la comunidad internacional a fin de llevar a cabo proyectos concretos que no sólo beneficien directamente a la sociedad colombiana, sino que les dé las herramientas necesarias para su desarrollo.

II. VISITA DE LA ALTA COMISIONADA A COLOMBIA

19. La Alta Comisionada visitó Colombia entre el 20 y el 22 de octubre de 1998. Los objetivos de la visita fueron tres: a) visitar la Oficina en Colombia; b) mantener conversaciones con las autoridades, organizaciones no gubernamentales locales e internacionales, organismos de las Naciones Unidas en Colombia, el CICR y el cuerpo diplomático; y c) inaugurar dos seminarios dedicados, el primero, a la administración de justicia en la región andina y, el segundo, a la protección de los defensores de derechos humanos. Durante el primer seminario se firmó unE/CN.4/1999/8 página 7 memorando de entendimiento con la Comisión Andina de Juristas para ampliar actividades en la esfera de la promoción de los derechos humanos.

20. Durante los tres días de su estadía en Bogotá, la Alta Comisionada tuvo reuniones de trabajo con el Presidente de la República, el Vicepresidente, autoridad encargada de derechos humanos, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Defensa, el Alto Comisionado por la Paz, el Fiscal General y el Fiscal General Adjunto, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, el

el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Defensa, el Alto Comisionado por la Paz, el Fiscal General y el Fiscal General Adjunto, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, el Presidente del Consejo Supremo de la Judicatura y el Presidente del Senado.

21. Durante estas reuniones la Alta Comisionada tuvo la oportunidad de expresar preocupación sobre graves problemas en la esfera de los derechos humanos, en particular en lo que respecta a la grave situación de los desplazados, la existencia y accionar de los grupos paramilitares, la precariedad de la situación de los defensores de derechos humanos, las irregularidades en el sistema de justicia regional y militar, la preocupación ante el retraso en la adopción del Código Penal Militar y el proyecto de ley que tipifica la desaparición forzada, así como el deseo que ratifique el tratado que establece la Corte Penal Internacional. La Alta Comisionada recordó al Gobierno de Colombia que existen recomendaciones específicas sobre cada uno de estos temas que habían sido elaborados por los distintos mecanismos de las Naciones Unidas y cuya implementación se traduciría en una mejora en la situación de los derechos humanos.

22. Particular énfasis se dio a la necesidad de que el Gobierno adopte un plan de acción de derechos humanos siguiendo lo dispuesto en la Conferencia Mundial de Viena sobre Derechos Humanos de 1993 y a la cual participó Colombia. Si bien se reconoció la importancia acordada a los esfuerzos de paz adelantados por el Gobierno de Colombia, se señaló que la paz no puede ser desvinculada de la problemática de los derechos humanos y del derecho al desarrollo. En este sentido, se sugirió que en las negociaciones de paz, el tema de los derechos humanos y del

desvinculada de la problemática de los derechos humanos y del derecho al desarrollo. En este sentido, se sugirió que en las negociaciones de paz, el tema de los derechos humanos y del derecho al desarrollo sean parte de los acuerdos a los que se llegue. Se ofreció toda la colaboración necesaria de la Oficina en Colombia para el diseño de dicho plan de acción. El Gobierno de Colombia se mostró muy receptivo frente a esta propuesta.

23. Durante su visita, la Alta Comisionada también celebró reuniones con representantes de organizaciones no gubernamentales en Colombia, tanto locales como internacionales, representantes de sindicatos, representantes de agrupaciones de desmovilizados de la guerrilla, representantes de la sociedad civil (Mandato por la Paz y Comisión Nacional por la Paz), en las que tuvo la oportunidad de escuchar sus preocupaciones y pedidos que fueron debidamente transmitidos a las diversas autoridades colombianas. Durante sus reuniones con las autoridades colombianas, en particular con el Presidente, el Ministro de Defensa y el Procurador General, la Alta Comisionada solicitó el refuerzo de las medidas de protección para personas en riesgo e hizo énfasis en la conveniencia de apoyar públicamente a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el área de los derechos humanos. Solicitó asimismo que se avanzara con la revisión de los informes elaborados por la Brigada XX de inteligencia del ejército, actualmente en manos del Procurador General.

24. La Alta Comisionada mantuvo reuniones de trabajo con los organismos del sistema de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Colombia en las que unos y otros expresaron su apoyo a las labores de la Oficina en Colombia; dicho apoyo es de importancia fundamental puesto que ha de permitir a la Oficina desarrollar susE/CN.4/1999/8

Colombia en las que unos y otros expresaron su apoyo a las labores de la Oficina en Colombia; dicho apoyo es de importancia fundamental puesto que ha de permitir a la Oficina desarrollar susE/CN.4/1999/8 página 8 actividades en cumplimiento de su mandato evitando la duplicación de esfuerzos y aportando ahí donde sea necesario.

25. Durante su visita, la Alta Comisionada fue testigo del clima de violencia que se vive en Colombia. Apenas a horas de su llegada, la Alta Comisionada fue informada sobre la masacre de Machuca como consecuencia de la cual cerca de 70 personas murieron, incluidas mujeres y niños, luego de un ataque a un oleoducto en el noroeste del país por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Asimismo al día siguiente de haber presentado un discurso en un seminario que reunía diversas organizaciones de derechos humanos del continente americano, se le informó sobre una amenaza de bomba por desconocidos. Ante estos hechos, la Alta Comisionada se desplazó al local donde se celebraba el seminario y, ante la prensa allí presente, condenó dicho acto de intimidación. Un tercer hecho lamentable fue el asesinato del líder sindical Jorge Ortega por desconocidos en la entrada de su casa en Bogotá en momentos en que se había decretado una huelga de trabajadores. Una vez más la Alta Comisionada consideró oportuno ir al local del sindicato para expresar sus condolencias y condenar el hecho; fue recibida cálidamente por los trabajadores, representantes de la Iglesia y de organizaciones no gubernamentales ahí presentes. Los mismos manifestaron la precariedad en la que se encuentran en materia de seguridad.

26. La visita a Colombia fue positiva pues permitió a la Alta Comisionada conocer de cerca la

gubernamentales ahí presentes. Los mismos manifestaron la precariedad en la que se encuentran en materia de seguridad.

26. La visita a Colombia fue positiva pues permitió a la Alta Comisionada conocer de cerca la realidad del país, entablar conversaciones útiles con distintos actores nacionales e internacionales permitiendo de esta manera abrir y reforzar canales de comunicación y coordinación así como estrechar lazos de cooperación. También le permitió conocer de cerca las actividades de la Oficina en el terreno, ser testigo de los esfuerzos incansables de su personal, conocer sus limitaciones y frustraciones ante la realidad desbordante y confirmar la necesidad de apoyarlos aún más en sus tareas. La Alta Comisionada pudo transmitir al Gobierno sus inquietudes y obtuvo de él el compromiso de dar a los derechos humanos el lugar que se merecen y que requiere Colombia. La Alta Comisionada agradeció al Gobierno de Colombia el apoyo brindado durante su corta pero fructífera estadía así como la buena receptividad con la que fueron recibidos sus mensajes.

III. CONTEXTO NACIONAL

27. La República de Colombia se define constitucionalmente como un Estado unitario, con sistema republicano de gobierno, descentralizado y autonomista, cuya organización juridicopolítica está fundada en el respeto de la dignidad humana. El poder público es ejercido en Colombia por tres ramas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. De la fuerza pública del Estado colombiano hacen parte las fuerzas militares y el cuerpo nacional de policía. Aunque este último es definido constitucionalmente como una entidad de carácter civil, sus miembros gozan del mismo fuero penal militar que la Carta política reconoce a los integrantes del ejército, la fuerza aérea y la armada nacional (véase E/CN.4/1998/16).

es definido constitucionalmente como una entidad de carácter civil, sus miembros gozan del mismo fuero penal militar que la Carta política reconoce a los integrantes del ejército, la fuerza aérea y la armada nacional (véase E/CN.4/1998/16).

28. Dos grandes temas políticos marcaron el año 1998: el desarrollo del proceso electoral y la evolución de las iniciativas del Gobierno y de la sociedad civil para iniciar con los gruposE/CN.4/1999/8 página 9 armados de oposición un diálogo sobre la paz que conduzca a la cesación definitiva del conflicto armado interno que viene aquejando al país desde hace más de 40 años.

29. El 8 de marzo de 1998 se celebraron las elecciones para renovar el Congreso de Colombia.

Las mismas se desarrollaron en relativa calma aunque no dejaron de presentarse actos aislados de violencia. En 82 de los 1.072 municipios del país se registraron incidentes de perturbación del orden público; en la mayoría de ellos fueron señalados como responsables guerrilleros del grupo insurgente denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El 31 de mayo y el 21 de junio se llevó a cabo, en dos vueltas y sin perturbación grave del orden público, la elección presidencial. Andrés Pastrana Arango fue elegido Presidente de la República con el 50,5%. El nuevo mandatario asumió el cargo el 7 de agosto.

30. Entre el 12 y 15 de julio, representantes del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional

(ELN) y de diversos sectores de la sociedad civil colombiana sostuvieron un encuentro en el monasterio de Himmelpforten, cerca de la ciudad de Maguncia (Mainz) en Alemania; este

(ELN) y de diversos sectores de la sociedad civil colombiana sostuvieron un encuentro en el monasterio de Himmelpforten, cerca de la ciudad de Maguncia (Mainz) en Alemania; este encuentro finalizó con la firma de un documento denominado Acuerdo de Puerta del Cielo en el que se acuerda dar inicio a un proceso de paz, adoptar medidas para la humanización de la guerra y convocar una convención nacional cuyas sesiones habrán de empezar el 13 de febrero de 1999. La convención deberá sentar las bases de un acuerdo político que deberá traducirse en reformas que permitan democratizar el Estado y la sociedad.

31. En julio, el Presidente electo, Andrés Pastrana, se reunió con miembros del Secretariado Nacional de las FARC. La reunión tuvo como objeto explorar caminos que hagan posible un diálogo fructífero con ese grupo alzado en armas. Se acordó en la necesidad de despejar cinco municipios y así poder instalar una mesa de negociación y diálogo en los primeros 90 días del nuevo gobierno. En el mes de octubre el Gobierno reconoció carácter político al ELN y a las FARC; advirtió, sin embargo, que tal reconocimiento no implicaba otorgar a esos dos grupos guerrilleros la condición de beligerantes. Las FARC propusieron al Gobierno un intercambio de miembros de la fuerza pública en poder de la guerrilla por guerrilleros detenidos en las cárceles colombianas. De estos guerrilleros, unos tienen la calidad de procesados y otros se encuentran cumpliendo condenas judiciales, algunas de ellas impuestas por la comisión de delitos constitutivos de infracciones al derecho internacional humanitario. Al momento de redactarse el presente informe las autoridades no habían adoptado decisión alguna sobre la materia.

cumpliendo condenas judiciales, algunas de ellas impuestas por la comisión de delitos constitutivos de infracciones al derecho internacional humanitario. Al momento de redactarse el presente informe las autoridades no habían adoptado decisión alguna sobre la materia.

32. El 7 de noviembre, en cumplimiento de lo pactado entre el Gobierno y las FARC, las fuerzas armadas del Estado despejaron los municipios de La Macarena, Vistahermosa, La Uribe, Mesetas y San Vicente del Caguán. En los días subsiguientes esos municipios fueron ocupados por la guerrilla, pero ésta manifestó que reconocía la autoridad de sus alcaldes en ejercicio. La permanencia de soldados desarmados en la base militar en San Vicente del Caguán, determinó una demora en el inicio de las conversaciones entre el Gobierno y las FARC. La instalación de la mesa de negociación fue prevista para el 7 de enero de 1999.

IV. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIOE/CN.4/1999/8 página 10

33. A lo largo de 1998, se registraron en forma sistemática masacres con claros rasgos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados. En lo que se refiere a las conductas prohibidas por el derecho internacional humanitario, siguieron presentándose en forma masiva los homicidios de personas protegidas, las torturas, las tomas de rehenes, los ataques contra la población civil y los desplazamientos forzados, que se ciñeron a una pauta sistemática. El deterioro en la situación de los derechos humanos se debe al agravamiento del conflicto armado y a la no implementación por parte del Estado de medidas

rehenes, los ataques contra la población civil y los desplazamientos forzados, que se ciñeron a una pauta sistemática. El deterioro en la situación de los derechos humanos se debe al agravamiento del conflicto armado y a la no implementación por parte del Estado de medidas eficaces, ya sean legislativas, administrativas o de otra índole, tales como las dirigidas contra el paramilitarismo, contra la impunidad o para la protección de defensores de derechos humanos.

34. Como secuela de la intensificación del conflicto armado, la población civil se ha visto crecientemente afectada, lo cual ha provocado desplazamientos masivos de poblaciones que ven así vulnerados también sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Paralelamente, se ha registrado una notable y generalizada degradación de los parámetros del enfrentamiento bélico. La responsabilidad de esta situación recae principalmente en los grupos guerrilleros y los grupos paramil