CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - E CN.4 2000 11
Consejo de Derechos Humanos
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Detalles
- Título
- CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - E CN.4 2000 11
- Autor
- Consejo de Derechos Humanos
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Internacional_Publico
- Año
- 2000
Consejo Económico y Social Distr. GENERAL E/CN.4/2000/11 9 de marzo de 2000
Original: ESPAÑOL COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 56º período de sesiones Tema 3 del programa provisional ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia
ÍNDICE Párrafos Página INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 1 - 4 4
I. ACTIVIDADES DE LA OFICINA................................................... 5 - 11 4
II. VISITAS DE REPRESENTANTES ESPECIALES DEL SECRETARIO GENERAL A COLOMBIA ..................................... 12 - 15 6
III. CONTEXTO NACIONAL ................................................................ 16 - 22 7
IV. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO ......................... 23 - 125 8
A. Derechos civiles y políticos........................................................ 27 - 55 9
B. Derechos económicos, sociales y culturales............................... 56 - 67 15
C. Grupos especialmente vulnerables ............................................. 68 - 77 18
GE.00-11525 (S)
NACIONES
U NIDA S EE/CN.4/2000/11 página 2 ÍNDICE (continuación) Párrafos Página
IV. (continuación)
D. Principales infracciones al derecho internacional humanitario .. 78 - 98 20
E. Situaciones de especial preocupación ........................................ 99 - 125 23
V. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES ...................................................................... 126 - 154 28
A. Recomendaciones relacionadas con la adopción de medidas, programas y políticas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario........................................................... 129 - 134 29
B. Recomendaciones atinentes a la legislación............................... 135 - 145 30
C. Recomendaciones relativas al funcionamiento de la justicia................................................................................ 146 - 150 32
D. Recomendaciones relativas a la protección de grupos vulnerables...................................................................... 151 - 154 34
VI. ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OFICINA ............................................................ 155 - 164 35
A. Vicepresidencia de la República ................................................ 158 35
B. Fiscalía General de la Nación..................................................... 159 36
C. Consejo Superior de la Judicatura .............................................. 160 36
D. Procuraduría General de la Nación............................................. 161 36
E. Defensoría del Pueblo................................................................. 162 36
F. Universidad Nacional ................................................................. 163 36
G. Organizaciones no gubernamentales .......................................... 164 37
VII. CONCLUSIONES ............................................................................. 165 - 182 37
VIII. RECOMENDACIONES.................................................................... 183 - 203 39E/CN.4/2000/11 página 3
Lista de abreviaciones ACCU Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados AUC Autodefensas Unidas de Colombia
CICR Comité Internacional de la Cruz Roja CINEP Centro de Investigación y Educación Popular CODHES Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CONPES Consejo de Política Económica y Social CSSP Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CTI Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General CUT Central Unitaria de Trabajadores DAS Departamento Administrativo de Seguridad DNP Departamento Nacional de Planeación ELN Ejército de Liberación Nacional EPL Ejército Popular de Liberación FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FECODE Federación Colombiana de Educadores ICBF Instituto Colombiano del Bienestar Familiar IDHC Informe de Desarrollo Humano para Colombia OIT Organización Internacional del Trabajo ONG Organización no gubernamental PIB Producto interior bruto PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo UC-ELN Unión Camilista - Ejército de Liberación Nacional UPAC Unidad de Poder Adquisitivo ConstanteE/CN.4/2000/11 página 4
INTRODUCCIÓN
1. La Comisión de Derechos Humanos viene siguiendo con preocupación la situación de los derechos humanos en Colombia desde hace ya algunos años. Así, desde 1996 se han sucedido declaraciones por parte de su Presidente señalando su preocupación por la situación de los derechos humanos en Colombia y reconociendo los esfuerzos que el Gobierno ha estado realizando al respecto. La Comisión de Derechos Humanos solicitó en 1996 a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos establecer una oficina en
Colombia teniendo en cuenta la invitación de dicho Gobierno.
2. El 26 de noviembre de 1996, fue establecida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia mediante acuerdo firmado por la entonces Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia y el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el marco de este acuerdo, la Oficina debe observar la situación de los derechos humanos con el objeto de asesorar a las autoridades colombianas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para la promoción y protección de los derechos humanos, en el contexto de violencia y conflicto armado interno que vive el país, a fin de permitir a la Alta Comisionada presentar informes analíticos a la Comisión de Derechos Humanos. De una vigencia de 12 meses, el acuerdo fue prorrogado, por segunda vez, mediante intercambio de comunicaciones hasta abril de 2000.
3. En el 55° período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos (1999), la Declaración de la Presidencia consideró que la Oficina en Bogotá "sigue desempeñando una función vital en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que se vienen perpetrando en Colombia". Asimismo, en la Declaración "La Comisión pide a la Alta Comisionada que en su próximo período de sesiones le presente un informe detallado sobre las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que contenga un análisis de la Oficina de Bogotá
sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, de conformidad con las disposiciones del acuerdo concertado entre el Gobierno de Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la operación de la Oficina permanente en Bogotá". (E/1999/23-E/CN.4/1999/167, párr. 32).
4. El presente informe corresponde al período comprendido entre enero y diciembre de 1999 y se basa en la información recogida por la Oficina en Bogotá, directamente o a través de sus interlocutores (tales como las autoridades nacionales, las organizaciones no gubernamentales, instituciones nacionales e internacionales), y analizada por la misma.
I. ACTIVIDADES DE LA OFICINA
5. En 1999, la Oficina se reorganizó con el fin de fortalecer la coordinación de sus actividades. Así, estableció tres áreas (de observación, jurídica y de cooperación técnica) y desarrolló su trabajo consecuentemente. Las actividades buscaron fortalecer su capacidad de observación, mejorar y profundizar el diálogo y la cooperación con las instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales (ONGs) de derechos humanos, y enriquecer su capacidad propositiva, su imagen y su presencia en la sociedad.E/CN.4/2000/11 página 5
6. Las quejas presentadas ante la Oficina continuaron siendo una importante fuente de acceso y comprensión de la realidad del país. En 1999, se recibieron 1.376 quejas, se enviaron 211 comunicaciones a las autoridades y se realizaron numerosas gestiones directas.
7. Los oficiales de la Oficina realizaron viajes a distintas regiones del país, completando un total de 56 visitas al terreno y de 121 días de actividades fuera de Bogotá. Estos viajes se han
comunicaciones a las autoridades y se realizaron numerosas gestiones directas.
7. Los oficiales de la Oficina realizaron viajes a distintas regiones del país, completando un total de 56 visitas al terreno y de 121 días de actividades fuera de Bogotá. Estos viajes se han focalizado esencialmente sobre regiones de especial preocupación por la gravedad de las violaciones de derechos humanos y de las infracciones al derecho internacional humanitario, zonas donde se identificaron posibilidades de prevención de tales violaciones e infracciones, y localidades donde el acompañamiento a las víctimas se hizo indispensable.
8. La Oficina incrementó sus actividades relacionadas con el asesoramiento jurídico, y asistió a numerosas reuniones de trabajo en el seno de comités y otras instancias para impulsar investigaciones acerca de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, elaborar programas e identificar acciones para la protección y garantía de estos derechos y el seguimiento de las recomendaciones. Asimismo, se elaboraron diversos documentos jurídicos y de promoción de las normas internacionales. En este sentido, la Oficina inició una serie de publicaciones, mediante la elaboración de 6 Hojas Informativas con el objeto de precisar conceptos, en el marco de la normativa internacional, que contribuyan al análisis de temas de actualidad nacional.
9. En cuanto a la tarea de asesoramiento y asistencia técnica, la Oficina intensificó su diálogo con las instituciones colombianas encargadas de la protección y promoción de los derechos humanos, así como con las organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas
(véase el capítulo VI, párrs. 155 a 164).
10. La Oficina, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), la Comisión Colombiana de Juristas, la Fundación Social, y el Programa por la Paz de la Compañía de Jesús, realizaron en septiembre un seminario internacional sobre "Verdad y justicia en procesos de paz o transición a la democracia". Se contó con expositores internacionales que abordaron ese tema desde las experiencias de El Salvador, Guatemala, Argentina, Chile, la antigua Yugoslavia y Sudáfrica. La Oficina publicó en diciembre el informe del seminario.
11. Como parte de su política de promoción y difusión, la Oficina participó en numerosas actividades como seminarios, foros, talleres y conferencias. Asimismo, en el marco del trabajo con los medios de comunicación, la Oficina realizó cuatro talleres con periodistas y su Director concedió varias entrevistas, convocó dos conferencias de prensa y mantuvo numerosas reuniones de trabajo con los directores de los más importantes medios del país. La Oficina elaboró también 35 comunicados de prensa. Preparó igualmente un folleto explicativo de su mandato y de sus funciones en el país, destinado a la sociedad en general.E/CN.4/2000/11 página 6
II. VISITAS DE REPRESENTANTES ESPECIALES DEL SECRETARIO GENERAL A COLOMBIA Visita del Representante del Secretario General para los desplazados internos
12. El Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los desplazados internos, Sr. Francis Deng, visitó Colombia entre el 21 y el 27 de mayo de 1999. Los objetivos
centrales eran evaluar la evolución del fenómeno desde su visita en 1994 y, en particular, el grado de aplicación de sus recomendaciones, estudiar la situación actual del desplazamiento y formular nuevas observaciones y recomendaciones. Para ello, el Sr. Deng se entrevistó con autoridades del Gobierno, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y comunidades desplazadas; visitó también los departamentos de Sucre, Bolívar y Santander.
13. El Sr. Deng reconoció algunos avances desde 1994, especialmente la adopción de un marco normativo y de mecanismos institucionales para atender las situaciones de desplazamiento interno. Sin embargo, constató el incremento dramático de personas desplazadas y la persistencia de amenazas graves contra varias de ellas, y resaltó la necesidad de garantizarles la protección tanto en los lugares de retorno como de reubicación. Subrayó también la necesidad de llevar a cabo una prevención y asistencia adecuadas, en especial hacia mujeres y niños, de clarificar las políticas y responsabilidades institucionales y de intensificar los esfuerzos para su aplicación (véase E/CN.4/2000/83 y 83/Add. 1 y 2).
Visita del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados
14. El Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados, Sr. Olara A. Otunnu, visitó el país entre el 30 mayo y el 6 junio. El objetivo
era conocer el impacto del conflicto armado sobre la niñez colombiana, identificar medidas concretas para asegurar una mejor protección de la niñez afectada, instar a los actores armados al respeto de las normas y principios humanitarios y, finalmente, impulsar esta problemática como tema prioritario en la agenda de paz. El Sr. Otunnu se entrevistó con autoridades del Gobierno y organizaciones no gubernamentales, y sostuvo un encuentro con Raúl Reyes, vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la "zona de distensión" (véase el capítulo III, párrs. 17 y 18, y el capítulo IV.E.1, párrs. 106 y 107). Visitó Apartadó, Turbo, la "Comunidad de Paz" de San José de Apartadó, Quibdó (Chocó), Medellín (Antioquia) y San Vicente del Caguán (Caquetá), así como a las comunidades de desplazados en el barrio de Soacha, al sur de la capital.
15. El Sr. Otunnu se mostró preocupado por los graves efectos del conflicto armado sobre la niñez colombiana e instó a los actores armados al respeto de los niños en el marco de las hostilidades; condenó enérgicamente la práctica del secuestro, reclamó la existencia de mecanismos de protección y asistencia a la población desplazada y, finalmente, propuso unir esfuerzos para prestar asistencia humanitaria en la "zona de distensión" (véase el informe E/CN.4/2000/7, párrs. 60 a 71 y anexo II).E/CN.4/2000/11 página 7
III. CONTEXTO NACIONAL
16. Los principales acontecimientos políticos del año 1999 en Colombia estuvieron articulados
E/CN.4/2000/7, párrs. 60 a 71 y anexo II).E/CN.4/2000/11 página 7
III. CONTEXTO NACIONAL
16. Los principales acontecimientos políticos del año 1999 en Colombia estuvieron articulados en tres grandes procesos: las iniciativas y acciones para emprender diálogos de paz entre el Gobierno y las guerrillas, principalmente las FARC; la crisis de la economía nacional, que alcanzó este año un nivel de deterioro no experimentado en los últimos 50 años; y la apertura de la agenda política, social y económica del país a una amplia convocatoria de ayuda dirigida a la comunidad internacional. Sin embargo, ninguno de estos procesos produjo un cambio notorio en el carácter crecientemente violento del conflicto armado.
17. La decisión del Presidente Pastrana de impulsar los diálogos de paz con las FARC, y de crear para dicho efecto una "zona de distensión", fue sostenida a lo largo del año. Dicha zona fue establecida el 7 de noviembre de 1998, fecha en la cual el Gobierno ordenó el retiro de los efectivos de la fuerza pública de cinco municipios de los departamentos del Meta y Caquetá, quedando bajo el control de la guerrilla. El 7 de enero de 1999, el Presidente Pastrana dio inicio oficialmente al trabajo preliminar de definición de una agenda de diálogo y negociación.
18. El proceso así iniciado ha sufrido diversos contratiempos, en particular relacionados con la prórroga de la "zona de distensión", originalmente establecida por tres meses. Esto generó una fuerte crisis institucional que llevó a la renuncia del Ministro de Defensa y al anuncio de dimisión de varios altos oficiales militares. Conjurada la crisis, la "zona de distensión" pudo
fuerte crisis institucional que llevó a la renuncia del Ministro de Defensa y al anuncio de dimisión de varios altos oficiales militares. Conjurada la crisis, la "zona de distensión" pudo sostenerse el resto de año. Controversias de diversa índole han surgido en este proceso de diálogo, varias de ellas no totalmente allanadas hasta la fecha. Hay preocupación acerca de la real vigencia de las libertades públicas y las garantías fundamentales de la población en la "zona de distensión" y el comportamiento de las FARC (véase el capítulo IV.E.1, párrs. 106 y 107). La búsqueda de un mecanismo neutral de verificación de comportamientos en la zona no produjo resultado alguno.
19. El 20 de diciembre de 1999, las FARC anunciaron una tregua unilateral hasta el 10 de enero de 2000. Precedida de una escalada violenta durante las dos semanas anteriores en 9 de los 32 departamentos del país, y a pesar del escepticismo de algunos sectores militares de la dirigencia política, la tregua parece haber sido respetada por el grupo armado.
20. Por otra parte, los acercamientos entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional
(ELN) han sido mucho más irregulares y discontinuos, desde que en febrero de 1999 quedara aplazada indefinidamente la realización de una "convención nacional", propuesta por dicho grupo como mecanismo para adelantar diálogos de paz. Lo avanzado el año anterior entró en franca regresión al iniciar el ELN una serie de secuestros masivos de civiles. Estas condiciones
adversas derivaron en que este proceso de diálogo no fuera retomado por el Gobierno sino hasta el mes de noviembre de 1999.
21. Visto el comportamiento de la economía del país durante este año, es correcto señalar que Colombia atraviesa una seria crisis económica, con fuertes protestas sociales y sindicales.
Es necesario mencionar que, el 25 de enero de 1999, un devastador sismo azotó cuatro departamentos de la zona cafetera del país, golpeando seriamente la economía nacional; se reportaron más de un millar de muertes y unos 250.000 damnificados. A pesar de las medidas de emergencia dispuestas por el Gobierno y la ayuda recibida para la reconstrucción del área, la recuperación social y económica de las poblaciones afectadas requerirá de ingentes esfuerzos yE/CN.4/2000/11 página 8 recursos por varios años. Este hecho por sí solo no alcanza sin embargo a explicar la magnitud de esta crisis económica. Por otra parte, el narcotráfico siguió afectando al país, y hacia finales de año, luego de la captura de varias personas, se iniciaron procesos de extradición hacia Estados Unidos.
22. Atento a las nuevas dinámicas que enmarcan las relaciones de cooperación internacional y dispuesto a retomar un perfil protagónico en el ámbito de la diplomacia externa -superadas ya las dificultades que afectaron a la administración anterior en este terreno-, el Gobierno de Colombia ha desplegado una fuerte iniciativa para convocar la ayuda internacional. Asimismo, en diciembre de 1999, llegó al país el Sr. Jan Egeland, quien fue nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas como Coordinador especial para la asistencia internacional a Colombia.
IV. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
Secretario General de las Naciones Unidas como Coordinador especial para la asistencia internacional a Colombia.
IV. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
23. El presente informe, de conformidad con el mandato de la Oficina en Colombia, se refiere tanto a violaciones de derechos humanos como a infracciones al derecho internacional humanitario. Las acciones y omisiones contra derechos consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos constituyen violaciones de éstos cuando tienen por autores a servidores públicos del Estado o a particulares que obran por instigación, con el consentimiento o con la aquiescencia de las autoridades.
24. Las infracciones al derecho internacional humanitario, en el marco del conflicto armado interno colombiano, son acciones u omisiones contrarias al artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, al Protocolo II adicional de 1977 a éstos y al derecho consuetudinario, cuya autoría sólo corresponde a quienes participan directamente en las hostilidades. En Colombia, el derecho internacional humanitario se aplica al Estado, a las guerrillas y a los grupos paramilitares.
25. Los hechos imputables a los grupos paramilitares constituyen igualmente, a los efectos del presente informe, violaciones de derechos humanos que comprometen por lo tanto, por acción o por omisión, la responsabilidad internacional del Estado. Esta consideración se basa en el hecho de que estos grupos cuentan con el apoyo, aquiescencia o tolerancia de agentes del Estado y se benefician de la falta de respuesta efectiva del mismo (véase el capítulo IV.E.2, párrs. 108
a 111).
26. En Colombia, los principales grupos armados insurgentes (guerrillas) que se oponen al Estado son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL).
También existen grupos paramilitares que se llaman a sí mismos "autodefensas" y reclaman ser fuerzas de carácter netamente contrainsurgente. La mayoría de ellos se identifica pública y colectivamente como "Autodefensas Unidas de Colombia" (AUC), siendo su núcleo más fuerte y conocido el de las "Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá" (ACCU).E/CN.4/2000/11 página 9
A. Derechos civiles y políticos
1. Derecho a la vida
27. El derecho a la vida ha sido uno de los más afectados en 1999. La violación de este derecho, en particular mediante la ejecución extrajudicial, se dio tanto en forma de ejecución de una sola víctima, como en forma de masacre (ejecución de tres o más personas en un mismo evento, o en eventos relacionados por la autoría, el lugar y el tiempo). Unas tuvieron claros móviles políticos y otras obedecieron a motivaciones de "limpieza social", pero muchas de ellas se perpetraron con el solo propósito de intimidar a terceros o de provocar el desplazamiento forzado. Entre las víctimas de ejecuciones extrajudiciales figuraron, junto a personalidades políticas nacionales, profesores y estudiantes universitarios, dirigentes sindicales, defensores de los derechos humanos, dignatarios indígenas, religiosos, líderes de comunidades desplazadas, funcionarios municipales, periodistas y numerosos campesinos y obreros. En muchos casos la
los derechos humanos, dignatarios indígenas, religiosos, líderes de comunidades desplazadas, funcionarios municipales, periodistas y numerosos campesinos y obreros. En muchos casos la autoría de las muertes no fue reivindicada, y en la mayor parte de las investigaciones judiciales y disciplinarias no se ha logrado establecer hasta hoy las responsabilidades intelectuales y materiales de los hechos.
28. En el período del presente informe, aumentó el número y la frecuencia de las masacres, caracterizadas por su carácter repetitivo, su persistencia en el tiempo y la crueldad extrema empleada contra las víctimas. La Defensoría del Pueblo ha registrado un aumento de casi el 50% de masacres (402) y del 36% del total de víctimas en éstas (1.836) entre enero y el 21 de diciembre de 1999, comparativamente respecto al año anterior. Muchas de las ejecuciones colectivas estuvieron precedidas por el anuncio paramilitar de la creación de nuevos "frentes de guerra", la distribución de amenazas generalizadas y la fijación de plazos perentorios para el abandono de las localidades. Hubo regiones particularmente castigadas en donde se repitieron las matanzas, llegando a contarse nueve ejecuciones colectivas en un período de dos meses.
El nuevo patrón de multiplicidad, repetitividad y sevicia se impuso especialmente en el Catatumbo y en el norte del Valle del Cauca, pero también fueron afectadas por esto zonas como las del Magdalena Medio, el Urabá chocoano y antioqueño, los Montes de María y el Nudo de Paramillo.
29. La mayor parte de las masacres fueron obra de miembros de los grupos paramilitares, y en repetidas ocasiones se autodeclararon públicamente como responsables de su ocurrencia. Según
el Nudo de Paramillo.
29. La mayor parte de las masacres fueron obra de miembros de los grupos paramilitares, y en repetidas ocasiones se autodeclararon públicamente como responsables de su ocurrencia. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y el 21 de diciembre de 1999 se registraron 152 masacres atribuidas a grupos paramilitares y/o autodefensas. Éstas estuvieron frecuentemente asociadas con otros hechos de violencia, como desapariciones forzadas, torturas, mutilaciones y desplazamientos masivos.
30. Según esa misma fuente, en ese período se registraron también seis masacres atribuidas directamente a miembros de la fuerza pública, con un saldo de 20 víctimas. La Oficina ha recibido testimonios que indican la participación directa de miembros de las fuerzas militares en la organización de los nuevos bloques paramilitares y en la distribución de amenazas.
En algunos casos, los pobladores afectados, reconocieron a miembros de las fuerzas militares formando parte de los contingentes paramilitares que llevaron adelante las masacres. Asimismo, la fuerza pública adoptó comportamientos omisivos que, sin lugar a dudas, permitieron a los paramilitares cumplir su propósito exterminador. Esto se pone en evidencia en varias de lasE/CN.4/2000/11 página 10 investigaciones judiciales y disciplinarias que se siguen contra miembros de esta fuerza, por diversas formas de omisión y por acción directa, sea por conformación de grupos paramilitares, homicidio, concierto para delinquir, u otras (véase el capítulo IV.E.2, párrs 108 a 111).
31. En 1999 también se registraron numerosas amenazas de muerte contra los mismos sectores afectados por las ejecuciones extrajudiciales. En algunos casos tales amenazas tuvieron origen
31. En 1999 también se registraron numerosas amenazas de muerte contra los mismos sectores afectados por las ejecuciones extrajudiciales. En algunos casos tales amenazas tuvieron origen paramilitar, pero en otros su autoría sigue sin esclarecerse. Muchos de los amenazados debieron abandonar sus domicilios y lugares de trabajo, mientras que otros optaron por salir del país, en algunas ocasiones con ayuda de las autoridades (véase el capítulo IV.E.4, párrs 119 a 125).
32. Junto a las amenazas directas deben señalarse, como elemento que contribuye a la polarización de la sociedad, las intervenciones públicas de algunos oficiales de las fuerzas armadas que han lanzado acusaciones y señalamientos contra entidades humanitarias, organizaciones populares, instituciones judiciales y de control, y grupos defensores de los derechos humanos, endilgándoles supuesta parcialidad o simpatía con respecto a los insurgentes.
Así fue el caso del general Alberto Bravo Silva contra la organización no gubernamental Minga y de las declaraciones del general Ramírez, en relación con la Fiscalía, Procuraduría y organizaciones internacionales y nacionales, por ejemplo. Tales intervenciones crean un clima que propicia la formulación de advertencias amenazantes.
33. Los esfuerzos del Estado para garantizarlo y brindarle protección a las personas han sido extremadamente insuficientes. Por otra parte, en el marco de la prevención, en algunas ocasiones la Oficina, además de otras entidades, destacó su preocupación y señaló los riesgos sobre algunas poblaciones frente a amenazas y masacres anunciadas y la urgencia de adoptar medidas inmediatas. No obstante, las acciones de prevención por parte de las autoridades han sido escasas o en algunos casos, inexistentes. Ejemplo de esto es el caso de la Gabarra (Norte de
medidas inmediatas. No obstante, las acciones de prevención por parte de las autoridades han sido escasas o en algunos casos, inexistentes. Ejemplo de esto es el caso de la Gabarra (Norte de Santander), donde a pesar de múltiples advertencias, la inacción del Estado para prevenir nuevas masacres se puso especialmente en evidencia.
