CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - E CN.4 2003 13

Distr. GENERAL E/CN.4/2003/13 24 de febrero de 2003

Original: ESPAÑOL COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 59º período de sesiones Tema 3 del programa provisional

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia ÍNDICE Párrafos Página Resumen ....................................................................................................... 4

I. INTRODUCCIÓN ......................................................................... 1 - 4 9

II. CONTEXTO NACIONAL ............................................................ 5 - 24 9 El anexo al informe se distribuye en el idioma original y en inglés solamente. Conforme al párrafo 8 de la resolución 53/208 B de la Asamblea General, este documento se entrega con retraso debido a la necesidad de incluir la información lo más actualizada posible.

GE.03-11120 (S) 250203 050303

NACIONES

UNIDAS E Consejo Económico y SocialE/CN.4/2003/13 página 2

ÍNDICE (continuación) Párrafos Página

III. CONFLICTO ARMADO INTERNO ............................................ 25 - 40 12 a) Grupos guerrilleros ................................................................. 30 - 31 14 b) Grupos paramilitares ............................................................... 32 - 34 14 c) Fuerza pública ......................................................................... 35 - 38 15 d) Importancia de un proceso de negociación de paz ................. 39 - 40 16

IV. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ........................ 41 - 54 16

V. SITUACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL

d) Importancia de un proceso de negociación de paz ................. 39 - 40 16

IV. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ........................ 41 - 54 16

V. SITUACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO ........................................................................... 55 - 58 20

VI. ÁREAS DE ESPECIAL PREOCUPACIÓN O IMPORTANCIA . 59 - 115 21

1. Estado de derecho y política de seguridad............................... 59 - 78 21 a) Estado de conmoción interior ........................................... 63 - 66 22 b) Zonas de rehabilitación y consolidación .......................... 67 - 69 23 c) Situación en la antigua zona de distensión ....................... 70 - 73 24 d) Paramilitarismo ................................................................ 74 - 77 25

2. Administración de justicia e impunidad ................................. 78 - 87 25

Situación carcelaria ................................................................. 84 - 87 27

3. Desplazamiento forzado ......................................................... 88 - 94 28

4. Grupos étnicos ........................................................................ 95 - 101 30

5. Defensores de derechos humanos ........................................... 102 - 108 31

6. Libertades fundamentales ....................................................... 109 - 115 33 a) Libertad sindical ............................................................... 109 - 110 33 b) Libertad de opinión y de expresión .................................. 111 - 112 34 c) Libertad de conciencia y religión ..................................... 113 35 d) Derechos políticos ............................................................ 114 - 115 35E/CN.4/2003/13 página 3

ÍNDICE (continuación) Párrafos Página

VII. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

d) Derechos políticos ............................................................ 114 - 115 35E/CN.4/2003/13 página 3

ÍNDICE (continuación) Párrafos Página

VII. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES ................................................................... 116 - 130 36

VIII. ACTIVIDADES DE LA OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS .......................................... 131 - 151 39

1. Asesoramiento y cooperación técnica .................................... 135 - 151 40 a) Cooperación en materia de capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario ................. 137 - 144 40 b) Cooperación en materia de fortalecimiento institucional ...................................................................... 145 - 151 42

IX. RECOMENDACIONES ................................................................ 152 - 181 43 a) La prevención y la protección ................................................. 155 - 162 43 b) El conflicto armado interno .................................................... 163 - 168 44 c) El Estado de derecho y la impunidad ..................................... 169 - 175 45 d) Las políticas económicas y sociales ....................................... 176 46 e) La promoción de una cultura de derechos humanos ............... 177 - 179 46 f) El asesoramiento y la cooperación técnica de la Oficina ........ 180 - 181

X. MAPA DE COLOMBIA. División política territorial. Zonas de rehabilitación y consolidación. Antigua zona de distensión. .......................... 47

Anexo: Situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Principales violaciones e infracciones ................................................................. 48E/CN.4/2003/13 página 4

Resumen

Anexo: Situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Principales violaciones e infracciones ................................................................. 48E/CN.4/2003/13 página 4

Resumen Este informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia cubre el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2002, y responde a la solicitud formulada por la Comisión de Derechos Humanos durante su 58º período de sesiones. Contexto nacional El informe analiza el contexto nacional y pasa revista a los factores de orden político, militar, económico, social e institucional que a lo largo del año 2002 plantearon a Colombia múltiples problemas, dificultades y retos en relación con el mantenimiento de los principios del Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y la observancia de la normativa internacional humanitaria. Entre esos factores figuran: la interrupción de los procesos de paz entre, por un lado, el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana y, por otro lado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), respectivamente; la incidencia que en la degradación del conflicto armado han tenido las acciones violentas, muchas de ellas de un corte terrorista, tanto por parte de los grupos guerrilleros como por parte de los grupos paramilitares; la persistencia de denuncias e informaciones sobre nexos entre servidores públicos y organizaciones paramilitares; y los obstáculos que para el cabal ejercicio de los derechos políticos han constituido las presiones ejercidas sobre candidatos y sufragantes por los grupos ilegales. Las elecciones de marzo para el

denuncias e informaciones sobre nexos entre servidores públicos y organizaciones paramilitares; y los obstáculos que para el cabal ejercicio de los derechos políticos han constituido las presiones ejercidas sobre candidatos y sufragantes por los grupos ilegales. Las elecciones de marzo para el Congreso y las elecciones presidenciales en mayo fueron dos importantes puntos de referencia en el panorama político de 2002, que permitieron observar la situación de derechos humanos en los últimos meses del Gobierno del Presidente Andrés Pastrana y los primeros cien días del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe.

Otros factores analizados son: la adopción y el desarrollo de la política de seguridad por parte del nuevo Gobierno, que comenzó su ejercicio el 7 de agosto; las medidas adoptadas a raíz de la declaratoria del estado de conmoción interior; la preparación de la convocatoria del referendo constitucional para el año 2003; las gestiones en pro de la iniciación de un diálogo con grupos paramilitares; y las dificultades que el país afronta en materia de endeudamiento, déficit fiscal y realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales.

Al terminar el año se percibió una serie de desafíos en el contexto nacional. Para sólo mencionar algunos, cabe referirse a la degradación incesante del conflicto armado, y a las dificultades para emprender un proceso gradual de solución política del mismo a través de negociaciones de paz adecuadamente estructuradas. A este respecto parece evidente que los buenos oficios del Secretario General, a través de su Asesor Especial, deben ser considerados tanto para retomar el proceso de acercamiento entre el Gobierno y las FARC-EP como para el diálogo entre el Gobierno y el ELN. Otro desafío es el relativo a los contactos, el diálogo y una posible negociación entre el

tanto para retomar el proceso de acercamiento entre el Gobierno y las FARC-EP como para el diálogo entre el Gobierno y el ELN. Otro desafío es el relativo a los contactos, el diálogo y una posible negociación entre el Gobierno y los grupos paramilitares. Parece necesario hacer claridad sobre cuáles de las condiciones planteadas por los dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) pueden aceptarse sin menoscabo del Estado de derecho y sin menosprecio por los derechos fundamentales a la verdad, a la justicia y a la reparación.E/CN.4/2003/13 página 5

Otro reto para el Gobierno y los sectores económicos del país sigue siendo el que plantea la necesidad de que unos como otros contribuyan, dando pleno cumplimiento a las exigencias planteadas por los derechos económicos, sociales y culturales, a un mejor funcionamiento de la economía que permita disminuir la inequidad existente. Igualmente importante para el Gobierno, para el Congreso y para los sectores democráticos del país es el reto de buscar y encontrar mayores grados de concertación y apoyo mutuo en la tarea de promover y proteger los derechos humanos. En particular, el Ejecutivo y el Legislativo se hallan ante el desafío de asegurar que toda propuesta normativa en materia de protección del orden público, administración de justicia y funcionamiento de los órganos de control sea respetuosa de los instrumentos adoptados por la comunidad internacional para garantizar un ejercicio democrático del poder y una efectiva puesta en práctica de los derechos y libertades fundamentales de la persona. Conflicto armado interno El informe destaca la alta y grave incidencia del conflicto armado sobre la situación de los derechos humanos en el país y los desafíos que este conflicto impone al Estado para responder

fundamentales de la persona. Conflicto armado interno El informe destaca la alta y grave incidencia del conflicto armado sobre la situación de los derechos humanos en el país y los desafíos que este conflicto impone al Estado para responder eficazmente a la crisis humanitaria. Señala asimismo la notable degradación del conflicto armado y la crueldad creciente de los métodos de combate utilizados por los grupos armados ilegales, lo cual ha agravado la vulnerabilidad de la población civil. A este respecto analiza la actuación de los grupos guerrilleros, de los grupos paramilitares y de la fuerza pública. Se destaca la importancia de un proceso de negociación de paz, estructurada con parámetros y criterios adecuados, que plantee perspectivas ciertas de progreso y que incorpore tempranamente compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Situación de los derechos humanos El informe reconoce que factores como la degradación del conflicto armado, el narcotráfico y la crisis económica han incidido en el agravamiento de la situación de los derechos humanos y en la capacidad del Estado para protegerlos y garantizarlos. Las conductas criminales de los grupos armados ilegales hicieron patente su falta de respeto por los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y la libertad individual. Sus reiterados ataques a la infraestructura pública multiplicaron los desafíos del Estado para dar una respuesta efectiva a la crítica situación. También señala que el nuevo Gobierno ha manifestado su propósito de cumplir sus obligaciones internacionales y constitucionales en materia de derechos humanos. Entre los logros estatales en ese campo, el informe destaca: la ratificación de varios instrumentos internacionales; los avances relativos a la coordinación institucional y al sistema

cumplir sus obligaciones internacionales y constitucionales en materia de derechos humanos. Entre los logros estatales en ese campo, el informe destaca: la ratificación de varios instrumentos internacionales; los avances relativos a la coordinación institucional y al sistema único de registro de la población desplazada; la jurisprudencia garantista de la Corte Constitucional; y el interés de varias instituciones públicas por fortalecer la cooperación con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como por ejemplo la Vicepresidencia de la República, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el Senado de la República. El informe califica de crítica la situación de los derechos civiles y políticos y señala que a lo largo del año 2002 se ha caracterizado por violaciones graves, masivas y sistemáticas de esos derechos, constituyendo muchas de ellas crímenes contra la humanidad. Se registraron ejecuciones extrajudiciales (masacres y homicidios de carácter individual o selectivo), actos deE/CN.4/2003/13 página 6

tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, acciones que implicaron empleo desproporcionado de la fuerza, desapariciones forzadas, detenciones ilegales o arbitrarias, impedimentos ilegítimos al libre tránsito interno, desplazamientos forzados, injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada y el domicilio, y atentados contra el debido proceso y las garantías judiciales. El informe señala que los autores de esas violaciones fueron servidores públicos comprometidos en graves abusos de poder, en omisión o en abierta connivencia con el paramilitarismo.

garantías judiciales. El informe señala que los autores de esas violaciones fueron servidores públicos comprometidos en graves abusos de poder, en omisión o en abierta connivencia con el paramilitarismo. El informe da cuenta de un aumento significativo de denuncias de violaciones atribuidas directamente a miembros de la fuerza pública, en comparación con el año 2001. Muchas de estas conductas se realizaron en desarrollo de la política de seguridad del nuevo Gobierno, y en particular en aplicación de las normas adoptadas en el marco del estado de conmoción interior declarado en agosto. Varias de estas conductas se realizaron con el acompañamiento o la autorización de agentes de la Fiscalía General de la Nación. En el análisis de la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Colombia, el informe da cuenta de problemas como la profunda exclusión económica y social, el alto grado de pobreza y la amplia brecha de inequidad, que se manifiestan en altos niveles de desempleo, cobertura insuficiente en el campo educativo, graves carencias en la prestación de los servicios de salud y seguridad social, y fuerte reducción del número de viviendas subsidiadas por el Estado. También identifica el informe las dificultades específicas que afectan al reconocimiento y la garantía de los derechos de la mujer y de los derechos del niño y de la niña. A pesar de algunos avances legislativos, destaca en particular la ausencia de una política integral en materia de género, el mantenimiento de formas sexistas de discriminación y marginación y la persistencia de la violencia sexual e intrafamiliar. Situación del derecho internacional humanitario El informe da cuenta del sensible aumento de los crímenes de guerra y del alto índice de

de género, el mantenimiento de formas sexistas de discriminación y marginación y la persistencia de la violencia sexual e intrafamiliar. Situación del derecho internacional humanitario El informe da cuenta del sensible aumento de los crímenes de guerra y del alto índice de victimización de los miembros de la población civil en comparación con el año 2001. Varios de esos actos podrían constituir crímenes contra la humanidad. Entre las principales infracciones del derecho internacional humanitario, muchas de ellas recurrentes y masivas, menciona los homicidios, las amenazas de muerte, los ataques a la población civil, los ataques indiscriminados, los actos de terrorismo, los atentados contra la dignidad personal, la toma de rehenes, el desplazamiento forzado, los atentados contra la misión médica, los ataques a bienes civiles y el empleo de minas antipersonales. En esta sección se estudia también la situación de los niños y mujeres víctimas de la contienda armada. El informe señala como responsable de la mayor parte de las conductas infractoras a los miembros de los grupos guerrilleros y paramilitares. Sin embargo, hace notar que durante el período por él cubierto aumentaron las denuncias de infracciones de la preceptiva humanitaria por integrantes de la fuerza pública. El informe señala la degradación del conflicto armado, a la que ha contribuido poderosamente la utilización de algunos métodos y medios de guerra prohibidos por el derecho internacional humanitario, así como el cambio de estrategia de los grupos armados ilegales. Entre ellos, destaca los ataques a la población civil y el empleo creciente del terror por parte de los grupos armados ilegales y, particularmente, de las FARC-EP.E/CN.4/2003/13 página 7

Entre ellos, destaca los ataques a la población civil y el empleo creciente del terror por parte de los grupos armados ilegales y, particularmente, de las FARC-EP.E/CN.4/2003/13 página 7

Áreas de especial preocupación o importancia El informe analiza varias áreas de especial preocupación o importancia para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entre ellas figuran el mantenimiento del Estado de derecho y la adopción y ejecución de la política de seguridad, las medidas de conmoción interior, la actuación de la fuerza pública en las zonas de rehabilitación y consolidación, la situación de la antigua "zona de despeje", el auge y el fortalecimiento de los grupos paramilitares, las falencias de la administración de justicia y sus contradicciones en la lucha contra la impunidad, las insatisfactorias condiciones de la población carcelaria, el desplazamiento forzado, la victimización de los grupos étnicos, la crítica situación de los defensores de los derechos humanos y de otros miembros de grupos vulnerables, y los problemas existentes para el pleno ejercicio de las libertades fundamentales (libertad sindical, libertad de opinión y de expresión, libertad de conciencia y de religión, y derechos políticos). El informe señala que el Estado aún no cuenta con una política efectiva y coherente en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Esta carencia se manifiesta en la debilidad de sus políticas preventivas, lo cual contribuye a agravar la crisis en uno y otro campo. Esto ha incidido en el aumento significativo de personas desplazadas, así como en la mayor vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos afectados por intimidaciones, amenazas, ataques y estigmatizaciones aun por parte de servidores públicos.

campo. Esto ha incidido en el aumento significativo de personas desplazadas, así como en la mayor vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos afectados por intimidaciones, amenazas, ataques y estigmatizaciones aun por parte de servidores públicos. Entre las materias de especial preocupación, el informe destaca factores y condiciones que tienden a debilitar el Estado de derecho, manifestado en recurrentes problemas o crisis de gobernabilidad y en repetidas fallas en la aplicación del principio del imperio de la ley. La tendencia se ve reflejada en la injerencia en las funciones públicas por parte de integrantes de grupos paramilitares y en la continuidad de nexos entre servidores públicos y miembros de esos grupos. También constituye una influencia perjudicial la adopción prioritaria de ciertas políticas represivas y militares en detrimento de la institucionalidad civil. El informe se refiere a la adopción e implementación de disposiciones incompatibles con las normas internacionales y la Constitución nacional, como varias de las contenidas en el Decreto Nº 2002 sancionado en el marco del estado de excepción. La atribución de funciones de policía judicial a los militares y la restricción arbitraria de derechos y libertades fundamentales estuvieron entre los principales motivos de preocupación en ese campo. Otra materia de preocupación ha sido la actuación de instituciones que comprometen la independencia y la imparcialidad judicial. Como ejemplo de esto pueden señalarse decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación en lo referente al despido y traslado de fiscales, así como la posición del Fiscal General de la Nación ante el ejercicio de funciones de policía judicial por miembros de las fuerzas militares, y el apoyo del Fiscal General a medidas de control del orden público que luego la Corte Constitucional declaró contrarias a la Constitución.

así como la posición del Fiscal General de la Nación ante el ejercicio de funciones de policía judicial por miembros de las fuerzas militares, y el apoyo del Fiscal General a medidas de control del orden público que luego la Corte Constitucional declaró contrarias a la Constitución. Seguimiento de las recomendaciones internacionales El informe da seguimiento a las recomendaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos, conflicto armado, Estado de derecho e impunidad, ratificación de instrumentos internacionales, adecuación de la normativa interna a los principios y reglas de carácter internacional, adopción de medidas en pro de los derechos económicos, sociales y culturales, promoción de una cultura de derechos humanos, y asesoría y cooperación técnica. ElE/CN.4/2003/13 página 8

informe constata que no se han registrado progresos significativos en la aplicación de muchas de esas recomendaciones. No obstante, destaca como positivos la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (a pesar de la salvedad sobre los crímenes de guerra), la adopción de la ley que crea el tipo penal de trata de personas, la evaluación de los programas de protección del Ministerio del Interior, la adopción de la ley para dar cumplimiento a la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción y la creación del Observatorio de Minas Antipersonal, así como la adopción de medidas para ampliar la cobertura territorial del sistema de alerta temprana y fortalecer la participación gubernamental en el mismo. Actividades de la Oficina en Colombia El informe dedica una sección para resumir las actividades cumplidas durante 2002, en ejercicio de las funciones de observación, asesoría legal, promoción y difusión, y cooperación

participación gubernamental en el mismo. Actividades de la Oficina en Colombia El informe dedica una sección para resumir las actividades cumplidas durante 2002, en ejercicio de las funciones de observación, asesoría legal, promoción y difusión, y cooperación técnica señaladas en su mandato, por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. De este mandato se han beneficiado varias instituciones del Estado, como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura, entre otras, que han recibido con interés la asesoría y cooperación de la Oficina en el propósito de fortalecer su actuación institucional en derechos humanos. También fueron destinatarias de las actividades de la Oficina las organizaciones de la sociedad civil. La Oficina ha podido iniciar con el nuevo Gobierno, en particular con la Vicepresidencia de la República y la Cancillería, una interlocución frecuente y fluida. En octubre asumió sus funciones el nuevo director de la Oficina. Recomendaciones El informe finaliza con una serie de recomendaciones concretas y prioritarias de la Oficina del Alto Comisionado en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario para el año 2003, con la convicción de que su aplicación podría contribuir sensiblemente a mejorar la situación en Colombia. Las recomendaciones cubren materias importantes como la prevención y la protección, el conflicto armado interno, el Estado de derecho y la impunidad, las políticas económicas y sociales, la promoción de una cultura de derechos humanos y el asesoramiento y la cooperación técnica de la Oficina del Alto Comisionado. Los destinatarios de esas recomendaciones son las autoridades nacionales, todas las partes en el conflicto armado interno y

cooperación técnica de la Oficina del Alto Comisionado. Los destinatarios de esas recomendaciones son las autoridades nacionales, todas las partes en el conflicto armado interno y los sectores representativos de la sociedad civil.E/CN.4/2003/13 página 9

I. INTRODUCCIÓN

1. La Comisión de Derechos Humanos viene siguiendo con preocupación, desde hace varios años, la situación de los derechos humanos en Colombia. Esto se ha visto reflejado en sucesivas declaraciones por parte de su Presidente. La Comisión solicitó en 1996 a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que estableciera una oficina en Colombia, teniendo en cuenta la invitación del Gobierno de este país.

2. El 26 de noviembre de 1996 fue establecida en Colombia la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) mediante acuerdo firmado por el Gobierno de ese país y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el marco de este acuerdo, la Oficina debe observar la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario con el objeto de asesorar a las autoridades colombianas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para la promoción y protección de los derechos humanos, en el contexto de violencia y conflicto armado interno que vive el país. Ello debe permitir al Alto Comisionado presentar informes analíticos a la Comisión. El acuerdo fue prorrogado por iniciativa del Presidente Álvaro Uribe por un período más largo, hasta septiembre de 2006.

3. En el 58º período de sesiones de la Comisión el Presidente reafirmó en su declaración que la Oficina en Colombia "desempeña una función vital en la lucha contra las continuas

más largo, hasta septiembre de 2006.

3. En el 58º período de sesiones de la Comisión el Presidente reafirmó en su declaración que la Oficina en Colombia "desempeña una función vital en la lucha contra las continuas violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario", y solicitó a la Alta Comisionada la presentación de "un informe detallado que contenga un análisis efectuado por su Oficina sobre la situación de derechos humanos en Colombia".

4. El presente informe corresponde al período comprendido entre enero y diciembre de 2002 y se basa en la información recogida por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado directamente y a través de sus interlocutores, y analizada por ella. Otorga especial importancia a las recomendaciones que finalizan el informe.

II. CONTEXTO NACIONAL

5. Durante el año 2002 varios factores de orden político, militar, económico y social crearon un contexto nacional complejo y difícil. Al final del año el país se enfrentaba a múltiples problemas, dificultades y retos de gran magnitud en lo referente al mantenimiento de los principios del Estado de derecho, al respeto de los derechos humanos y a la observancia del derecho internacional humanitario. Otro elemento importante para señalar fue el cambio de Gobierno producido el 7 de agosto con la asunción del nuevo presidente Álvaro Uribe.

6. Los procesos de paz que el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana había iniciado en 1998, al comienzo de su período, con los dos principales grupos guerrilleros -las FARC-EP y el ELNllegaron a conclusiones abruptas durante los primeros meses del año 2002, sin que se hubieran obtenido los resultados positivos que de ellos esperaban muchos segmentos del país.

7. En particular, la forma en que se desarrollaron y terminaron las negociaciones con las

el ELNllegaron a conclusiones abruptas durante los primeros meses del año 2002, sin que se hubieran obtenido los resultados positivos que de ellos esperaban muchos segmentos del país.

7. En particular, la forma en que se desarrollaron y terminaron las negociaciones con las FARC-EP implicó una mayor polarización de las ideas y los sentimientos de amplios sectores de la sociedad civil sobre el presente y el futuro del país. Al comienzo del año, cuando las dosE/CN.4/2003/13 página 10

partes, gracias a una mayor facilitación de la comunidad internacional y de la Iglesia, acababan de superar una de las peores crisis presentadas a lo largo del proceso y habían fijado un calendario más preciso para negociar sobre temas que concernían directamente a la población civil, el marcado incremento de las acciones violentas de la guerrilla llevó al Gobierno a terminar definitivamente el proceso y a recuperar el control militar de la llamada "zona de distensión". De otro lado, en la parte gubernamental no se dieron, a lo largo de los meses anteriores, acciones claras para enderezar el rumbo de un proceso que ya había perdido apoyo social y credibilidad por su total carencia de resultados tangibles.

8. Tras la ruptura definitiva del proceso de negociaciones entre el Gobierno del Presidente Pastrana y las FARC-EP, el 20 de febrero, poco después del secuestro por esa agrupación de un avión a bordo del cual iba el senador Jorge Gec