CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - E CN.4 2004 13

Distr. GENERAL E/CN.4/2004/13 17 de febrero de 2004

ESPAÑOL

Original: ESPAÑOL/INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 60º período de sesiones Tema 3 del programa provisional ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PERÍODO DE SESIONES Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia

Resumen Este informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia cubre el año 2003, y responde a la s olicitud formulada por la Comisión de Derechos Humanos durante su 59º período de sesiones. Contexto nacional y dinámicas del conflicto armado interno La evolución del conflicto armado interno y los problemas del endeudamiento, el déficit fiscal y la polít ica legislativa marcaron nuevos retos para el país. Los primeros meses del año transcurrieron bajo el estado de conmoción interior en cuyo marco se adoptaron medidas de orden público y restricciones a derechos y libertades fundamentales, en particular en las "zonas de rehabilitación y consolidación". El Gobierno incrementó las operaciones orientadas a mantener o restablecer el orden público, en el marco de la "política de seguridad democrática". Se intensificaron los combates entre la Fuerza Pública y lo s grupos armados ilegales, en particular las guerrillas, que frente al aumento de la presión militar se replegaron en las áreas rurales tradicionales y recurrieron a actos de terrorismo. Los grupos armados ilegales Este informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. Los anexos al informe se distribuyen en los idiomas originales solamente.

rurales tradicionales y recurrieron a actos de terrorismo. Los grupos armados ilegales Este informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. Los anexos al informe se distribuyen en los idiomas originales solamente.

GE.04-10996 (S) 190204 260204

NACIONES

UNIDAS E Consejo Económico y SocialE/CN.4/2004/13 página 2 continuaron financiando sus actividades mediante la práctica del secuestro y el tráfico ilícito de drogas. Durante el año se observó, a la par de la alta popularidad del Presidente, reflejada en los sondeos, un mayor grado de tensiones y polarizaciones en la sociedad. El Gobierno promovió la adopción de un referendo constitucional, celebrado el 25 de octubre, para introducir cambios de carácter político y económico en la Constitución. Los datos preliminares apuntaban a que prácticamente ninguna de las propuestas tuvo el número de votantes requ eridos para su aprobación (25% del total del electorado), aun cuando sigue pendiente el pronunciamiento final de las autoridades. Los resultados de las elecciones departamentales y municipales, del 26 de octubre, mostraron la pluralidad política del país. A pesar de las amenazas y atentados de los grupos armados ilegales se pudo llevar a cabo las jornadas electorales debido a las medidas adoptadas por el Gobierno. Después de las elecciones el Presidente procedió a sustituir a algunos de sus ministros más importantes y a realizar cambios en la cúpula de la Fuerza Pública. El Gobierno y una parte significativa de los grupos paramilitares ampliaron los contactos y

algunos de sus ministros más importantes y a realizar cambios en la cúpula de la Fuerza Pública. El Gobierno y una parte significativa de los grupos paramilitares ampliaron los contactos y diálogos iniciados en 2002 y, tras la declaratoria de un cese de hostilidades firmaron, en jul io de 2003, un acuerdo de desmovilización gradual hasta el fin de 2005. En cuanto a los grupos guerrilleros, no se registraron avances en materia de diálogos. En la declaración de Londres de julio, 24 países expresaron su fuerte apoyo al Gobierno enmarca do en ciertos criterios, urgiendo en particular a la pronta implementación de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y a la adopción de medidas contra la impunidad y la connivencia con los grupos paramilitares. Políticas del Estado y seguimiento de las recomendaciones internacionales Se logró desarrollar la interlocución entre la oficina en Colombia del Alto Comisionado y el Gobierno, en particular con el Vicepresidente, y otras entidades estatales para promover la implementación de las recomendaciones. Hubo algunos avances, pero al cierre de este informe quedó pendiente la implementación de la mayor parte de ellas. En general se pudo observar que las recomendaciones no fueron integradas en forma consi stente en las políticas del Gobierno. Las acciones tomadas en el marco de la seguridad democrática incidieron especialmente en la agenda legislativa y en la actuación de la Fuerza Pública y de los órganos judiciales y de control. La oficina en Colombia t omó nota del llamado Estatuto Antiterrorista, aprobado el 10 de diciembre de 2003, contrario a las recomendaciones expresas del Alto Comisionado y de otros órganos internacionales competentes. El Gobierno logró extender la presencia de la Fuerza

diciembre de 2003, contrario a las recomendaciones expresas del Alto Comisionado y de otros órganos internacionales competentes. El Gobierno logró extender la presencia de la Fuerza Pública a casi todos los municipios del país. Sin embargo, algunas regiones con mayor presencia de la Fuerza Pública continuaron con serios problemas de gobernabilidad y de orden público. El refuerzo militar no fue acompañado por el fortalecimiento de las institu ciones civiles. Hubo una tendencia a considerar toda violencia como terrorista, desconociendo de esta manera la existencia de un conflicto armado interno y la necesidad de aplicar consecuentemente el derecho internacional humanitario (DIH). Las acciones contra el paramilitarismo y sus vínculos con servidores públicos no mostraron resultados suficientemente significativos. Las medidas contra la impunidad siguieron registrando pocos resultados concretos. En su política de desmovilización de miembros de o rganizaciones armadas ilegales, el Gobierno dictó normas que otorgan beneficios jurídicos, y propuso proyectos que plantearon interrogantes en materia de impunidad y de derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Las propuestas legislativas del Gobierno se caracterizaron, en general, por el endurecimiento de las penas y laE/CN.4/2004/13 página 3 creación de nuevos crímenes, así como por el debilitamiento de las garantías constitucionales y legales. Se observó un reducido espacio para el ejercicio de un control indepe ndiente e imparcial. En materia de prevención y de protección, se registraron acciones positivas. Sin embargo persisten dificultades en materia de evaluación del riesgo y en la eficacia de las medidas. Se registraron acciones positivas en la destrucción de minas antipersonal. Se aumentó

Sin embargo persisten dificultades en materia de evaluación del riesgo y en la eficacia de las medidas. Se registraron acciones positivas en la destrucción de minas antipersonal. Se aumentó el gasto público en educación y salud, pero no se redujo la brecha de inequidad y no se beneficiaron proporcionalmente los sectores más desfavorecidos. Los grupos al margen de la ley no han acatado en lo más mínimo las recomendaciones del Alto Comisionado en materia de conflicto armado, de observancia del DIH y de respeto por los derechos humanos. Derecho internacional humanitario: infracciones de los actores armados Según cifras oficiales disminuyeron el número de ho micidios, masacres, ataques a la población civil, ataques indiscriminados, tomas de rehenes, actos de terrorismo y los nuevos desplazamientos forzados. Sin embargo los niveles de estas infracciones siguieron siendo altos. La población civil siguió siendo la mayor afectada en las zonas bajo influencia de los grupos armados ilegales. Continuaron registrándose infracciones por el uso de minas antipersonal, en particular por parte de las FARC-EP y del ELN y el reclutamiento de menores por parte de todos los grupos armados ilegales. Las guerrillas, y en particular las FARC -EP, continuaron con su estrategia de aterrorizar a la población civil, cometiendo actos de terrorismo y secuestros. No sólo no accedieron a liberar sin condiciones a los rehenes sino que, en algunos casos, las FARC-EP y el ELN les dieron muerte. Los grupos principales de los paramilitares no honraron, en la mayoría de las regiones, el compromiso asumido con el Gobierno de cese de hostilidades. Siguieron registrándose

FARC-EP y el ELN les dieron muerte. Los grupos principales de los paramilitares no honraron, en la mayoría de las regiones, el compromiso asumido con el Gobierno de cese de hostilidades. Siguieron registrándose infracciones incluy endo masacres, homicidios y desplazamientos, así como la práctica de reclutamiento de menores. En las regiones donde la Fuerzas Militares intensificaron sus acciones, se denunció y atribuyó que, en ocasiones, miembros de éstas fueron responsables de infracciones por irrespeto del principio de distinción, incluyendo casos de ametrallamientos indiscriminados, y homicidios. Las acciones de cortar el abastecimiento a la guerrilla afectaron, en algunos casos, a la población civil. Situación de los derechos humanos La situación de los derechos humanos en Colombia siguió siendo crítica. Durante el año se registraron denuncias de violaciones del derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y seguridad personales, al debido proceso y a las garantías judicia les, a la independencia e imparcialidad de la justicia, al respeto de la vida privada y de la intimidad, así como de las libertades fundamentales de circulación, residencia, opinión y expresión, y a los derechos políticos. La oficina en Colombia continuó recibiendo, en forma creciente, denuncias de violaciones con responsabilidad directa de los servidores públicos, y en particular de la Fuerza Pública, en varias ocasiones conjuntamente con la Fiscalía. Resultó preocupante el aumento de denuncias de detenc iones arbitrarias o ilegales, de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de violaciones al debido proceso y a la intimidad.

Pública, en varias ocasiones conjuntamente con la Fiscalía. Resultó preocupante el aumento de denuncias de detenc iones arbitrarias o ilegales, de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de violaciones al debido proceso y a la intimidad. Hubo un aumento de denuncia s de torturas y maltrato. Se denunció igualmente, en varios casos, la responsabilidad del Estado por omisión o por connivencia de servidores públicos con grupos paramilitares. El conflicto armado y, en particular, el comportamiento de los actoresE/CN.4/2004/13 página 4 armados ilegales incidieron negativamente en la situación de derechos humanos y agravaron las condiciones y los recursos con que cuenta el Estado para responder eficazmente a los problemas. Los derechos económicos, sociales y culturales continuaron siendo afectados por la gran brecha en la distribución de la riqueza, la extrema pobreza, la exclusión y la injusticia social. Situación de grupos particularmente vulnerables A pesar de una disminución en los homicidios de sindicalistas, la situación de los defensores de derechos humanos y de éstos siguió siendo crítica. Los grupos étnicos continuaron padeciendo discriminación y violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. El conflicto armado interno contribuyó a agravar la situación de las comunidades indígenas y afrocolombianas, observándose un incremento de la violencia selectiva por parte de grupos armados ilegales. A pesar de algunos esfuerzos legislativos y de la firma del Acuerdo Nacional por la Equidad de Género, persistieron las formas sexistas de discriminación, exclusión y violencia contra las mujeres, en particular en el marco del conflicto armado interno. Los

por la Equidad de Género, persistieron las formas sexistas de discriminación, exclusión y violencia contra las mujeres, en particular en el marco del conflicto armado interno. Los derechos humanos de gran parte de la niñez continuaron afectados por la inequidad económica y social, la extrema pobreza, la violencia intrafamiliar y sexual, la explotación laboral, así como por el conflicto armado interno. La situación de los periodistas siguió siendo precaria y mostró limitaciones para ejercer plenamente la libertad de opinión, de expresión y de información, en particular por las acciones de los grupos armados ilegales. La tendencia creciente del desplazamiento forzado se invirtió en 2003, pero continuó registrando altos niveles. Se presentaron retroceso s en la política de atención y en las medidas de discriminación positiva. Los funcionarios municipales y departamentales (alcaldes, concejales y personeros), los miembros de la Unión Patriótica (UP), los funcionarios judiciales, y también los religiosos estuvieron afectados por el conflicto armado interno. Recomendaciones El Alto Comisionado presenta una serie de recomendaciones concretas y p rioritarias para el año 2004, con la convicción de que la aplicación de ellas podría contribuir sensiblemente a mejorar la situación en Colombia. Las recomendaciones cubren materias importantes referentes a la prevención y la protección, al conflicto arma do interno, al estado de derecho y a la impunidad, a las políticas económicas y sociales, a la promoción de una cultura de derechos humanos y al asesoramiento y a la cooperación técnica de la Oficina del Alto Comisionado. Los destinatarios de esas recomen daciones son las autoridades del Estado, los grupos armados

impunidad, a las políticas económicas y sociales, a la promoción de una cultura de derechos humanos y al asesoramiento y a la cooperación técnica de la Oficina del Alto Comisionado. Los destinatarios de esas recomen daciones son las autoridades del Estado, los grupos armados ilegales, los sectores representativos de la sociedad civil, y la comunidad internacional.E/CN.4/2004/13 página 5 ÍNDICE Párrafos Página INTRODUCCIÓN.......................................................................................... 1 - 4 7

I. CONTEXTO NACIONAL Y DINÁMICAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO...................................................................... 5 - 15 8

II. POLÍTICAS DEL ESTADO Y SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES ................... 16 - 40 10

III. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO: INFRACCIONES DE LOS ACTORES ARMADOS...................... 41 - 65 17

IV. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ......................... 66 - 84 22

V. SITUACIÓN DE GRUPOS PARTICULARMENTE VULNERABLES ............................................................................. 85 - 102 26

VI RECOMENDACIONES .................................................................. 103 - 131 31

Anexos

I. Estado de implementación de las recomendaciones formuladas por el Alto Comisionado en su informe de 2003 sobre la situación de los derechos humanos en Colombia de 2002 ........................................................... 36

II. Casos representativos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ................................................................. 44

III. Política legislativa .............................................................................................. 52

IV. Actividades de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos......................................... 59E/CN.4/2004/13 página 6

SIGLAS

III. Política legislativa .............................................................................................. 52

IV. Actividades de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos......................................... 59E/CN.4/2004/13 página 6

SIGLAS AUC Autodefensas Unidas de Colombia DIH Derecho internacional humanitario ELN Ejército de Liberación Nacional de Colombia FARC-EP Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo OACNUDH La oficina en Colombia del Alto Comisionando de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos UP Unión PatrióticaE/CN.4/2004/13 página 7

INTRODUCCIÓN

1. La Comisión de Derechos Humanos viene siguiendo con preocupación, desde hace varios años, la situación de los derechos humanos en Colombia. Esto se ha visto reflejado en sucesivas declaraciones por parte de su Presidente. La Comisión de Derechos Humanos solicitó en 1996 a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos establecer una oficina en Colombia, teniendo en cuenta la invitación del Gobierno de este país.

2. El 26 de noviembre de 1996 fue establecida la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), mediante acuerdo firmado por el G obierno de ese país y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el marco de este acuerdo, la oficina en Colombia debe observar la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario con el objeto de ase sorar a las autoridades colombianas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para la promoción y protección de los derechos humanos, en el contexto de violencia y conflicto

derechos humanos y del derecho internacional humanitario con el objeto de ase sorar a las autoridades colombianas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para la promoción y protección de los derechos humanos, en el contexto de violencia y conflicto armado interno que vive el país. Ello debe permitir al Alt o Comisionado presentar informes analíticos a la Comisión de Derechos Humanos. El acuerdo fue prorrogado en septiembre de 2002 por iniciativa del Presidente Uribe por un período de cuatro años, hasta octubre de 2006.

3. En el 59º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, en 2003, la Declaración de la Presidencia, en abril de 2003, reafirmó que la oficina en Colombia del Alto Comisionado "desempeña una función vital esencial en la lucha contra las violaciones actuales de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario", y solicitó al Alto Comisionado la presentación de "un informe detallado" que contenga un análisis realizado por su Oficina sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.

4. La oficina en Colombia del Al to Comisionado continuó sus funciones de observación, asesoramiento, cooperación técnica, y promoción y difusión. Se realizaron más de 160 misiones al terreno, y se recibieron más de 900 quejas admitidas. La oficina en Colombia participó en múltiples actividades relacionadas con el asesoramiento al Gobierno y a otras entidades del Estado y a la sociedad civil. La cooperación técnica tuvo como eje principal las recomendaciones del Alto Comisionado y buscó promover la participación activa de las instituciones nacionales para fortalecer el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos. La oficina en Colombia participó en numerosas actividades de promoción, hacia el

recomendaciones del Alto Comisionado y buscó promover la participación activa de las instituciones nacionales para fortalecer el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos. La oficina en Colombia participó en numerosas actividades de promoción, hacia el público en general y los medios de comunicación. Continuó realizando una seri e de publicaciones relativas a los derechos humanos, habiendo logrado la distribución de más de 100.000 ejemplares 1. Siguió desarrollando la interlocución con las representaciones diplomáticas de los países interesados. Este informe cubre el año 2003 y s e basa en la información recogida por la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, directamente y a través de sus interlocutores -entre los cuales revisten particular importancia las autoridades estatales y gubernamentalesy analizada por la misma. El informe va acompañado de cuatro anexos: uno sobre el seguimiento de las recomendaciones internacionales; otro sobre las violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario; otro sobre la política legislativa; y otro sobre

1 Para más información véase el anexo IV.E/CN.4/2004/13 página 8 las actividades de observación, asesoría, cooperación técnica y promoción de la oficina en Colombia del Alto Comisionado.

I. CONTEXTO NACIONAL Y DINÁMICAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

5. Durante el año 2003 la evolución del conflicto armado interno y los graves problemas del endeudamiento, el déficit fiscal, y la política legislativa marcaron nuevos retos para el país.

Mientras los sondeos demostraron que el Presidente siguió gozando de un alto grado de

endeudamiento, el déficit fiscal, y la política legislativa marcaron nuevos retos para el país. Mientras los sondeos demostraron que el Presidente siguió gozando de un alto grado de popularidad, la sociedad se caracterizó por su nivel de polarización en varios campos. Durante el año hubo momentos en que se incrementaron las tensiones entre altos funcionarios del Gobierno y del Estado y sectores de las organizaciones de la sociedad civil.

6. El Gobierno tuvo como propósito recuperar el control territorial del país y poner la red vial a salvo de los retenes ilegales y de los atentados con explosivos, táctica frecuente de la guerrilla.

Para ello se aumentó considerablemente el pie de fuerza de los cuerpos militares y policivos, incluyendo los llamados "soldados campesinos o de mi pueblo" y se multiplicaron las operaciones destinadas a mantener o restablecer el orden público, como parte de la "política de seguridad democrática". Al finalizar el año 2003 se había dotado a casi todos los municipios del país con la presencia de la Policía Nacional. También se crearon nuevas unidades y bases militares en varias partes estratégicas del país.

7. A lo largo del año 2003 se intensificaron los combates entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales, en particular las guerrillas. Esas hostilidades se dieron especialmente en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander, el sur de Bolívar, Guaviare y Caquetá. Según cifras oficiales del Ministerio de Defensa, se registró un mayor número de bajas y capturas de todos los grupos armados ilegales, en particular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo (FARC -EP). El impacto de

mayor número de bajas y capturas de todos los grupos armados ilegales, en particular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo (FARC -EP). El impacto de esta confrontación fue significativo para la población civil. Frente al aumento de la presión de la Fuerza P ública, los grupos guerrilleros se replegaron hacia sus áreas más tradicionales y de difícil acceso. Las FARC -EP y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) ampliaron su alianza estratégica y militar en varios puntos del territorio. Los grupos armados ilegales siguieron financiando sus actividades mediante la práctica del secuestro, el cobro de contribuciones impuestas sobre el tráfico ilícito de drogas, la administración de laboratorios dedicados al procesamiento de estupefacientes, la vigilancia y el mantenimiento de aeropuertos clandestinos para embarque de sustancias psicoactivas o de materia prima utilizable en su elaboración y, en algunos casos, la exportación directa de las mismas.

8. El Gobierno continuó el desarrollo de las políticas orientadas a la reestructuración del Estado, al logro de la "seguridad democrática" y a la reactivación de la economía. Esto hizo que ante el Congreso se presentaran numerosas iniciativas legislativas, algunas de éstas para reformar el texto constitucional y otras para introducir modificaciones en la legislación vigente. Muchos de esos proyectos plantearon nuevos retos para el fortalecimiento del estado de derecho, el control civil de la Fuerza Pública, el respeto efectivo de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Varias de esas propuestas gubernamentales incidieron en la polarización de la sociedad colombiana en torno a temas como el de la lucha contra el terrorismo

control civil de la Fuerza Pública, el respeto efectivo de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Varias de esas propuestas gubernamentales incidieron en la polarización de la sociedad colombiana en torno a temas como el de la lucha contra el terrorismo y las medidas para superar el conflicto armado interno.E/CN.4/2004/13 página 9

9. Durante los primeros meses del año, el país continuó bajo el "estado de conmoción interior" declarado por el Decreto Nº 1837 de 11 de agosto de 2002, con fund amento en el cual se adoptaron severas medidas para el control del orden público y se establecieron "zonas de rehabilitación y consolidación" en los departamentos de Arauca, Sucre y Bolívar. La aplicación de la normativa excepcional dio lugar a restriccio nes a derechos y libertades fundamentales, a detenciones masivas y a allanamientos a gran escala. El 29 de abril, la Corte Constitucional puso término al estado de excepción al declarar su segunda prórroga incompatible con la Constitución.

10. Gran parte de la actividad política del año giró en torno de la convocatoria y celebración de un referendo, el 25 de octubre, mediante el cual se sometieron a la voluntad popular 15 propuestas de reforma constitucional. Éstas incluían una gran variedad de asuntos, desde la pérdida de los derechos políticos para los condenados por delitos contra el patrimonio del Estado hasta la limitación de la cuantía de pensiones y salarios pagados con cargo a dineros oficiales, la supresión de contralorías departamentales, distr itales y municipales, y la aplicación de medidas sobre racionalización del gasto público. Los escrutinios se complicaron y en el mes de

supresión de contralorías departamentales, distr itales y municipales, y la aplicación de medidas sobre racionalización del gasto público. Los escrutinios se complicaron y en el mes de diciembre todavía no se conocía el resultado final. Sin embargo, los datos preliminares apuntaban a que prácticamente ninguna de las propuestas tuvo el número de votantes requerido para su aprobación (25% del total del electorado).

11. El 26 de octubre se llevaron a cabo las elecciones populares para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Gracias a esfuerzos especiales tomados por el Estado, la mayoría de los ciudadanos pudo ejercer sin mayores dificultades sus derechos políticos. Aun así, no faltaron denuncias sobre la comisión de delitos contra los mecanismos de participación democrática. El resultado de las elecciones mostró la pluralidad política del país, en las cuales ganaron varios candidatos independientes o de centro izquierda. De significación fue por ejemplo la victoria de los candidatos de centro izquierda para el puesto de alcalde al distrito capital de Bogotá y para el de gobernador del departamento del Valle. En las semanas que siguieron a la doble jornada electoral, el Presidente de la República sustituyó a sus Ministros del Interior y Justicia, de Defensa y del Medio Ambiente, como parte de su estrategia de mejorar las relaciones entre el Gobierno y el Congreso y entre los civiles y los militares. Con el trasfondo de problemas internos y algunos escándalos de corrupción, el Presidente realizó, igualmente, amplios cambios en la cúpula de la Fuerza Pública.

12. La comunidad internacional continuó brindando a Colombia su apoyo y cooperación en

problemas internos y algunos escándalos de corrupción, el Presidente realizó, igualmente, amplios cambios en la cúpula de la Fuerza Pública.

12. La comunidad internacional continuó brindando a Colombia su apoyo y cooperación en varios campos. En este sentido, fue significativa la participación de 24 países, con la presencia de varios organismos multilaterales, e ntre éstos las Naciones Unidas, en la reunión internacional en Londres en julio de 2003. Los países tomaron nota con satisfacción del compromiso del Gobierno de Colombia de implementar las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y urgieron al Gobierno la pronta implementación de estas recomendaciones, y la adopción de acciones efectivas en contra de la impunidad y de la connivencia de servidores públicos con grupos armados ilegales, especialmente, con los paramilitares. No pudo observarse, hasta la fecha, avances significativos en el seguimiento de los compromisos gubernamentales asumidos en Londres.

13. El Gobierno y una parte significativa de los grupos paramilitares ampliaron sus contactos y diálogos durante el año. Tras la declaratoria de un cese de hostilidades en diciembre de 2002 y el desarrollo de una fase exploratoria del proceso de acercamiento entre el Gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el 15 de julio de 2003 se firmó el Acuerdo deE/CN.4/2004/13 página 10

Santa Fe de Ralito, en el cual las partes convinieron la desmovilización total de su fuerza hasta el 2005. Debe anotarse que, pese al compromiso de cese de hostilidades, durante todo el año siguieron registrándose acciones violentas de miembros de los grupos paramilitares contra la

el 2005. Debe anotarse que, pese al compromiso de cese de hostilidades, durante todo el año siguieron registrándose acciones violentas de miembros de los grupos paramilitares contra la población civil. A fines de noviembre se dio la primera desmovilización en un acto celebrado en Medellín, donde un grupo de 870 paramilitares entregó armas y fue concentrado en un centro vacacional de La Ceja (Antioquia) para preparar, en un plazo de tres semanas, su posterior reinserción a la sociedad civil. Durante el proceso se suscitaron varios interrogantes, entre otros, sobre el tratamiento jurídico que el Gobierno se propone dar a los desmovilizados y c ómo garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas.

14. En cuanto a los grupos guerrilleros, el Gobierno declaró su disponibilidad para sostener con