CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - E CN.4 2005 10

Distr. GENERAL E/CN.4/2005/10 28 de febrero de 2005

ESPAÑOL

Original: ESPAÑOL E

INGLÉS COMISION DE DERECHOS HUMANOS 61.o período de sesiones Tema 3 del programa provisional ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DEL PERÍODO DE SESIONES Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia Resumen El presente informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia cubre el año 2004 y responde a la solicitud formulada por la Comisión de Derechos Humanos durante su 60.º período de sesiones. El informe contiene cinco capítulos cuyo contenido se resume abajo. También hay cuatro anexos que tratan sobre las actividades de la oficina en Col ombia del Alto Comisionado; casos representativos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario; situación de grupos particularmente vulnerables; y notas sobre estadísticas. Contexto nacional y evolución del conflicto armado interno Durante el año 2004 la atención pública se concentró, principalmente, en el debate por la reelección presidencial, en las negociaciones con grupos paramilitares, y en los intentos para lograr un intercambio humanitario entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas

Los anexos al informe se distribuyen en los idiomas originales solamente.

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ADVANCE EDITED VERSIONE/CN.4/2005/10 página 2

Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). La reforma del sector justicia y las iniciativas relacionadas con la agenda social fueron otros temas que se debatieron

ADVANCE EDITED VERSIONE/CN.4/2005/10 página 2

Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). La reforma del sector justicia y las iniciativas relacionadas con la agenda social fueron otros temas que se debatieron públicamente. Al comienzo de 2004 el Gobierno acordó con la Organización de los Estados Americanos (OEA) la apertura de la Misión para apoyar el Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA). El Gobierno dio prioridad a la desmovilización de los miembros de grupos armados al margen de la ley, y a las negociaciones con los grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aun sin contar con un marco jurídico adecuado que garantizara, en concordancia con las normas internacionales, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. A finales de 2004 se inició la desmovilización de alrededor de 3.000 integrantes de las AUC. No hubo avances significativos en materia de negociaciones de paz entre el Gobierno y, respectivamente, las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El Secretario General de las Naciones Unidas continuó con sus buenos oficios. Otros países ofrecieron también sus servicios. Fue evidente como los grupos paramilitares continuaron, a pesar del cese de hostilidades declarado por ellos y la desaparición de su tradicional líder, Carlos Castaño, su expansión y consolidación, incluyendo su inserción social e institucional a nivel local y regional, así como con su estrecha vinculación con el narcotráfico. La evolución del conflicto armado inter no se caracterizó por la consolidación de la

expansión y consolidación, incluyendo su inserción social e institucional a nivel local y regional, así como con su estrecha vinculación con el narcotráfico. La evolución del conflicto armado inter no se caracterizó por la consolidación de la presencia de la fuerza pública en las cabeceras municipales, y por el repliegue de las FARCEP y el ELN. A partir de abril de 2004 se puso en marcha el llamado Plan Patriota en el sur del país, la más grande operación militar en la historia moderna colombiana, cuyos objetivos declarados fueron golpear a las FARC-EP en su retaguardia y capturar a sus principales jefes. La fuerza pública golpeó a grupos paramilitares, pero en proporciones menores en comparación c on las acciones dirigidas contra las FARC -EP. Las FARC -EP y el ELN llevaron a cabo una serie de ataques contra la población civil durante 2004, incluyendo, por parte del primer grupo, varias masacres de civiles y secuestros. En ocasiones se notaron actuaciones conjuntas entre las FARC -EP y el ELN. Hubo reiteradas declaraciones de altos funcionarios del Gobierno que desconocieron la existencia de un conflicto armado interno y afirmaron la existencia exclusiva de una amenaza terrorista contra la sociedad c olombiana. El Gobierno y la Fiscalía General continuaron utilizando procedimientos masivos y sistemáticos de allanamientos y detenciones sin los fundamentos probatorios adecuados, muchas veces basados en informes de desmovilizados o reinsertados y en los archivos de inteligencia militar. Durante 2004 siguieron bajando, a nivel nacional y en comparación con el año 2003, algunos indicadores importantes de violencia, como homicidios en general, masacres y

inteligencia militar. Durante 2004 siguieron bajando, a nivel nacional y en comparación con el año 2003, algunos indicadores importantes de violencia, como homicidios en general, masacres y secuestros. A pesar de esta disminución, siguen sie ndo altas las cifras. Con referencia a la población desplazada por la violencia se pudo observar que, aunque el número de nuevos desplazados durante 2004 disminuyó en comparación con el año 2003, aumentó el número total de personas desplazadas en el país. Se formularon varias propuestas sobre un intercambio humanitario para lograr la liberación de las muchas personas civiles secuestradas y militares y policías en poder de las FARC-EP. Ninguna de las propuestas logró concretarse.E/CN.4/2005 /10 página 3 Políticas públicas e implementación de las recomendaciones En materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario se notaron algunos logros y avances, pero también dificultades y contradicciones. En comparación con 2003, en el segundo semestre de 2004 se demostró más interés por parte de varias dependencias del Estado en cuanto a las recomendaciones del Alto Comisionado. Hubo una mayor apertura e intensificación de la interlocución por parte del Gobierno con representantes de la sociedad civil y de la comunidad intern acional. A la vez, el proceso de implementación fue menos consistente de lo deseado y necesario dada la gravedad de las problemáticas y el grado limitado de ejecución de las recomendaciones, considerando que en 2004 estas fueron similares a las formuladas en 2003 y en años anteriores. Al final del año 2004 se pudo observar que el cuadro de implementación de las recomendaciones por parte del Estado era mixto y muy variado, lo cual también tuvo sus efectos en cuanto a la situación

2004 estas fueron similares a las formuladas en 2003 y en años anteriores. Al final del año 2004 se pudo observar que el cuadro de implementación de las recomendaciones por parte del Estado era mixto y muy variado, lo cual también tuvo sus efectos en cuanto a la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Los grupos armados al margen de la ley continuaron incumpliendo sus obligaciones humanitarias y desatendiendo las recomendaciones de la Alta Comisionada. En la aplicación de la política de seguridad del Gobierno se n otaron inconsistencias entre sus objetivos y los métodos utilizados lo cual tuvo efectos sobre sectores de la población civil. Se registraron acciones positivas en materia de prevención y de protección, incluyendo el fortalecimiento del mecanismo de defen sores comunitarios, y del Sistema de Alertas Tempranas, así como de los programas de protección a grupos vulnerables del Ministerio del Interior. Persistieron debilidades en las respuestas estatales a las alertas, así como en la disminución de los factores de riesgos sobre los grupos vulnerables. El Gobierno adoptó medidas positivas para la destrucción de las minas antipersonales almacenadas. Las Fuerzas Militares, en ocasiones, realizaron operaciones en las que inobservaron los principios humanitarios. La Corte Constitucional declaró inexequible por vicios de forma el llamado Estatuto Antiterrorista, cuya incompatibilidad con las normas internacionales señaló, en su momento, la Alta Comisionada. Se registraron algunas acciones positivas en la lucha cont ra la impunidad por parte del Comité de impulso, pero sigue requiriendo de mayores medidas y compromisos sostenidos en el tiempo. Pudo observarse la precariedad de la política de lucha contra el paramilitarismo, y en particular contra sus estructuras, incluyendo los nexos entre

impunidad por parte del Comité de impulso, pero sigue requiriendo de mayores medidas y compromisos sostenidos en el tiempo. Pudo observarse la precariedad de la política de lucha contra el paramilitarismo, y en particular contra sus estructuras, incluyendo los nexos entre miembros de la fuerza pública y otros servidores públicos y esos grupos. En relación con las negociaciones con las AUC fue evidente la necesidad de contar con un marco jurídico adecuado. La política económica y social adoptada por el Gobierno no permitió asegurar avances necesarios en la disminución de la brecha de inequidad, enfrentar la extrema pobreza, disminuir los índices de analfabetismo y desocupación, y aumentar el acceso a la salud y a la vivienda. Se realizaron actividad es para elaborar un plan nacional de acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha continuado asesorando al Gobierno, al Estado y a la sociedad en general en la implementación de las recomendaciones. Es de esperar un aprovechamiento mayor e integral de la cooperación y la asesoría de la oficina.E/CN.4/2005/10 página 4 Situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario Continuaron registrándose violaciones de los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y seguridad personales, al debido proceso, y a la vida privada e intimidad, así como a las libertades fundamentales de circulación, residencia, opinión y expresión. En materia de derechos económicos, sociales y culturales no se evidenciaron avances significativos. Se observó que hace falta un sistema estadístico oficial que recoja más adecuadamente las

las libertades fundamentales de circulación, residencia, opinión y expresión. En materia de derechos económicos, sociales y culturales no se evidenciaron avances significativos. Se observó que hace falta un sistema estadístico oficial que recoja más adecuadamente las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario. La situación de derechos humanos siguió siendo crítica. Hubo un aumento de denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública y a otros servidores públicos. Continuaron siendo altos los de torturas y desaparicion es forzadas. Fueron notables las denuncias de detenciones y allanamientos sin los fundamentos jurídicos adecuados, por parte de miembros del Ejército y de la Fiscalía. También hubo casos de manipulación de pruebas y de testigos. La continuidad de los ne xos entre servidores públicos y grupos armados ilegales, en particular paramilitares, se puso de manifiesto en varias denuncias en las que se atribuyó responsabilidad estatal por acción directa u omisión. Persistió la precariedad de la situación de los de rechos económicos, sociales y culturales, especialmente para los grupos y regiones más vulnerables del país, y en particular en cuanto al acceso, la disponibilidad, la permanencia y el goce de los derechos al trabajo, a la educación, a la salud, y a la vivienda. Continuó la tendencia de disminución respecto de varios índices de infracciones al derecho internacional humanitario, en especial, de homicidio colectivo y la toma de rehenes, aunque los mismos siguen siendo altos. Los grupos paramilitares no respe taron el cese de hostilidades. Los grupos armados al margen de la ley, particularmente las FARC -EP y los

aunque los mismos siguen siendo altos. Los grupos paramilitares no respe taron el cese de hostilidades. Los grupos armados al margen de la ley, particularmente las FARC -EP y los paramilitares, siguieron cometiendo graves y numerosas infracciones como ataques a la población civil, ataques indiscriminados, homicidios, masacres, toma de rehenes, actos de terrorismo, desplazamientos forzados, utilización de minas antipersonal, reclutamiento de menores, y esclavitud y atentados contra la dignidad personal de las mujeres y niñas, como los actos de violencia sexual. Hubo denuncias de infracciones que se atribuyeron a miembros de la fuerza pública, en particular a miembros del Ejército, por homicidios, ataques indiscriminados, desplazamientos forzados, y ataques a la integridad y dignidad personales de las mujeres. Situación de grupos especialmente vulnerables Varias medidas positivas en materia de protección y prevención se vieron debilitadas por las declaraciones públicas de altas autoridades de Gobierno, que en ocasiones públicamente cuestionaron la legitimidad de la labor de los def ensores de derechos humanos y el trabajo de sus organizaciones. Continuó la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, incluyendo a sindicalistas, organizaciones de mujeres y otros líderes sociales, por las amenazas y acciones de los grupos arm ados al margen de la ley, en particular de los paramilitares. Continuó registrándose una tendencia a la baja del número de nuevos desplazados, pero el número total de personas desplazadas aumentó. Las comunidades indígenas y afrocolombianas continuaron estando amenazadas por la acción de los grupos armados al margen de la ley. Otros grupos vulnerables fueron las mujeres, los niños, los

desplazados, pero el número total de personas desplazadas aumentó. Las comunidades indígenas y afrocolombianas continuaron estando amenazadas por la acción de los grupos armados al margen de la ley. Otros grupos vulnerables fueron las mujeres, los niños, los periodistas y formadores de opinión, los funcionarios públicos como los operadoresE/CN.4/2005 /10 página 5 judiciales, alcaldes, ex alcaldes y concejales, así como los miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, y las personas discriminadas por su orientación sexual como gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Recomendaciones La Alta Comisionada formula 27 recomendaciones concret as y prioritarias dirigidas a las autoridades nacionales de las tres ramas del poder público y de los órganos de control encargados de la protección y promoción de los derechos humanos, a los sectores representativos de la sociedad civil, y a los grupos ar mados ilegales. Las recomendaciones son las conclusiones prácticas, con miras al futuro, del análisis hecho con base en la observación sistemática y analítica, y la interlocución con las autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil. La Alt a Comisionada tiene la firme convicción que la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario podría mostrar una sensible mejora si las recomendaciones se aplican en un proceso consistente e integral durante el año 2005. Conforme los dos previos años, y para subrayar el hecho de que se trata de un proceso de implementación donde se necesita coherencia en el tiempo y entre los temas, las recomendaciones están agrupadas bajo los siguientes seis rubros: prevención y protección; conflicto armado interno; Estado de derecho y la impunidad; políticas económicas y sociales;

implementación donde se necesita coherencia en el tiempo y entre los temas, las recomendaciones están agrupadas bajo los siguientes seis rubros: prevención y protección; conflicto armado interno; Estado de derecho y la impunidad; políticas económicas y sociales; promoción de una cultura de derechos humanos; y asesoramiento y cooperación técnica, por parte de la oficina en Colombia del Alto Comisionado.E/CN.4/2005/10 página 6 ÍNDICE Párrafos Página INTRODUCCIÓN.......................................................................................... 1 - 2 8

I. CONTEXTO NACIONAL Y EVOLUCION DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO .............................................. 3 - 21 8

II. POLITICAS PUBLICAS E IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES .................................................................. 22 - 27 13

A. La prevención y protección....................................................... 28 - 41 14

B. El conflicto armado interno....................................................... 42 - 47 17

C. El Estado de derecho y la impunidad........................................ 48 - 63 18

D. Las políticas económicas y sociales.......................................... 64 - 69 20

E. La promoción de una cultura de derechos humanos................. 70 - 71 22

F. El asesoramiento y cooperación técnica de la oficina en Colombia del Alto Comisionado .............................................. 72 22

III. SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO........................ 73 - 118 23

A. Definiciones básicas y observaciones sobre estadísticas .......... 73 - 81 23

B. Situación de los derechos humanos .......................................... 82 - 103 24

C. Panorama general de la situación del derecho internacional humanitario ............................................................................... 104 - 107 30

B. Situación de los derechos humanos .......................................... 82 - 103 24

C. Panorama general de la situación del derecho internacional humanitario ............................................................................... 104 - 107 30

D. Guerrillas................................................................................... 108 - 111 31

E. Paramilitares.............................................................................. 112 - 116 32

F. Fuerza pública........................................................................... 117 - 118 33

IV. SITUACIÓN DE GRUPOS ESPECIALMENTE VULNERABLES ............................................................................. 119 - 127 34

V. RECOMENDACIONES .................................................................. 128 - 157 35

A. Prevención y protección............................................................ 131 - 136 36

B. El conflicto armado interno....................................................... 137 - 142 37E/CN.4/2005 /10 página 7

ÍNDICE (continuación) Párrafos Página

V. (continuación)

C. El Estado de derecho y la impunidad ............................................... 143 - 150 37

D. Políticas económicas y sociales........................................................ 151 39

E. Promoción de una cultura de derechos humanos ............................. 152 - 154 39

F. El asesoramiento y cooperación técnica de la oficina en Colombia del Alto Comisionado....................................................................... 155 - 157 40

Anexos

I. Actividades de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos .............................................. 41

II. Casos representativos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ...................................................................... 49

III. Situación de grupos particularmente vulnerables................................................ 61

IV. Nota sobre estadísticas ........................................................................................ 62E/CN.4/2005/10 página 8

INTRODUCCIÓN

derecho internacional humanitario ...................................................................... 49

III. Situación de grupos particularmente vulnerables................................................ 61

IV. Nota sobre estadísticas ........................................................................................ 62E/CN.4/2005/10 página 8

INTRODUCCIÓN

1. La Comisión de Derechos Humanos viene siguiendo con preocupación, desde hace varios años, la situación de los derechos humanos en Colombia, la cual se ha visto reflejada en sucesivas declaraciones de su Presidente. La C omisión solicitó en 1996 a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que estableciera una oficina en Colombia, teniendo en cuenta la invitación del Gobierno de este país. El 26 de noviembre de 1996 fue establecida la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mediante acuerdo firmado por el Gobierno de ese país y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el marco de este acuerdo, la oficina en Colombia debe observar la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario con el objeto de asesorar a las autoridades colombianas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para la promoción y protección de los derechos humanos, en el contexto de violencia y conflicto armado interno que vive el país. Ello debe permitir al Alto Comisionado presentar informes analíticos a la Comisión de Derechos Humanos. El acuerdo fue prorrogado en septiembre de 2002 por iniciativa del Presidente Uribe por un período de cuatro años, hasta octubre de

2006.

2. En el 60.º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, en la Declaración de la Presidencia, en abril de 2004, se reafirmó que la oficina en Colombia del

2006.

2. En el 60.º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, en la Declaración de la Presidencia, en abril de 2004, se reafirmó que la oficina en Colombia del Alto Comisionado "desempeña una función esencial en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario", y solicitó al Alto Comisionado la presentación de "un informe detallado" que contenga un análisis realizado por su oficina sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. La oficina en Colombia del Alto Comisionado continuó sus funciones de observación, asesoramiento, cooperación técnica, promoción y difusión. Este informe cubre el año 2004, y va acomp añado de cuatro anexos: uno sobre las actividades de observación, asesoría, cooperación técnica y promoción de la oficina en Colombia; otro sobre las violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario; otro sobre la si tuación de grupos particularmente vulnerables; y otro sobre estadísticas.

I. CONTEXTO NACIONAL Y EVOLUCIÓN DEL

CONFLICTO ARMADO INTERNO

3. El año 2004 estuvo marcado políticamente por tres grandes temas. El primero fue el debate público sobre cambios cons titucionales que permitieran la reelección inmediata del Presidente. El segundo tema fue la negociación entre el Gobierno y grupos paramilitares organizados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y el tercero fue la ausencia de avances significativos en materia de negociaciones de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo (FARC -EP) y el Ejército de

Liberación Nacional (ELN).

4. En cuanto al primer tema de la posibilidad de una reelección inmediata, por iniciativa

Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo (FARC -EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

4. En cuanto al primer tema de la posibilidad de una reelección inmediata, por iniciativa del Gobierno del Presidente Uribe, en marzo se radicó un proyecto de acto legislativo por el cual se reformaban algunos artículos de la Constitución Política de Colombia. Este acto fue finalmente aprobado por el Congreso en diciembre. El acal orado debate concentró la mayorE/CN.4/2005 /10 página 9 parte de la atención de la opinión pública y del Congreso durante el año, puso en evidencia las divisiones existentes en cuanto a introducir cambios constitucionales en la estructura del Ejecutivo, y desplazó a un segundo plano otros importantes temas.

5. El segundo tema fue la negociación entre el Gobierno y grupos paramilitares organizados en las AUC, la cual se desarrolló sin que paralelamente exista un marco legal adecuado que garantizara el derecho a la verdad, a la justic ia y a la reparación de las víctimas, y que no haya impunidad para los autores de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Durante todo 2004 la oficina en Colombia brindó su asesoría al Gobierno y a miembros del Congreso para que se lograra un marco conforme a los estándares internacionales.

6. Al comienzo de 2004, el Gobierno acordó con la Organización de los Estados Americanos (OEA) la apertura de la Misión para apoyar el Proceso de Paz en Colombia

(MAPP-OEA), con las tareas principales de verificar eventuales acuerdos entre el Gobierno y grupos armados ilegales en relación al cese al fuego, su desmovilización y reinserción, en

(MAPP-OEA), con las tareas principales de verificar eventuales acuerdos entre el Gobierno y grupos armados ilegales en relación al cese al fuego, su desmovilización y reinserción, en concordancia "con las obligaciones de sus Estados Miembros respecto a la plena vigencia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario"1.

7. Las negociaciones con las AUC tendieron a la desmovilización de grupos paramilitares, no obstante las continuas violaciones al cese de hostilidades, el cual fue reclamado públicamente por el Gobierno. Se pudo observar que este prerr equisito absoluto exigido por el Presidente Uribe no se cumplió como se hubiera esperado. No se han conocido consecuencias concretas para las AUC por los incumplimientos del cese de hostilidades, los cuales, según la Defensoría del Pueblo y otros observadores, fueron extensos y serios.

8. En su informe de seguimiento, la Defensoría del Pueblo señaló que las AUC fueron responsables de 342 casos de infracciones al cese de hostilidades. Entre éstos se incluyen desde la presunta reincorporación a las armas de d esmovilizados hasta masacres, desplazamientos forzados, homicidios selectivos y sistemáticos, secuestros, abusos sexuales, desapariciones, amenazas, intimidaciones y pillajes, ocurridos en 11 departamentos y dirigidos contra la población civil, en muchos casos contra poblaciones indígenas. En noviembre se inició una desmovilización de 3.000 miembros de las AUC en distintas zonas del país, todavía sin definir un marco legal adecuado.

9. Paralelamente al proceso de negociación con las AUC, se hizo de mayor cono cimiento

noviembre se inició una desmovilización de 3.000 miembros de las AUC en distintas zonas del país, todavía sin definir un marco legal adecuado.

9. Paralelamente al proceso de negociación con las AUC, se hizo de mayor cono cimiento público la expansión y consolidación de los grupos paramilitares en varias partes del país.

Se conocieron actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas y el contrabando de

1 El 13 de diciembre de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia, en el marco de la asesoría que presta a la MAPP-OEA. En la misma fecha, el Consejo de la Unión Europea expresó su apoyo al Gobierno de Colombia en su búsqueda de solución negociada del conflicto armado interno, y solicitó a las autoridades colombianas la rápida adopción de un amplio marco legal para el proceso de desarme, desmovilización y reincorporación de los grupos armados.E/CN.4/2005/10 página 10 armas, así como el control que estos grupos ejercen sobre las Administradoras de Régimen Subsidiado (ARS) en distintas regiones. También se tomó conocimiento de los vínculos de jefes paramilitares con sectores políticos y miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de la Fiscalía en el departament o de Norte de Santander. Se puso cada vez más en evidencia los intereses de los grupos al margen de la ley vinculados con el narcotráfico, lo cual en particular se reflejó en las disputas y enfrentamientos entre grupos paramilitares2. En este contexto, queda aún por aclarar la suerte del líder de las AUC Carlos

narcotráfico, lo cual en particular se reflejó en las disputas y enfrentamientos entre grupos paramilitares2. En este contexto, queda aún por aclarar la suerte del líder de las AUC Carlos Castaño, quien desapareció en el mes de abril.

10. El tercer tema fue la ausencia de avances en materia de negociaciones de paz entre el Gobierno y, respectivamente, las FARC -EP y el ELN. Con el liderazgo de las FARC -EP no hubo, por lo que se sabe, ningún contacto directo por parte del Gobierno. Hubo contactos entre voceros del ELN, representantes del Gobierno colombiano, y representantes del Gobierno de México, país que se comprometió a desempeñarse como facilitador, a través de un enviado especial. El Secretario General continuó con sus buenos oficios, decidiendo que éstos deben mantener un perfil bajo, y que el apoyo de las Naciones Unidas a Colombia debe darse prioritariamente en los temas humanit arios y de derechos humanos. Otros países ofrecieron también sus servicios. La Unión Europea, en el mes de abril, incluyó al ELN en su lista de organizaciones terroristas, donde ya figuraban las FARC-EP y las AUC.

11. Adicionalmente a estos tres temas, el Go bierno continuó la implementación de su política de seguridad. Las medidas incluyeron el aumento del número de los integrantes de los cuerpos militares y policivos. Se adoptaron medidas para hacer más eficaz la capacidad de movilización y de respuesta de la fuerza pública. La Corte Constitucional declaró inconstitucional por vicios de procedimiento la modificación de la Constitución, que permitía a los militares la práctica de detenciones, allanamientos, registros e interceptaciones telefónicas. Según e l Gobierno, se incrementó considerablemente el número de personas en

inconstitucional por vicios de procedimiento la modificación de la Constitución, que permitía a los militares la práctica de detenciones, allanamientos, registros e interceptaciones telefónicas. Según e l Gobierno, se incrementó considerablemente el número de personas en la red de informantes y se aumentó el contin