CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - Informe A HRC 55 39

GE.23-23894 (S) 150124 260124 Consejo de Derechos Humanos 55º período de sesiones 26 de febrero a 5 de abril de 2024 Temas 2 y 3 de la agenda Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo Seminario de expertos sobre las amenazas jurídicas y económicas a la seguridad de los periodistas Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Resumen En su resolución 51/9, el Consejo de Derechos Humanos solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, en consulta con todas las partes interesadas pertinentes, organizase, antes del 54º período de sesiones del Consejo, un seminario de expertos de un día de duración sobre las amenazas jurídicas y económicas a la seguridad de los periodistas, y que presentase un informe sobre el seminario al Consejo en su 55º período de sesiones. El seminario de expertos se celebró el 25 de abri l de 2023 en formato híbrido. En el presente informe se resumen los debates celebrados, durante los cuales los panelistas y oradores resaltaron las repercusiones de las amenazas jurídicas y económicas a la seguridad de los periodistas, señalaron las dificu ltades que entrañaba afrontarlas y sugirieron formas de avanzar, así como acciones concretas que proporcionarían un entorno seguro para los periodistas.

Naciones Unidas A/HRC/55/39

de avanzar, así como acciones concretas que proporcionarían un entorno seguro para los periodistas.

Naciones Unidas A/HRC/55/39

Asamblea General Distr. general 18 de diciembre de 2023

Español Original: inglésA/HRC/55/39

2 GE.23-23894

I. Introducción

1. En su resolución 51/9 sobre la seguridad de los periodistas, el Consejo de Derechos Humanos solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, en consulta con todas las partes interesadas pertinentes, organizase, antes del 54º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, un seminario de exp ertos de un día de duración sobre las amenazas jurídicas y económicas a la seguridad de los periodistas, y que preparase un informe sobre el seminario y lo presentase al Consejo en su 55º período de sesiones. El presente informe se ha preparado en cumplimiento de esa solicitud.

2. El seminario de expertos se celebró el 25 de abril de 2023 en formato híbrido

(presencial y en línea) en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Se transmitió por Internet en directo y se grabó1; y fue accesible para las personas con discapacidad al ofrecer interpretación en señas internacionales y subtitulado en directo.

3. El seminario de expertos tenía por objeto examinar el alcance y las tendencias de las amenazas jurídicas y económicas a la seguridad de los periodistas, incluida la dimensión de género y sus efectos en el disfrute de los derechos humanos, y determinar las medidas destinadas a proteger mejor a los periodistas frente a las amenazas jurídicas y económicas.

género y sus efectos en el disfrute de los derechos humanos, y determinar las medidas destinadas a proteger mejor a los periodistas frente a las amenazas jurídicas y económicas.

4. Inauguraron el seminario de expertos el Alto Comi sionado y la Representante Permanente de Austria ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, en nombre del núcleo de países que habían patrocinado la resolución 51/9 del Consejo de Derechos Humanos. El seminari o constó de cuatro sesiones temáticas sobre: a) legislación vigente y tendencias jurídicas que afectan a la seguridad de los periodistas; b) amenazas jurídicas, como las demandas estratégicas contra la participación pública, y sus repercusiones en la seguridad de los periodistas; c) amenazas económicas a la seguridad de los periodistas y su repercusión en la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación; y d) el camino a seguir para proteger mejor a los periodistas de las amenazas jurídicas y económicas y garantizar unos medios de comunicación independientes, libres y pluralistas. En total, participaron en el seminario de expertos 17 panelistas (10 en persona, 6 a distancia y 1 a través de un mensaje de video pregrabado). Todas las sesiones estuvieron presididas por un moderador y en cada una pronunciaron declaraciones entre 3 y 5 panelistas que presentaron los temas y destacaron aspectos clave del tema de cada sesión.

Tras las declaraciones iniciales de los expertos, los moderadores abrieron el debate para que los participantes, tanto presenciales como remotos, hicieran comentarios y preguntas. Al término de cada sesión, los expertos formulaban observaciones finales2.

II. Resumen del seminario de expertos

A. Declaraciones de apertura

los participantes, tanto presenciales como remotos, hicieran comentarios y preguntas. Al término de cada sesión, los expertos formulaban observaciones finales2.

II. Resumen del seminario de expertos

A. Declaraciones de apertura

5. El Al to Comisionado inauguró el seminario de expertos poniendo de relieve que contar con unos medios de comunicación libres e independientes era vital para la gobernanza democrática y para mantener el estado de derecho. Expresó preocupación por el creciente recurso a leyes penales de difamación para silenciar las críticas, restringir el debate público y proteger los intereses de las poderosas élites. Se refirió a las nuevas leyes promulgadas en muchos países, que imponían restricciones abusivas a la libertad de expresión, como la definición en sentido amplio de noticias falsas, la ciberdelincuencia y las leyes de salud pública en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID -19). Otra tendencia era que las personas poderosas solían recurrir a las demandas estratégicas contra la participación pública, a menudo contra periodistas, para impedir que informaran sobre asuntos de interés público. Destacó que el verdadero objetivo de tales demandas era abrumar a los demandados mediante procedimientos jud iciales prolongados y onerosos, que podrían

1 Véase https://media.un.org/en/webtv/schedule/2023-04-25. 2 Pueden consultarse todos los documentos relacionados con el seminario de expertos en https://www.ohchr.org/es/events/events/2023/expert-seminar-legal-and-economic-threats-safetyjournalists.A/HRC/55/39 GE.23-23894 3 dar lugar a la autocensura. Expresó preocupación por las crecientes amenazas económicas

journalists.A/HRC/55/39 GE.23-23894 3 dar lugar a la autocensura. Expresó preocupación por las crecientes amenazas económicas que se cernían sobre los periodistas, como despidos, precariedad laboral y recortes salariales, exposición a indemnizaciones excesivas en demandas civiles por difamación, recortes en la financiación pública y cierre de medios de comunicación. Para concluir, el Alto Comisionado destacó que las libertades colectivas podían asegurarse con la ayuda de unos medios de comunicación libres y que proteger a los periodistas debía ser una responsabilidad colectiva.

6. En sus declaraciones de apertura, la Representante Permanente de Austria, Désirée Schwietzer, señaló que, en los cinco años anteriores, se había producido una regresión en la libertad de prensa, que afectaba aproximadamente al 85 % de la población mundial, y que gran parte de los recientes retrocesos en materia de libertad de prensa consistían en restricciones y amenazas. Cada vez había más acciones legales, como las demandas estratégicas contra la participación pública, se abusaba de las investigaciones y los procesamientos penales y financieros para tomar represalias e intimidar, y se utilizaban sanciones penales desproporcionadas para disuadir a los periodistas de realizar l abores de investigación. Los periodistas también se enfrentaban a un amplio abanico de amenazas económicas, como la captura de medios de comunicación, los despidos, las indemnizaciones excesivas en demandas civiles por difamación, los recortes de la financ iación pública y el cierre de medios de comunicación. Las amenazas a la seguridad jurídica y económica de los

excesivas en demandas civiles por difamación, los recortes de la financ iación pública y el cierre de medios de comunicación. Las amenazas a la seguridad jurídica y económica de los periodistas merecían más atención y medidas urgentes. El seminario de expertos debía contribuir a sensibilizar, estimular el diálogo y fomentar re sultados con miras a promover y proteger la seguridad de los periodistas.

B. Exposiciones de los panelistas Sesión 1. Legislación vigente y tendencias jurídicas que afectan a la seguridad de los periodistas

7. El moderador de la primera sesión, el Jefe de la Sección de Estado de Derecho y Democracia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó el tema de la sesión, que tenía por objeto ofrecer una visión general de la legislación y las tendencias j urídicas que afectaban a la seguridad de los periodistas.

8. La primera panelista, la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, explicó que había cinco grupos de leyes que se utilizaban contra los periodistas3. El primer grupo comprendía diversas leyes de seguridad nacional, desde la sedición y la lucha antiterrorista hasta el espionaje y la influencia extranjera. El segundo grupo correspondía a las leyes penales de difamación e injurias, que no deberían tener cabida en una democracia moderna porque los titulares de cargos públicos deberían ser conscientes de su exposición a un mayor escrutinio público y mostrarse receptivos a la crítica. El tercer grupo de leyes, que había evolucionad o al desarrollarse el espacio digital, abarcaba leyes sobre ciberdelincuencia, como las leyes sobre

mostrarse receptivos a la crítica. El tercer grupo de leyes, que había evolucionad o al desarrollarse el espacio digital, abarcaba leyes sobre ciberdelincuencia, como las leyes sobre ciberdifamación y terrorismo que se utilizaban contra los periodistas, y otorgaban a los investigadores amplias facultades, incluida la vigilancia digital, con escasa o ninguna supervisión judicial. Las leyes sobre noticias falsas, que también habían surgido en los últimos años, combatían la desinformación en línea tratando de restringir las críticas formuladas en Internet a las políticas gubernamentales. Muc has de esas leyes tendían a ser de carácter amplio y vago, a estar mal redactadas y se prestaban a un uso abusivo, al no contar con una supervisión adecuada por parte de los tribunales. En el cuarto grupo, la Relatora Especial hizo mención de las demandas estratégicas contra la participación pública y señaló que, utilizando las leyes de difamación, privacidad y protección de datos, algunas personas poderosas emprendían cada vez más acciones legales insustanciales e infundadas contra periodistas y medios de comunicación y reclamaban daños y perjuicios con el objetivo de acosar, intimidar y agotar los recursos y la moral de los periodistas. En el quinto grupo, incluyó las leyes referidas a delitos financieros —como la evasión fiscal, el fraude y el blanqueo de dinero— de los que las autoridades se servían cada vez más para acosar a los periodistas. Las condenas por delitos financieros podían dar lugar a multas excesivas,

3 Véase A/HRC/50/29.A/HRC/55/39 4 GE.23-23894 llevando a la quiebra a los medios de noticias y a los propios periodistas. La Relatora Especial

3 Véase A/HRC/50/29.A/HRC/55/39 4 GE.23-23894 llevando a la quiebra a los medios de noticias y a los propios periodistas. La Relatora Especial pidió que se dejara de utilizar la ley como arma y que se garantizara una protección jurídica adecuada para los periodistas, pilar fundamental de la democracia, y dijo que había que actuar urgentemente para darles una protección eficaz.

9. La Relatora Especial señaló también que las tecnologías digitales habían afectado al modelo tradicional de los medios de comunicación y habían provocado dificultades económicas y recortes de personal. La situación se había agravado al no haber leyes adecuadas, lo qu e dio lugar a la captura de los medios de comunicación por parte de los Estados y los intereses comerciales. La Relatora Especial subrayó que la crisis económica del sector de los medios de comunicación constituía una amenaza para la libertad de expresión y la libertad de los propios medios de comunicación. Para que los medios de comunicación pudieran sobrevivir, pidió que se reforzaran los medios públicos independientes, financiados por la audiencia y que tenían en cuenta las necesidades del periodismo de interés público.

10. La segunda panelista, la Presidenta del Organismo Regulador de la Información de Sudáfrica y miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Faith Dikeledi Pansy Tlakula, centró sus observaciones en las leyes que ga rantizaban el acceso a la información y la protección de datos. Señaló que, cuando las leyes sobre la libertad de información no se redactaban e interpretaban adecuadamente, podían obstaculizar el ejercicio

la información y la protección de datos. Señaló que, cuando las leyes sobre la libertad de información no se redactaban e interpretaban adecuadamente, podían obstaculizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el acces o a la información. La mayoría de las leyes sobre el acceso a la información contemplaban excepciones, por ejemplo, con respecto a la seguridad nacional. Además, las leyes de protección de datos bien hechas debían subordinarse a las razones imperiosas de i nterés público, de modo que la información sobre seguridad nacional pudiera divulgarse si redundara en el interés público. Las leyes de protección de datos debían contemplar una exención periodística, siempre que los medios de comunicación tuvieran un código de conducta que protegiera adecuadamente la información personal.

11. En cuanto a las tendencias regionales en África, la Sra. Tlakula observó que se estaban aplicando leyes excesivamente amplias, como las leyes penales de difamación y de noticias falsas. Lamentó que las resoluciones y declaraciones de las Naciones Unidas relativas a la seguridad de los periodistas no se estuvieran aplicando en el continente africano y pidió un enfoque global del problema, por ejemplo, velando por que las organizaciones regionales, como la Unión Africana, adoptaran resoluciones y declaraciones internacionales de carácter normativo. La Sra. Tlakula añadió que, en la era digital, la desinformación y las noticias falsas, exacerbadas por los sistemas de inteligencia artificia l en las plataformas digitales, suponían la mayor amenaza para la libertad de expresión y la democracia. Afirmó que las plataformas digitales deberían rendir cuentas de sus contenidos y que los Gobiernos deberían publicar información de forma proactiva para evitar la información errónea.

suponían la mayor amenaza para la libertad de expresión y la democracia. Afirmó que las plataformas digitales deberían rendir cuentas de sus contenidos y que los Gobiernos deberían publicar información de forma proactiva para evitar la información errónea.

12. La tercera panelista, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Teresa Ribeiro, observó que, desde el comienzo del conflicto armado en Ucrania, se había producido una severa represión de la libertad de los medios de comunicación en Belarús y la Federación de Rusia, y que se intensificaba la presión para los periodistas, al ser sospechosos de ser agentes extranjeros y ser objeto de medidas opresivas. La situación ha bía obligado a muchos periodistas a exiliarse. Utilizar instrumentos y procedimientos legales para acosar, intimidar, obstaculizar y sofocar la labor periodística era contrario a los principios de la OSCE sobre libertad de expresión y libertad de los medio s de comunicación. En 2018, los Estados miembros de la OSCE habían adoptado una decisión pionera en la que condenaban todos los ataques y actos de violencia contra periodistas e instaban a los Estados a que ajustaran plenamente sus leyes, políticas y práct icas en materia de libertad de los medios de comunicación a sus obligaciones internacionales, velando al mismo tiempo por que las leyes sobre difamación no impusieran penas excesivas que pudieran menoscabar la seguridad de los periodistas 4. A pesar de eso s compromisos políticos, el acoso jurídico y el abuso del

sobre difamación no impusieran penas excesivas que pudieran menoscabar la seguridad de los periodistas 4. A pesar de eso s compromisos políticos, el acoso jurídico y el abuso del

4 Véase https://www.osce.org/files/mcdec0003%20safety%20of%20journalists%20en.pdf.A/HRC/55/39 GE.23-23894 5 sistema judicial para reprimir el trabajo de los periodistas continuaron y, en algunos países, parecían ser un fenómeno creciente.

13. La Sra. Ribeiro abogó por derogar las leyes penales de difamación y por circunscribir la difamación al ámbito del derecho civil. Reconoció que el derecho civil también se prestaba a abusos y que, incluso en países donde la difamación ya no se perseguía por la vía penal, se recurría a los tribunales para disuadir a los trabajadores de los medios de comunicación o para tomar represalias contra ellos mediante demandas civiles dilatadas y costosas. Además, con la adopción de leyes que tipificaban como delito la difusión de desinformación en Internet, se agravaron el acoso jurídico en forma de acusaciones penales, demandas por difamación y demandas privadas abusivas contra periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación y el uso de litigios para impedir la libertad de prensa. La Sra. Ribeiro se refirió a su informe sobre el acoso jurídico y el abuso del sistema judicial contra los medios de comunicación5, de 2021, y mencionó la mesa redonda de expertos que se iba a celebrar en Skopie los días 16 y 17 de mayo de 2023, para estudiar las formas de encarar esos fenómenos6.

de comunicación5, de 2021, y mencionó la mesa redonda de expertos que se iba a celebrar en Skopie los días 16 y 17 de mayo de 2023, para estudiar las formas de encarar esos fenómenos6. Sesión 2. Amenazas jurídicas, como las demandas estratégicas contra la participación pública, y sus repercusiones en la seguridad de los periodistas

14. La segunda sesión, sobre amenazas jurídicas, incluidas las demandas estratégicas contra la participación pública, y sus repercusiones en la seguridad de los periodistas, fue moderada por el Director Jurídico de Media Defence, Pádraig Hughes. La sesión tenía como objetivo señalar las amenazas a que se enfrentaban los periodistas en el plano jurídico, las repercusiones en su seguridad y sus derechos humanos, el papel del Estado y del sector privado y las medidas para hacer frente a las amenazas jurídicas.

15. La primera panelista, la profesora de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Aberdeen (Escocia) y miembro del Anti -SLAPP Research Hub de la Universidad, Francesca Farrington, señaló que era posible utilizar la ley como arma contr a los periodistas que informaban sobre asuntos de interés público. Esa instrumentalización de la ley amenazaba la libertad de los medios de comunicación al replantear el debate sobre asuntos de interés público como controversias privadas. Subrayó que era n ecesario reformar tanto el derecho sustantivo como el procesal para contrarrestar las amenazas jurídicas y económicas a los periodistas. El objetivo principal debía ser garantizar que las amenazas jurídicas a los periodistas se detuvieran en su origen, antes de llegar a una audiencia completa y que no dieran lugar a medidas punitivas. Los Estados debían adoptar medidas que

económicas a los periodistas. El objetivo principal debía ser garantizar que las amenazas jurídicas a los periodistas se detuvieran en su origen, antes de llegar a una audiencia completa y que no dieran lugar a medidas punitivas. Los Estados debían adoptar medidas que permitieran desestimar de forma temprana los procedimientos infundados, otorgar reparación a las víctimas de demandas abusivas y sancion es apropiadas contra quienes hubieran interpuesto demandas que se consideraran abusivas.

16. Junto a las reformas del derecho sustantivo y procesal, la Sra. Farrington pidió que se facultara a los organismos reguladores para investigar y sancionar a los pr ofesionales del derecho que facilitaran demandas abusivas contra periodistas. Por último, se refirió al papel que desempeñaban las normas del derecho internacional privado en la amenaza a la libertad periodística en todo el mundo. Los efectos psicológicos y financieros de esos litigios podrían verse magnificados por el avance de procedimientos judiciales en jurisdicciones extranjeras desconocidas para los periodistas demandados. Los tribunales tenían que disuadir de este tipo de litigios abusivos en otra ju risdicción y remediarlos a través del derecho internacional privado.

17. La segunda panelista, la Directora del Mass Media Defence Centre y miembro del Grupo de Alto Nivel de Expertos Jurídicos sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, Galina Arapova, subrayó que muchos periodistas se veían obligados a abandonar sus países respectivos para escapar de las amenazas derivadas de sus actividades profesionales. Las amenazas de encarcelamiento y de violencia eran los principales motivos que obligaban a los periodistas a trabajar en el exilio, como demostraba el hecho de que numerosos periodistas

respectivos para escapar de las amenazas derivadas de sus actividades profesionales. Las amenazas de encarcelamiento y de violencia eran los principales motivos que obligaban a los periodistas a trabajar en el exilio, como demostraba el hecho de que numerosos periodistas independientes hubieran abandonado Belarús y la Federación de Rusia en los últimos años.

5 Véase https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/505075. 6 Véase https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/541482.A/HRC/55/39 6 GE.23-23894 En 2020, en su informe relativo a la provisión de refugio seguro a periodis tas en peligro, el Grupo de Alto Nivel de Expertos Jurídicos sobre la Libertad de los Medios de Comunicación recomendó introducir un nuevo visado de emergencia para periodistas en peligro y determinar mecanismos de aplicación de los marcos existentes para reubicar de forma más segura a los periodistas y profesionales de los medios de comunicación 7. Desde que se publicó el informe, la situación en Europa había empeorado, por lo que había que elaborar nuevos mecanismos.

18. La Sra. Arapova señaló el papel de intermediación que desempeñaban las empresas de alta tecnología en el periodismo digital moderno e hizo notar el modo en que la comunidad internacional de periodistas y las organizaciones de defensa de la libertad de los medios de comunicación estaban tra tando de colaborar con esas empresas para sensibilizar sobre la importancia de que la información fluyera en tiempos de conflicto, y de que se introdujeran mecanismos específicos que protegieran la labor de las entidades de medios de comunicación

comunicación estaban tra tando de colaborar con esas empresas para sensibilizar sobre la importancia de que la información fluyera en tiempos de conflicto, y de que se introdujeran mecanismos específicos que protegieran la labor de las entidades de medios de comunicación independientes que se enfrentaban a la censura de las autoridades. En conclusión, la Sra. Arapova instó a todas las partes interesadas pertinentes a aunar esfuerzos para respaldar a las organizaciones y los Estados que habían introducido mecanismos de apoyo a los periodistas amenazados.

19. El tercer panelista, el Director Ejecutivo de la Fundación de los Medios de Comunicación de África Occidental, Sulemana Braimah, destacó las novedades registradas en África en cuanto a la seguridad jurídica de los periodistas. Co mo resultado de la labor de promoción, en varios países se habían derogado las leyes penales de difamación y sedición.

No obstante, habían sido sustituidas por otras leyes, en particular sobre ciberseguridad y noticias falsas, que, en algunos casos, tenían un carácter todavía más punitivo contra los periodistas. En la mayoría de los casos, esas leyes se utilizaban para realizar amenazas económicas y psicológicas a los periodistas y, en muchos casos, se habían utilizado para detener a periodistas o condenarlos a penas de prisión. En la mayoría de los casos en que se alegó que se había vulnerado la ciberseguridad, el único fundamento era que las alegaciones se habían hecho en línea. El Sr. Braimah indicó que, en Burkina Faso, el código penal revisado exigía que los periodistas pidieran al Gobierno que diera el visto bueno a todos los artículos o las publicaciones relacionados con la seguridad nacional; los periodistas que no

se habían hecho en línea. El Sr. Braimah indicó que, en Burkina Faso, el código penal revisado exigía que los periodistas pidieran al Gobierno que diera el visto bueno a todos los artículos o las publicaciones relacionados con la seguridad nacional; los periodistas que no lo hicieran podían ser condenados a pagar una multa elevada o a penas de prisión.

20. En relación con las demandas estratégicas contra la participación pública, el Sr. Braimah puso el ejemplo de una publicación de Ghana, A Fourth State, cuyo autor había sido objeto de múltiples demandas, entre otras por difamación y desacato. Se había presentado otra demanda en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte alegando que uno de sus artículos se había publicado en línea. Las demandas se habían interpuesto con la intención de intimidar, acosar e infligir dolor psicológico a los periodistas i mplicados.

21. La cuarta panelista, la asesora jurídica del Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de Medios de Comunicación y miembro de la Coalition Against SLAPPs in Europe

(Coalición contra las demandas estratégicas contra la participación pública en Europa), Flutura Kusari, habló sobre la creación de la coalición y sus logros. El asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia en 2017 había puesto de manifiesto el uso de tácticas legales contra periodistas en toda Europa. En 2018, un peq ueño grupo de activistas por la libertad de los medios de comunicación había creado la Fundación Daphne Caruana Galizia para, entre otras cosas, determinar el alcance del problema, documentar las demandas estratégicas contra la participación pública y llev ar a cabo actividades de sensibilización dirigidas a los políticos en Europa, incluso a nivel regional, con el objetivo de alentar a que

Galizia para, entre otras cosas, determinar el alcance del problema, documentar las demandas estratégicas contra la participación pública y llev ar a cabo actividades de sensibilización dirigidas a los políticos en Europa, incluso a nivel regional, con el objetivo de alentar a que se adoptaran medidas contra esa forma de litigio.

22. La Sra. Kusari señaló que, para abogar por la adopción de medidas destinadas a combatir el uso de demandas estratégicas contra la participación pública y para supervisar su aplicación, los periodistas necesitaban apoyo financiero y asesoramiento jurídico. Al mismo tiempo, era importante reconocer quién propiciaba ese ti po de litigios —los abogados y bufetes de políticos y empresarios poderosos— y darlos a conocer. Con ese fin, la Fundación Daphne Caruana Galizia y un pequeño grupo dedicado a la defensa de la libertad de los

7 Véase https://www.ibanet.org/Safe-Refuge-report-launch-2020, párrs. 244 a 283.A/HRC/55/39 GE.23-23894 7 medios de comunicación habían organizado un con curso europeo para combatir el uso de demandas estratégicas contra la participación pública que concedería un premio al país y a la figura política que hubieran logrado el mayor éxito en esa esfera. A raíz del concurso, algunos abogados se habían vuelto re ticentes a entablar este tipo de demandas. Finalmente, los periodistas habían puesto en marcha la Coalition against SLAPPs in Europe, que agrupaba a más de 200 representantes de medios de comunicación, organizaciones de defensa de la libertad de prensa, periodistas y académicos, y había convencido a la Comisión Europea para que preparara su primera directiva y una recomendación para combatir el uso de demandas

más de 200 representantes de medios de comunicación, organizaciones de defensa de la libertad de prensa, periodistas y académicos, y había convencido a la Comisión Europea para que preparara su primera directiva y una recomendación para combatir el uso de demandas estratégicas. Además, el Consejo de Europa estaba elaborando una recomendación al respecto, cuya aprobación estaba prevista para 2024.

23. En un mensaje de video pregrabado, la quinta panelista, la periodista y comunicadora social guatemalteca Marielos Monzón, indicó que la criminalización de los periodistas en Centroamérica era una señal de la regresi ón autoritaria en la región, del cierre de espacios democráticos y de un inexistente sistema de pesos y contrapesos. Los Gobiernos de la región estaban utilizando a las instituciones públicas para hostigar a los medios, y los grupos de poder consideraban e nemigos a los periodistas independientes. Desde la transición a la democracia en Guatemala, no había cesado la persecución de los defensores de los derechos humanos y se estaba utilizando la persecución de los medios de comunicación y la criminalización de los periodistas independientes para impedir el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información, especialmente en casos de corrupción. Los procesos judiciales ejemplificantes y el encarcelamiento de periodistas de renombre, como José Rubén Zamora, en Guatemala, se utilizaron para neutralizar la investigación, lo que dio lugar a la autocens