CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - Informe A HRC 5953 Add 1

GE.25-06093 (S) 210525 210525 Consejo de Derechos Humanos 59º período de sesiones 16 de junio a 11 de julio de 2025 Tema 3 de la agenda Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo Visita a Colombia Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas Resumen El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas realizó una visita a Colombia del 29 de julio al 9 de agosto de 2024. El Grupo de Trabajo se sintió alentado por el compromiso del Gobierno de implementar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos y reconoció los avances en la protección constitucional de los derechos humanos y la adopción de instrumentos interna cionales pertinentes. Sin embargo, observó retos estructurales significativos, como la persistente presencia de grupos armados no estatales, que aumentan los riesgos para los derechos humanos en el contexto empresarial. También señaló deficiencias en el cu mplimiento por parte de las empresas de las decisiones judiciales y barreras para acceder a mecanismos eficaces de reparación. Los impactos negativos fueron especialmente evidentes en los Pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes y las personas campesinas, quienes enfrentan marginación histórica y riesgos críticos debido a prácticas empresariales en muchos casos irresponsables y la explotación de recursos naturales a gran escala. Además, el Grupo de Trabajo expresó preocupación por la falta de protección adecuada para las personas defensoras de derechos

histórica y riesgos críticos debido a prácticas empresariales en muchos casos irresponsables y la explotación de recursos naturales a gran escala. Además, el Grupo de Trabajo expresó preocupación por la falta de protección adecuada para las personas defensoras de derechos humanos y de l ambiente , la persecución de líderes y lideresas social es y sindicales, y la desconexión entre las políticas de derechos humanos y otras áreas de regulación económica.

Publicado nuevamente por razones técnicas el 21 de mayo de 2025. El resumen del presente informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. El informe propiamente dicho se distribuye únicamente en el idioma en que se presentó y en inglés. Naciones Unidas A/HRC/59/53/Add.1

Asamblea General Distr. general 25 de abril de 2025

Original: españolA/HRC/59/53/Add.1

2 Anexo Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales acerca de su visita a Colombia

I. Introducción

1. De conformidad con las resoluciones 17/4, 26/22, 35/7 y 44/15 del Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, representado por la entonces presidenta, Fernanda Hopenhaym, y la experta Pichamon Yeophantong, visitó Colombia del 29 de julio al 9 de agosto de 2024, por invitación del Gobierno. El objetivo de la visita fue identificar oportunidades y desafíos para implementar los Principios Rectores sobre las Empresas y los

al 9 de agosto de 2024, por invitación del Gobierno. El objetivo de la visita fue identificar oportunidades y desafíos para implementar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos : puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar ” (Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos ) en Colombia, con el fin de prevenir vulneraciones y abusos de derechos humanos relacionad os con la actividad empresarial y garantizar el acceso efectivo a la reparación.

2. Durante su visita, el Grupo de Trabajo se reunió con diferentes representantes de alto nivel del Gobierno nacional, inclu ida la Viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; y con representantes de los Ministerios de Agricultura; Ambiente y Desarrollo S ostenible; Comercio, Industria y Turismo; Defensa; Interior; Minas y Energía; Tecnologías de la Información y Comunicaciones; Tra nsporte, y Trabajo. También se reunió con representantes de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Migración Colombia, la Unidad de Restitución de Tierras y la Unidad Nacional de Protección. Adicionalmente, mantuvo conversaciones con el Banco de la República y las Superintendencias Financiera, de Industria y Comercio y de Sociedades. A nivel subnacional, el Grupo de Trabajo se encontró con representantes de gobie rnos departamentales de Antioquia, La Guajira y Putumayo, y con autoridades de diez municipios y enlaces territoriales de autoridades nacionales como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Unidad Nacional de Protección,

representantes de gobie rnos departamentales de Antioquia, La Guajira y Putumayo, y con autoridades de diez municipios y enlaces territoriales de autoridades nacionales como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Unidad Nacional de Protección, defensorías regionales, personerías y las corporaciones autónomas regionales de La Guajira y del Centro de Antioquia.

3. En lo que atañe al Ministerio Público y los órganos de control, el Grupo de Trabajo dialogó con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo y con órganos de justicia como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Finalmente, sostuvo diálogo con la Comisión Quinta de la Cámara de Senadores de la República y con miembros de la Cámara de Representantes.

4. El Grupo de Trabajo también mantuvo reuniones con representantes de Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, personas defensoras de derechos humanos y del ambiente , personas trabajadoras, representantes sindicales, niños, niñas y adolescentes, organizaciones de la sociedad civil de nivel nacional y regional, y la academia.

5. El Grupo de Trabajo también se reunió con representantes y empresas miembro s de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Mocoa y Putumayo y la Cámara de Comercio de Medellín; con asociaciones empresariales como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, la Asociación Colombiana de Minería y representantes de iniciativas de

Cámara de Comercio de Medellín; con asociaciones empresariales como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, la Asociación Colombiana de Minería y representantes de iniciativas de múltiples interesados, como Guías Colombia, el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Carbón, la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible y el Pacto Global y el Comité Minero Energético . También celebró reuniones bilaterales con representantes de 13 empresas. Adicionalmente, el Grupo de Trabajo se reunió con representantes del sistema de las Naciones Unidas.A/HRC/59/53/Add.1 3

6. El Grupo de Trabajo agradece al Gobierno de Colombia que haya apoyado la visita, y que se haya mostrado dispuesto a participar en un debate constructivo para abordar cuestiones de empresas y derechos humanos. De manera general, agradece la receptividad y buena disposición de todas las personas e interlocutores, y especialmente de quienes debieron desplazarse largas distancias para entablar un diálogo abierto con las expertas. Agradece también el apoyo brindado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

los Derechos Humanos en Colombia.

II. Contexto general

7. Colombia cuenta con un desarrollo normativo y de políticas públicas avanzado en empresas y derechos humanos, que destaca en la región, aunque su implementación y su armonización presentan aún desafíos.

8. Colombia e s un país de ingreso mediano alto, que enfrenta importantes desafíos sociales, económicos y de seguridad. En 2023, la pobreza monetaria a nivel nacional fue del 33 %, mientras que la pobreza monetaria extrema alcanzó el 11,4 %1, siendo las áreas

sociales, económicos y de seguridad. En 2023, la pobreza monetaria a nivel nacional fue del 33 %, mientras que la pobreza monetaria extrema alcanzó el 11,4 %1, siendo las áreas rurales las más afectadas.

9. El país enfrenta uno de los niveles más altos de desigualdad económica en América Latina2, lo que alimenta tensiones sociales. La economía está principalmente basada en la agricultura, la minería, la energía y el comercio, y ha experimentado un crecimiento impulsado por inversiones extranjeras y el aumento de las exportaciones.

10. El modelo económico imperante favorece la explotación de recursos naturales mediante proyectos de gran escala territorial y altos volúmenes de producción, que representan un porcentaje significativo del producto interior bruto. El Grupo de Trabajo observó, con base en la informació n recibida durante la visita, que e ste modelo ha marginalizado sistemáticamente a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en los territorios donde se concentran los recursos.

11. La situación de inseguridad sigue siendo un reto importante, con altos niveles de violencia vinculada a grupos armados organizados, narcotráfico y disputas por tierras y recursos naturales. Aunque el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo de Paz ) de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo supuso un paso importante hacia la paz, la violencia persiste en algunas regiones del país, y afecta a las comunida des indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como a personas defensoras de derechos humanos y del ambiente.

12. El Grupo de Trabajo observó que las actividades empresariales, especialmente en los

indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como a personas defensoras de derechos humanos y del ambiente.

12. El Grupo de Trabajo observó que las actividades empresariales, especialmente en los sectores extractivos, agrícolas y de energía, en muchos casos se acompañan de conflictos sociales y violaciones de derechos humanos. Estos incluyen desplazamientos forzados , falta de consultas con las comunidades afectadas y violaciones de derechos laborales, así como afectaciones a los ecosistemas y los modos de vida tradicionales.

13. A pesar de los avances regulatorios, de política pública y desde la iniciativa privada, la falta de reparaciones históricas por vulneraciones y abusos de derechos humanos generadas por empresas, o con su contribución, dificultan la construcción de confianza y de espacios de diálogo entre las empresas y las poblaciones afectadas. Si bien ha habido esfuerzos importantes en materia de justicia transicional, el tamaño del desafío sigue siendo desproporcionado con respecto a las medidas tomadas.

14. La corrupción, la impunidad y las instituciones públicas débiles agravan estos desafíos, socavando la confianza en el Gobierno y limitando el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos.

1 Véase https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-devida/pobreza-monetaria. 2 Véase https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/524a2f44-6e5c-5db7-b8a0302375dd150a.A/HRC/59/53/Add.1 4

III. Obligaciones estatales en materia de empresas y derechos humanos

A. Avances legislativos y regulatorios

15. Colombia ha logrado avances en áreas clave como los derechos laborales, la justicia

302375dd150a.A/HRC/59/53/Add.1 4

III. Obligaciones estatales en materia de empresas y derechos humanos

A. Avances legislativos y regulatorios

15. Colombia ha logrado avances en áreas clave como los derechos laborales, la justicia transicional y la protección ambiental. Sin embargo, estos avances no han incorporado estándares de empresas y derechos humanos.

Empresas y derechos humanos

16. El Grupo de Trabajo reconoce los esfuerzos de la Defensoría del Pueblo de redactar un proyecto de ley sobre diligencia debida en derechos humanos, así como el interés de otros actores en avanzar hacia legislaciones específicas en la materia. Asimismo, tomó nota de la intención de congresistas de presentar una ley que establezca la responsabilidad penal de personas jurídicas.

Derechos humanos y justicia transicional

17. El Grupo de Trabajo valora la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Además, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley núm. 1448 de 2011) que busca brindar reparación a las víctimas del conflicto armado, aborda situaciones en las que empresas adquirieron tierras durante el conflicto sin realizar los estudios de títulos correspondientes, a menudo aprovechando el contexto para obtenerlas a costo r educido, siendo esta una de las modalidades de implicación de las empresas en el conflicto armado.

18. Según el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad , la Convivencia y la No Repetición (Comisión de la Verdad), entre 1995 y 2004, se despojaron o abandonaron más de ocho millones de hectáreas 3. A febrero de 2022, la Unidad de

Convivencia y la No Repetición (Comisión de la Verdad), entre 1995 y 2004, se despojaron o abandonaron más de ocho millones de hectáreas 3. A febrero de 2022, la Unidad de Restitución de Tierras reportó 538.018 hectáreas restituidas4, lo que representa solo el 8,27 % de la meta inicial 5. A pesar del marco robusto para abordar la transición , persisten grandes retos para asegurar la responsabilidad de las empresas por su participación en graves violaciones de los derechos humanos en el marco del conflicto armado. Marco ambiental

19. El Grupo de Trabajo celebra la ratificación por parte de Colombia de su adhesión como signatario del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe

(Acuerdo de Escazú) y alienta los esfuerzos hacia su implementación.

20. Toma nota de leyes clave como la Ley núm. 2099 de 2021, de transición energética, la Ley núm. 2327 de 2023, sobre pasivo ambiental, y la Ley núm. 2387 de 2024, por la que se reforma el procedimiento sancionatorio ambiental. Reconoce los esfuerzos del Ministerio de Minas y Energía para reformular la Ley núm. 685 de 2001 (Ley Minera) y actualizar el Código de Minas, y alienta a avanzar hacia un marco normativo más protector que contemple los cierres mineros, así como a la actualización de la política sectorial en derechos humanos.

21. A pesar de los avances significativos, el Grupo de Trabajo observa una falta de enfoque de derechos humanos en lo que atañe al otorgamiento de títulos, permisos y licencias

21. A pesar de los avances significativos, el Grupo de Trabajo observa una falta de enfoque de derechos humanos en lo que atañe al otorgamiento de títulos, permisos y licencias ambientales, y un déficit de supervisión adecuada y de mecanismos de control eficientes que aseguren el cumplimiento de las normativas, en un contexto en el que las autoridades competentes enfrentan limitaciones en su capacidad y recursos.

3 Véase https://www.comisiondelaverdad.co/sites/default/files/descargables/2022-08/Informe-finalHasta-la-guerra-tiene-li%CC%81mites-violaciones-DH.pdf, pág. 36. 4 Véase https://snariv.unidadvictimas.gov.co/node/2157. 5 Véase https://www.forjandofuturos.org/la-restitucion-de-tierras-sigueestancada/#:~:text=Despu%C3%A9s%20de%2013%20a%C3%B1os%20de,restituir%206.5%20millo nes%20de%20hect%C3%A1reas.A/HRC/59/53/Add.1 5 Derechos laborales

22. El Grupo de Trabajo destaca las medidas adoptadas por Colombia, en colaboración con organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para prevenir crímenes contra líderes y lideresas sindicales, incluidos la persecución y el desplazamiento forzado, vinculados a actividades empresariales. Sin embargo, observó con preocupación las dificultades para avanzar hacia una reforma laboral integral que aborde los principales retos en la materia.

B. Políticas de Estado en materia de empresas y derechos humanos

23. Colombia fue el primer país de la región en adoptar un plan nacional de acción sobre

preocupación las dificultades para avanzar hacia una reforma laboral integral que aborde los principales retos en la materia.

B. Políticas de Estado en materia de empresas y derechos humanos

23. Colombia fue el primer país de la región en adoptar un plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos en 2015, seguido de un segundo plan en 2020. Estas iniciativas, coordinadas por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, representan hitos importantes. Sin embargo, la ausencia de una línea base nacional y la limitada consulta a los grupos de interés han restringido su impacto, generando críticas sobre su implementación, eficacia y mecanismos de seguimiento.

24. El Grupo de Trabajo reconoce la conciencia sobre la importancia de la agenda de empresas y derechos humanos por parte de actores relevantes del Estado, así como los esfuerzos realizados por la Defensoría del Pueblo en la aproximación a una línea nacional de base, herramienta valiosa para la toma de decisiones. Actualmente, el Gobierno tiene la oportunidad de abordar los retos identificados en el Memorando de Política Pública sobre Empresas y Derechos Humanos elaborado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en 2024.

25. El Grupo de Trabajo alienta al Gobierno a que avance hacia la materialización efectiva de políticas de Estado en lugar de solo políticas de Gobierno, mediante procesos participativos con todas las partes interesadas a nivel nacional y subnacional.

C. Coherencia política

26. El Grupo de Trabajo ha identificado que, aunque a nivel nacional se observa un buen conocimiento sobre los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos en instituciones ambientales y de derechos humanos, esto no se reproduce en las entidades

C. Coherencia política

26. El Grupo de Trabajo ha identificado que, aunque a nivel nacional se observa un buen conocimiento sobre los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos en instituciones ambientales y de derechos humanos, esto no se reproduce en las entidades responsables de la regulación del comercio y la inversión. Asimismo, a nivel departamental y municipal, las autoridades, que a menudo son las primeras en responder a las demandas ciudadanas e implementar sentencias judiciales, carecen de l os recurso s e información necesarios para cumplir con estas responsabilidades de manera adecuada.

27. Aunque se reconocen iniciativas importantes por parte de instituciones como la Defensoría del Pueblo de sensibilización y pedagogía sobre derechos humanos en empresas y el seguimiento de casos, y de protección del consumidor llevadas a cabo por la Superintendencia de Industria y Comercio, se trata de esfuerzos fragmentados y que carecen de una acción institucional coherente. El Grupo de Trabajo destaca la falta de coordinación y alineación entre agencias gubernamentales, así como la ausencia de marcos regulatorios y políticas públicas que armonicen políticas ambientales, comerciales, el otorgamiento de concesiones, el licenciamiento y la titulación6, lo que genera tensiones entre entidades regionales y nacionales y limita la eficacia de las medidas.

IV. Responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos

28. El Grupo de Trabajo reconoce el fortalecimiento de capacidades por parte del sector empresarial respecto de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, principalmente en empresas grandes. Sin embargo, identifica que el sector empresarial en Colombia es heterogéneo y su nivel de desarrollo en materia de derechos humanos difiere en

6 Véase A/74/198.A/HRC/59/53/Add.1

principalmente en empresas grandes. Sin embargo, identifica que el sector empresarial en Colombia es heterogéneo y su nivel de desarrollo en materia de derechos humanos difiere en

6 Véase A/74/198.A/HRC/59/53/Add.1 6 función del tamaño de las empresas, el sector al que pertenecen y su ubicación geográfica. En algunos casos se observa una notable falta de entendimiento sobre las diferencias entre acciones de responsabilidad social y lo que implica el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas, principalmente entre las medianas y las pequeñas, y en regiones más alejadas de la capital.

29. El sector empresarial a nivel central ha avanzado en el diseño de políticas corporativas y, en algunos casos, la implementación de procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos. Sin embargo, estos avances no han logrado contribuir a resolver problemas estructurales e históricos como el reconocimiento de responsabilidad por abusos de derechos humanos en el pasado, el cumplimiento de decisiones judiciales que tutelan derechos fundamentales, la protección de personas defensoras de derechos h umanos y del ambiente, el involucramiento de empresas por acción u omisión en las dinámicas del conflicto armado interno, el lento y frágil avance de los esfuerzos hacia la paz y la influencia indebida de algunos referentes del sector empresarial en la toma de decisiones públi cas.

30. Adicionalmente, se han identificado prácticas empresariales que socavan el respeto por los derechos humanos al utilizar los mecanismos internacionales de resolución de controversias para reclamar indemnizaciones exorbitantes al Estado cuando este intenta ampliar la protección de derechos. Se han presentado 21 litigios contra Colombia, con reclamaciones que suman 28 .000 millones de dólares. Un ejemplo es el caso de la empresa

controversias para reclamar indemnizaciones exorbitantes al Estado cuando este intenta ampliar la protección de derechos. Se han presentado 21 litigios contra Colombia, con reclamaciones que suman 28 .000 millones de dólares. Un ejemplo es el caso de la empresa minera Glencore, propietaria de Cerrejón, para el que la Corte Constitucional de Colombia dictó una sentencia por la que se exige una compensación en favor de los derechos del pueblo wayuú sobre el agua, la salud y la soberanía alimentaria. Aunque Cerrejón ha informado que la demanda proviene de una acción de los accionistas, el Grupo de Trabajo señala el creciente uso del arbitraje internacional para impugnar medidas gubernamentales destinadas a proteger los derechos humanos y el ambiente7.

31. Por otra parte, algunas empresas y cámaras de comercio han demostrado un alto compromiso con la inclusión laboral de personas con discapacidad, LG BTIQ+, víctimas del conflicto, entre otros, inclu sive empresas de diferentes sectores como bancos comerciales y medianas empresas de floricultura y servicios, por ejemplo, en regiones como Antioquia.

32. Adicionalmente, se destacan los esfuerzos de iniciativas de múltiples interesados para el fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de lineamientos de manera colaborativa, como los impulsados por Guías Colombia , la Fundación Ideas para la Paz o la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Aunque algunas iniciativas han resaltado la intensificación de la diligencia debida como requisito para empresas que operan en zonas de conflicto, este imperativo estuvo mayormente ausente en las conversacio nes del Grupo de Trabajo con el sector empresarial.

33. El Grupo de Trabajo reconoce una fractura de confianza entre el sector empresarial,

conflicto, este imperativo estuvo mayormente ausente en las conversacio nes del Grupo de Trabajo con el sector empresarial.

33. El Grupo de Trabajo reconoce una fractura de confianza entre el sector empresarial, la sociedad civil, las comunidades y el Estado, exacerbada por décadas de conflicto armado y, en algunos casos, por asociaciones entre organizaciones internacionales y empr esas. El Grupo de Trabajo recibió información sobre la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en un proyecto de reactivación económica con Geopark, empresa denunciada por las comunidades por daños socioambientales y cultur ales y objeto de investigación interna 8. A pesar de la cancelación de la alianza, se resalta que tales colaboraciones deben estar guiadas por procesos sólidos de diligencia debida en derechos humanos, mecanismos de rendición de cuentas, un compromiso proactivo con las comunidades afectadas y el respeto a los principios de derechos humanos.

34. Las expertas hacen un llamado urgente a todas las partes, incluyendo las empresas públicas y privadas, a que se comprometan con un proceso de reconciliación, basado en el reconocimiento de las afectaciones históricas a los titulares de derechos y comunidades, y una contribución a la verdad, a la reparación y a las garantías de no repetición. Aunque muchas empresas han mejorado sus prácticas, la responsabilidad debe incluir los impactos

7 Véase A/76/238. 8 Véase https://secu.info.undp.org/sites/g/files/zskgke461/files/202409/1.%20SECU0017_Draft%20Investigation%20Report_FINAL_V2_0.pdf.A/HRC/59/53/Add.1 7 que tuvieron lugar en el pasado y las deudas históricas en los derechos humanos y el

09/1.%20SECU0017_Draft%20Investigation%20Report_FINAL_V2_0.pdf.A/HRC/59/53/Add.1 7 que tuvieron lugar en el pasado y las deudas históricas en los derechos humanos y el ambiente.

35. En el sector financiero, el Grupo de Trabajo celebró el reconocimiento de las responsabilidades de las empresas en sus relaciones comerciales, así como la implementación de prácticas destinadas a prevenir y mitigar los impactos negativos. Asimismo, tomó nota del trabajo en materia de género, diversidad e inclusión que diversas entidades financieras, principalmente bancos comerciales, están implementando. Sin embargo, observa que los sistemas de análisis de riesgos no siempre están alineados con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

36. El Grupo de Trabajo ya ha destacado el papel crucial de las instituciones financieras internacionales y regionales de desarrollo9. Sin embargo, ha recibido informes sobre impactos en derechos humanos vinculados a proyectos financiados por instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Un ejemplo relevante es la queja presentada en junio de 2018 ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación, respecto del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, financiado por el BID con Empresas Públicas de Medellín como prestataria. En octubre de 2023, el M ecanismo concluyó que el BID incumplió sus políticas ambientales y sociales.

V. Acceso a la justicia y reparación

A. Mecanismos judiciales estatales

37. En Colombia, la acción de tutela es el mecanismo judicial más utilizado por titulares de derechos para solicitar la protección de derechos fundamentales en contextos empresariales. Estas acciones pueden incluir medidas de ejecución, como el desacato judicial,

37. En Colombia, la acción de tutela es el mecanismo judicial más utilizado por titulares de derechos para solicitar la protección de derechos fundamentales en contextos empresariales. Estas acciones pueden incluir medidas de ejecución, como el desacato judicial, en caso de incumplimiento. Sin embargo, la acción de tutela carece de mecanismos específicos para asegurar una reparación efectiva en casos puntuales, pues solo ordena la suspensión de las acciones u omisiones que causan daño, sin abordar la magnitud del perjuicio ni garantizar la no repetición. Adicionalment e, la fragmentación de jurisdicciones y acciones administrativas no facilita el acceso para titulares de derechos que buscan la protección de sus derechos en el contexto de actividades empresariales10.

38. El Grupo de Trabajo expresa su preocupación por los desafíos significativos en la implementación de fallos judiciales , derivados de la falta de coordinación entre las autoridades nacionales y locales y decisiones demasiado amplias o poco claras. A pesar de los avances judiciales obtenidos por comunidades y organizaciones contra empresas como Glencore, Empresas Públicas de Medellín, Ecopetrol, Drummond y AngloGold Ashanti, entre otras, persisten prácticas de impunidad, caracterizadas por la débil o nula ejecución de dichas decisiones.

39. En la sentencia SU 095 de 2018 , la Corte Constitucional señala la existencia de un déficit en la garantía de mecanismos de participación e información ciudadana. La sentencia limitó la figura de las consultas populares y exhortó al Congreso a legislar al respecto. Seis años de spués de esta sentencia, la legislación aún no se ha implementad o y las consultas populares siguen suspendidas, generando desprotección en la participación y acceso a la

años de spués de esta sentencia, la legislación aún no se ha implementad o y las consultas populares siguen suspendidas, generando desprotección en la participación y acceso a la información, como se evidencia en las afectaciones al ambiente y a las comunidades campesinas de la Colosa en el Tolima, en el marco de l proyecto minero de AngloGold Ashanti.

40. En el contexto del conflicto armado, Colombia ha estable cido jurisdicciones transicionales especiales, como la Jurisdicción Especial de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) , además de tribunales ordinarios. Sin embargo , por medio de la sentencia C-674 de 2017 se suprimió el sometimiento obligatorio de terceros civiles y agentes del Estado no pertenecientes a la Fuerza P ública ante la JEP, aunque el marco legal vigente permite su comparecencia voluntaria . En la práctica, solo comparecen aquellos que ya han

9 Véase A/HRC/53/24/Add.4 (en inglés solamente). 10 Véase https://www.hchr.org.co/historias_destacadas/hoja-informativa-