CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - Informe A HRC 5958

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Consejo de Derechos Humanos 59° período de sesiones 16 de junio –11 de julio de 2025 Tema 4 del programa Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo

Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos , ,

Resumen De conformidad con la resolución 57/36 del Consejo de Derechos Humanos, el presente informe se centra en los acontecimientos más recientes relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a un medio ambiente sano, el estado de derecho, la rendición de cuentas y el espacio cívico, así como el nivel de implementación de las recomendaciones previamente formuladas a la República Bolivariana de V enezuela.

The summary of the report is being circulated in all official languages. The report itself, which is annexed to the summary, is being circulated in the language of submission and Spanish only. The present report was submitted after the deadline in order to reflect recent developments. The Appendix to the present document is reproduced as received, in the language of submission only. Versión avanzada no editada Distr.: General 18 de junio de 2025

Original: inglés2

I. Introducción y metodología

1. Este informe se presenta de conformidad con la resolución 57/36 del Consejo de Derechos Humanos, en la que el Consejo solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que presentara un informe exhaustivo sobre la situación de los

1. Este informe se presenta de conformidad con la resolución 57/36 del Consejo de Derechos Humanos, en la que el Consejo solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que presentara un informe exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela (Venezuela) que contuviera una evaluación detallada de la aplicación de las recomendaciones formuladas en informes anteriores y que lo presentara al Consejo en su 59º periodo de sesiones.

2. El presente informe abarca el per íodo comprendido entre el 1 de mayo de 2024 y el 30 de abril de 2025 y se centra en los últimos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a un medio ambiente sano, saludable y sostenible, el espacio cívico y el estado de derecho, adoptando al mismo tiempo una perspectiva de género y un enfoque interseccional. El informe se basa en información recopilada y analizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en particular mediante entrevistas con víctimas y testigos y reuniones con funcionarios del gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

3. Las conclusiones del presente informe se basan en el análisis de la información recopilada y corroborada de conformidad con la metodología del ACNUDH, el cual actuó con la debida diligencia para evaluar la credibilidad y fiabilidad de las fuentes y cotejó la información recopilada. Solicitó el consentimiento informado de las personas entrevistadas y adoptó las medidas adecuadas para proteger su identidad y garantizar la confidencialidad. El ACNUDH evaluó la información recopilada y la legislación nacional a la luz de las normas internacionales de derechos humanos.

medidas adecuadas para proteger su identidad y garantizar la confidencialidad. El ACNUDH evaluó la información recopilada y la legislación nacional a la luz de las normas internacionales de derechos humanos.

4. El ACNUDH tomó nota de los esfuerzos realizados para la aplicación de algunas recomendaciones emitidas anteriormente. El siguiente informe hace hincapié en los vacíos y prioridades en consonancia con estas recomendaciones.

5. Desde febrero de 2024, cuando el Gobierno suspendió la aplicación de la Carta de Entendimiento firmada con el ACNUDH, solicitando a su personal que abandonara Venezuela, el ACNUDH ha mantenido un diálogo permanente con las autoridades, con miras a restable cer su presencia en el país para desempeñar plenamente su mandato, de conformidad con la Carta de Entendimiento. En noviembre de 2024, el Gobierno acordó reanudar su cooperación con el ACNUDH con efecto inmediato, en virtud de la Carta de Entendimiento. Sin embargo, a la fecha de redacción de este informe, sólo un miembro del personal internacional permanece en el país, y el resto del personal internacional asignado a este equipo realiza su trabajo a distancia. A pesar de las garantías dadas por las autoridades en varias ocasiones de que se permitiría el regreso de más personal, y tras una serie de solicitudes presentadas oficialmente por el ACNUDH a este respecto, en el momento de redactar el presente informe no se han concedido visados adicionales para el pleno regreso del personal. El ACNUDH sigue comprometid o con continuar su cooperación con Venezuela, sobre la base de un marco claro. Lamentablemente, la cooperación del Gobierno sigue estancada, aún no se ha acordado un nuevo marco para las futuras operaciones en el país.

Venezuela, sobre la base de un marco claro. Lamentablemente, la cooperación del Gobierno sigue estancada, aún no se ha acordado un nuevo marco para las futuras operaciones en el país.

II. Derechos económicos, sociales, y culturales

6. Durante el periodo que abarca este informe, las personas en el país continuaron enfrentando importantes desafíos para acceder a servicios de salud, a un trabajo decente y a un nivel de vida adecuado. El Gobierno ha mantenido programas sociales para superar estos retos , incluyendo la provisión de vivienda. Estos esfuerzos han sido obstaculizados por un nuevo aumento de la inflación, la inminencia de sanciones sectoriales y el cumplimiento excesivo3

de sanciones anteriores. La ausencia de datos financieros públicos sobre las sanciones impide una evaluación exhaustiva de su impacto sobre los derechos humanos de la población en V enezuela.

7. Las restricciones de las Licencias Generales 41A y B del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, anunciadas en marzo de 2025, en combinación con los aranceles recíprocos y secundarios sobre las exportaciones venezolanas, redujeron aún más la disponibilidad de recursos económicos y financieros públicos para prestar servicios básicos a la población,1 lo cual afecta desproporcionadamente a los segmentos más pobres.

8. La suspensión de l financiamiento en materia humanitaria por parte de algunos donantes extranjeros exacerbó los problemas de acceso de la población venezolana a la salud, alimentos y educación, entre otras necesidades.

9. El 3 de diciembre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura el proyecto de

extranjeros exacerbó los problemas de acceso de la población venezolana a la salud, alimentos y educación, entre otras necesidades.

9. El 3 de diciembre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025. Según declaraciones oficiales, el 77,6% de los recursos asignados se destinaron a cubrir programas y proyectos de inversión y desarrollo social, incluyendo proyectos en materia de infraestructura, educación, salud, vivienda, seguridad, entre otros. El ACNUDH observa que el proyecto de ley no ha sido publicado, y que el presupuesto nacional no se ha hecho público desde 2017.

10. Los cortes eléctricos y la escasez en el suministro de agua potable fueron recurrentes en todo el país, siendo , según la información recibida, los estados de Zulia, Mérida y Falcón los más afectados. 2 Entre mayo de 2024 y enero de 2025, el promedio de horas sin electricidad fue de 14,15 horas al día, y el promedio de fallas fue de 47.812 por mes. El alcance de las carencias y los recortes repercute en el bienestar económico, físico y mental de las personas, afectando de forma desproporcionada a las personas de rentas más bajas.

11. A partir de septiembre de 2024 las escuelas reanudaron sus operaciones en todo el país, con más de 6 millones de estudiantes matriculados en los distintos niveles, según cifras del Ministerio de Educación3. Las autoridades venezolanas anunciaron la remodelación de unas 2.000 instalaciones escolares y esfuerzos para garantizar el retorno a un calendario escolar estandarizado. En 2024, la asistencia escolar siguió siendo un reto, ya que se estima que la

2.000 instalaciones escolares y esfuerzos para garantizar el retorno a un calendario escolar estandarizado. En 2024, la asistencia escolar siguió siendo un reto, ya que se estima que la asistencia irregular en el nivel básico era del 48 por ciento debido, entre otros factores, a la ausencia de profesores, la suspensión de clases y la falta de recursos económicos para el alumnado4

12. Las universidades continuaron enfrentándose a retos para salvaguardar su libertad académica, lo que afecta el derecho a la educación y el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. Según se informa, las universidades recibieron el cuatro por ciento de los presupuestos que solicitaron, lo que afectó en parte al pago de salarios. Las elecciones de los consejos directivos de la Universidad de los Andes y la

1 The Impact of the New US Oil Tariffs on V enezuela - Center on Global Energy Policy at Columbia University SIPA | CGEP % 2 Información recopilada de los reportes mensuales del Monitor de Servicios Básicos para el periodo del informe, publicados por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, A.C. 3 Ministerio del Poder Popular para la Educación MPPE 27 de noviembre de 2024. 4 Diagnóstico Comunitario HumV enezuela 2024, p104

Universidad de Carabobo s iguieron suspendidas. 5 También se denunciaron actos de intimidación y acoso por parte de diversos agentes, incluidos funcionarios del Estado, contra estudiantes y personal tras las elecciones presidenciales.

A. Derecho al trabajo, condiciones laborales justas y favorables y seguridad social

13. El 1 de mayo de 2024, el «ingreso mínimo integral», una transferencia directa mensual en

estudiantes y personal tras las elecciones presidenciales.

A. Derecho al trabajo, condiciones laborales justas y favorables y seguridad social

13. El 1 de mayo de 2024, el «ingreso mínimo integral», una transferencia directa mensual en efectivo aumentó de 60USD a 90USD mensuales por trabajador. Sin embargo, este monto, combinado con el salario mínimo legal (actualmente 130 bolívares mensuales)6 sin cambios desde marzo de 2022, y el bono de alimentación (40USD mensuales por trabajador), fueron considerados insuficientes para cubrir las necesidades de la canasta alimentaria, que se estima supera los 526USD para una familia de cinco miembros.7 Las demandas por mejores condiciones laborales y salarios dignos continuaron siendo una fuente importante de protestas en V enezuela, con 604 protestas registradas entre mayo de 2024 y enero de 2025.8

14. El 29 de mayo de 2024, las autoridades anunciaron la creación del Ministerio de l Poder Popular para los Adultos y Adultas Mayores, Abuelos y Abuelas de la Patria para facilitar la implementación de políticas públicas y medidas para garantizar una vida digna a las personas adultas mayores.

15. El ACNUDH recibió alegaciones de suspensión de salarios de personal docente y despidos de trabajadores públicos sin notificación formal y, en la mayoría de los casos, sin indemnización. El ACNUDH recibió denuncias y documentó los casos de cinco profesores a quienes se les han suspendido los salarios, incluso como represalia por protestar por las condiciones de trabajo y exigir un salario digno.

16. El 17 de marzo de 2025, el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó al gobierno a acelerar la implementación de los compromisos asumidos

condiciones de trabajo y exigir un salario digno.

16. El 17 de marzo de 2025, el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó al gobierno a acelerar la implementación de los compromisos asumidos en relación con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de 2019 , relativas al Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (núm. 26); al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (núm. 87) y al Convenio sobre la consulta tripartita (núm. 144). El Consejo de Administración también pidió medidas inmediatas para facilitar la presencia del asesor especial de la OIT sobre diálogo social en el país e invitó al gobierno a convocar el quinto Foro de Diálogo Social a la mayor brevedad.9

B. Derecho a la salud

17. Las personas en todo el país han denunciado la falta de medicamentos y equipos esenciales en los centros sanitarios públicos. Las sanciones sectoriales y su cumplimiento excesivo, junto con la disminución de l financiamiento en materia humanitaria de donantes internacionales clave, exacerbaron estos problemas. Pacientes en espera de trasplantes denunciaron la falta de medicamentos inmunosupresores vitales en las farmacias del

5 A/HRC/56/63 parra 44 6 Aproximadamente 1.50 USD, según el cambio de divisas del 29 de abril de 2025. 7 https://diarioelnacionalista.com/2025/04/21/el-costo-de-la-canasta-alimentaria-en-venezuela-se-ubico-en52683-dolares/. 8 Estimaciones extraídas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social

7 https://diarioelnacionalista.com/2025/04/21/el-costo-de-la-canasta-alimentaria-en-venezuela-se-ubico-en52683-dolares/. 8 Estimaciones extraídas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social 9 GB.353/INS/8(Rev.1)/ Decision del 17 de marzo del 20255

Instituto V enezolano de los Seguros Sociales, y su alto coste en las farmacias comerciales. A pesar del Programa nacional de fibrosis quística del Ministerio de Salud, pacientes de fibrosis quística y sus familiares han denunciado que el apoyo del Estado para acceder a parte del tratamiento finalizó en mayo de 2024.

18. Algunos hospitales y clínicas en el país informaron de una menor disponibilidad de material médico. Según las estimaciones, entre enero y julio de 2024, el 91 por ciento de los hospitales encuestados pidieron a los pacientes que trajeran suministros para ingresar en los quirófanos.10 La falta de información pública impidió una evaluación completa de la escala y gravedad de la preocupación, incluido el impacto en la tasa de mortalidad.

19. El Ministerio de Salud, con el apoyo de las Naciones Unidas, ha continuado sus esfuerzos para fortalecer la educación sobre salud sexual y reproductiva. Esto incluyó la publicación de la primera Directri z técnica para la atención en salud sexual y reproductiva a personas con discapacidad, así como esfuerzos para ampliar el alcance del programa de Educación Sexual Integral, incluso a través de consultas con las comunidades indígenas.

20. La realización de los derechos sexuales y reproductivos continuó enfrentando importantes retos. Las estimaciones indica ron que al menos el 40 por ciento de las mujeres y

Sexual Integral, incluso a través de consultas con las comunidades indígenas.

20. La realización de los derechos sexuales y reproductivos continuó enfrentando importantes retos. Las estimaciones indica ron que al menos el 40 por ciento de las mujeres y adolescentes en edad reproductiva no utilizan métodos anticonceptivos. 11 Factores que influyen en esta situación son variados. El costo de los métodos anticonceptivos ha oscilado entre 2 y 23 USD, lo que los hace in accesibles para las mujeres y adolescentes de hogares de bajos ingresos. Otros factores incluyen la falta de conocimiento y educación sobre salud sexual y reproductiva. Según se informa, el 53 por ciento de las mujeres , y adolescentes sufrieron violencia obstétrica en V enezuela al momento del parto , lo que afectó de forma desproporcionada a las que procedían de hogares de bajos ingresos.

21. La legislación sobre el aborto sigu e siendo restrictiva, e incluso penaliza el aborto en caso de violación, incesto o malformación grave del feto, a pesar de las recomendaciones formuladas anteriormente por los mecanismos de derechos humanos, así como por el ACNUDH.12 El aborto seguro y la atención postaborto también continúan siendo limitados, causando daños irreversibles en algunos casos y poniendo en peligro la vida de las mujeres y las adolescentes.

22. Las autoridades realizaron esfuerzos para apoyar iniciativas inclusivas de salud, entre otras cosas, mediante el mantenimiento de programas comunitarios para el diagnóstico y el tratamiento de base comunitaria en zonas indígenas de los estados de Bolívar, Amazonas, Sucre y Delta Amacuro. A pesar de estos esfuerzos, el ACNUDH recibió información

tratamiento de base comunitaria en zonas indígenas de los estados de Bolívar, Amazonas, Sucre y Delta Amacuro. A pesar de estos esfuerzos, el ACNUDH recibió información indicando que los problemas de salud para los pueblos indígenas continuaron, en particular por una mayor exposición a la malaria, la tuberculosis y el VIH/ SIDA. La falta de medicamentos y suministros médicos, así como la ausencia de rutas y transporte, pusieron aún más a prueba las capacidades locales para responder eficazmente a los brotes.

10 Encuesta Nacional de Hospitales (2025) Informe de mitad de año 2024, p7 11 Instituto Prensa y Sociedad and Red de Mujeres Constructoras de Paz El alto precio de la desigualdad: Mujeres de estratos bajos tienen mayores barreras para acceder a salud sexual y reproductivo2024 12A/HRC/53/54 parra 74(d), A/HRC/56/63 parra 80(f), A/HRC/48/19 parra 67(l); CEDAW/C/VEN/CO/9 parra 38(a)6

23. El ACNUDH recibió informes preocupantes sobre la morbilidad y la mortalidad maternas en los territorios indígenas Ye'kwana y Sanemá. Al parecer, sólo se dispone de tres médicos por cada 7.448 habitantes, y los 20 centros de salud comunitarios del territorio carec en de medicamentos, material básico y equipos, incluidos los de diagnóstico. Pacientes también han denunciado el difícil acceso a los servicios de urgencias, que suelen encontrarse a cientos de kilómetros de distancia, sin transporte disponible.

III. Derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible

24. El periodo examinado estuvo marcado por importantes desafíos en relación con el derecho

cientos de kilómetros de distancia, sin transporte disponible.

III. Derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible

24. El periodo examinado estuvo marcado por importantes desafíos en relación con el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, como la pérdida del último glaciar de V enezuela., La Corona, pese a los esfuerzos sostenidos para su preservación. En 2024, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo desarrolló el Plan Nacional de Reforestación 2024 y la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad, dirigidos a detener la degradación ambiental.

25. Las organizaciones de la sociedad civil han denunciado opacidad en las políticas y acciones gubernamentales de conservación, así como amenazas y hostigamiento contra las personas defensoras de derechos ambientales, tanto por parte de actores estatales como no estatales .

El ACNUDH insta a las autoridades a tomar medidas para garantizar el acceso a la información y la participación significativa en la toma de decisiones ambientales, así como adoptar medidas para proteger de manera eficaz a personas defensoras del medio ambiente, incluso mediante la ratificación del Acuerdo de Escazú, tal como indicó en recomendaciones anteriores.13

26. En septiembre de 2024, se anunció la creación de grupos técnicos de trabajo del Ministerio de Ecosocialismo con la empresa petrolera estatal, Petróleos de V enezuela S.A. El grupo deberá evaluar las acciones para controlar y atender los derrames petroleros. Este es un paso importante en línea con las recomendaciones formuladas previamente por el ACNUDH. Sin embargo, los derrames de petróleo continuaron durante el período que abarca el informe,

deberá evaluar las acciones para controlar y atender los derrames petroleros. Este es un paso importante en línea con las recomendaciones formuladas previamente por el ACNUDH. Sin embargo, los derrames de petróleo continuaron durante el período que abarca el informe, incluso en el Lago de Maracaibo, donde el ACNUDH corroboró por imágenes satelitales rastros de petróleo que cubrían un área de 2198,47 km2.

27. Las comunidades pesqueras del estado de Falcón han denunciado la contaminación del agua y del ecosistema marino local por vertidos de petróleo supuestamente causados por un oleoducto cercano dañado. Esto ha afectado a la seguridad alimentaria y a los medio s de vida en general de estas comunidades. El ACNUDH pudo corroborar los rastros de petróleo en Golfo Triste, que abarcan 195 km2.

IV. Derechos de los Pueblos Indígenas

28. Durante su examen periódico de V enezuela en agosto de 2024, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) destacó la falta de un censo de población

13 A/HRC/48/19 Para 67(k)7

actualizado desde 2011. Observó que la ausencia de datos desglosados y de indicadores socioeconómicos impedía su evaluación de la realización y el disfrute de los derechos contenidos en la Convención por parte de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes, así como de otros grupos en V enezuela.14

29. El ACNUDH continuó observando la falta de implementación del proceso de demarcación de los territorios de los Pueblos Indígenas, a pesar de recomendaciones anteriores. 15 Las

como de otros grupos en V enezuela.14

29. El ACNUDH continuó observando la falta de implementación del proceso de demarcación de los territorios de los Pueblos Indígenas, a pesar de recomendaciones anteriores. 15 Las autoridades Indígenas Pemón informaron que no se había expedido ningún título para la mayor parte de su territorio a pesar de su solicitud a la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas en 2011. Del mismo modo, los Pueblos Indígenas Y e'kwana y Sanemá de la cuenca del río Caura informaron haber presentado su solicitud de titulación colectiva de tierras en 2002, la cual no presenta avances desde 2006.

30. El ACNUDH observó que la falta de demarcación de los territorios de los Pueblos Indígenas contribuyó a permitir actividades mineras ilegales, así como la presencia de grupos armados no estatales u organizaciones delictivas. Continuaron las a legaciones de desplazamientos forzosos de comunidades indígenas, así como de enfrentamientos entre Pueblos Indígenas y personas que se asentaban en las minas, y de degradación ambiental y contaminación del agua.

31. El ACNUDH recibió denuncias de que continuaban las actividades mineras ilegales en los territorios indígenas del estado de Amazonas, incluido el Parque Nacional Yapacana, a pesar de haber sido declarado «libre de minería» en 2023, tras operaciones militares. Según se informa, la extracción ilegal de oro en territorios Ye'kwana de Amazonas provocó violentos enfrentamientos entre las comunidades indígenas y personas relacionadas con las minas. El

informa, la extracción ilegal de oro en territorios Ye'kwana de Amazonas provocó violentos enfrentamientos entre las comunidades indígenas y personas relacionadas con las minas. El 4 de septiembre de 2024, un guardián territorial Indígena Ye'kwana y defensor del medio ambiente murió a causa de las heridas sufridas tras ser atacado por individuos no identificados. El ACNUDH expresa su preocupación por e l retraso en las investigaciones de los asesinatos y otras violaciones contra los Pueblos Indígenas denunciados anteriormente.16

32. El ACNUDH tomó nota de los esfuerzos realizados por las autoridades judiciales en algunos territorios para hacer frente a los problemas de coordinación y al conflicto de competencias entre el sistema de justicia ordinario y el sistema de justicia indígena. Este es un paso importante, alineado con las recomendaciones formuladas por el CERD, 17 para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la libre determinación. Persistieron desafíos, incluido la asignación de fondos para los tribunales Indígenas, que impiden la plena implementación de estos esfuerzos y la realización de los derechos de los Pueblos Indígenas.

V. Espacio cívico y democrático

33. Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH observó un aumento de las restricciones del espacio cívico, incluida la criminalización y la detención arbitraria de voces consideradas disidentes, como manifestantes y personas que observaban las protestas,

14 CERD/C/VEN/CO22-24, paras. 8-9 15 A/HRC/44/54 Para 71(s), A/HRC/53/54 Para 73(a), A/HRC/48/19 Para 66(i)

14 CERD/C/VEN/CO22-24, paras. 8-9 15 A/HRC/44/54 Para 71(s), A/HRC/53/54 Para 73(a), A/HRC/48/19 Para 66(i) 16 A/HRC/50/59 Para 9, A/HRC/53/54 Para 29; A/HRC/56/63 para 31, 75 17 CERD/VEN/CO/22-24, parras 36-378

así como de 58 miembros de la oposición. Enrique Márquez, candidato presidencial que cuestionó la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que confirmó los resultados de las elecciones, fue detenido arbitrariamente y desaparecido forzosamente desde enero de 2025. El ACNUDH documentó la detención arbitraria de 10 periodistas, ocho personas defensoras de derechos humanos y seis personas trabajadoras humanitarias, así como otras limitaciones de las libertades de expresión y opinión. En agosto de 2024, las autoridades reactivaron la Operación Tun Tun, una serie de redadas para detener a presuntos manifestantes y disidentes.

34. En vista de los controvertidos resultados electorales de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el Secretario General de las Naciones Unidas hizo un llamado para que las disputas electorales se resolvieran pacíficamente, con total transparencia, y alentó la publicación oportuna de los resultados electorales y un desglose por colegios electorales.18

35. Desde el 29 de julio de 2024, al menos 75 hombres y 41 mujeres, incluid as personas defensoras de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y dirigentes sindicales, así como testigos de mesa y miembros de partidos de la oposición, se sintieron obligadas a abandonar

defensoras de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y dirigentes sindicales, así como testigos de mesa y miembros de partidos de la oposición, se sintieron obligadas a abandonar el país, o a esconderse, por temor a sufrir persecució n. Estas personas denunciaron represalias, tal como intimidaciones por parte de diversas autoridades a sus familiares en Venezuela.

36. Entre mayo y julio de 2024, previo a las elecciones presidenciales, el ACNUDH recibió alegaciones de represalias contra personas que tenían vínculos directos o indirectos con la campaña electoral de partidos de la oposición, incluidas 99 de acoso e intimidación, 64 de vigilancia y amenazas, incluidas de muerte , y 30 de cierres ilegales de negocios o confiscación de bienes, entre otras. En este mismo período, el ACNUDH verificó 27 casos de detenciones arbitrarias, bajo cargos de terrorismo, asociación para delinquir, incitación al odio y conspiración de miembros de la oposición, simpatizantes y proveedores de servicios a las campañas de partidos de la oposición.

37. Tanto antes como el día de la votación, el ACNUDH recibió información sobre la limitada disponibilidad y adecuación de la información y los materiales en lenguajes inclusivos para personas con discapacidad visual o auditiva, o en lenguas indígenas. El ACNUDH recuerda que los Estados están obligados a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que todos los ciudadanos tengan el derecho efectivo a participar en pie de igualdad en los asuntos públicos, y a eliminar las leyes, reglamentos y p rácticas que discriminen directa o indirectamente a la ciudadanía en este derecho.

todos los ciudadanos tengan el derecho efectivo a participar en pie de igualdad en los asuntos públicos, y a eliminar las leyes, reglamentos y p rácticas que discriminen directa o indirectamente a la ciudadanía en este derecho.

38. Según se informa, la retórica sexista y contraria a las personas LGBTQ+ en los medios de comunicación públicos se utilizó por funcionarios del Estado, incluso de altos rangos, para desacreditar a simpatizantes y miembros de partidos contrarios. El discurso de odio contra las mujeres, las personas LGBTQ+ u otros grupos contribuye a erosionar el derecho a participar en los asuntos públicos sin discriminación.

39. Ante el anuncio de elecciones parlamentarias y regionales para el mes de mayo de 2025, el ACNUDH observó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no había divulgado el calendario electoral y de campaña ni las circunscripciones de votación. El ACNUDH

18 V enezuela: Guterres calls for ‘complete transparency’ following disputed presidential election 29 July 20249

también observó que no se han establecido garantías para asegurar la paridad en los procesos de nominación y selección para los cargos de toma de decisiones en estos niveles.19

40. Entre el 29 y el 30 de julio de 2024, inmediatamente después de las elecciones, se produjeron protestas a lo largo d el país. Aunque la mayoría de estas protestas fueron pacíficas, se reportaron casos de violencia en ciertas partes del país. Una organización de la sociedad civil informó de 915 protestas ciudadanas en todo el país entre esas fechas, 138 de las cuales fueron reprimidas por la seguridad del Estado, en coordinación con grupos civiles armados, partidarios del partido gobernante (colectivos). 20 En el contexto de las protestas

fueron reprimidas por la seguridad del Estado, en coordinación con grupos civiles armados, partidarios del partido gobernante (colectivos). 20 En el contexto de las protestas postelectorales, el ACNUDH recibió informes sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, junto con la violencia ejercida por los colectivos. Los datos oficiales refieren 28 muert