CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - Informe de la Misión de Observación en el Medio Atrato – Bojayá

Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre su Misión de Observación en el Medio Atrato

20 de Mayo de 2002INDICE

Página

I. INTRODUCCIÓN

1. Mandato de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Derechos Humanos.........................................................

2. Antecedentes de la misión: Solicitud del Gobierno.......

3. Términos de referencia de la misión de observación de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la región del Atrato Medio.................................................

II. DESARROLLO DE LA MISIÓN

1. Actividades......................................................................

2. Desempeño de la Oficina en la región............................

3. Antecedentes: situación del Medio Atrato......................

III. RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS

1. Del 21 al 30 de abril........................................................

2. Alertas enviadas a las autoridades..................................

3. Del 1° al 3 de mayo.........................................................

4. Del 4 al 12 de mayo........................................................

5. Desplazam iento forzado.................................................

IV. CONCLUSIONES

1. Infracciones al DIH atribuidas a las FARC-EP..............

2. Infracciones al DIH atribuidas a las AUC......................

3. Responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH........................

V. RECOMENDACIONES

1. Infracciones al DIH atribuidas a las FARC-EP..............

2. Infracciones al DIH atribuidas a las AUC......................

3. Responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH........................

V. RECOMENDACIONES ! En materia judicial y disciplinaria.................................. ! En materia de orden público........................................... ! En materia de desplazamiento......................................... ! En materia de garantía de los derechos económicos, sociales y culturales........................................................ ! En materia de cumplimiento del DIH............................. ! En materia de cooperación con la Oficina...................... ! En materia de paz............................................................

1

1 2

3

3 4 5

8 8 9 10 13

14 17

19

24 25 27

26 27 27

27ANEXOS

I. Actividades de la Of icina en Colom bia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la región del Medio Atrato

II. Comunicaciones del Batallón de Infantería No. 12, referencia 00850/BR4-BIAMA-S3-375 del 10 de Mayo de 2002, y de la Seccional de Inteligencia de la Policía, referencia No. 0472 del 9 de Mayo de 2002.

III. Plano de la parte central del casco urbano de Bellavista

IV. Documentación fotográfica: 1-6 Bellavista y 7-10

Napipí

V. Gráficos sobre el desplazamiento

III. Plano de la parte central del casco urbano de Bellavista

IV. Documentación fotográfica: 1-6 Bellavista y 7-10

Napipí

V. Gráficos sobre el desplazamiento

VI. Comunicado del Bloque José María Córdoba de las FARC-EP del 8 de mayo de 2002

VII. Pronunciamiento de la Alta Com isionada de las Naciones Unidas para los Derechos Hum anos, señora Mary Robinson, del 17 de mayo de 2002

VIII. Comunicación escrita del Ministro de Relaciones Exteriores al Director de la Of icina, ref erencia No. 17601, del 7 de mayo de 2002INFORME DE LA OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE

LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE SU

MISIÓN DE OBSERVACIÓN EN EL MEDIO ATRATO

I INTRODUCCIÓN

1 Mandato de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos trabaja sobre la base de un acuerdo celebrado entre el Gobierno y la ONU el 29 de noviem bre de 1996. Esta Oficina funciona en Colom bia desde abril de 1997 y su Director actúa bajo la autoridad del Alto Com isionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

De conformidad con el m andato surgido del mencionado Acuerdo, la Oficina “observará la situación de los derechos hum anos con el objeto de asesorar a las autoridades colombianas en la form ulación y aplicación de políticas, program as y m edidas para la

De conformidad con el m andato surgido del mencionado Acuerdo, la Oficina “observará la situación de los derechos hum anos con el objeto de asesorar a las autoridades colombianas en la form ulación y aplicación de políticas, program as y m edidas para la promoción y protección de los derechos hum anos en el contexto de violencia y conflicto armado interno que vive el país, así como para permitir al Alto Comisionado que presente informes analíticos a la Comisión de Derechos Humanos. Para el logro de su mandato, las actividades de la Oficina se centrarán en la cooperación con el Gobierno de Colom bia para contribuir al m ejoramiento de la situación de los derechos hum anos y, en concertación con el CICR, para prom ocionar, dentro de los lím ites de sus respectivos mandatos, el respeto y la observancia de los derechos hum anos y del derecho internacional humanitario en el país. Igualm ente, la Oficina asesorará en m aterias de su competencia a los representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y a individuos.

Las actividades de la Oficina están regidas por los criterios siguientes:

a) Todas las actividades de la Of icina estarán encam inadas al logro del m andato y objetivos de la misma.

b) Teniendo en cuenta la com plejidad de la situación colom biana, la Oficina operará sometida en un todo a lo descrito en el pres ente Acuerdo, com o un centro de gestión e interlocución, fom entando un clim a de conf ianza con todos los sectores que estén involucrados e interesados en la problem ática de los derechos humanos y manteniendo el contacto y coordinación con el Gobierno nacional.

c) La Oficina actuará con discreción y se regirá, en sus relaciones con todos los sectores

involucrados e interesados en la problem ática de los derechos humanos y manteniendo el contacto y coordinación con el Gobierno nacional.

c) La Oficina actuará con discreción y se regirá, en sus relaciones con todos los sectores involucrados en las m aterias de su com petencia, por los principios propios de las Naciones Unidas, tales com o los de im parcialidad, independencia, objetividad y transparencia. 1La observación es entendida com o el conjunt o de actividades y gestiones que realiza la Oficina para conocer la evolución de la situación de derechos hum anos y DIH en Colombia, analizar la m isma, evaluar las acciones de las autoridades e instituciones, así como de los grupos arm ados, según la m ateria, y obtener conclusiones que perm itan formular las recom endaciones pertinentes y or ientar el asesoram iento y la cooperación técnica.

La Oficina no es un órgano jurisdiccional que realiza una investigación judicial, recabando pruebas y estableciendo responsabilid ades individuales concretas. En la medida en que sus funciones no son de “verificación”, como en otras m isiones de Naciones Unidas, y que varios documentos procesales y judiciales que son confidenciales no están a disposición de la Oficina, sus conc lusiones surgen del análisis y evaluación de los elem entos que le perm iten valorar lo s hechos y las responsabilidades. Esas conclusiones, así como sus recomendaciones, son el resultado de la observación señalada y apuntan a instar a que las autoridades nacionales y los grupos arm ados actúen conforme a los instrum entos y obligaciones internacionales en m ateria de derechos humanos y de derecho humanitario.

2 Antecedentes de la Misión: Solicitud del Gobierno

conforme a los instrum entos y obligaciones internacionales en m ateria de derechos humanos y de derecho humanitario.

2 Antecedentes de la Misión: Solicitud del Gobierno

El Presidente de la República expresó públicam ente su interés en que una m isión humanitaria de las Naciones Unidas pudiera desp lazarse al m unicipio de Bojayá, en el departamento del Chocó, “con el objeto de cons tatar los hechos que cobraron la vida de más de 110 personas e inform ar al Alto Gobierno y a la opinión pública nacional e internacional el resultado de sus averiguaciones”1.

En seguimiento de esas declaraciones el G obierno, a través del Ministro de Relaciones Exteriores, solicitó form almente por escrito, en fecha 7 de m ayo de 2002, la “decidida colaboración [de la Of icina en Colom bia del Alto Com isionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos] para el desarrollo de esta gestión”, para la cual ofreció toda su cooperación.

En una reunión posterior del Director de la Of icina con la Cancillería, el Gobierno presentó unos “elem entos a ser tenidos en cuenta para el desarrollo de la Misión Humanitaria de las Naciones Unidas”. Entre estos se señala la evaluación de la gestión de las autoridades con anterioridad y con ocasión de los hechos de fines de abril y principios de mayo de 2002, inform ación sobre la presencia de los grupos arm ados al margen de la ley y una evaluación de los hechos ocurridos a fines de abril y principios de m ayo de 2002, así como un informe al respecto.

La Oficina aceptó la solicitud del Gobi erno, especificando que la m isión estaría estrictamente enmarcada en su mandato específico en el país.

2002, así como un informe al respecto.

La Oficina aceptó la solicitud del Gobi erno, especificando que la m isión estaría estrictamente enmarcada en su mandato específico en el país.

1 Comunicación escrita del Ministro de Relaciones Exteriores, 7 de mayo de 2002. Véase ANEXO VIII. 23 Términos de referencia de la misión de observación de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la s Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la región del Atrato Medio.

En el marco de su mandato, la misión tuvo por objetivo observar y evaluar las violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario en la región del Atrato Medio. Esta tarea debía rea lizarse m ediante la identif icación de las responsabilidades, tanto en relación con los hechos que tuvieron com o consecuencia la muerte y lesiones de civiles, com o las relativas a la prevención, asistencia hum anitaria y otros mecanismos de respuesta estatales.

La misión, en desarrollo de las funciones propias de su mandato, realizaría la observación y evaluación mediante visitas al terreno, en pa rticular a los m unicipios de Bojayá, Vigía del Fuerte y Quibdó, recepción de testim onios de la población afectada, y entrevistas con las autoridades locales, civiles y m ilitares, así com o otras organizaciones con presencia en la zona. Esta m isión al terreno se apoyó en el trabajo y seguim iento previo realizado por la Suboficina con sede en Medellín, cuyos oficiales hacían presencia en la zona.

La Oficina debía inform ar al Gobierno, a otras autoridades del Estado, y a la Alta

por la Suboficina con sede en Medellín, cuyos oficiales hacían presencia en la zona.

La Oficina debía inform ar al Gobierno, a otras autoridades del Estado, y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre los resultados de la observación y evaluación, así com o form ular las recom endaciones pertinentes, tomando en consideración los antecedentes, la presencia y las acciones de los grupos armados ilegales, las alertas tempranas y la actuación de las instituciones del Estado en la región.

II DESARROLLO DE LA MISIÓN

1 Actividades.2

Desde el 1 de m ayo la Oficina intensificó el seguimiento de la situación en la región del Atrato Medio, tanto desde Bogotá com o desde su Suboficina en Medellín. A partir del 5 de mayo de 2002 la Oficina tuvo presencia en Quibdó y, en el m arco de su m andato, mantuvo contactos regulares con autoridades nacionales, departam entales y locales, así como con organizaciones de la sociedad civil y con la fuerza pública.

Estas actividades se apoyaron en el trabaj o previo que venía realizándose desde la instalación de la Suboficina en Medellín, en enero de este año, la cual cubre los departamentos de Chocó y Antioquia.

Entre los días 9 y 12 de m ayo de 2002, en res puesta a la solicitud del Presidente de la República, un equipo conform ado por el Director de la Of icina en Colom bia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los De rechos Hum anos y cuatro oficiales, se desplazó a Quibdó, Bellavista y Napipí, cab ecera y corregim iento del m unicipio de

Comisionado de Naciones Unidas para los De rechos Hum anos y cuatro oficiales, se desplazó a Quibdó, Bellavista y Napipí, cab ecera y corregim iento del m unicipio de

2 Véase ANEXO I 3Bojayá, respectivam ente, en el departam ento del Chocó, y a Vigía del Fuerte, en el departamento de Antioquia. En cada localidad la m isión se entrevistó con autoridades departamentales y m unicipales, con la fuerza pública, con organizaciones de la sociedad civil, y con testigos presenciales y sobrevivientes.

El día 9 de m ayo, el Director de la Oficin a rehusó aceptar la oferta del General Mario Montoya, Comandante de la IV Brigada del Ejér cito Nacional, de realizar el traslado en un helicóptero m ilitar. Esta determ inación f ue consecuencia de las reglas de Naciones Unidas, respecto de las cuales todo funciona rio debe observancia. Estas señalan que los funcionarios tienen que abstenerse de utilizar m edios de transporte militares, ya que en el marco de un conflicto armado éstos son considerados objetivos militares.

Es de destacar que a pesar de haber recibido la oferta de total cooperación por parte del Gobierno para el desarrollo de esta m isión, al día siguiente, en el momento de trasladarse de Quibdó hacia Bellavista, el Director de la Oficina tuvo que responsabilizarse por la seguridad e integridad de sus funcionarios m ediante la firm a de dos docum entos que fueron exigidos por la Policía y el Ejército respectivam ente.3 En uno de esos documentos el Ejército m anifestó “carecer de los m edios tanto de personal com o de equipo para

fueron exigidos por la Policía y el Ejército respectivam ente.3 En uno de esos documentos el Ejército m anifestó “carecer de los m edios tanto de personal com o de equipo para asegurar el desplazam iento por el río”, y agregó que no estaban dadas las condiciones para realizar el traslado por vía fluvial.

El equipo de la Oficina llegó a Bellavist a al m ediodía del 10 de m ayo. Durante su recorrido de reconocim iento del lugar, los func ionarios de la Oficina se encontraron con el General Mario Montoya, Com andante de la IV Brigada, y con el Sr. Francisco Javier Galvis Maya, Fiscal Regional de Antioqui a, m anteniendo breves conversaciones con ellos. Asimismo, se sostuvieron reuniones con f uncionarios de la Alcaldía, así com o con pobladores y representantes de la Iglesia.

Ese mismo día la Oficina se desplazó a Vigí a del Fuerte, lugar en el que perm aneció hasta el día 11 de m ayo, donde sostuvo otras re uniones con funcionarios de esa Alcaldía, así como con pobladores, población desplazada, representantes de la Iglesia, de ONG y con funcionarios de otras agencias de las N aciones Unidas. Cabe anotar que, en la tarde del 10 de m ayo, el equipo se desplazó hasta Napipí, donde, después de recorrer el casco urbano, también se reunió con un numeroso grupo de habitantes.

2 Desempeño de la Oficina en la región

Desde su instalación en Colom bia, la Of icina, en el desarrollo de su m andato, dio seguimiento a las violaciones de los derechos humanos y a las infracciones del derecho

2 Desempeño de la Oficina en la región

Desde su instalación en Colom bia, la Of icina, en el desarrollo de su m andato, dio seguimiento a las violaciones de los derechos humanos y a las infracciones del derecho internacional hum anitario, en el departam ento del Chocó 4. Cabe señalar que en los

3 Véase ANEXO II. 4 En este sentido, en su informe del año 1997 la Alta Comisionada manifestó: “Desde diciembre de 1996 se sucedieron varios desplazam ientos masivos en el departam ento de El Chocó debido a la presencia paramilitar en la zona del Bajo y Medio Atrato, a los combates entre guerrilla y paramilitares en enero de 1997 y a los bombardeos indiscriminados efectuados por el ejército en el marco de la "Operación Génesis" 4últimos 16 m eses la Of icina dirigió al Gobierno 10 com unicaciones of iciales sobre hechos ocurridos en el departam ento del Chocó, m anifestando su preocupación y formulando recom endaciones al Estado. Entre éstas últim as, cabe destacar la comunicación enviada el día 23 de abril, 5 relacionada con la situación objeto de este informe. Adem ás, la Of icina realizó peri ódicamente m isiones de observación en el terreno. Luego de la apertura de la Suboficina de Medellín, esas actividades, al igual que el acom pañamiento a las instituciones estatales y de la sociedad civil, se han incrementado significativamente.

3 Antecedentes: Situación del Atrato Medio

El m unicipio de Bojayá, departam ento del Chocó, y el m unicipio de Vigía del Fuerte,

incrementado significativamente.

3 Antecedentes: Situación del Atrato Medio

El m unicipio de Bojayá, departam ento del Chocó, y el m unicipio de Vigía del Fuerte, departamento de Antioquia, integran la región conocida com o Atrato Medio. El río Atrato es corredor de entrada y salida entre el Chocó y Antioquia. Por esta razón, el

iniciada el 23 de febrero de 1997 a l o que se sum ó el cont rol del abast ecimiento de al imentos y medicamentos p or p arte d el ej ército y lo s p aramilitares co mo fo rma d e co mbatir a la guerrilla. Como consecuencia de los hechos reseñados, entre 15.000 y 17.000 personas se vieron forzadas a salir de la zona, la mayor parte de las cuales en los primeros 4 meses del año.” Véase Inform e de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, documento E/CN.4/1998/16, párrafo 103. En su informe relativo al año 1998, la Alta Comisionada afirmó: “En muchos lugares, como en (...) Vigía del Fuerte (Antioquia) (...) o en Carm en de Atra to (Chocó), la Oficina en Colom bia percibió, por observación directa o por inform ación de prim era mano que, pese a las denuncias transm itidas por ella y por otros organism os estatales y no gubernamentales, la connivencia entre los param ilitares y la fuerza pública o autoridades civiles era continua, en algunos casos desde hace m ás de un año.” Véase Inform e de la Al ta C omisionada de l as Naci ones Uni das pa ra l os Derechos Hum anos, documento E/CN.4/1999/8

pública o autoridades civiles era continua, en algunos casos desde hace m ás de un año.” Véase Inform e de la Al ta C omisionada de l as Naci ones Uni das pa ra l os Derechos Hum anos, documento E/CN.4/1999/8 párrafo 36. Igualmente, en su informe del año 1999, la Alta Comisionada señaló: “La Oficina pudo constatar cómo las fuerzas m ilitares, en el m unicipio de Juradó (Chocó), adoptaron la m edida de controlar la cantidad de mercados y víveres transportados por los habitantes de la región hacia sus comunidades. Las comunidades indígenas y afro colombianas resultaron si endo l as pri ncipales afect adas.” Véase Inform e de l a Al ta Comisionada de l as Naci ones Uni das para los Derechos Hum anos, docum ento E/ CN.4/2000/11, párrafo 101. En su informe del año 2000, manifestó: “También es notoria la extensión de la influencia y presencia de las AUC desde l as zonas baja y media del Río Atrato hacia su zona alta en el departamento del Chocó, que sumieron en l a zozobra -i ncluso en l as zonas urbana sa l as localidades de Turbo, Apart adó y Quibdó”. Véase Informe de la Alta Com isionada de las Naci ones Unidas para los Derechos Hum anos, documento E/CN.4/2001/15, párrafo 133. Tam bién denunció: “Los ataques indi scriminados de la guerrilla a poblaciones causaron importantes daños a los bienes de caráct er civil, sobre t odo destruyendo numerosas

E/CN.4/2001/15, párrafo 133. Tam bién denunció: “Los ataques indi scriminados de la guerrilla a poblaciones causaron importantes daños a los bienes de caráct er civil, sobre t odo destruyendo numerosas viviendas, como en los casos (...) de Vigía del Fuerte (Antioquia), el 25 de m arzo, Bagadó y Carmen de Atrato (Chocó), el 20 de octubre y el 5 y 6 de mayo respectivamente.” Párrafo 118. En su informe del año 2001, l a Al ta Comisionada mencionó: “Las FAR C di eron muerte, ent re ot ros, al alcalde de Juradó (Chocó) “(véase párrafo139), así como destacó “el desplazamiento masivo de 4.000 afro colombianos del m unicipio de Pie de Pato (Chocó) el 4 de junio, por amenazas de grupos param ilitares.” Véase Informe de la Alta Com isionada de las Naci ones Unidas para los Derechos Hum anos, documento E/CN.4/2002/17, párrafo 303. 5 Comunicación INT/602/02, en su despacho el 23 de abril. 5control del transporte fluvial y el tránsito de personas es motivo de disputa de los grupos armados al margen de la ley.

La escasa atención que las autoridades nacionales tradicionalm ente han proporcionado a este departamento, se ve reflejada también en la débil presencia institucional en el ámbito local6. Otro factor que dificu lta el control del territorio por parte del Estado es la diferente dependencia orgánica y funcional de cada una de las 3 Brigadas que cubren el

local6. Otro factor que dificu lta el control del territorio por parte del Estado es la diferente dependencia orgánica y funcional de cada una de las 3 Brigadas que cubren el departamento del Chocó7, aparte de la Infantería de Marina que tiene jurisdicción sobre la costa pacífica y los ríos. Adicionalm ente, debe destacarse la ausencia de una base de la Infantería de Marina en Quibdó.

Es importante señalar que el departam ento del Chocó tiene “un PIB per cápita m ás de cuatro veces m enor que el PIB de Bogotá, lo que dem uestra que la desigualdad departamental... continúa siendo muy fuerte en el país y que los esfuerzos para mejorar la situación han sido insuficientes” 8. Estudios de Misión Soci al – PNUD indicaron que, en los años de 1999 y 2000, “el progreso educativo se ha resentido y el índice disminuido” y que la disparidad regional entre departamentos afecta de manera notable al departamento del Chocó, “que adem ás cuenta con un gran núm ero de población indígena y afrocolombiana”9.

Los municipios de Vigía del Fuerte y Bojayá, “han estado en los últimos años sitiados por los grupos armados ilegales que transitan por el río Atrato y que se disputan el control de la región para el transporte de arm as y drogas. La confrontación armada entre la guerrilla y las autodefensas ilegales es m uy violenta en la región porque hay intereses económ icos y estratégicos en juego: entre otros el tráf ico de drogas, la conexión interoceánica, el desarrollo de m egaproyectos como el de la carretera Panam ericana, y la cercanía de los

y estratégicos en juego: entre otros el tráf ico de drogas, la conexión interoceánica, el desarrollo de m egaproyectos como el de la carretera Panam ericana, y la cercanía de los puertos y de las centrales hidroeléctricas. La región representa además ventajas para estos grupos por constituir una vía para el ingreso de armas y pertrechos desde Centroam érica y por ofrecer rutas favorables para el narcotráfico”.10

A finales de diciem bre de 1996, después incursionar en Riosucio, los param ilitares comenzaron a desarrollar acciones en el bajo y m edio Atrato con el objetivo de alcanzar el control del área. Es así como en mayo de 1997 tomaron Vigía del Fuerte y Bellavista.

6 En este sentido, destaca que varios alcaldes se encuentran despachando desde otras localidades, tales como los de Bagadó, Bojayá, Medio Atrato, Carmen del Darién, quienes despachan desde Quibdó, y el de Juradó, quien despacha desde Bahía Solano. El alcalde del Alto Baudó, si bien se encuentra en su municipio, está enfrentando algunas dificultades para desarrollar sus funciones. 7 Estas son la Brigada 8, con sede en Armenia (Quindío), la Brigada 4, con sede en Medellín (Antioquia), la Brigada 17, con sede en Apartadó (Antioquia), y el Cuerpo de Infantería de Marina, con sede en Turbo y presencia en Bahía Solano y Riosucio. 8 Véase Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, documento E/CN.4/2001/15, párrafo 65. 9 Véase Informe citado en nota 8, párrafo 70.

8 Véase Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, documento E/CN.4/2001/15, párrafo 65. 9 Véase Informe citado en nota 8, párrafo 70. 10 Informe Anual Derechos Humanos y DIH 2000, República de Colombia, Ministerio de Defensa Nacional, cita en páginas 132 y 133. 6Durante los años de control param ilitar se registraron m asacres, hom icidios selectivos, desplazamientos m asivos, así com o el cont rol y la restricción de la circulación de alimentos y combustibles.

A inicios del año 2000, el Teniente W illiam Antonio Peña Julio, entonces comandante de la Policía Nacional en Vigía del Fuerte, denunció ante la Fiscalía Especializada de Medellín la connivencia entre las autoridades locales y los grupos param ilitares que permanecían en el casco urbano11.

El 25 de m arzo de 2000, las FARC-EP lleva ron a cabo una acción m ilitar en Vigía del Fuerte y Bellavista con el objetivo de tom ar el control del área. En el ataque contra la estación de la Policía Nacional de Vigía de l Fuerte, que resultó destruida, m urieron 21 miembros de la Policía, y algunos de sus cuerpos se encontraron m utilados12. Se registraron tam bién tres víctim as civiles que m urieron a causa del fuego cruzado, así como importantes daños a los bienes m ateriales civiles. Luego de esos enfrentam ientos, las FARC-EP dieron m uerte a seis personas a quienes acusaban de ser colaboradores de los paramilitares, entre ellos el señor Pastor Damián Perea, alcalde local.

las FARC-EP dieron m uerte a seis personas a quienes acusaban de ser colaboradores de los paramilitares, entre ellos el señor Pastor Damián Perea, alcalde local.

Desde ese entonces las FARC-EP lograron el control de Medio y Alto Atrato, desde Las Mercedes, en el m unicipio de Quibdó, hast a Boca de Curvaradó, en el m unicipio de Carmen del Darién.

Con el objetivo de contrarrestar las acciones de la guerrilla, las autoridades establecieron restricciones a la circulación de alim entos y com bustibles en la región del Atrato Medio13.

III RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS

En el desarrollo de sus f unciones, la Of icina se entrevistó con autoridades locales y departamentales, así com o con representantes de organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, recibió declaraciones de testigos oculares y vivenciales, cuyos nombres serán mantenidos en reserva en atención a los térm inos del m andato. A través de esa información y de la observación llevada a cabo en el terreno, pudo reconstruir los hechos de la siguiente manera.

11 Véase Oficio N° 137/ESVIF, Vigía del Fuerte, 25 de febrero de 2000. 12 La Fiscalía comunicó a la Oficina los resultados de las necropsias ordenadas al hospital de Quibdó, que permitieron d escartar la h ipótesis d e q ue las v íctimas h abían sid o m acheteadas o ej ecutadas co n tiro de

gracia. En el caso del teniente Peña, se det erminó que no fue quem ado por ácido sino que el polvo blanco que le cubría fue ocasionado por el derrumbe de una pared y que la pérdida de su cabeza fue por el efecto del proyectil explosivo. Las n ecropsias realizad as so bre o tras 3 v íctimas rev elaron q ue las q uemaduras resultaron del calor generado por l a onda expl osiva, que su muerte no fue provocada por heri da con arma de fuego o arma contundente y que no fueron rociadas con gasolina. 13En noviembre de 2001 el Alcalde de Riosucio em itió los Decretos N° 05 y N° 06 los que restringen la circulación de alimentos y combustibles. Asimismo, el Batallón Manosalva mantiene instalado un retén en El R eposo, Qui bdó, en el que, ent re febrero y abr il de 2002, se rest ringía l a ci rculación de ví veres y combustibles. A partir de esa fecha sólo realizan requisas. 71 Del 21 al 30 de abril

De acuerdo a la inform ación obtenida, el 21 de abril de 2002, un núm ero no inferior a 7 embarcaciones que transportaban un total aproxim ado de 250 param ilitares arribó a Bellavista, cabecera m unicipal de Bojayá, y Vi gía del Fuerte, provenientes de Turbo. Para realizar ese recorrido, las em barcaciones deben pasar los puestos de control de la Fuerza Pública ubicados en Punta de Turbo (retén perm anente de la Marina que exige la presentación de docum entación y una requisa), en la entrada de Riosucio, (retén permanente de la Policía Nacional) y en la salida de Riosucio hacia Bellavista, (retén

presentación de docum entación y una requisa), en la entrada de Riosucio, (retén permanente de la Policía Nacional) y en la salida de Riosucio hacia Bellavista, (retén permanente del Ejército. No se registraron incidentes ni detenciones en ese recorrido.

Los param ilitares se establecieron en los cascos urbanos, 14 en donde requisaron y amenazaron a la población, m ientras las FA RC-EP permanecieron en el área rural 15. La población de Bellavista solicitó a los param ilitares que se retiraran del casco urbano, como en su m omento lo hicieran con la guerrilla, con el objetivo de m antener a la población civil alejada del conflicto.16

Por otro lado, la Oficina tam bién recibió in formación señalando que, el 25 de abril, las FARC-EP interceptaron en Boca de Arquía la em barcación de la ACIA (Asociación Campesina Integral del Atrato) que llevaba los insum os para abastecer las tiendas comunitarias de toda la región del Atrato Medio, robando toda la carga. Este hecho agravó la ya difícil situación alimenticia de los pobladores de esa región.

El 26 de abril los param ilitares entraron en Puerto Conto, donde establecieron una base. La guerrilla se encontraba e