CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS - Informe Violencia Territorial en Colombia - Recomendaciones para el Nuevo Gobierno Oficina ONU Derechos Humanos

Violencia Territorial en Colombia: Recomendaciones para el Nuevo GobiernoI. Resumen ejecutivo 3

II. Dinámicas de violencia y del conflicto armado interno 5 a) Control social por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales 9 b) Estigmatización 12

III. Impacto de la violencia y el conflicto armado en los derechos humanos 13 a) Homicidios de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales 13 b) Homicidios de autoridades y liderazgos indígenas y afrodescendientes 15 c) Amenazas de muerte y otras agresiones 16 d) Asesinatos de excombatientes de las FARC-EP 16 e) Masacres 17 f) Desapariciones 18 g) Desplazamientos forzados y confinamientos 19 h) Violencia basada en género y violencia sexual 21 i) Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes 22 j) Uso de artefactos explosivos 23 k) Derecho a un nivel de vida adecuado 24 l) Derechos culturales y religiosos 24 m) Derecho a la salud 25

IV. Respuesta del Estado frente a la violencia 26 a) Políticas de defensa y seguridad 27 b) Desmantelamiento 28 c) Estado de derecho en los territorios 30 d) El Sistema de Alertas Tempranas 32 e) Las Mesas Territoriales de Garantías 33 f) Reforma Rural Integral y Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 34 g) Uso de la fuerza por parte de la Fuerza Pública 36 h) Alegaciones de falta de acción oportuna de la Fuerza Pública contra los grupos armados no estatales y organizaciones criminales y de connivencia 38

V. Conclusiones 39

VI. Recomendaciones 41

h) Alegaciones de falta de acción oportuna de la Fuerza Pública contra los grupos armados no estatales y organizaciones criminales y de connivencia 38

V. Conclusiones 39

VI. Recomendaciones 41

VII. ANEXO - Índice de impacto de violencia 463

I. Resumen ejecutivo

1. Este informe analiza el impacto del incremento de la violencia 1 sobre el goce de los derechos humanos debido a la expansión de distintos grupos armados no estatales y organizaciones criminales en varias partes de Colombia en los últimos dos años. El informe resalta también las acciones tomadas por el Estado colombiano, como garante de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en los territorios afectados por esta violencia.

2. La Oficina reconoce el papel central del Estado para enfrentar la situación de violencia, y de manera inequívoca, deplora y condena la violencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, en particular aquella que se dirige contra la población. Por lo tanto, el enfoque sobre la responsabilidad del Estado, en el marco de derecho internacional de los derechos humanos, no busca disminuir o minimizar la responsabilidad directa de los grupos armados no estatales y organizaciones criminales por los actos que cometen, que deben ser debidamente investigados y sancionados. Por lo contrario, a través del análisis y las recomendaciones contenidas en este informe, se resalta el rol del Estado para hacer frente a la violencia generada por estos grupos, y asegurar políticas públicas que respondan eficaz y adecuadamente a esta violencia, con un enfoque desde las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos.

3. El análisis contenido en este informe es producto de la observación directa de la

que respondan eficaz y adecuadamente a esta violencia, con un enfoque desde las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos.

3. El análisis contenido en este informe es producto de la observación directa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y de la documentación de la situación de derechos humanos en los lugares más afectados del país. Este análisis se respalda en informaciones recogidas en reuniones con víctimas, autoridades estatales, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil a nivel local, regional y nacional. 1 En el presente informe, la Oficina entiende el término “violencia” como todos los actos ejercidos por actores armados no estatales y organizaciones criminales contra la población civil, incluyendo en contextos donde el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha determinado que existen seis conflictos armados no internacionales, tres entre el Estado Colombiano y distintos grupos armados organizados, y tres entre distintos grupos armados organizados. Cuando se refiere a “conflicto armado”, la Oficina se refiere a los conflictos armados identificados por el CICR en el documento “Retos Humanitarios 2022”, disponible en: https://www.icrc.org/es/ document/balance-humanitario-colombia-2022-dih.4

4. Previo a la publicación de este informe, la Oficina ha trasladado por escrito las preocupaciones recogidas en el mismo a las entidades competentes del Estado.

5. La Oficina compartió con el Gobierno Nacional este informe para que pudiera realizar sus observaciones al respecto. El documento de observaciones remitido por el Gobierno se publica junto con este informe.

6. Después de la firma de la paz en noviembre de 2016, se observó una baja en

realizar sus observaciones al respecto. El documento de observaciones remitido por el Gobierno se publica junto con este informe.

6. Después de la firma de la paz en noviembre de 2016, se observó una baja en los niveles de violencia en el país como lo señala la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia2. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), los homicidios con ocasión del conflicto, pasaron de 12.665 en 2012 a 1.238 en 20163. En los territorios más afectados por el conflicto armado, esta situación generó esperanza en la población. Sin embargo, en los últimos dos años la Oficina ha observado que diversos grupos armados no estatales y organizaciones criminales han expandido su presencia en varias regiones del país, particularmente en aquellas donde se desmovilizaron las FARC-EP . Las actividades de estos grupos y organizaciones afectan, de forma creciente, a la población y sus derechos.

7. A pesar de los esfuerzos del Estado, la respuesta predominantemente militar para combatir estos grupos no ha logrado frenar su expansión y la violencia que generan. Además, la debilidad del estado de derecho y de alternativas de desarrollo en los territorios afectados por la violencia ha exacerbado la situación.

8. Las comunidades afectadas denuncian un abandono estatal y la ausencia o limitada presencia de autoridades estatales civiles para enfrentar esta situación. En varios territorios, la desconfianza en el Estado crece y en algunos casos se han denunciado hechos de connivencia de autoridades con actores armados no estatales.

9. En este sentido, las recomendaciones formuladas tienen por objeto contribuir a la implementación de soluciones urgentes para proteger la vida y los derechos

hechos de connivencia de autoridades con actores armados no estatales.

9. En este sentido, las recomendaciones formuladas tienen por objeto contribuir a la implementación de soluciones urgentes para proteger la vida y los derechos humanos a través de la consolidación del estado de derecho y la paz en los territorios afectados por la violencia.

10. El informe concluye que es necesario revisar la estrategia del Estado para enfrentar estos grupos y organizaciones y proteger a las poblaciones afectadas y garantizar el disfrute y ejercicio de sus derechos. Con el fin de proteger los derechos humanos y combatir la expansión violenta de los grupos, la Oficina recomienda tres ejes principales de acción al Gobierno.

11. En primer lugar, reducir significativamente y finalmente eliminar la presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales en los territorios afectados por la violencia, a través de un esfuerzo combinado en cuatro áreas: i) la implementación de una política estatal eficaz de desmantelamiento de estos 2 https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/informe_sp_n2139927.pdf 3 https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/12/5-an%CC%83os-del-acuerdo-de-paz-1.pdf5 grupos – concertada con la sociedad civil en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; ii) la adopción de un marco legal y una estrategia para el sometimiento colectivo de estos grupos como previsto en el Acuerdo de Paz; iii) la implementación de una estrategia estatal de protección de civiles; y iv) considerar genuinamente el llamado de las poblaciones afectadas por la violencia que piden la adopción de acuerdos humanitarios o de paz con los grupos.

1. la implementación de una estrategia estatal de protección de civiles; y iv) considerar genuinamente el llamado de las poblaciones afectadas por la violencia que piden la adopción de acuerdos humanitarios o de paz con los grupos.

12. En segundo lugar, priorizar la implementación territorial del Acuerdo de Paz, en particular la reforma rural integral, consolidar la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con la participación de las comunidades afectadas, y relanzar el Programa Nacional de Sustitución de

Cultivos Ilícitos (PNIS).

13. En tercer lugar, se recomienda consolidar el estado de derecho en las zonas más afectadas por la violencia y el conflicto armado interno, reforzando la presencia y la capacidad de las instituciones del aparato de justicia y de los organismos de control en los territorios. Así mismo reforzar las capacidades de los gobiernos locales y de los gobiernos propios de los pueblos afrodescendientes e indígenas en estos territorios. Esto deberá ser acompañado por una campaña cuyo objetivo sea restaurar la confianza en la institucionalidad del Estado, abriendo espacios de diálogo y participación para las comunidades afectadas y la sociedad civil.

II. Dinámicas de violencia y del conflicto armado interno

14. En su último informe anual sobre Colombia presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2021, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló un incremento de la violencia ejercida por parte de distintos actores armados en zonas rurales y en algunos centros urbanos, afectando severamente los liderazgos y la vida comunitaria indígena,

Unidas para los Derechos Humanos señaló un incremento de la violencia ejercida por parte de distintos actores armados en zonas rurales y en algunos centros urbanos, afectando severamente los liderazgos y la vida comunitaria indígena, campesina y afrodescendiente, y a mujeres en zonas rurales 4. Esta tendencia continúa observándose y agudizándose en ciertos territorios del país desde el inicio del año 2022.

15. La Oficina ha desarrollado un índice para identificar algunos de los municipios más afectados por la violencia en 2021, utilizando cinco variables relacionadas con la violencia que generan preocupación : 1) homicidios de personas defensoras de derechos humanos verificados por la Oficina; 2) masacres 5 verificadas por la Oficina; 3) tasa de desplazamiento reportados por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) por 100.000 habitantes; 4) tasa de confinamiento reportados por OCHA por 100.000 habitantes; y 5) asesinatos de excombatientes de las FARC-EP reportados por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (ver Mapa 1). 4 https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/03-03-2022A_HRC_49_19_ AdvanceUneditedVersion.pdf 5 Para la definición de masacres, ver E/CN.4/2000/11, párr. 27.6

16. Las comunidades afectadas también reportan a la Oficina un incremento de la violencia sexual y del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Sin embargo, no existe una documentación rigurosa y sistemática de estas alegaciones que permita

violencia sexual y del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Sin embargo, no existe una documentación rigurosa y sistemática de estas alegaciones que permita integrarlas como variables al índice. Por el contrario, existe un sub-registro de éstas y otras violaciones mencionadas en el siguiente capítulo de este informe, que deben ser atendidas. Impacto de la violencia ONU Derechos Humanos, Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia Creado: 10 Junio de 2022 Fuentes: ONU Derechos Humanos - Colombia, UNVMC, OCHA Contacto: ohchr-imsupport@un.org Junio de 2022 Índice de impacto de la violencia Variables incluidas: 1) homicidios de personas defensoras de derechos humanos 2) masacres 3) asesinatos de excombatientes de las FARC-EP 4) tasa de confinamiento 5) tasa de desplazamiento Impacto de la violencia crítico muy alto alto LEGENDA Los límites y los nombres y las designaciones que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las

Naciones Unidas.Impacto de la violencia y la gobernabilidad democrática territorial ONU Derechos Humanos, Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia Creado: 10 Junio de 2022 Fuentes: ONU Derechos Humanos - Colombia, UNVMC, OCHA, PNUD Contacto: ohchr-imsupport@un.org Junio de 2022 Índice de impacto de la violencia Índice de Gobernabilidad Democrática Territorial (IGDT) 2020

Variables incluidas: 1) homicidios de personas defensoras de derechos humanos 2) masacres 3) asesinatos de excombatientes de las FARC-EP 4) tasa de confinamiento 5) tasa de desplazamiento IGDT (2020 - PNUD) LEGENDA Los límites y los nombres y las designaciones que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las

Naciones Unidas. Alto (69 - 100) Medio Alto (56 - 69) Medio (45 - 56) Medio Bajo (33 - 45)

Bajo (0 - 33) Sin informacíon Impacto de la violencia crítico muy alto alto LEGENDA Los límites y los nombres y las designaciones que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas. Impacto de la violencia y la pobreza multidimensional ONU Derechos Humanos, Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia Creado: 10 Junio de 2022 Fuentes: ONU Derechos Humanos - Colombia, UNVMC, OCHA, DANE Contacto: ohchr-imsupport@un.org Junio de 2022 Índice de impacto de la violencia Índice de Pobreza Multidimensional Variables incluidas: 1) homicidios de personas defensoras de derechos humanos 2) masacres 3) asesinatos de excombatientes de las FARC-EP 4) tasa de confinamiento 5) tasa de desplazamiento Impacto de la violencia crítico muy alto alto LEGENDA Los límites y los nombres y las designaciones que figuran en

este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas. Índice de Pobreza Multidimensional (2018-DANE) LEGENDA Los límites y los nombres y las designaciones que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas. 69 - 99% 51 - 69% 38 - 51% 24 - 38% 5 - 24%8

17. El índice permite identificar los municipios donde el impacto de la violencia en los derechos humanos es alto, muy alto o crítico. Se observa su impacto en el corredor pacífico, en varios municipios de frontera y en franjas o corredores en las que operan economías ilícitas. La violencia afecta mayoritariamente a las personas en territorios periféricos donde además existe una limitada presencia estatal y donde la tasa de pobreza multidimensional suele ser más alta. En estos territorios mayoritariamente vive la población indígena, afrodescendiente y campesina (Ver Mapas 2 y 3).

18. La violencia y sus efectos también se presentan en espacios urbanos como Buenaventura, Cali y Quibdó o en cabeceras municipales como la de Santander de Quilichao en el departamento del Cauca.

19. Uno de los contextos que genera mayor vulnerabilidad para la población civil es la disputa territorial violenta entre grupos armados. Es en este contexto, que se concentran los picos de violencia y desplazamiento. Las poblaciones se encuentran entre dos o más grupos y sufren las consecuencias de sus acciones

es la disputa territorial violenta entre grupos armados. Es en este contexto, que se concentran los picos de violencia y desplazamiento. Las poblaciones se encuentran entre dos o más grupos y sufren las consecuencias de sus acciones armadas. La estigmatización de líderes y lideresas, y de otras personas de la comunidad, los expone a la violencia de grupos armados que buscan tomar el control de una zona, infligiendo bajas al grupo rival, a través de formas violentas. El nivel de violencia se agudiza cuando los grupos armados parecen sentirse vulnerables frente a grupos rivales.

20. En lugares donde grupos armados no estatales u organizaciones criminales tienen una influencia exclusiva, las afectaciones a los derechos humanos suelen ser menos visibles y relacionadas a la interacción propia del grupo con la población civil.

21. En su último informe sobre retos humanitarios publicado en marzo 2022, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anotó que “según las cifras, en 2021 la mayoría de los efectos de los conflictos armados y la violencia alcanzaron el nivel más alto en los últimos cinco años”6. El CICR identifica actualmente seis conflictos armados no internacionales en Colombia 7. Según el CICR, “la reconfiguración de los actores armados no estatales y el incremento de las confrontaciones armadas, del control social y de la disputa territorial aumentaron la presión sobre la sociedad civil y plantearon nuevos desafíos para la asistencia humanitaria”8.

22. Según la Policía Nacional, la tasa nacional de homicidios por cada 100.000 habitantes también aumentó a 26,85 en 2021, comparado con 23,7 en el 2020.

En 2021, las tasas de homicidios más altas fueron las de los departamentos de

habitantes también aumentó a 26,85 en 2021, comparado con 23,7 en el 2020. En 2021, las tasas de homicidios más altas fueron las de los departamentos de 6 https://www.icrc.org/es/document/balance-humanitario-colombia-2022-dih 7 Los seis conflictos identificados por el CICR son los siguientes: 1. El Estado colombiano contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN); 2. El Estado colombiano contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); 3. El Estado colombiano contra las Antiguas FARC-EP actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz; 4. El ELN contra las AGC; 5. Antiguas FARC actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz contra la Segunda Marquetalia; 6. Antiguas FARC actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz contra Comandos de la Frontera. 8 https://www.icrc.org/es/document/balance-humanitario-colombia-2022-dih9 Valle del Cauca (57,63), Cauca (54,43%), Putumayo (52,63%), Chocó (53,23%) y Antioquia (31,96%)9. a) Control social 10 por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales Testimonio “Es triste tener que decirlo, la palabra “arma” mata a la palabra, y frente a un actor armado que viene, intimida, que violenta, obviamente nuestras autoridades y nuestras comunidades no van a tener defensa. Cuando el arma está por encima, a pesar de que se quiera tener una autonomía plena dentro del territorio, una gobernabilidad dentro del territorio, no se puede, pues obviamente el actor armado es el que viene y coloca las condiciones”. Lideresa indígena, Departamento de Chocó

se quiera tener una autonomía plena dentro del territorio, una gobernabilidad dentro del territorio, no se puede, pues obviamente el actor armado es el que viene y coloca las condiciones”. Lideresa indígena, Departamento de Chocó

23. Los grupos armados no estatales y organizaciones criminales utilizan varios mecanismos para poder controlar a la población en los territorios en los que mantienen una presencia activa. Estos mecanismos de control social incluyen diversas formas de violencia, medidas coercitivas o amenazas directas contra la población, para controlarla y que no ponga en riesgo el desarrollo de sus actividades.

24. La Oficina ha podido observar la presión desmedida de grupos armados no estatales por el control social ejercido en municipios de departamentos como Arauca, Bolívar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Magdalena, Putumayo y Sucre, siendo notable el control de corredores para el tráfico ilegal como en la región del Pacífico entre Ecuador y Panamá.

Testimonio “Tengo temor porque llevamos tanto tiempo con la presencia de las disidencias imponiendo sus normas y condiciones que, aunque no queramos hacemos parte, tenemos que obedecer lo que digan ellos (…) hay retenes en la vía con hombres con armas largas, donde nos paran nos dicen que tenemos que pedir permiso para salir y nos revisan los celulares”. Defensora de derechos humanos, Departamento de Arauca 9 https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva 10 Se entiende por control social las estrategias de amedrentamiento, acoso, presión, extorsión y otras acciones con el objetivo de

9 https://www.policia.gov.co/grupo-informacion-criminalidad/estadistica-delictiva 10 Se entiende por control social las estrategias de amedrentamiento, acoso, presión, extorsión y otras acciones con el objetivo de controlar a la población y los territorios por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales.10

25. El ejercicio del poder a través de la violencia contra miembros de las comunidades destruye procesos organizativos y el tejido social de las comunidades, incluyendo pueblos indígenas y afrodescendientes. Las comunidades y sus líderes resisten a la presión y la violencia de los grupos para proteger su territorio, su vida, el medio ambiente y su cultura. Sin embargo, los grupos armados no estatales y organizaciones criminales son responsables de masacres, homicidios, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y extorsión de la población, impactando en la capacidad de la comunidad de ejercer y disfrutar plenamente sus derechos.

26. En algunos territorios, los grupos extorsionan o controlan la movilidad de la población. En otros lugares, estos grupos parecen suplantar algunas de las funciones propias del Estado y regulan muchos aspectos de la vida comunitaria, incluso tomando decisiones en temas familiares o de justicia local.

27. Las tácticas de control también incluyen la obligación de abandonar los cultivos tradicionales, la pesca y la caza; la vinculación de manera forzada al desarrollo de actividades ilícitas, resultando en trabajo forzado; el control de los horarios de la comunidad y la imposición de reglas que regulan la vida de la comunidad (en algunos casos restringen la expresión de orientaciones sexuales e identidades

actividades ilícitas, resultando en trabajo forzado; el control de los horarios de la comunidad y la imposición de reglas que regulan la vida de la comunidad (en algunos casos restringen la expresión de orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas); la limitación y control del ingreso y comercio de alimentos y otros productos de primera necesidad; la imposición de tarjetas de identidad o carnés para la identificación de la población; la restricción del intercambio y la comunicación con otras comunidades; y la cooptación de las estructuras comunitarias; entre otras.

28. Existe un sub-registro de estos eventos por los riesgos que implican para las comunidades denunciar la violencia, por la ausencia de instituciones del Estado en estas zonas, o la falta de confianza en la institucionalidad para denunciar, y en algunos casos por la dificultad de las entidades del Estado de ingresar a algunos territorios confinados.

Testimonio “Hasta la fecha se continúa viendo los asesinatos selectivos. En el campo la gente no habla por miedo. Apenas dicen unas cosas con la gente de confianza. No quieren declarar por miedo a ser señalados.” Defensor de Derechos Humanos, Departamento de Arauca

29. En el caso de los pueblos étnicos, indígenas y afrodescendientes, la violencia, el desconocimiento de sus autoridades, el desplazamiento y el despojo territorial afectan su pervivencia física y cultural. Además, los grupos armados no estatales y organizaciones criminales les fuerzan a vincularse a las economías ilícitas e imponen restricciones a sus costumbres, lo que obliga a los pueblos a abandonar sus prácticas ancestrales que son la base de su bienestar, identidad cultural y11

y organizaciones criminales les fuerzan a vincularse a las economías ilícitas e imponen restricciones a sus costumbres, lo que obliga a los pueblos a abandonar sus prácticas ancestrales que son la base de su bienestar, identidad cultural y11 11 https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/autos/2012/A173-12.htm. autonomía. Estas sociedades tienen prácticas ancestrales y colectivas de uso y vivencia de la tierra que quedan suplantadas por actividades relacionadas a las economías ilícitas y la monetización. Caso El pueblo Jiw, integrado por aproximadamente 2.261 personas, ubicado en la ribera del río Guaviare, dedicado a la recolección de frutos, la caza, la pesca y las artesanías, se encuentra en peligro de desaparición física y cultural, como fue señalado por la Corte Constitucional en el 2012. 11 Desde los años 90, el pueblo ha sido víctima de señalamientos, homicidios, desapariciones forzadas de autoridades indígenas, reclutamiento forzado y desplazamientos forzados. En 2021, los Jiw de Karnüm “Barranco Colorado” fueron víctimas de un nuevo desplazamiento forzado. El incremento de la violencia, la situación social y económica que sufren, incluyendo casos frecuentes de desnutrición, ponen en mayor riesgo a esta población. La actual situación puede llevar a un proceso acelerado de desaparición del pueblo Jiw, en tanto, elementos esenciales de su vida como el territorio, el autogobierno, la vivienda, la soberanía alimentaria, el agua potable, la etno-educación, la salud, la vida y la libertad, entre otros, hoy no están garantizados.

tanto, elementos esenciales de su vida como el territorio, el autogobierno, la vivienda, la soberanía alimentaria, el agua potable, la etno-educación, la salud, la vida y la libertad, entre otros, hoy no están garantizados. Caso En la Subregión de la cordillera de Nariño, desde 2020, se ha consolidado la presencia de un grupo disidente de las FARC-EP. Se ha observado que han incrementado los abusos de derechos humanos, particularmente en los municipios de Cumbitara, Leiva, Policarpa y El Rosario. La Oficina ha recibido información acerca de la imposición de reglas de convivencia por parte del grupo, que incluyen la restricción de la movilidad condicionada por medidas de identificación y resultados negativos en pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual para personas entre los 13 y 70 años. La situación genera temor en la población por las posibles sanciones y graves consecuencias asociadas al incumplimiento de las medidas. En el mes de abril, una niña de 15 años y una mujer de 18 fueron asesinadas, al lado de ellas se encontró un letrero en el que se señalaba que no contaban con el permiso de movilidad de la zona.12 Caso Durante 2021, en el municipio de Tibú (Norte de Santander), los grupos armados no estatales consolidaron su control, permitiéndoles el manejo de las rentas ilegales y corredores estratégicos, y al mismo tiempo realizar constantes ataques a la Fuerza Pública. Desde el 2021, la Oficina ha observado tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas señaladas como delincuentes comunes (jóvenes y migrantes) por parte de un grupo armado

constantes ataques a la Fuerza Pública. Desde el 2021, la Oficina ha observado tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas señaladas como delincuentes comunes (jóvenes y migrantes) por parte de un grupo armado no estatal. Estos jóvenes son sometidos a trabajo forzado, retenciones, grabar videos en los que les obligan a auto-incriminarse por delitos comunes, y acciones de escarnio público, como caminar con carteles que les señalan de delincuentes en las zonas urbanas en una estrategia de “limpieza social”. Por su parte, el pueblo indígena Barí, ubicado en la zona, sufre presión armada para que permita el cultivo de hoja de coca en sus territorios. Caso En los municipios de Remedios y Segovia, al nordeste de Antioquia, en la disputa por controlar las economías ilícitas, los grupos armados no estatales y organizaciones criminales cometen homicidios selectivos o masacres de quienes enfrentan o disputan tal control. Según fuentes oficiales, en Remedios se registró un incremento de los homicidios del 200% entre 2021 y 2022; mientras que en Segovia el incremento fue del 100% en el mismo periodo. Esta violencia impone temor en la comunidad, afecta el desarrollo de condiciones de vida digna para las comunidades, y genera el desplazamiento forzado de las personas que no se acogen a las normas impuestas por estos grupos y organizaciones. b) Estigmatización

30. La Oficina ve con preocupación que personas o comunidades que viven en áreas bajo influencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, habrían sido objeto de estigmatizaciones. Grupos rivales o en algunas ocasiones

b) Estigmatización

30. La Oficina ve con preocupación que personas o comunidades que viven en áreas bajo influencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, habrían sido objeto de estigmatizaciones. Grupos rivales o en algunas ocasiones autoridades, los tildan de ser simpatizantes o cómplices del grupo armado o de las organizaciones criminales bajo la influencia de las cuales viven. El 10 de marzo 2021, en una entrevista radial con relación a una operación militar en la que se alega murieron varios menores de edad, el Ministro de Defensa se refirió a los menores víctimas como “máquinas de guerra”12. Esta calificación corre riesgo de estigmatizar a quienes pueden ser en realidad víctimas de reclutamiento forzado y requieren la protección del Estado. 12 https://www.bluradio.com/nacion/maquinas-de-guerra-la-frase-del-ministro-de-defensa-en-blu-radio-que-genero-polemica13

31. Organizaciones defensoras de derechos humanos también sufren estigmatización cuando se asocian sus actividades o demandas a la agenda de uno u otro grupo armado, exponiéndoles a riesgos