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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001-23-33-000-2017-02733-02 (5908-2024)

Demandante: Julia María Rivera Gómez

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial1

Temas: Prima especial de servicios artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

Sentencia segunda instancia __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala en segunda instancia e l recurso de apelación presentado por la entidad demandada en contra de la sentencia del 30 de mayo de 2024 , proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes 1.1. La demanda

1.1.2. Las pretensiones

1. Julia María Rivera Gómez presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones DESAJMR15-5325 del 6 de octubre de

1 En adelante DEAJ.

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones DESAJMR15-5325 del 6 de octubre de

1 En adelante DEAJ. 2 Folios 1 a 11 del cuaderno principal. La demanda fue presentada el 3 de octubre de 2016. 3 En adelante CPACA.2

Radicado: 05001-23-33-000-2017-02733-02 (5908-2024) Demandante: Julia María Rivera Gómez 2015, por medio del cual se le negó el pago del 100% de su salario básico, de la prima especial de servicios y la reliquidación de las prestaciones sociales con base en el 100% de la asignación básica ; DESAJMR15-5578 del 11 de noviembre de 2015, que resolvió de forma negativa el recurso de reposición presentado contra la anterior resolución y del acto ficto negativo que se configuró ante la falta de respuesta del recurso de apelación.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) la reliquidación y pago del 30% del salario básico que no se le ha pagado por haber sido catalogado como la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y de sus prestaciones sociales desde el año 2008 hasta la fecha en que se dicte la sentencia o se siga ocupando el mismo cargo; ii) la prima especial de servicios en cuantía del 30% adicional a la asignación básica mensual; iii) la indexación e intereses corrientes y moratorios de las sumas antes señaladas ; iv) la liquidación y pag o continuo de todas las prestaciones sociales sobre el 100% de su remuneración

30% adicional a la asignación básica mensual; iii) la indexación e intereses corrientes y moratorios de las sumas antes señaladas ; iv) la liquidación y pag o continuo de todas las prestaciones sociales sobre el 100% de su remuneración básica mensual con la adición del 30% a título de prima especial de servicios ; y v) la condena en costas a la parte demandada. 1.1.3. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes4:

3.1. Julia María Rivera Gómez se desempeñó como juez quinto penal municipal de adolescentes con función de control de garantías entre el 1 de mayo de 2008 y el 7 de julio de 2016.

3.2. El 31 de agosto de 201 5 solicitó ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín i) el reconocimiento y pago de l 100% de su salario básico y de la prima especial de servicios , comoquiera que solo se venía pagando el 70% de su asignación básica y el 30% restante como prima especial de servicios desde 2008 y «lo corrido del 2015 »; ii) la reliquidación y pago de sus prestaciones sociales tomando como base el 100% de su salario; y iii) los intereses e indexación de las mencionadas sumas.

3.3. Mediante la Resolución DESAJMR15-5325 del 6 de octubre de 2015 la entidad demandada dio respuesta de forma desfavorable a la anterior petición.

3.4. El 27 de octubre de 2015 la demandante presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la anterior decisión , el cual fue resuelto de forma

demandada dio respuesta de forma desfavorable a la anterior petición.

3.4. El 27 de octubre de 2015 la demandante presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la anterior decisión , el cual fue resuelto de forma negativa mediante Resolución DESAJMR15-5578 del 11 de noviembre de 2015, en

4 Ibidem.3

Radicado: 05001-23-33-000-2017-02733-02 (5908-2024) Demandante: Julia María Rivera Gómez consecuencia, se concedió el recurso de apelación , frente al cual no recibió respuesta alguna. 1.1.4. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 23, 48 y 53 de la Constitución Política; 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992; y 127 del Código Sustantivo del Trabajo.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:

5.1. La entidad demanda da hizo una interpretación indebida de la Ley 4 de 1994 y sus decretos reglamentarios, comoquiera que solo pagó el 70% del salario de la demandante, pues el 30% restante «lo adoptó» como prima especial de servicios, liquidando de esa forma las prestaciones sociales y cesantías tan solo con el 70% de su asignación básica.

5.2. El no pago del 100% de la asignación básica y el 30% de la prima especial de servicios como emolumento adicional al salario afectó los ingresos a los que tenía derecho a percibir al haberse desempeñado como juez del circuito especializada. 1.2. Contestación de la demanda

servicios como emolumento adicional al salario afectó los ingresos a los que tenía derecho a percibir al haberse desempeñado como juez del circuito especializada. 1.2. Contestación de la demanda

6. La DEAJ se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se

expresan a continuación5:

6.1. Los jueces de la República pertenecientes al régimen «ACOGIDO» tenían una remuneración mensual conformada por la asignación básica, prima especial (sin carácter salarial). En el caso bajo examen la demandante pertenecía al régimen especial del personal acogido, por cuanto se vinculó a la Rama judicial con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993, según el material probatorio.

6.2. La prima especial dispuesta en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no tenía carácter salarial para la liquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos salariales, por mandato expreso de la Ley 4 de 1992 y la sentencia C279 de 1996 de la Corte Constitucional.

6.3. Acceder a un pago adicional del 30% como prima especial de la retribución establecida anualmente por el gobierno nacional en los decretos salariales implicaría que mensualmente se le pagaría al servidor una remuneración que

5 Folios 111 a 124 del cuaderno principal.4

Radicado: 05001-23-33-000-2017-02733-02 (5908-2024) Demandante: Julia María Rivera Gómez excedería el techo establecido en el Decreto 1251 del 2009.

6.4. Existían inconvenientes de orden presupuestal que dieran cuenta de la

Demandante: Julia María Rivera Gómez excedería el techo establecido en el Decreto 1251 del 2009.

6.4. Existían inconvenientes de orden presupuestal que dieran cuenta de la existencia de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con las obligaciones de la ley o las sentencias judiciales, por lo que estaba impedida para generar o disponer de reconocimientos y pagos de nivelación salariales o prestacionales.

6.5. Propuso las excepciones de «integración de litis consorcio necesario , prescripción, ausencia de causa petendi, legalidad de los actos acusados, e innominada». 1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia proferida el 30 de mayo de 20246, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda . En tal sentido,

ordenó lo siguiente:

«Primero: Declarar no probadas las excepciones de “ausencia de causa petendi” y “legalidad de los actos acusados”, propuestas por la demandada.

Segundo. Inaplicar los artículos que establecen que se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de entre otros, los jueces de la República, contenido en el artículo 6° del Decreto 658 de 2008; el artículo 8 de los Decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, y artículo 4 del Decreto 1105 de 2015, y siguientes.

Tercero. Declarar la nulidad de la de la Resolución No. DESAJMR15 -5325 del 6 de

194 de 2014, y artículo 4 del Decreto 1105 de 2015, y siguientes.

Tercero. Declarar la nulidad de la de la Resolución No. DESAJMR15 -5325 del 6 de octubre de 2015, de la Resolución DESAJMR15 -5578 del 11 de noviembre de 2015, proferidas por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Medellín; y el acto ficto presunto negativo por la no resolución del recurso de apelación presentado contra la Resolución No. DESAJMR15-5325, en tanto negaron al actor la reliquidación y pago de prestaciones sobre el 100% del salario, incluyendo en él aquella parte a la que se le dio la denomin ación de prima especial. Actos que también negaron el pago de la prima especial como adición al salario.

Cuarto. A título de restablecimiento del derecho se condena a la RAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a: i) reliquidar las prestaciones sociales de la señora Julia María Rivera Gómez, desde el 31 de agosto de 2012 , y hasta que permanezca en el servicio devengando la denominada prima especial, teniendo en cuenta como factor salarial el 30% de su salario básico al que se le dio la denominación de prima especial, esto es, realizando la liquidación de sus prestaciones sobre el 100% del salario; ii) reconocer y pagar a la señora JULIA MARÍA RIVERA GÓMEZ la prima especial de servicios como adición al salario, desde el 31 de agosto de 2012 , sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo

servicios como adición al salario, desde el 31 de agosto de 2012 , sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente; y iii) realizar los descuentos de ley y aportes propios para el sistema general de seguridad social, en las proporciones correspondientes, respecto de las

6 Samai, índice 33.5

Radicado: 05001-23-33-000-2017-02733-02 (5908-2024) Demandante: Julia María Rivera Gómez diferencias ordenadas y no cotizadas, conforme lo expuesto.

Las sumas de dinero cuyo reconocimiento se ordena en esta sentencia a favor de la demandante se actualizarán en su valor, conforme lo expuesto en esta sentencia.

Quinto. Declarar probada la excepción de prescripción trienal de los derechos laborales causados con anterioridad al 31 de agosto de 2012. […]

Séptimo. No condenar en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

Octavo. Negar las demás pretensiones. […].» [Sic]

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

8.1. Con la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de 1993; 104 y 106 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y siguientes, el gobierno nacional denominó prima especial al 30% del salario de los funcionarios y empleados que tenían derecho a ella, quitándoles la posibilidad de que e se porcentaje fuera tenido en cuenta para la liquidación de sus prestaciones sociales.

prima especial al 30% del salario de los funcionarios y empleados que tenían derecho a ella, quitándoles la posibilidad de que e se porcentaje fuera tenido en cuenta para la liquidación de sus prestaciones sociales.

8.2. De acuerdo con la sentencia SUJ-016-CE-52-2019 los beneficiarios de la prima especial t enían derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resultaran a su favor, teniendo en cuenta esa prestación como un factor adicional del salario sin que en ningún caso superara el porcentaje máximo fijado por el gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

8.3. Julia María Rivera Gómez se desempeñó como juez de la República desde mayo de 2008, año a partir del cual percibió la prima especial de servicios creada mediante la Ley 4 de 1992 y regulada mediante el Decreto 57 de 1993 y siguientes, en los cuales se consideró como prima sin carácter salarial el 30% del salario básico mensual, razón por la cual tenía derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales sobre el 30% del salario que descontó por el concepto de prima especial.

8.4. Asimismo, tenía derecho a la prima especial de servicios como una adición del salario sin que en ningún caso superara el porcentaje máximo fijado por el gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente, sin embargo, la mencionada prima solo constituía factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.

8.5. La demandante presentó reclamación administrativa el 31 de agosto de 2015 y la demanda fue presentada el 3 de octubre de 2016 , razón por la cual las sumas causadas antes del 31 de agosto de 2012 se encontraban prescritas, de acuerdo

y aplicación en cada anualidad».

10. Mediante sentencia SUJ 016-CES2-2019 del 2 de septiembre de 2019 se ordenó reconocer el 30% adicional del salario básico como prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 sin carácter salarial, comoquiera que solo lo era para efectos de la pensión de jubilación.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

11. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar8.

1.6. El Ministerio Público

12. El Ministerio Público solicitó que se confirmara la decisión de primera instancia, porque la demandante se desempeñó como juez desde el «1 de mayo de 2008 hasta el mes de julio de 2016» y devengó la prima especial establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 , la cual fue liquidada de forma incorrecta pues el 30% de su remuneración fue considerada como la prima misma, sin adicionarse al 100% del sueldo básico9. (Sic)

7 Samai, índice 35. 8 Samai, índice 10. 9 Samai, índice 9.7

Radicado: 05001-23-33-000-2017-02733-02 (5908-2024)

Demandante: Julia María Rivera Gómez

13. En relación con la prescripción consideró que no se configuró en el caso bajo estudio.

2. Consideraciones 2.1. Problema jurídico

14. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que

la demanda fue presentada el 3 de octubre de 2016 , razón por la cual las sumas causadas antes del 31 de agosto de 2012 se encontraban prescritas, de acuerdo con los decretos 1848 de 1969 y 3135 de 1998.6

Radicado: 05001-23-33-000-2017-02733-02 (5908-2024) Demandante: Julia María Rivera Gómez 1.4. El recurso de apelación

9. La DEAJ solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia teniendo en cuenta que existía imposibilidad presupuestal para reconocer los derechos reclamados y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda. Lo anterior,

con base en los siguientes argumentos7:

9.1. La entidad demandada no contaba con la respectiva disponibilidad presupuestal que diera cuenta de la existencia de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con las obligaciones que imponían la ley o las sentencias judiciales, razón por la cual estaba impedida para generar o disponer reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales y prestacionales, de lo contrario se estaría desconociendo el ordenamiento legal vigente, con las consecuencias disciplinarias, fiscales y penales de una decisión en ese sentido.

9.2. La administración realizó el pago «de la misma, en acatamiento de la norma en su tenor literal, decreto anual de salarios que no ofrece duda con respecto a su interpretación y aplicación en cada anualidad».

10. Mediante sentencia SUJ 016-CES2-2019 del 2 de septiembre de 2019 se ordenó reconocer el 30% adicional del salario básico como prima especial del artículo 14

13. En relación con la prescripción consideró que no se configuró en el caso bajo estudio.

2. Consideraciones 2.1. Problema jurídico

14. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia 10, se circunscriben a establecer ¿si la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 tiene carácter salarial? , y si ¿la falta de disponibilidad presupuestal de la entidad demandada puede condicionar el reconocimiento del derecho reclamado o el cumplimiento de la condena?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

15. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas, señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso de la República y de la fuerza pública.

16. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

10 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».8

Radicado: 05001-23-33-000-2017-02733-02 (5908-2024)

Demandante: Julia María Rivera Gómez

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial 11 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

17. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).

18. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de l os Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los

Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

19. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996, mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios

Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

19. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996, mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,

11 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-27996 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».9

Radicado: 05001-23-33-000-2017-02733-02 (5908-2024) Demandante: Julia María Rivera Gómez indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y

indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación».

20. Posteriormente, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de 2006, 618 de 200712, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021, 470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar13».

Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar13».

21. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno; directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abo gados, de unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los Tribunales Judiciales [abog ado asesor], el 30% de la remuneración mensual se consideraba prima especial sin carácter salarial.

22. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30% del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado

12 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados

12 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sen tencia del 29 de abril del 2014 de radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz. 13 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.10

Radicado: 05001-23-33-000-2017-02733-02 (5908-2024) Demandante: Julia María Rivera Gómez como prima.

23. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201914, fijó, entre otras, las siguientes

pautas:

«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de [1968] y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo» [sic].

Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo» [sic].

24. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001 -23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)11

Radicado: 05001-23-33-000-2017-02733-02 (5908-2024)

Demandante: Julia María Rivera Gómez septiembre de 201915.

25. Asimismo, el Consejo de Estado 16 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial, pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la exped