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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2026-00050-00

Demandante: Andrés Felipe Carvajal Orrego

Demandado: Tribunal Administrativo de l Cesar

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Ajuste salarial docente / Defectos sustantivo y fáctico Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA __________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Andrés Felipe Carvajal Orrego en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Andrés Felipe Carvajal Orrego promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, con ocasión de la sentencia proferida el 26 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del

igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, con ocasión de la sentencia proferida el 26 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 20001333300820240024801.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:

2.1. Ha sido docente oficial ubicad o en la categoría 3 CD del escalafón docente, conforme el régimen establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002.

2.2. Mediante escritos radicados en la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar y en el Ministerio de Educación Nacional, solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los incrementos que, a su juicio, fueron desiguales e injustificados decretados para los años 2008, 2009 y 2011, en el cual se favoreció a docentes de la categoría 3 DD en detrimento de quienes como él se encontraban en el escalafón 3 CD.

1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00050-00

Demandante: Andrés Felipe Carvajal Orrego

2.3. La entidad territorial y el Ministerio de Educación Nacional, a través de los oficios VAL2024ER003359-VAL2024EE007242 del 2 8 de febrero de 2024 y 2024-EE0081994 del 8 de marzo de 2024, respectivamente, negaron su requerimiento.

2.4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

0081994 del 8 de marzo de 2024, respectivamente, negaron su requerimiento.

2.4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó en contra de la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que i) se inaplicara por ilegal el Decreto 284 de 2024 de ajuste salarial anual, ii) se dejaran sin efecto los referidos actos administrativos y, en su lugar, iii) se ordenara pagar a su favor l a diferencia salarial de los incrementos porcentuales diferenciados establecidos por el gobierno nacional durante el año 2008, 2009 y 2011, conforme el valor reconocido para los docentes pertenecientes al escalafón 3 DD, dado que el aplicado al nivel 3 CD, al que pertenece, fue inferior. Asimismo, pidió el respectivo ajuste de sus prestaciones sociales.

2.5. El Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar, en sentencia del 28 de marzo de 202 5 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el porcentaje reconocido por el Gobierno nacional a los docentes ubicados en el escalafón 3 DD se justificó en los niveles académicos y demás criterios de preparación y méritos que tenían esos educadores, lo cual no era similar a las condiciones de la demandante. La parte demandante interpuso recurso de apelación.

2.6. El Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia del 26 de junio de 2025 confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia con similares argumentos.

2.7. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en defecto sustantivo y fáctico, por lo siguiente:

confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia con similares argumentos.

2.7. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en defecto sustantivo y fáctico, por lo siguiente:

2.7.1. Se efectuó una indebida interpretación de los postulados normativos que regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se apartó de los lineamientos constitucionales y legales que reglamentaban la materia.

2.7.2. Se desconoció de manera arbitraria el alcance del artículo 13 de la Constitución Política, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, en tanto justificó un trato desigual en los incrementos salariales de los docentes de las categorías 3 CD y 3 AM, que se realizó en el año 2011, cuando la diferencia carecía de sustento objetivo y produjo una afectación permanente en la base salarial de los docentes de la categoría 3 CD.

2.7.3. Para el tribunal las diferencias en los incrementos salariales del año 2011 entre las categorías 3 CD (46,55%) y 3 DD (58.52%) respondían a criterios objetivos y razonables previstos en la normatividad, tales como la formación académica, la experiencia y la ubicación en el escalafón docente; sin embargo, no tuvo en cuenta los principios de igualdad y progresividad que regulan los aspectos salariales.

2.7.4. Se incurrió en una omisión al dejar de analizar el precedente constitucional contenido en la sentencia C-1064 de 2001 de la Corte Constitucional, en la cual se estableció que los tratos diferenciados en materia salarial se debían soportar en una3

contenido en la sentencia C-1064 de 2001 de la Corte Constitucional, en la cual se estableció que los tratos diferenciados en materia salarial se debían soportar en una3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00050-00

Demandante: Andrés Felipe Carvajal Orrego

justificación objetiva y suficiente, por lo que la igualdad en el trabajo no se reduce a la igualdad matemática ni permite incrementos que generen brechas irrazonables sin fundamento técnico o normativo.

2.7.5. Se pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran de decisión de la administración de otorgar distintos porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 3 CD y 3 DD.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR en la sentencia proferida el día 05 DE JUNIO DE 2025, en el expediente radicado bajo número 20-00133-33-008-2024-00248-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) ANDRES FELIPE CARVAJAL ORREGO , por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al

FELIPE CARVAJAL ORREGO , por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente ANDRES FELIPE CARVAJAL ORREGO a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar2 solicitó que se declarara improcedente la tutela, por cuanto se pretendió reabrir un debate ya resuelto en 2 instancias dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que la convertiría en una tercera instancia, en contra de la seguridad jurídica y la cosa juzgada; además, refirió que el proceso fue tramitado conforme a la legalidad y en todas las actuaciones se respetaron plenamente los derechos y garantías de las partes.

5. El municipio de Valledupar3 pidió declarar la improcedencia del amparo, en tanto el demandante pretendió reabrir un debate legal ya resuelto en el que no se presentó vulneración alguna de derechos fundamentales , además, carece de relevancia constitucional, pues, se busc ó cuestionar la interpretación judicial sobre los

el demandante pretendió reabrir un debate legal ya resuelto en el que no se presentó vulneración alguna de derechos fundamentales , además, carece de relevancia constitucional, pues, se busc ó cuestionar la interpretación judicial sobre los incrementos salariales docentes, asunto de naturaleza legal y económica, lo cual desconocería la autonomía judicial y la jurisprudencia de la Corte Constitucional

(SU-128/21 y T‑130/14).

2 Archivo obrante en el índice 10 del Samai. 3 Archivo obrante en el índice 12 del Samai.4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00050-00

Demandante: Andrés Felipe Carvajal Orrego

6. El Ministerio de Educación Nacional4 requirió declarar improcedente la solicitud de tutela por tratarse de una tercera instancia para controvertir la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar del 26 de junio de 2025, sin demostrar vulneración de derechos fundamentales ni cumplir los requisitos de procedibilidad, pues existían otros medios judiciales idóneos, no h ubo perjuicio irremediable, el asunto e ra de mera legalidad y naturaleza económica, y carec ía de relevancia constitucional .

Asimismo, expuso que este mecanismo constitucional contra providencias judiciales solo procede de manera excepcional , sin que en este caso se evidenciara algún defecto que habilite el amparo.

7. El Tribunal Administrativo del Cesar guardó silencio.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el

7. El Tribunal Administrativo del Cesar guardó silencio.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo del Cesar.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

10. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado 5 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 6. Al

respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,

distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente . […]».

4 Archivo obrante en el índice 13, 14 y 15 del Samai. 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, MP María Elizabeth García González. 6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00050-00

Demandante: Andrés Felipe Carvajal Orrego

11. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún de recho fundamental, para lo cual corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

12. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado 7 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para

judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales10.

15. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

16. La Sala deberá definir: ¿si e l Tribunal Administrativo de Cesar vulneró los derechos fundamentales de Fabiola Esther González Castilla con ocasión de la

7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso -administrativo. Sentencia de l 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 8 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T -774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 9 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 10 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00050-00

Demandante: Andrés Felipe Carvajal Orrego

12. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado 7 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86

Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede pre sentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

13. Ahora bien, la Corte Constitucional8 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudenc ial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

14. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 9, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los

10 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00050-00

Demandante: Andrés Felipe Carvajal Orrego

sentencia del 5 de junio de 202 5 con la que confirmó la decisión de negar las pretensiones de reajuste salarial de acuerdo c on el escalafón docente con la que incurrió, presuntamente, en defectos sustantivo y fáctico?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

17. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Del defecto sustantivo

18. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al c aso concreto11. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta 12, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

19. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en

límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

19. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una interpretación sistémica de la norma ; y vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

20. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.

Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales de los sujetos procesales13.

11 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015. 12 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018. 13 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 20187

12 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018. 13 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 20187

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00050-00

Demandante: Andrés Felipe Carvajal Orrego

2.4.3. Defecto fáctico

21. En primer lugar, se advierte que el defecto fáctico que el actor le atribuye a la sentencia objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional14, tiene una dimensión negativa y otra positiva.

22. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez» 15, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»16. La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»17.

23. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.4.4. Sobre el caso concreto

24. Andrés Felipe Carvajal Orrego acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto s

2.4.4. Sobre el caso concreto

24. Andrés Felipe Carvajal Orrego acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto s la sentencia proferida el 26 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cesar confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda al considerar que el porcentaje reconocido por el Gobierno nacional a los docentes ubicados en el escalafón 3 DD se justificó en los niveles académicos y demás criterios de preparación y méritos que tenían esos educadores.

25. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió en defecto sustantivo por cuanto no realizó una interpretación adecuada de los postulados normativos que regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se apartó de los lineamientos constitucionales y legales que rigen la materia, especialmente de los principios de igualdad y progresividad.

26. Asimismo, aleg ó un defecto fáctico , en tanto pasó por alto que no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran de decisión de la administración de otorgar distintos porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 3 CD y 3 DD.

27. Al descender al caso en concreto, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Cesar al emitir la sentencia del 26 de junio de 2025 efectúo un estudio del asunto desde lo preceptuado en el Decreto Ley 1278 de 2002, ya que en este se establece

Cesar al emitir la sentencia del 26 de junio de 2025 efectúo un estudio del asunto desde lo preceptuado en el Decreto Ley 1278 de 2002, ya que en este se establece

14 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015, T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras. 15 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell. 16 Sentencia SU -159 de 2002, MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra. 17 Sentencia T-538 de 1994.8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00050-00

Demandante: Andrés Felipe Carvajal Orrego

el Estatuto de Profesionalización Docente, en cuyo contenido se regula el acceso, permanencia, nombramientos y ascensos dentro de la carrera docente oficial.

28. Más adelante, indicó el valor del aumento salarial que se realizó a los docentes ubicados en los g rados 3 CD y 3 DD, conforme los decretos expedidos por el Gobierno nacional entre los años 2008, 2009 y 20 11, así como el respectivo porcentaje de aumento salarial, para pronunciarse acerca de los cargos planteados

por la demandante, así:

«[…] Del mismo modo, se tiene que la estructura del escalafón docente se encuentra conformada por 3 grados (1, 2 y 3) en el que serán ubicados con base a su formación académica y 4 niveles salariales en los que se inscribirán o ascenderán una vez

conformada por 3 grados (1, 2 y 3) en el que serán ubicados con base a su formación académica y 4 niveles salariales en los que se inscribirán o ascenderán una vez superado la evaluación del periodo de prueba o las evaluaciones de desempeño y competencias, conforme fue dispuesto en el artículo 20 y siguientes del Decreto 1278 de 2002.

Ahora bien, para el año 2008 fue expedido en el mes de febrero el Decreto 624, que fijó la asignación básica mensual para los docentes del grado 2 distinguiendo solo por grado de escalafón y nivel salarial, no obstante, por medio del Decreto 714 de marzo del mismo año, se modificó el decreto anterior en el sentido que se fijó para los docentes del grado 2 en sus distintos niveles una asignación diferente para quienes tuviesen título de especialización y quienes no, beneficiando a quienes tuvieran mejor nivel de formación profesional, lo cual se encuentra conforme con los objetivos y criterios de la Ley 4 de 1992.

En el caso concreto se evidencia que, el demandante ubicado en el escalafón 3CD, está inconforme con el aumento del salario del grado 3DD respecto al suyo, es decir, con un grupo que si bien comparte el mismo grado se encuentra en diferente nivel salarial, pues uno se encuentra en el nivel CD y el otro en el DD; aunque es cierto que el incremento de quienes se encuentran en el escalafón 3CD fue inferior en el año 2008 a los miembros del escalafón 3DD estos corresponden a grados de escalafón diferentes y no podría predicarse ellos la igualdad, porque no lo son acorde con la estructura de la población docente, dejando infundado el argumento de desigualdad alegado por la parte activa.

predicarse ellos la igualdad, porque no lo son acorde con la estructura de la población docente, dejando infundado el argumento de desigualdad alegado por la parte activa.

Además, no obstante, se evidencia una diferencia en el porcentaje de aumento ente los niveles 3CD y 3DD, al nivel 3DD le correspondió una asignación salarial superior a quienes se encontraban en el nivel 3CD, por lo que el decreto demandado acató los criterios y objetivos del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, toda vez que el nivel 3DD es de una categoría superior a la 3CD, hecho que destaca nuevamente su desigualdad.

Desde este análisis, es posible afirmar que no existe discriminación al aplicar incrementos salariales desiguales, pues si bien desempeñan las mismas funciones, bajo las mismas condiciones y con el mismo nivel de responsabilidad, la estructura del escalafón docente clasifica por grupos a los maestros oficiales acorde con su formación académica y prevé que estos puedan ascender en el escalafón si cumplen con los requisitos académicos y la evaluación del periodo de prueba, desempeño o competencias según el caso, descritos en el artículo 21 del Decreto 1278 de 2002 y en el caso de estudio no se evidencia que la parte activa haya solicitado el ascenso de escalafón.

Bajo esa óptica, no es posible evidenciar una vulneración al principio de “a trabajo igual salario igual” bajo el entendido que conforme fue indicado en párrafos precedentes, la población que se encuentra en el escalafón 3CD y 3DD no son iguales, dado que para pertenecer a uno o al otro se necesita acreditar el cumplimiento de unos requisitos que

población que se encuentra en el escalafón 3CD y 3DD no son iguales, dado que para pertenecer a uno o al otro se necesita acreditar el cumplimiento de unos requisitos que disten entre sí, en consecuencia, se despacharan desfavorablemente estos cargos.9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00050-00

Demandante: Andrés Felipe Carvajal Orrego

De manera conclusiva, la diferencia porcentual en el aumento de la asignación salarial para los dos grupos de docentes es ajustada a derecho, pues contrario a lo afirmado por el apelante el Gobierno Nacional no está obligado a incrementar en un porcentaje igual el valor año tras año, pues cuenta con amplia potestad de configuración normativa para fijar la escala salarial en tanto se limite a lo dispuesta en la Ley 4 de 1992, como lo hizo en el caso de estudio.

Con fundamento en lo expuesto se confirmará la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar que desestimó las pretensiones de la demanda. […]». (sic)

29. Así, una vez revisada la motivación de la providencia judicial cuestionada en la que el juez natural del asunto se pronunció sobre cada uno de los argumentos expuestos por el demandante, debe precisarse que, más allá de concretar las razones por las cuales se configuraría el defecto sustantivo o alguna interpretación irrazonable, lo que se evidencia es su desacuerdo con las consideraciones allí contenidas, con lo cual pretende que se realice un nuevo estudio de legalidad que no procede en sede de tutela.

30. Lo anterior, en la medida en se explicó que los aumentos porcentuales fijados

contenidas, con lo cual pretende que se realice un nuevo estudio de legalidad que no procede en sede de tutela.

30. Lo anterior, en la medida en se explicó que los aumentos porcentuales fijados por el Gobierno nacional para los años 200 8, 200 9 y 2011 no implicaron una desmejora de derechos adquiridos ni privó a los docentes de una remuneración adecuada. Si bien, los incrementos salariales fueron menores para el grado 2 CD y no les otorgó un porcentaje superior o equivalente a la de los docentes del grado 3

DD, lo cierto es que ello obedeció a su mayor rango dentro del escalafón. Lo que demuestra que no se trató de una política regresiva ni arbitraria, sino de una diferenciación estructurada conforme al sistema de carrera y escalafón.

31. De tal manera, para la Sala no es posible inferir la configuración de un defecto sustantivo o fáctico como lo plantea la parte demandante