Consejo de Estado - 11001031500020260138701 - Sentencia - Sentencia - 11001031500020260138701 - 2026

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL Bogotá D. C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026) Acción: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2026-01387-01 Accionante: JON JAMES VASCO RODRÍGUEZ Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia constitucional. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 9 de abril de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191,de la Sala Plena del Consejo de Estado. Por auto del 2 de marzo de 20262, la autoridad judicial que asumió el conocimiento del asunto en primera instancia admitió la acción constitucional y, mediante la providencia del 28 de abril de 2026 concedió la impugnación. I. ANTECEDENTES 1.1. Tutela 1. Jon James Vasco Rodríguez, actuando por conducto de apoderada judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, «a la tutela judicial efectiva» y el principio de favorabilidad. 2. El

el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, «a la tutela judicial efectiva» y el principio de favorabilidad. 2. El accionante le atribuyó la trasgresión de sus garantías constitucionales 1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado. 2 Índice 5, Samai. Al respecto, se notificó como accionado al Tribunal Administrativo de Risaralda. Asimismo, se dispuso notificar como terceros con interés al departamento de Risaralda, Secretaría de Educación, al Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones, al Ministerio Público, al Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

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a la sentencia del 28 de agosto de 2025, mediante la cual la autoridad judicial accionada confirmó el fallo de primera instancia del 28 de marzo de 2025 proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira que negó las pretensiones. Ello, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del 66001-33-33-007-2024-00268-01. 3. En concreto, el tutelante solicitó lo siguiente: 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en la sentencia proferida el 28 de agosto de 2025, en el expediente radicado bajo número 66001-33-33-007-2024-00268-00, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del(la) señor(a) JON JAMES VASCO RODRÍGUEZ, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario. 2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del(la) docente JON JAMES VASCO RODRÍGUEZ a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico3. 1.2. Hechos 4. Jon James Vasco Rodríguez afirmó que ostenta la calidad de docente oficial en la categoría 2BE del escalafón docente vigente.

en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico3. 1.2. Hechos 4. Jon James Vasco Rodríguez afirmó que ostenta la calidad de docente oficial en la categoría 2BE del escalafón docente vigente. 5. Señaló que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Educación Nacional y otro4, en procura de que se inaplicaran «por ilegales» los Decretos 284 de 2024, 887 de 2023, 449 de 2022, 965 de 2021 y 319 de 2020 y se anularan los actos administrativos en los que el Ministerio de Educación Nacional5 y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá6 le negaron el reconocimiento y pago de la diferencia salarial, respecto de aumento realizado en el año 2009 para el escalafón 2BE, con relación al escalafón 2AE. 6. Como fundamento de la demanda, mencionó que entre los años 2005 a 2007 el incremento salarial fue igual para todos los docentes escalafonados. No obstante, para los años 2008 y 2009 se decretaron aumentos porcentuales inequitativos en la asignación básica salarial de dicho personal. Específicamente, la categoría 2AE recibió un incremento del 15,61%, mientras que la categoría 3 Transcripción literal que puede contener errores. 4 La Secretaría de Educación del departamento de Risaralda. 5 2024-EE-068992 del 5 de marzo de 2024. 6 S-2024-113901 del 22 de marzo de 2024.

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2BE obtuvo 7,67%. 7. El conocimiento del asunto correspondió en primera instancia al Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira, que mediante providencia del 28 de marzo de 2025 negó las súplicas de la demanda. Al respecto, sostuvo que es constitucional dar un trato diferenciado, el cual depende en este caso de la experiencia del educador y el porcentaje que se requiere para ascender en la evaluación por competencias. 8. Inconforme con lo resuelto en primera instancia el demandante apeló la decisión7. En resumen, el actor indicó que, su reproche no radicaba en la diferencia con relación al escalafón, sino en la aplicación inequitativa de la diferenciación salarial entre 2008 y 2011, lo cual afectó la base salarial futura de forma acumulativa. 9. La alzada fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, el cual mediante providencia del 28 de agosto de 2025 confirmó lo decidido por el a quo. En concreto, el operador judicial indicó que no podía equipararse la situación de los docentes escalafonados en los distintos grados y pretenderse que las asignaciones salariales de uno y otro sean incrementadas en igual proporción, dado que existen criterios y objetivos propios de cada escalafón que justifican la diferenciación. 1.3. Sustento de la vulneración 10. La parte accionante indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo, debido a que realizó una interpretación «irrazonable y desproporcionada» de las normas aplicables al caso, en particular, el artículo 13 de la Constitución Política que garantiza el derecho a la igualdad, la Ley 4. ª de 1992 y el Decreto 1278 de 20028. 11. A su juicio, la autoridad judicial accionada se limitó a plantear un debate comparativo entre los grados 2BE y 2AE del

Política que garantiza el derecho a la igualdad, la Ley 4. ª de 1992 y el Decreto 1278 de 20028. 11. A su juicio, la autoridad judicial accionada se limitó a plantear un debate comparativo entre los grados 2BE y 2AE del escalafón, en lugar de verificar si existían razones objetivas y constitucionales que justificaran el incremento salarial desigual. 12. Asimismo, señaló que se desconoció el precedente fijado en la sentencia C-1064 de 2001 de la Corte Constitucional que estableció la exigencia que recae ante las autoridades de presentar una justificación objetiva para los tratos diferenciados en materia salarial. 13. Finalmente, sostuvo que también incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, ya que no se allegó ninguna prueba que 7 El Ministerio de Educación Nacional apeló la decisión que negó la condena en costas, a lo cual tampoco se accedió en segunda instancia. 8 «Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente».No se puede mostrar la imagen.

demostrara que el Decreto 1027 de 2011 fue proferido con alguna razón válida que justificara el trato inequitativo entre los escalafones de docentes. 1.4. Intervenciones 14. El Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira remitió el enlace del proceso para su consulta. 15. El Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación de la tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Asimismo, alegó la improcedencia de la solicitud de amparo, tras afirmar que «no se evidencia violación de los derechos del accionante». 1.5. Sentencia de primera instancia 16. En providencia del 9 de abril de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional y negó la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional. 17. Lo anterior, toda vez que se reiteraron los cargos de legalidad estudiados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que se está utilizando el mecanismo como una instancia adicional. 1.6. Impugnación 18. Discutió que su asunto sí tiene relevancia constitucional y cumple todos los requisitos de procedibilidad zanjados en la Sentencia C-590 de 2005. Precisó que no puede considerarse como tercera instancia ni se interpuso para reabrir etapas del proceso ordinario, pues lo que pretende es el amparo de derechos fundamentales. 19. Además, reiteró que la decisión adolece de defecto material o sustantivo, en los mismos términos expuestos en el fundamento de la vulneración. II. CONSIDERACIONES 20. La Sala confirmará la sentencia proferida el 9 de abril de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia por falta de relevancia constitucional.

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2.1. Caso concreto 2.2.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales 21. El Consejo de Estado9 y la Corte Constitucional10, han condicionado la procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento de ciertos requisitos generales11 y a la configuración de algún defecto especial12 en el que puede incurrir una autoridad judicial. 22. De no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 23. En el caso estudiado, esta Sección considera que, como lo concluyó el a quo, la solicitud de amparo no cumple con todos los requisitos de procedibilidad, como pasa a explicarse. 24. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva). 25. La Sala advierte que Jon James Vasco Rodríguez está legitimado en la causa por activa, en la medida en que fue el demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó el fallo enjuiciado. A su vez, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, está legitimado en la causa por pasiva al haber proferido la providencia controvertida en este proceso. 26. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia

Sala Cuarta de Decisión, está legitimado en la causa por pasiva al haber proferido la providencia controvertida en este proceso. 26. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 10 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005. 11 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz. 12 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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Corte Constitucional13, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial; y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase. 27. Como se expuso previamente, el accionante reprocha la sentencia del 28 de agosto de 2025, proferida por la autoridad judicial accionada. Mediante esta decisión confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira que negó las pretensiones de la demanda. 28. A su juicio, el Tribunal accionado incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y en desconocimiento del precedente por no sustentar con razones objetivas y jurídicas el trato discriminatorio en materia salarial. En su criterio, se realizó un trato desigual en el incremento del salario de los docentes del escalafón 2BE, con relación a los escalafonados en el 2AE. Además, consideró que no se allegó ninguna prueba al proceso que demostrara que el mencionado decreto hubiese sido proferido con fundamento en una razón «válida» que justifique el trato diferenciado. 29. Precisado lo anterior, para la Sala resulta evidente que lo pretendido por la parte actora es que se reabra el debate ordinario y constituir una tercera instancia, pues sus reproches demuestran una mera inconformidad con los criterios adoptados por la autoridad

trato diferenciado. 29. Precisado lo anterior, para la Sala resulta evidente que lo pretendido por la parte actora es que se reabra el debate ordinario y constituir una tercera instancia, pues sus reproches demuestran una mera inconformidad con los criterios adoptados por la autoridad judicial accionada, sin que medie una argumentación encaminada a evidenciar la presunta transgresión de sus garantías constitucionales que justifique la intromisión del juez de tutela. 30. Se evidencia que Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, explicó con suficiencia las razones por las cuales no existió, desde el año 2011, el presunto incremento salarial desigual y diferenciado de los escalafones referidos. Para llegar a esa conclusión, puso de presente que los docentes que se encuentran en el escalafón 2AE y 2BE no son iguales, dado que para pertenecer a uno o al otro se necesita acreditar el cumplimiento de unos requisitos que disten entre sí, lo cual justifica la diferenciación salarial. 31. En ese sentido, estimó que el incremento del salario de los docentes de los escalafones referidos era ajustado a derecho, puesto que el gobierno Nacional no está obligado a incrementar en un porcentaje igual el valor año tras año. Por el contrario, cuenta con una amplia potestad de configuración normativa 13 Sentencia SU-215 de 2022.

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para fijar la escala salarial en tanto se ajuste a lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992, como lo hizo en el caso objeto de estudio. 32. Así las cosas, la colegiatura evidencia que los reproches planteados por la parte actora, más allá de pretender demostrar los presuntos defectos sustantivo, fáctico y de desconocimiento del precedente en los que incurrió la corporación accionada, reflejan una mera inconformidad con la decisión del tribunal al concluir que no existió un incremento salarial desigual, de lo cual no se deriva una verdadera cuestión iusfundamental que requiera la intervención del juez constitucional. Por el contrario, el accionante se limitó a insistir en la existencia de un trato discriminatorio, con el fin de imponer su criterio jurídico al que se fijó en el fallo cuestionado. 33. Por último, frente al defecto por desconocimiento del precedente judicial, la Sala advierte que este cargo tampoco cuenta con la carga argumentativa mínima requerida para que proceda un estudio de fondo, pues el demandante se limitó a citar un extracto de la sentencia C-1064 de 2001 proferida por la Corte Constitucional, sin siquiera indicar por qué dicha providencia le resulta aplicable a su caso, pues solo hizo referencia al presunto tema sobre el cual versa la decisión, sin evidenciar la regla de derecho que considera aplicable ni explicitar por qué la situación fáctica es igual a la suya y, en esa medida, por qué dicha decisión constituye, en efecto, un precedente que debió ser tenido en cuenta al momento de resolver su caso. 34. Por lo anterior, se advierte que formular

un simple desacuerdo con una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento revista necesariamente relevancia constitucional. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. 35. Esto, debido a que la competencia de este juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal y/o económico, o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales. 36. En definitiva, se reitera que para la Sala resulta evidente que la presente acción tutela y los cargos que aduce el accionante, son una mera inconformidad por lo decidido por el juez natural de la causa. Por ende, la Sala confirmará la sentencia impugnada en cuanto declaró la improcedencia de la acción de tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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III. FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de abril de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, PEDRO PABLO VANEGAS GIL Presidente LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Magistrado OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ Magistrado GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA Magistrada Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx