Consejo de Estado - 11001031500020260150101 - Sentencia - Sentencia - 11001031500020260150101 - 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2026-01501-01

Demandante: DELIA ALEXANDRA MARTÍNEZ RINCÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Tema: Tutela contra providencia judicial. Confirma improcedencia por no superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia proferida el 16 de abril de 2026, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta , declaró la improcedencia del mecanismo constitucional por falta de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Delia Alexandra Martínez Rincón , actuando a través de apoderad a judicial1, inició acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo de Sucre3, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al «principio de favorabilidad».

Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de la sentencia del 6 de agosto de 2025, proferida por la autoridad judicial

«principio de favorabilidad».

Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de la sentencia del 6 de agosto de 2025, proferida por la autoridad judicial accionada, que confirmó la providencia del 27 de junio de 2025, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo que, a su turno, negó las pretensiones formuladas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 70001-33-33-002-202400167-00/01.

1 Poder conferido a la abogada Ana María Rodríguez Arrieta mediante mensaje de datos. 2 Acción de tutela radicada el 25 de febrero de 2026 a la que se le asignó la secuencia No. 2296. 3 Sala conformada por los magistrados Jorge Eliecer Lorduy Viloria, Rufo Arturo Carvajal Argoty y Silvia Rosa Escudero Barboza.Demandante: Delia Alexandra Martínez Rincón Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Radicado: 11001-03-15-000-2026-01501-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, el accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió que:

[…]

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al

[…]

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente DELIA ALEXANDRA MARTÍNEZ RINCON a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico.4

1.3. Hechos

La señora Delia Alexandra Martínez Rincón ostenta la calidad de docente oficial nombrada en propiedad mediante Resolución No. 389 del 2 de enero 2006, y ascendida en la categoría 3AM del escalafón docente vigente, regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002, a través de Resolución No. 5178 del 30 de septiembre de 2016.

Durante los años 2005 a 2007 el Gobierno Nacional dispuso incrementos iguales para el personal docente vinculado al nuevo escalafón establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002, sin embargo, para 2008 y 2009 decretó aumentos porcentuales de manera diferenciada , pero retornó al esquema anterior en los años 2012 y subsiguientes.

Sostuvo que, para el 2008 y 2009 , la categoría 3DM recibió un incremento acumulado en su salario del 52,56%, mientras que la categoría 3AM únicamente obtuvo solo un incremento del 35,81%, lo que reflejaría una diferencia negativa de 16,75 puntos porcentuales y por lo tanto un trato desigual e indiscriminado en la asignación de los aumentos salariales.

obtuvo solo un incremento del 35,81%, lo que reflejaría una diferencia negativa de 16,75 puntos porcentuales y por lo tanto un trato desigual e indiscriminado en la asignación de los aumentos salariales.

Situación por la que elevó reclamación administrativa ante la Nación, Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Sucre, en la que solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los incrementos desiguales e injustificados decretados para los años 2008 y 2009 , bajo el entendido de que con dicha medida se favoreció a docentes de la categoría 3DM en detrimento de quienes, como ella se encontraban en el escalafón 3AM.

Reclamación que fue resu elta desfavorablemente mediante oficio No. 2024-EE054024 del 27 de febrero de 2024 y oficio del 17 de marzo de la misma anualidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Sucre ,

4 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.Demandante: Delia Alexandra Martínez Rincón Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Radicado: 11001-03-15-000-2026-01501-01

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3 respectivamente.

Por lo expuesto, la señora Delia Alexandra Martínez Rincón presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Sucre en la que

3 respectivamente.

Por lo expuesto, la señora Delia Alexandra Martínez Rincón presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Sucre en la que solicitó: (i) la inaplicación por ilegalidad del Decreto 284 de 2024 que fijó la escala salarial del personal docente; (ii) el estudio de legalidad de los actos administrativos aludidos y, (iii) el reconocimiento y pago de las diferencias salariales causadas durante los ú ltimos tres años anteriores a la presentación de la reclamación administrativa, en virtud de la configuración del fenómeno prescriptivo, así como de las que se causaran hacia el futuro.

El referido proceso le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo bajo radicado 70001-33-33-002-2024-00167-00, que dictó sentencia el 27 de junio de 2025 en la que negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que no existió vulneración al derecho fundamental a la igualdad . Consideró que los actos administrativos demandado s fueron expedidos conforme a derecho , dado que para los años 2008 y 2009 la demandante no tenía un derecho consolidado frente a lo pretendido aunado a que las diferencias salariales entre los grados del escalafón docente tienen la finalidad de reconocer el mérito profesional, la formación y la experiencia de los que hacen parte del magisterio.

Inconforme con la anterior decisión, l a señora Martínez Rincón interpuso recurso de apelación, el cual fue conocido por el Tribunal Administrativo de Sucre que, en providencia de 6 de agosto de 2025 confirmó lo resuelto por el a quo.

Inconforme con la anterior decisión, l a señora Martínez Rincón interpuso recurso de apelación, el cual fue conocido por el Tribunal Administrativo de Sucre que, en providencia de 6 de agosto de 2025 confirmó lo resuelto por el a quo.

Como sustento adujo que en efecto la demandante cambió al nivel de escalafón 3AM a partir del año 2016 , lo que no le otorgaba el derecho a la nivelación pretendida, en tanto que, para las vigencias fiscales 2008 y 2009, no se encontraba incluida en el nivel 3 AM, respecto del cual alegó el incremento salarial ilegal y desproporcionado.

Coincidió en que no existía vulneración del derecho a la igualdad toda vez que «para los años 2008 y 2009 la demandante no acreditó su pertenencia al grado 3 AM, lo cual impide establecer una relación directa de desigualdad respecto al grado 3 DM. No obstante, de considerarse realizar un análisis comparativo entre los niveles 3 AM y 3 DM en el marco de la discusión, es fundamental tener presente que las condiciones que rodean a cada uno de estos grupos son sustancialmente distintas, diferencia que se debe a que se encuentran en niveles diferentes dentro del escalafón nacional, lo que imposibilita una comparación directa o equitativa entre ambos».

En tal sentido, estimó que para ese asunto resultaba procedente dar un tratoDemandante: Delia Alexandra Martínez Rincón Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Radicado: 11001-03-15-000-2026-01501-01

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4 diferenciado de acuerdo con los principios que la misma normatividad tuvo previstos con miras a estimular la profesionalización y excelencia de quienes hacen parte del magisterio.

Aludió que los incrementos alegados respetaron el mínimo que la jurisprudencia ha considerado como básico para mantener el poder adquisitivo de los funcionarios y empleados públicos y tuvieron en cuenta los factores de formación, capacitación y experiencia para aumentar los salarios de los docentes, que a su vez sirvieron como parámetro para los subsiguientes aumentos salariales.

Estimó que no toda diferencia salarial entre grados o niveles de escalafón puede interpretarse como una vulneración del principio de proporcionalidad, como lo alegó el extremo demandante, pues « el Gobierno Nacional, en ejercicio legítimo de las facultades que le confiere la ley, puede considerar necesario aplicar ajustes diferenciados en determinados cargos, incluso cuando estos no correspondan a un mayor grado de escalafón. Tales decisiones responden a la necesidad de cerrar brechas, corregir distorsiones internas en la estructura organizacional o garantizar una remuneración acorde con las funciones efectivamente desempeñadas».

Finalmente, advirtió que la sentencia del Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito de Medellín de fecha 25 de marzo de 2025 proferida en el radicado 0500133-33 023-2024-00171-00, que llevó a colación la parte actora con el recurso no le era vinculante pues no se encuentra en firme tras haber sido apelada por la

33-33 023-2024-00171-00, que llevó a colación la parte actora con el recurso no le era vinculante pues no se encuentra en firme tras haber sido apelada por la demandada surtiéndose la alzada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Esta providencia se notificó a las partes por correo electrónico el 26 de agosto de 20255.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora, indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes defectos en la sentencia enjuiciada:

I. Defecto sustantivo: al considerar que la autoridad judicial accionada realizó una interpretación abiertamente irrazonable y desproporcionada del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley 1278 de

2002.

Precisó que la sentencia enjuiciada no tuvo en cuenta el alcance del principio de igualdad y del mandato de progresividad, puesto que redujo la discusión planteada a una comparación abstracta entre grados del escalafón, en lugar de verificar la existencia de razones o bjetivas que fundamentaran los

5 Índice 009 de Samai del proceso 70001-33-33-002-2024-00167-01.Demandante: Delia Alexandra Martínez Rincón Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Radicado: 11001-03-15-000-2026-01501-01

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5 incrementos salariales dispares.

En el desarrollo de este cargo aludió a un desconocimiento del precedente, en

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5 incrementos salariales dispares.

En el desarrollo de este cargo aludió a un desconocimiento del precedente, en el que mencionó que el fallo cuestionado no aplicó lo expuesto en la sentencia C-1064 de 2001 de la Corte Constitucional, que, en su criterio, consagra que la igualdad en el trabajo no se reduce a la igualdad matemática, pero tampoco permite incrementos que generen brechas irrazonables sin soporte técnico ni normativo, puesto que los tratos diferenciados en materia salarial deben ser justificados de forma objetiva y suficiente.

II. Defecto fáctico: por cuanto, según su juicio, el tribunal realizó una incorrecta valoración probatoria en lo relativo al debate jurídico propuesto, al tomar la decisión de negar las pretensiones de la demanda aun cuando no se acreditó la existencia de razones que hubieran fundamentado la expedición de los actos administrativos atacados, pues la sentencia no ofrece explicación alguna del trato discriminatorio alegado.

1.5. Admisión de la tutela

Por medio de auto del 3 de marzo de 2026, la Magistrada Ponente admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte accionante 6 y, como parte demandada, al Tribunal Administrativo de Sucre7.

Asimismo, dispuso la vinculación, como tercero s con interés jurídico en el resultado del proceso , a la Nación - Ministerio de Educación Nacional , al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al departamento de Sucre, Secretaría de Educación [parte demandada al interior del proceso ordinario] 8 y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo9 «a quo».

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al departamento de Sucre, Secretaría de Educación [parte demandada al interior del proceso ordinario] 8 y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo9 «a quo».

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes:

6 Índice 08 de Samai. La notificación fue enviada al sincelejo@lopezquinteroabogados.com. 7 Índice 08 de Samai. La notificación fue enviada a los correos: sectradmsuc@cendoj.ramajudicial.gov.co y sgtadminscj@notificacionesrj.gov.co. 8 Índice 08 de Samai. La notificación fue enviada a los correos: notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co, tutelasdpe@fiduprevisora.com.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co, tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co, educacion@sincelejoaprende.edu.co, educacion@sucre.gov.co, notificaciones_judiciales@sincelejo.gov.co, contactenos@sincelejo.gov.co. 9 Índice 08 de Samai. La notificación fue enviada a los correos: adm02sinc@cendoj.ramajudicial.gov.co y jadmin02scj@cendoj.ramajudicial.gov.co.Demandante: Delia Alexandra Martínez Rincón Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Radicado: 11001-03-15-000-2026-01501-01

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6

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6 1.6.1. Gobernación departamento de Sucre10

La entidad corroboró que la señora Delia Alexandra Martínez Rincón fue nombrada docente del área de Ingles en la Institución Educativa Canutal, del municipio de Ovejas, mediante el Decreto No. 0389 del 2 de enero de 2008 y ascendió al grado 3 nivel A como maestra (3 AM) en el Escalafón Nacional docen te mediante la Resolución 5178 expedida el 30 de septiembre de 2016.

Por ello, advierte que para los años 2008 y 2009 la demandante no se encontraba incluida en el nivel 3 AM, respecto del cual alega que se realizó un aumento salarial ilegal y desproporcionado . En tal sentido coincidió con todos los argumentos planteados en la sentencia acusada y solicitó que se declare improcedente la acción por no acreditarse la vulneración de los derechos invocados.

1.6.2. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo 11

Consideró que su decisión estuvo fundada en los supuestos fácticos y normativos que rigen la materia, así como en el material probatorio del expediente y señaló que acogió distintas posiciones jurisprudenciales del órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativo.

Por lo tanto, solicitó negar las pretensiones de la tutela re specto a cualquier responsabilidad que pudiera recaer en esa dependencia judicial.

1.6.3. Ministerio de Educación Nacional 12

jurisdicción contencioso administrativo.

Por lo tanto, solicitó negar las pretensiones de la tutela re specto a cualquier responsabilidad que pudiera recaer en esa dependencia judicial.

1.6.3. Ministerio de Educación Nacional 12

Solicitó declarar la improcedencia de la acción por no cumplir el presupuesto de relevancia constitucional al no demostrarse que las presuntas vulneraciones a las garantías procesales y fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o supervivencia del accionante, ni el acceso a la administración de justicia.

Estimó que en este caso se presenta como debate procesal una controversia de naturaleza estrictamente económica que involucra intereses privados, excediendo esta situación la competencia del juez de tutela.

1.6.4. El Tribunal Administrativo de Sucre y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) guardaron silencio pese a que fueron debidamente notificados de la presente acción.

10 Índice 012 de Samai. 11 Índice 013 de Samai. 12 Índice 016 de Samai.Demandante: Delia Alexandra Martínez Rincón Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Radicado: 11001-03-15-000-2026-01501-01

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7 1.7. Sentencia de primera instancia13

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, profirió sentencia el 16 de abril de 2026 en el que declaró la improcedencia de la tutela por no cumplir con el requisito de

7 1.7. Sentencia de primera instancia13

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, profirió sentencia el 16 de abril de 2026 en el que declaró la improcedencia de la tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

Sostuvo que lo pretendido por la actora era convertir la acción de tutela en un mecanismo adicional para prolongar la discusión que ya fue conocida y resuelta por el juez natural , toda vez que los reproches acá planteados guardan gran similitud con el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia del proceso contencioso pero anunciados desde la presunta configuración de un defecto sustantivo y fáctico.

1.8. Impugnación14

La actora impugnó el proveído de primera instancia, al estimar que la discusión sí reviste relevancia constitucional, comoquiera que compromete directamente los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

Adujo que el conflicto propuesto no se ciñe a la interpretación de normas ni a la valoración aislada de decretos salariales, sino que compromete vigencia de derechos fundamentales que fueron transgredidos por la providencia judicial cuestionada al convalid ar un trato discriminatorio entre categorías del escalafón docente, pese a que existía un precedente constitucional claro, preciso y obligatorio que imponía garantizar la igualdad sustancial en la asignación de incrementos salariales.

Insistió en que el amparo solicitado cumple todos los presupuestos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, y agregó que la intervención del juez constitucional resulta necesaria para corregir la

incrementos salariales.

Insistió en que el amparo solicitado cumple todos los presupuestos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, y agregó que la intervención del juez constitucional resulta necesaria para corregir la interpretación acogida en sede ordinar ia y adoptar las medidas requeridas para restablecer las garantías quebrantadas.

Reiteró los argumentos elevados en el escrito inicial respecto a los defectos alegados y expuso que la sentencia objeto de reparo se aparta de los mandatos superiores que ordenan garantizar la igualdad material, proteger el carácter progresivo del régimen salarial docente y asegurar que cualquier trato desigual esté debidam ente sustentado. En tal sentido, solicitó que se revoque el fallo impugnado para, en su lugar, acceder a las pretensiones del mecanismo constitucional.

13 Ver índice 021 de Samai. 14 Ver índice 028 de Samai. Escrito radicado oportunamente el 23 de abril de 2026. Sentencia de primera instancia notificada el 21 del mismo mes y año.Demandante: Delia Alexandra Martínez Rincón Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Radicado: 11001-03-15-000-2026-01501-01

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II.CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la alzada formulada por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37

8

II.CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la alzada formulada por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 201915 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

Conforme a lo anterior, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca lo resuelto el 16 de abril de 2026, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta, declaró la improcedencia de la acción. Para tal efecto, es necesario abordar el siguiente interrogante:

• ¿El Tribunal Administrativo de Sucre vulneró las garantías invocadas por la parte actora , con ocasión de la sentencia del 6 de agosto de 2025, que confirmó la providencia del 27 de junio de 2025, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo que, a su turno, negó las pretensiones formuladas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 70001-33-33-0022024-00167-00/01.?

Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, (iii) el caso concreto.

siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, (iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 16 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma

15 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024. 16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.Demandante: Delia Alexandra Martínez Rincón Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Radicado: 11001-03-15-000-2026-01501-01

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9 Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 17 y declaró su procedencia.18

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) su bsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección

y iv) su bsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupues tos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la Sentencia SU -215 de 2022 19 explicó que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia

providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones

17 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 18 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia». 19 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.Demandante: Delia Alexandra Martínez Rincón Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Radicado: 11001-03-15-000-2026-01501-01

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10 de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

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10 de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal20 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse

reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico21; es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional22.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los der echos

20 Sentencia SU-573 de 2019. 21 Sentencia SU-103 de 2022. 22 Sentencia SU-103 de 2022.Demandante: Delia Alexandra Martínez Rincón Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre Radicado: 11001-03-15-000-2026-01501-01

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11 [fundamentales] y no a problemas de carácter legal23”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales24”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos