Consejo Superior de Politica Criminal - Plan Nacional de Politica Criminal 2021-2025

PLAN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL 2021-2025

PLAN NACIONAL DE

POLÍTICA CRIMINAL

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2021-2025 Ministerio de Justicia y del Derecho Ministerio de Educación Fiscalía General de la Nación Defensoría del Pueblo Procuraduría General de la Nación Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Departamento Nacional de Planeación (DNP) Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Consejo Superior de la Judicatura Policía Nacional Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) Comisión Primera Senado Comisión Segunda Senado Comisión Primera Cámara de Representantes Comisión Segunda Cámara de Representantes 3

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA CRIMINAL

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Bogotá, 2021 4

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Siglas y abreviaturas ANDJE Agencia Nacional de Defensa Jurídica LGBTI Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales del Estado e Intersexuales APP Asociación Público-Privada MAPP/OEA Misión de Apoyo al Proceso de Paz Art. Artículo de la Organización de las Naciones Unidas

Bacrim Bandas Criminales MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión BMC Bolsa Mercantil de Colombia Minjusticia Ministerio de Justicia y del Derecho CEJ Corporación Excelencia para la Justicia MURC Manual Único de Rendición de Cuentas CIDH Comisión Interamericana de Derechos NNA Niñas, Niños y Adolescentes Humanos OACP Oficina del Alto Comisionado Para La Paz

C. S. de la J. Consejo Superior de la Judicatura OACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las CGP Código General del Proceso Naciones Unidas para los Derechos Humanos CGR Contraloría General de la República ONU Organización de la Naciones Unidas CONPES Consejo Nacional de Política OSIGD Colectivo de personas diversas con Económica y Social orientación sexual e identidad de género CP Código Penal diversas CPP Código de Procedimiento Penal PAS Plan de acción y seguimiento CPACA Código de Procedimiento Administrativo PGN Presupuesto General de la Nación y Contencioso Administrativo PIB Producto Interno Bruto CNSCC Código Nacional de Seguridad y PND Plan Nacional de Desarrollo

Convivencia Ciudadana PNPC Plan Nacional de Política Criminal CTI Cuerpo Técnico de Investigación PONAL Policía Nacional DANE Departamento Nacional de Estadísticas PPL Persona Privada de la Libertad DNP Departamento Nacional de Planeación PTAR Planta de Tratamiento de Aguas DIJIN Dirección de Investigación Criminal e Residuales INTERPOL PTAP Planta de Tratamiento de Agua Potable ELN Ejército de Liberación Nacional SENA Servicio Nacional de Aprendizaje ERON Establecimiento de Reclusión del Orden SIJIN Seccionales de Investigación Criminal Nacional SMLMV Salarios Mínimos Legales Mensuales

FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Vigentes Colombia SPA Sistema Penal Oral Acusatorio FGN Fiscalía General de la Nación SRPA Sistema de Responsabilidad Penal para FPADM Financiamiento de la proliferación de Adolescentes armas de destrucción masiva SUIN Sistema Único de Información Normativa FT Financiación del terrorismo UAV Unidad de Atención a Víctimas GAML Grupos Armados al Margen de la Ley UN Naciones Unidas GAO Grupos Armados Organizados UNODC Oficina de Naciones Unidas contra la ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Droga y el Delito Familiar USAID Agencia de los Estados Unidos para el IMEI International Mobile Equipment Identity Desarrollo Internacional INMLCF Instituto Nacional de Medicina Legal y USPEC Unidad de Servicios Penitenciarios y Ciencias Forenses Carcelarios de Colombia INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario LA Lavado de activos 5

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Contenido Siglas y abreviaturas 5 Introducción 7

1. Fases y enfoques transversales del Plan Nacional de Política

Criminal 8

2. Diagnóstico de la política criminal en Colombia 10

3. Prioridades del Plan Nacional de Política Criminal 32 3.1 Prioridad Uno: Prevención del delito y reducción del homicidio 32 3.2 Prioridad Dos: Visibilizar, prevenir y perseguir decididamente la violencia basada en género, reconociendo el daño desproporcionado en mujeres, personas OSIGD y NNA 36 3.3 Prioridad Tres: Disrupción del crimen organizado, el terrorismo, sus finanzas ilícitas y actores dinamizadores que generan mayores

escenarios de violencia 40 3.4 Prioridad Cuatro: Humanizar el sistema penitenciario, fortalecer la resocialización y disminuir la reincidencia criminal 45 3.5 Prioridad Cinco: Prevenir la participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales 48 3.6 Prioridad Seis: Modernización de la acción estatal para combatir el crimen 52 3.7 Prioridad Siete: Lucha contra la captura del Estado y la corrupción. 56

4. Mecanismo de Seguimiento del Plan Nacional de Política Criminal 59

Referencias 61 6

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Introducción El Plan Nacional de Política Criminal1 es un conjunto de lineamientos, acciones, productos y actividades articuladas entre las entidades de la Rama Judicial, el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y el Ministerio Público, constituyendo una política de Estado. El Plan Nacional cumple con dos fines importantes. Por una parte, busca articular las acciones del Estado en la lucha frontal y articulada contra la criminalidad y sus diferentes manifestaciones delincuenciales. Por otra parte, está orientado a la protección de los derechos de las personas que integran la sociedad colombiana. Este Plan responde a cinco pilares fundamentales de la política criminal, a saber:

1. Prevención de la criminalidad

2. Definición de comportamientos antisociales que deben ser sancionados penalmente

3. Investigación y juzgamiento de comportamientos delictivos

4. Cumplimiento de la sanción penal

5. Resocialización para el regreso a la vida en convivencia Esta configuración del Plan evidencia que la política criminal no se restringe únicamente a la política penal y penitenciaria. Esta incluye otros elementos, como los orientados a la prevención

del delito, la reconstrucción de los lazos comunitarios en el marco de la justicia restaurativa, la resocialización, entre otros. El marco constitucional vigente establece que el sistema penal actúa solamente cuando otras iniciativas estatales se han mostrado insuficientes. Por lo anterior, la privación de la libertad se debe reservar para los ataques más graves en contra de los bienes jurídicos más relevantes, tales como la vida, y siempre debe usarse con carácter excepcional cuando se trate de la detención preventiva. Esta característica del sistema penal como última ratio, hace que el Estado deba diseñar alternativas y mantener una variedad de herramientas complementarias al sistema penal y a la privación de la libertad, generando otras formas de sanción y prevención que busquen el respeto de los derechos humanos, las garantías judiciales y la efectiva protección de los derechos de las víctimas. Este documento está organizado en cuatro secciones: la primera sección desarrollará el marco de fases y enfoques del Plan Nacional de Política Criminal; la segunda sección se dedicará al diagnóstico de la política criminal en Colombia; la tercera sección, conforme al diagnóstico, establecerá una priorización de acciones y temas estratégicos que serán objeto de una atención inmediata y conjunta por parte de las entidades del Estado colombiano; y, finalmente, la cuarta sección indicará los mecanismos de seguimiento y monitoreo a la implementación del Plan. 1 El presente Plan Nacional de Política Criminal tiene como sustento legal, el artículo 91 de la Ley 1709 de 2014, que dicta el siguiente tenor: “Corresponde al Consejo aprobar el Plan Nacional de Política Criminal que tendrá una vigencia de cuatro años y que

deberá ser incorporado en un documento CONPES con el fin de garantizar su financiación.” Así mismo, responde a lo establecido por las Sentencias T 388 de 2013 y T 762 de 2015 de la Corte Constitucional que señalan la necesidad de construir una política criminal racional coherente, racional y eficaz. 7

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1. Fases y enfoques transversales del Plan Nacional de Política Criminal Fases de criminalización orientadoras del Plan Nacional El Plan Nacional de Política Criminal incluye una concepción amplia de la política criminal para el Estado colombiano que abarca las siguientes fases para el tratamiento del delito: • Fase preventiva: comprende las medidas dirigidas a la prevención de acciones delictivas. • Fase de criminalización primaria: es la definición de las conductas contrarias a la convivencia en sociedad que merecen sanción penal por parte del Estado. • Fase de criminalización secundaria: consiste en la aplicación efectiva de los procedimientos de investigación y juzgamiento penal. • Fase de criminalización terciaria: incluye la ejecución y cumplimiento de la sanción penal por parte de una persona declarada responsable de un delito, así como su proceso de resocialización. • Fase de tratamiento pospenitenciario: son las medidas orientadas a lograr la reinserción en la comunidad de las personas que han cumplido su sanción penal.

Enfoques transversales para una política criminal efectiva y de transición a la paz con legalidad Con el fin de ejercer una política criminal al servicio de la ciudadanía y garante de los derechos establecidos en la Constitución y las leyes, todos los lineamientos, acciones, productos y actividades contenidos en este Plan deben atender e integrar los siguientes enfoques transversales: Límites del poder punitivo: el uso de la sanción penal debe ser la última de las alternativas del Estado para el tratamiento de las conductas criminales. Por lo tanto, deben primar las medidas orientadas a la prevención, la alternatividad penal y la justicia restaurativa.

Enfoque territorial: el imperio de la ley, expresado en las normas, autoridades y procedimientos judiciales, debe llegar a todos y cada uno de los rincones de la Nación, garantizando el acceso de la justicia para toda la ciudadanía. Se deben reconocer y comprender las diferencias locales de la criminalidad con el propósito de plantear respuestas pertinentes y fortalecer la coordinación interinstitucional.

Enfoque diferencial: las acciones del plan deben reconocer y atender las múltiples condiciones y reivindicaciones sociales presentes en la sociedad colombiana (enfoque de género e identidades diversas, enfoque étnico, enfoque de diversidad sexual y enfoque de discapacidad), de modo que se consiga la plena integración para el disfrute de derechos individuales y colectivos consagrados en la Constitución y las leyes.

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Aproximación focalizada en contra del crimen organizado para la transición a la paz: en aras de hacer eficientes los limitados recursos del Estado, las acciones del Plan deben focalizarse en la lucha frontal y efectiva contra los principales responsables del crimen y buscar la consolidación de la paz. Fortalecimiento de la legitimidad del Estado y de la confianza en las instituciones públicas: la política criminal debe ser cercana al ciudadano, responder a sus demandas y proteger sus derechos de forma que se construya la confianza de las personas en las instituciones.

Enfoque restaurativo: las medidas incluidas en este Plan deben integrar los fundamentos de la justicia restaurativa para una reconstrucción del tejido social que atienda las necesidades de las víctimas y brinde posibilidades de reintegración social a quienes cometieron delitos.

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2. Diagnóstico de la política criminal en Colombia El Plan Nacional de Política Criminal busca responder a las amenazas criminales que enfrenta el territorio nacional. Este Plan define las prioridades que orientan la intervención de las instituciones con el propósito de dar soluciones a las demandas de justicia, la lucha contra la criminalidad y la garantía de los derechos que exige la ciudadanía.

En ese orden de ideas, en la presente sección se ofrece un diagnóstico general que aborda los principales problemas que enfrenta el Estado para cumplir con lo dispuesto en la Constitución y las leyes en materia de política criminal. Vulneraciones al derecho a la vida El homicidio en Colombia es un delito que se presenta como consecuencia de la concurrencia de múltiples modalidades delincuenciales que evolucionan en el tiempo. De acuerdo con los datos contenidos en el sistema de información del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación (FGN)2, en 2019 se presentaron 12.446 víctimas de homicidio, mientras que para el 2020 el total de víctimas fue de 11.576, lo cual significó una reducción del 7,06%3. En lo corrido del 2021, el total de víctimas registradas por este delito es de 7.510.

Con respecto al esclarecimiento, tanto para homicidio como para otros delitos a los que se hará referencia en este documento, se utilizará la tasa de avance de esclarecimiento construida por la FGN. Esta tasa está compuesta por aquellas actuaciones que constituyen un avance en la investigación y anteceden el esclarecimiento, es decir, son aquellas actuaciones en las que se presentó una solicitud ante el juez o que permiten deducir que posteriormente se producirá una decisión judicial. Para el homicidio, según cifras reportadas por la FGN, durante el año 2019 se alcanzó una tasa de avance de esclarecimiento del 29,04%. Para el año 2020 esta tasa de avance de esclarecimiento subió a un 30,91%. Por último, entre el 1 de enero y 22 de julio de 2021, la tasa de avance de esclarecimiento alcanza ya un 27,024.%. Ahora bien, este delito presenta una heterogeneidad en su comportamiento. Gran parte de los ho2 Los datos fueron procesados y analizados utilizando el sistema de información de gestión de procesos SPOA, con fecha de corte al 22/07/2021. 3 La reducción reportada en el año 2020 se debe, en parte, al efecto de las medidas administrativas ordenadas por el Gobierno Nacional para contrarrestar la propagación de la pandemia causada por el virus Covid-19. En ese sentido, esta reducción no puede relacionarse con el comportamiento de este delito, puesto que para el año 2021, con corte a 22 de julio, se observa una tendencia al alza. 4 Al compararse los mismos periodos se tiene que de enero a julio de 2019 se presentaron 6.613 víctimas con

un avance de esclarecimiento del 28,33%; en el mismo periodo del año 2020 se presentaron 5.977 víctimas respecto a las cuales se tuvo un avance de esclarecimiento del 24,95%. Para el año 2021, en este mismo periodo se han presentado 7.510 víctimas y se ha alcanzado un porcentaje de avance de esclarecimiento del 27,02%. Comparativamente, el año 2021 presentó el mayor número de víctimas. 10 PLAN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL 2021-2025 micidios corresponden a ataques sicariales, de acuerdo con datos de la Policía Nacional, en el año 2020 representaron el 57,6% de los homicidios (6.914). Igualmente, hay diversos factores sociales que contribuyen a la persistencia de este delito en el país como la presencia de organizaciones criminales en los territorios y la consecuente violencia, o la intolerancia social que afecta la convivencia ciudadana. Estas cifras muestran que no solo es necesario impulsar más procesos en la etapa investigativa, sino también adoptar las medidas necesarias para agilizar el proceso en la etapa de juzgamiento, de manera que se obtengan sentencias condenatorias o absolutorias. Según estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura en relación con las audiencias programadas durante el año 2019 en SPOA, el 42% fueron canceladas. De estas el 48% lo fue por ausencia del defensor, el 23% por inasistencia del fiscal y el 5% por causa imputable al juez. Otra problemática a tener en cuenta, tiene que ver con la privación arbitraria del derecho a la vida por parte de agentes del Estado. De acuerdo con la FGN5 en el periodo comprendido entre los

años 2016 a 2021, se han creado 97 noticias criminales por los delitos de homicidio y feminicidio en los que al menos hay un miembro de la fuerza pública en calidad de indiciado. No obstante, se trata de una problemática sobre la cual se requiere realizar estudios y análisis para dar cuenta de la magnitud y alcances en cuanto a la afectación de derechos ciudadanos. Finalmente, un tema que debe requerir atención por parte de las autoridades en el marco del presente Plan para incidir en la reducción del homicidio, tiene que ver con medidas para perseguir la modificación y uso de armas de letalidad reducida en la comisión de delitos. En ese sentido, la Policía Nacional evidencia que el uso de este tipo de armas ha significado un incremento en la comisión de conductas punibles a nivel nacional, tales como, el hurto en todas sus modalidades, lesiones personales y homicidio, asociadas en muchos casos al uso de armas traumáticas. De acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) se pudo evidenciar que desde el año 2020 a julio de 2021, se han incautado 1.222 armas de letalidad reducida, de las cuales 280 se incautaron en 2020 y 942 en 2021. Del total de estas armas incautadas, 617 son pistolas traumáticas, 124 pistolas de fogueo y 6 fusiles traumáticos. De igual forma, de las 942 armas incautadas en 2021, 680 estuvieron vinculadas en diferentes eventos criminales, entre los más recurrentes se encuentran el homicidio con 8 casos, el hurto a personas con 248 casos, las lesiones personales en 69 casos, y el hurto de entidades comerciales con 36 casos. Por estas razones, es imperiosa la necesidad de regular el porte y tenencia de estos elementos, que se vienen empleando para afectar el patrimonio, integridad, bienes y honra de los colombianos. 5 La fecha de las cifras corresponde a enero de 2016 al 7 de julio de 2021. Por otra parte, es preciso resaltar que el total de noticias criminales por los delitos homicidios y feminicidios indicados no diferencian si las circunstancias de los hechos fueron en el marco del ejercicio de las funciones del miembro de la fuerza pública o fuera de ellas. 11

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Homicidio por intolerancia De acuerdo con datos de la Policía Nacional, en el 2020, el 20,5% (2.465) de homicidios fueron producto de riñas. Con el fin de prevenir las muertes por esta última modalidad en el año 2020, la Policía Nacional logró imponer 94.8826 medidas correctivas a personas que protagonizaron riñas en vía pública; es decir, aquellas que incurrieron en comportamientos contrarios a la convivencia, los cuales ponen en riesgo la vida e integridad personal (Art. 27 de la Ley 1801 de 2016)7. A causa de ello, la mediación policial ha sido empleada en 5.708 casos de riña, realizando además 15.175 traslados por protección y para procedimiento policivo, producto de la participación en este tipo de conductas. Homicidio de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y excombatientes De acuerdo con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), de enero a septiembre de 2020 se reportaron 49 homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, llegando así a un total de 325 casos en el periodo comprendido entre 2016 y septiembre de 2020, evidenciándose un incremento considerable en el 2018, donde la cifra alcanzó 93 asesinatos. De acuerdo con la FGN, los defensores de derechos humanos son uno de los grupos más afectados por el delito de homicidio en las regiones con presencia de organizaciones criminales, dado que el 69,09% de los responsables de las afectaciones a los defensores de derechos humanos son las principales organizaciones criminales que se encuentran en el país. En el caso de las afectaciones a excombatientes, el 76,19% es de responsabilidad de organizaciones criminales. Por otra parte, sobre un universo de 435 víctimas de homicidios contra defensores de derechos humanos reportados por la OACNUDH , la Fiscalía reporta a julio 22 de 2021, un avance de esclarecimiento de 66,91% sobre 417 casos sobre los que tiene jurisdicción. En contraste, según el reporte de la OACNUDH con otras plataformas, han revindicado 681 víctimas por hechos ocurridos entre 2016 y 2021, de los cuales 5 han sido archivados por conductas atípicas. En el mapa No 1 se presentan datos de víctimas por departamento, su respectivo avance. (Ver mapa No.1 y Tabla No. 1) 6 Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC.

7 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – CNSCC. 12

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Mapa No. 1. Mapa Departamental de ubicación de hechos de homicidio de Defensores de Derechos Humanos reportado por varias plataformas

Fuente: Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y OACNUDH 2020

Tabla No.1. Relación Víctimas Defensores de Derechos Humanos: Avance de esclarecimiento 2016 - 2021 por dirección de asignación 13

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Fuente. Dirección de Políticas y Estrategia. Consulta en SPOA: 22 de julio de 2021. Victimas verificada por ONU Violencia basada en género, reconociendo el daño desproporcionado en mujeres, personas con orientación sexual e identidad de género diversa (OSIGD) y niños, niñas y adolescentes (NNA) En lo que respecta al delito de feminicidio, para el año 2020 se presentaron 176 víctimas8, lo cual significó una reducción de 51 víctimas en comparación con las 227 reportadas en el año 2019. En cuanto a las tasas de avance de esclarecimiento registradas en el 2020, se destacan avances 8 La FGN está trabajando en la correcta adecuación típica de hechos violentos como feminicidio, por lo cual esta cifra puede tener variaciones. 14 PLAN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL 2021-2025 con respecto al año 20199. Sin embargo, de acuerdo con la FGN estas conductas persisten. Entre el 1 de enero y el 22 de julio de 2021, el total de víctimas por este delito es de 106, cuya tasa de

avance de esclarecimiento es del 94,32%. De acuerdo con el censo delictivo de la FGN, al 1 de julio de 2021, los cinco departamentos con más feminicidios en términos absolutos fueron Valle del Cauca (26), Antioquia (26), Bogotá (22), Magdalena (13) y Tolima (12). Con respecto a los delitos sexuales, y de acuerdo con el Censo Delictivo de la FGN en 2019 ingresaron 36.994 procesos, mientras que en el 2020 se registraron 29.174, cifra que evidencia una reducción de 7.820 procesos. Para el año 2020, la tasa de avance de esclarecimiento fue de 11,12%. En lo corrido del 2021, con corte al 22 de julio, se han registrado 15.794 procesos y la tasa de avance de esclarecimiento es del 14,94%10. Según reporta la Policía Nacional, los delitos sexuales contra NNA ascendieron a 19.819 casos en 2020, cifra menor a la presentada en 2019, año en el cual se reportaron 28.063 casos. Muertes relacionadas con hechos de violencia intrafamiliar Las víctimas de homicidio producto de violencia intrafamiliar para 2020 fueron 236, 20 menos que en 2019 (256 víctimas). A 22 de julio del 2021 se han reportado 123 víctimas, respecto de las cuales se tiene un avance de esclarecimiento del 95,12%11. En el 2020 se presentó una reducción de casos notificados por sospecha de violencia en un 52%12, siendo la violencia física la más recurrente seguida por la violencia sexual. Donde del total

de casos reportados en 2020, el 74,2% de las víctimas son mujeres, niñas y adolescentes13. Las medidas de confinamiento generaron que los conflictos se trasladaran a los hogares; la violencia al interior de estos aumentó después de un periodo de descenso hasta el 2018, dándose un repunte entre 2019 y 2021, con una afectación especial contra las mujeres, los niños, niñas y adolescentes y la población adulta mayor. Ejemplo de este cambio en las dinámicas de algunos fenómenos criminales fue el aumento en 9 En el año 2019 la tasa de avance de esclarecimiento registrada fue de 90,75% mientras que en el año 2020 fue de 94,32% (166 víctimas) 10 Al comparar los mismos periodos se tiene que de enero a julio de 2019 se iniciaron 17.597 procesos sobre los cuales se obtuvo un avance de esclarecimiento del 9,65%; en el mismo periodo del año 2020 se iniciaron 14.453 procesos respecto a de los cuales se tuvo un avance de esclarecimiento del 7,77%. Para el año 2021, en este mismo periodo se han iniciado 15.797 procesos y se ha alcanzado un porcentaje de avance de esclarecimiento del 14,94%. Esto quiere decir que en el 2021 la Fiscalía alcanzó un avance en el esclarecimiento en 1.232 casos más respecto del año inmediatamente anterior. 11 Datos del censo delictivo de la FGN, fecha de corte 22 de julio de 2021, sobre información registrada efectivamente en el SPOA. 12 Entre el 25 de marzo y el 21 de abril de 2019 se reportó un total de 9.231 casos notificados por sospecha de

violencia, a diferencia de los 4.470 casos reportados para el mismo periodo en 2020. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2020). Boletín de respuesta institucional para el abordaje integral de las violencias por razones de género. 13 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2020). Boletín de respuesta institucional para el abordaje integral de las violencias por razones de género (contra niñas, niños, adolescentes y mujeres) durante el aislamiento preventivo obligatorio 25 de marzo al 21 de abril. 15 PLAN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL 2021-2025 el número de noticias criminales creadas por el delito de violencia intrafamiliar. Según datos de la FGN, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 6 de junio de 2021, se han presentado 43.252 hechos constitutivos de este delito, cifras que constituyen un aumento del 22,81% en comparación con 35.220 reportados en el mismo lapso del año 2020. Discriminación por orientación sexual e identidad de género diversa Durante el 2020, la Defensoría del Pueblo recolectó información identificando, acompañando, asesorando y activando rutas institucionales en 517 casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género diversa. De estos casos, 312 corresponden a violencia en relación con la identidad y expresión de género de personas transgénero (281 mujeres trans y 31 hombres trans), y 36 casos de personas presentan otra categoría de identidad de género diversa. Los demás, corresponden a casos asociados a la orientación sexual así: 113 contra hombres gay, 73 casos hacia mujeres lesbianas y 19 contra

personas bisexuales. Lo anterior evidencia cómo la violencia por prejuicio que se cierne sobre esta población no constituye una situación aislada en la vida de estas personas. Por el contrario, configuran actos de discriminación fundados en estereotipos que refuerzan y justifican un trato desigual que acarrea consecuencias graves para la materialización de derechos y libertades fundamentales. Violencia producida por organizaciones criminales en el territorio y dificultades en su persecución penal En Colombia, y como se vio en el caso de la vulneración de derechos de líderes sociales, buena parte de los homicidios reportados por las autoridades tienen como responsables a miembros de organizaciones criminales o cuya explicación son las disputas por el control territorial, logístico y económico de las rentas ilegales. La concentración de investigaciones y afectaciones atribuidas a los Grupos Armados Organizados (GAO)14 puede ayudar a determinar las zonas afectadas, las dinámicas locales, los actores ilegales y los fenómenos criminales que afectan al país. (Ver mapa No. 2) 14 Los GAO como el ELN, Clan del Golfo, GAOr, Pelusos y Caparros. 16

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Mapa No. 2. Concentración de investigaciones atribuidas a GAO, 2020

Fuente: FGN, Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada (DAIACCO) 2020.

Algunas zonas del país15 han sido identificadas como puntos críticos por la confluencia de múl15 En el 2020 la FGN identificó 10 zonas de intervención estratégica para combatir e impactar la criminalidad

organizada y las fuentes de financiación. Estas zonas son: i) Costa Norte; ii) Catatumbo; iii) Magdalena Medio; iv) Arauca; v) Llanos-Ariari; vi) Bajo Cauca; vii) Atrato; viii) Cauca; ix) Pacífico Nariñense y x) Putumayo. 17 PLAN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL 2021-2025 tiples actores armados. En estas se presenta una concentración de investigaciones penales, así como factores sociales, económicos y geográficos que las convierten en zonas de alto interés de los grupos ilegales, lo que posibilita la ocurrencia de afectaciones en los territorios y sus poblaciones. (Ver mapa No. 3) Mapa No. 3. Concurrencia de investigaciones atribuidas a GAO y presencia territorial de GAO, 2020

Fuente: FGN, Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada

(DAIACCO) 2020.

Incidencia de conductas criminales relacionadas con el narcotráfico que afectan los recursos naturales y el medio ambiente De acuerdo con el informe de monitoreo de cultivos ilícitos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2021), en el año 2020 se reportaron 143.000 hectáreas de cultivos ilícitos, lo que significa una reducción frente a las 154.000 hectáreas reportadas en 2019. El informe señala adicionalmente que, en 2020, el potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura alcanzó 1.228 toneladas; la producción estimada de hoja de coca fue de 997.300 toneladas métricas (tm) y en relación con la productividad del cultivo, a nivel nacional, el rendimiento anual de hoja de coca por hectárea se determinó en 6.4 tm/ha/año. 18

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Las regiones caracterizadas por la presencia de grupos ilícitos son aquellas que registran la necesidad de una intervención urgente en materia de protección medioambiental