CORTE IDH - Caso de los “ Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso de los “ Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala

Sentencia de 11 de septiembre de 1997 (Excepciones Preliminares)

En el caso Villagrán Morales y Otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los siguientes jueces:

Héctor Fix-Zamudio, Presidente Hernán Salgado Pesantes, Vicepresidente Alejandro Montiel Argüello, Juez Máximo Pacheco Gómez, Juez Oliver Jackman, Juez Alirio Abreu Burelli, Juez y Antônio A. Cançado Trindade, Juez

presentes, además,

Manuel E. Ventura Robles, Secretario y Víctor M. Rodríguez Rescia, Secretario adjunto a.i.

de acuerdo con el artículo 36.6 del Regl amento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente sentencia sobre las excepciones preliminares interpuest as por la República de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”).

I

1. El presente caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Co rte Interamericana”) por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”), el 30 de enero de 1997, en idioma inglés. Se originó en una denuncia (No. 11.383) recibida en la Secretaría de la Comisión el 15 de septiembre de 1994.

Interamericana”), el 30 de enero de 1997, en idioma inglés. Se originó en una denuncia (No. 11.383) recibida en la Secretaría de la Comisión el 15 de septiembre de 1994.

2. Al presentar el caso ante la Corte, la Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y 32 y siguientes del Reglamento. La Comisión sometió este caso para que la Corte decidiera si hub o violación de los sigu ientes artículos de2 la Convención: 1 (Obligación de Respetar los Derechos), 4 (Derecho a la Vida), 5

(Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derec ho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial). Di chas violaciones se produjeron, según la demanda, por:

el secuestro, la tortura y el asesinato de Henry Giovani Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes; el asesinato de Anstraum Villagrán Morales; y la omisión de los mecanismos del Estado de tratar dichas violaciones como correspondía, y de brindar acceso a la justicia a las familias de las víctimas.

Como dos de las víctimas, Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes eran menores de edad cuando fueron secuestrados, torturados y asesinados y Anstraum Villagrán Morales er a menor de edad cuando fue asesinado, la Comisión alegó que Guatemala también violó el artículo 19 (Derechos del Niño) de

Cifuentes eran menores de edad cuando fueron secuestrados, torturados y asesinados y Anstraum Villagrán Morales er a menor de edad cuando fue asesinado, la Comisión alegó que Guatemala también violó el artículo 19 (Derechos del Niño) de la Convención Americana. Además la Comi sión solicitó que la Corte ordenara que el Estado tome las medidas necesarias para completar una pronta, imparcial y efectiva investigación de los hechos “a fin de que puedan detallarse en una reseña oficialmente sancionad a” para determinar la respon sabilidad individual por las violaciones y que “haga objeto a esas personas responsables de adecuadas sanciones”. Solicitó al Estado “ reivindic[ar] los nombres de las víctimas así como el pago de una justa indemnización a quienes se vieron perjudicados en virtud de las violaciones de los derechos precedentemente mencionados” y el pago de las costas a las víctimas y sus representantes. En su demanda, la Comisión también invocó la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

3. La Comisión Interameri cana designó como sus de legados a John Donaldson y Claudio Grossman y como sus abogados a Da vid J. Padilla y Elizabeth Abi-Mershed.

Como sus asistentes acreditados en cali dad de representantes de las víctimas nombró a Ariel Dulitzky, Viviana Krsticevic, Alejandro Valencia Villa, Francisco Cox Vial y José Miguel Vivanco.

4. Por nota de 6 de marzo de 1997, la Se cretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de

Vial y José Miguel Vivanco.

4. Por nota de 6 de marzo de 1997, la Se cretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), notificó la demanda en idioma inglés al Estado, la cual fue recibida al día siguie nte y le informó que disponía de cuatro meses para responderla, de dos meses para oponer excepciones preliminares y de un mes para nombrar agente y agente alterno; todos estos plazos a partir de la notificación de la demanda. Por comunicación de la mism a fecha se invitó al Estado a designar Juez ad hoc . La traducción de la demanda al idioma español fue transmitida al Estado el 14 de septiembre de 1997.

5. El 31 de marzo de 1997 Guatemala com unicó a la Corte la designación como agente de Julio Gándara Valenzuela, Embaja dor de Guatemala ante la República de

Costa Rica.

6. El 2 de abril de 1997 Guatemala pr esentó un escrito mediante el cual interpuso cuatro excepciones prelim inares y solicitó que la Corte “prorrog[ara] el plazo de contestación de la demanda hasta que [las excepciones preliminares] se

[hubiesen] resuelto”.3

7. Por resolución de 16 de abril de 1997 la Corte declaró “improcedente la solicitud del Estado de Guatemala de pror rogar el plazo de contestación de la demanda” en el presente caso y resolvió “continuar con la tramitación de éste en sus respectivas etapas procesales”.

8. El 18 de abril de 1997 el Estado informó a la Corte de un “error de hecho en

demanda” en el presente caso y resolvió “continuar con la tramitación de éste en sus respectivas etapas procesales”.

8. El 18 de abril de 1997 el Estado informó a la Corte de un “error de hecho en el escrito de excepciones preliminares” y solicitó que la Corte lo tuviese “por no presentado [y] consecuentemente, se [dejase] sin efecto la resolución de esta Corte, de fecha 16 de abril de 1997”.

9. Por resolución de 18 de abril de 1997, el Presidente resolvió “tener por no presentado el escrito de excepciones preliminares de 2 de abril de 1997”.

10. El 6 de mayo de 1997, de conformida d con el artículo 36 del Reglamento, el Estado presentó, dentro del plazo, un escrit o mediante el cual interpuso excepciones preliminares (supra, párr. 4).

11. El día siguiente la Secretaría transmit ió el escrito de Guatemala a la Comisión, la que presentó sus observaciones, en id ioma inglés, el 6 de junio de 1997. La traducción al español realizad a por la Comisión fue recibi da el 3 de julio de 1997 y transmitida al Estado el día siguiente.

12. El 4 de julio del mismo año el Esta do presentó su contestación de la demanda.

II

13. En los siguientes párrafos, y de ac uerdo con la demanda de la Comisión Interamericana, la Corte resume los hechos del presente caso:

a) En la tarde del 15 de junio de 1990, en la zona conocida como “Las Casetas” en la ciudad de Guatemal a, una camioneta se acercó a Henry

Interamericana, la Corte resume los hechos del presente caso:

a) En la tarde del 15 de junio de 1990, en la zona conocida como “Las Casetas” en la ciudad de Guatemal a, una camioneta se acercó a Henry Giovani Contreras, de 18 años de edad; Federico Clemente Figueroa Túnchez, de 20 años; Julio Roberto Caal Sand oval, de 15 y Jovito Josué Juárez Cifuentes, de 17. De dicho vehículo bajaron hombres armados y secuestraron a los cuatro jóvenes, obligándolos a subir a la camioneta.

b) Los cuerpos de los jóvenes Juárez Cifuentes y Figueroa Túnchez fueron encontrados en los Bosques de San Nicolás el 16 de junio de 1990 y los cadáveres de los jóvenes Contreras y C aal fueron descubiertos en el mismo lugar el día siguiente. Los cadáveres mostraban signos graves de tortura y la causa oficial de la muerte, en todos los casos, fue atribuida a lesiones producidas por heridas de armas de fuego.

c) El 25 de junio de 1990, aproxima damente a la medianoche, Anstraum Villagrán, de 17 años, fue asesinado mediante un disparo de arma de fuego en “Las Casetas”. Testigos oculares vi eron a la víctima cuando entró en un callejón, seguido por dos hombres. Intercambiaron algunas palabras y varios minutos después, cuando el joven Villagr án se dio vuelta para escapar, uno de los hombres le disparó en la espalda y le dio muerte.4 d) Momentos después del asesinato de l señor Villagrán, los dos homicidas

minutos después, cuando el joven Villagr án se dio vuelta para escapar, uno de los hombres le disparó en la espalda y le dio muerte.4 d) Momentos después del asesinato de l señor Villagrán, los dos homicidas se acercaron al kiosco Nº 29 y pidier on dos cervezas. Algunos niños de la calle se acercaron a los hombres y los acusaron de haberle dado muerte al joven Villagrán. Los dos hombres respondieron que “ se callaran o sufrirían las consecuencias”.

e) Sostiene la Comisión que “Las Casetas”, y específicamente la zona cerca del kiosco de “Pepsi” fue el escena rio de los secuestros de las cuatro primeras víctimas y del asesinato de la quinta. Los cinco jóvenes eran amigos, vivían en las calles de la Ciud ad de Guatemala y eran conocidos por muchas personas de la zona. De acuerdo con la Comisión Interamericana, en el período en que ocurrieron los hechos la zona de “Las Casetas” era notoria por tener una alta tasa de delincuencia y criminalidad.

f) La señora Julia Griselda Ramírez, qu ien trabajaba en el kiosco Nº 29 de “Las Casetas” (“kiosco de Pepsi”), en la época en qu e ocurrieron los secuestros y los presenció el día 15 de junio de 1990 declaró que la señora Rosa Trinidad Morales Pérez, quien también estaba trabajando en el kiosco ese día, detestaba a los niños de la calle y había amenazado de muerte a algunos de ellos. Sin embargo, el día que ocurrieron los hechos, había invitado a los cuatro secuestrados a to mar sopa en el kiosco, cosa que nunca

ese día, detestaba a los niños de la calle y había amenazado de muerte a algunos de ellos. Sin embargo, el día que ocurrieron los hechos, había invitado a los cuatro secuestrados a to mar sopa en el kiosco, cosa que nunca antes había hecho. Mientras comían, la señora Morales Pérez salió del kiosco y momentos después llegó la camionet a con los hombres armados. Además, la señora Ramírez declaró que escuchó a la señora Morales Pérez decir que a Anstraum, la quinta víctima, “lo ma tarían como había ocurrido con sus amigos”.

g) La señora Ramírez proporcionó una descripción física detallada de los hombres, quienes, según ella, eran como miembros del Quinto Cuerpo de la Policía Nacional. Identificó, en particular al ex-oficial Samuel Váldez Zúñiga y al oficial Néstor Fonseca López. Ot ro testigo, Gustavo Adolfo Cisneros Cóncaba (“Toby”), otro niño de la calle que estuvo con Anstraum la noche del asesinato, dio una descripción similar de los dos hombres.

h) En su informe de 25 de marzo de 1991, los investigadores de la policía señalaron al oficial de policía Néstor Fonseca López y al ex-oficial de policía Samuel Váldez Zúñiga como presuntos im plicados en el secuestro, tortura y asesinato de los jóvenes mencionados y a Rosa Trinidad Morales Pérez, como cómplice en la comisión de esos delitos.

1. El 17 de abril de 1991 los procesos referentes a la investigación de los delitos cometidos contra los cinco jóve nes fueron acumulados y sometidos a

cómplice en la comisión de esos delitos.

1. El 17 de abril de 1991 los procesos referentes a la investigación de los delitos cometidos contra los cinco jóve nes fueron acumulados y sometidos a la jurisdicción del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de Instrucción de la Ciudad de Guatemala, el cual formuló cargos de homicidio en contra de dos oficiales de la Policía y un civil. En su fallo de 26 de diciembre de 1991 el Juzgado de Prim era Instancia de la Ciudad de Guatemala invalidó importantes testimonios en el caso relacionados con la identificación de los acusados. La se ntencia señaló que los acusados habían negado su participación en los delitos, nunca se había pr obado el tipo de arma asignado a los oficiales y que algunos testigos no podían identificar al acusado en procedimientos de reconoci miento personal. Por lo tanto, el Juzgado de Primera Instancia “absolvió a los acusados, señalando que las pruebas eran insuficientes como pa ra demostrar su participación” en los5 hechos. El 25 de marzo de 1992 la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia del Juzgado de Pr imera Instancia. El 5 de mayo de 1992 el Ministerio Público presentó un recu rso de casación contra la anterior resolución y el 21 de julio de 1993 la Corte Suprema confirmó la sentencia del

Juzgado de Primera Instancia.

j) La Comisión alega que los delitos cometidos contra las cinco víctimas “constituye un ejemplo de las graves vi olaciones de derechos humanos de que fueron objeto niños de la calle guat emaltecos en el período de tiempo de

Juzgado de Primera Instancia.

j) La Comisión alega que los delitos cometidos contra las cinco víctimas “constituye un ejemplo de las graves vi olaciones de derechos humanos de que fueron objeto niños de la calle guat emaltecos en el período de tiempo de que se trata en la denuncia de este caso” . Agregó que pese a que ya han pasado seis años desde la fecha del ases inato de esos jóvenes, el Estado no ha “realizado ningún esfuerzo serio de reacción frente a esos crímenes”.

III

14. La Corte es competente para conocer las excepciones preliminares presentadas por el Estado. Guatemala es Estado Parte en la Convención Americana desde el 25 de mayo de 1978 y aceptó la co mpetencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987.

IV

15. En su escrito de 6 de mayo de 1996, el Estado interpuso una sola excepción preliminar que hizo conocer como: “INCOMPETENCIA DE LA HONORABLE CORTE

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PARA CONOCER EL PRESENTE CASO”

(mayúsculas del original). Los argument os del Estado para fundamentar dicha excepción pueden sintetizarse por la Corte de la siguiente manera:

a) Dicha excepción se basa en el prin cipio constitucional guatemalteco de que las sentencias emitidas por sus Tribunales de Justicia, “que han causado autoridad de cosa juzgada, sólo so n susceptibles de revisión judicial ” por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales internos competentes y que “[n]inguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia”.

b) Agregó que el caso que fundamenta la demanda presentada por la

Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales internos competentes y que “[n]inguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia”.

b) Agregó que el caso que fundamenta la demanda presentada por la Comisión fue objeto de sentencias de primera y segunda instancia y de casación “en las cuales fue resuelta la ac usación penal en contra de los imputados” y , p o r l o t a n t o , l a C o r t e c a r e c e d e f a c u l t a d e s “jurisdiccionales para conocer de este caso, porque ello conllevaría necesariamente la creación de una instancia jurisdiccional”.

c) Según el escrito del Estado, la demanda de la Comisión entra en contradicción con los artículos 8.4 de la Convención Americana, que establece que un “inculpado absuelto por sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos” y 25.2.c de la misma, que establece que el Estado tiene el deber de garantizar el cumplimiento de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso. Además consideró que una revisión por la Corte del presente caso violaría los artículos 1, 2, 3, 9, 11, 12, 16, 17 y 18 de la Carta de la Organización de Estados Americanos referente a la soberanía de los Estados y la independenci a y garantía legítima de la división de poderes del Estado y su correcto ejercicio y contraría las Resoluciones6 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40 /146 de 13 de diciembre de 1985 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura.

40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40 /146 de 13 de diciembre de 1985 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura.

d) Como fundamento de su posición, el Estado citó la jurisprudencia de la Corte y los Informes de la Comisión In teramericana en el sentido de que el mero hecho de que una investigación no produjo resultados satisfactorios, per se no significa una violación de la Convención. En el caso al cual se refiere la demanda, el Estado señaló que “los órganos competentes actuaron desde el primer momento y que produjeron las pruebas necesarias para incoar el proceso penal en contra de los imputados” e hicieron su pronunciamiento.

e) El Estado solicitó que la Corte, en concordancia con su jurisprudencia y los principios mencionados, se pronunciase oportunamente sobre la excepción interpuesta.

16. La Comisión, en su contestación al escrito de excepciones preliminares de Guatemala, hizo las consideraciones que la Corte sintetiza a continuación:

a) Que la excepción interpuesta por el Estado es infundada como una cuestión de derecho. Estimó que los argumentos del Estado presuponen una evaluación de la materia de fondo de la demanda y de las evidencias presentadas que tratan de afirmar la ef icacia de su sistema judicial y las sentencias falladas en los tribuna les internos en este caso, que “no constituyen excepciones pr eliminares, por lo cual no deben ser admitidas como tales”.

b) Manifestó, citando la sentencia de la Corte sobre excepciones preliminares en el caso Blake, que los argumentos del Estado, en el sentido de que los fallos internos cumplen con los requerimientos de la Convención y

como tales”.

b) Manifestó, citando la sentencia de la Corte sobre excepciones preliminares en el caso Blake, que los argumentos del Estado, en el sentido de que los fallos internos cumplen con los requerimientos de la Convención y que el resultado negativo del proceso no constituye una infracción de la misma, no puede considerarse como una excepción preliminar y, por el contrario, es una importante petición de principio que debe examinarse con el fondo del caso. En referencia con los argumentos del Estado sobre las obligaciones establecidas en la carta de la OEA de respetar la independencia judicial, y que, por lo tanto, la Corte no puede interferir con sus fallos, la Comisión señaló que “el mero hecho de que la materia ha[ya] sido procesada y decidida a nivel nacional [e] impide a los órganos supervisores del sistema ejercer su jurisdicción [es] una interpretación errónea de los objetivos y procedimientos del sistema”.

c) En cuanto a los argumentos del Estado de que la Corte carece de facultades jurisdiccionales para conocer este caso po rque ello conllevaría la creación de una “cuarta instancia” de revisión jurisdicci onal, la Comisión sostuvo que estos argumentos no fueron planteados in limine litis ante ella y por lo tanto debe impedirse el planteam iento de la objeción en este estado avanzado de los procedimientos. Mani festó que el Estado tampoco afirmó que la Comisión carecía de competencia.

d) La Comisión señaló que no pretendía la aplicación del derecho interno del Estado a los hechos del presente caso , ni había solicitado eso de la Corte, sino que trataba de procurar que la Corte “eval[uara] los secuestros, torturas7

d) La Comisión señaló que no pretendía la aplicación del derecho interno del Estado a los hechos del presente caso , ni había solicitado eso de la Corte, sino que trataba de procurar que la Corte “eval[uara] los secuestros, torturas7 y asesinato, así como las fallas en la respuesta a los mismos y la impunidad resultante, de acuerdo con las disposiciones de la Convención”.

e) La Comisión manifest ó, sin embargo, que si la Corte entra a conocer los argumentos sustantivos del Esta do, considera que ha demostrado claramente en su demanda que el Estado ha violado la Convención Americana en relación con el secuestro, tortura y asesinato de niños de la calle y que ha habido denegación de justicia en los procedimientos internos pertinentes. Aunque los tribunales internos tuvieron la oportunidad de resolver, corregir y reparar estas violaciones, consideró qu e ha probado que no se hizo así. Afirmó que la investigación y el proceso judicial interno realizado en este caso “fueron deficientes al punto de negar el debido proceso y la justicia a los familiares de las víctimas”.

f) La Comisión solicitó que la Corte “[r]echace la objeción preliminar interpuesta por el Estado de Guatemala” y que proceda “a examinar los méritos del caso”.

V

17. La única excepción preliminar hecha valer por Guatemala consiste, esencialmente, en la falta de competencia de esta Corte para conocer en una “cuarta instancia” de la sentencia dictada por la Corte Suprema de ese país el 21 de julio de 1993, que confirmó el fallo del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Estado de Guatemala de 26 de diciembre de 1991, mediante el cual se

instancia” de la sentencia dictada por la Corte Suprema de ese país el 21 de julio de 1993, que confirmó el fallo del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Estado de Guatemala de 26 de diciembre de 1991, mediante el cual se absolvió a los acusados de la muerte de las personas señaladas como víctimas por la Comisión, con sentencia de último grado que adquirió la autoridad de cosa juzgada.

18. Esta Corte considera que la de manda presentada por la Comisión Interamericana no pretende la revisión de l fallo de la Corte Suprema de Guatemala sino que solicita que se declare que el Estado violó varios preceptos de la Convención Americana por la muerte de las citadas pe rsonas, que atribuye a miembros de la policía de ese Estado y que por lo tanto existe responsabilidad de éste.

19. Por lo tanto, y como lo afirma la Comisión al contestar el escrito de excepciones preliminares, se trata de una cu estión que corresponde al fondo de este asunto, y, por ello, la Corte considera que la excepción no es preliminar sino más bien cuestión efectivamente vinculada al fondo de la controversia.

20. En consecuencia la Corte considera que debe desestimarse dicha excepción preliminar por improcedente.

VI

Por tanto,

LA CORTE,

RESUELVE:8

por unanimidad,

1. Desechar por improcedente la excepc ión preliminar formulada por el Estado de Guatemala.

2. Continuar con el conocimiento del caso.

Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el día 11 de septiembre de 1997.

de Guatemala.

2. Continuar con el conocimiento del caso.

Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el día 11 de septiembre de 1997.

Héctor Fix-Zamudio Presidente

Hernán Salgado Pesantes Alejandro Montiel Argüello

Máximo Pacheco Gómez Oliver Jackman

Alirio Abreu Burelli Antô nio A. Cançado Trindade

Manuel E. Ventura Robles Secretario

Leída en sesión pública en la sede de la Corte en San José, Costa Rica, el día 20 de septiembre de 1997.

Comuníquese y ejecútese, Héctor Fix-Zamudio Presidente

Manuel E. Ventura Robles Secretario