CORTE IDH - MAYA KAQCHIKEL DE SUMPANGO VS GUATEMALA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO PUEBLOS INDÍGENAS MAYA KAQCHIKEL DE SUMPANGO

Y OTROS VS. GUATEMALA

SENTENCIA DE 27 DE JULIO DE 2022

(Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas)

En el caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces:

L. Patricio Pazmiño Freire, Presidente en ejercicio;

Humberto Antonio Sierra Porto, Juez; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez; Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez, y Ricardo C. Pérez Manrique, Juez;

presentes, además,

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Romina I. Sijniensky, Secretaria Adjunta,

de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y el artículo 68 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), resuelve la solicitud de interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas emitida por este Tribunal el 6 de octubre de 2021 en el presente caso (en adelante también “la Sentencia” o “el Fallo”), interpuesta el 17 de marzo de 2022 por la República de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”).

2021 en el presente caso (en adelante también “la Sentencia” o “el Fallo”), interpuesta el 17 de marzo de 2022 por la República de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”).

 La presente Sentencia de Interpretación se dicta en el 65° Período Extraordinario de Sesiones de la Corte , el cual se llevó a cabo de forma no presencial utilizando los medios tecnológicos de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Corte . La Jueza Elizabeth Odio Benito y el Juez Eduardo Vio Grossi, por razones de fuerza mayor aceptadas por el Pleno del Tribunal, no particip aron en la deliberación y firma de la presente Sentencia de Interpretación.2 I

SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN Y PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

1. El 6 de octubre de 2021 la Corte emitió la Sentencia en el presente caso, la cual fue notificada a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Comisión Interamericana” o “Comisión”) el 17 de diciembre del mismo año.

2. El 17 de marzo de 2022 el Estado presentó una solicitud de interpretación relacionada con el alcance de los puntos resolu tivos segundo, cuarto, sexto, séptimo y octavo de la

Sentencia.

3. El 29 de marzo de 2022 , de conformidad con el artículo 68.2 del Reglamento y siguiendo instrucciones de la Presidencia del Tribunal, la Secretaría de la Corte transmitió la referida solicitud de interpretación a l os representantes de la s víctimas (en adelante “los representantes”)1 y a la Comisión, y les otorgó un plazo para que, a más tardar el 28 de abril

referida solicitud de interpretación a l os representantes de la s víctimas (en adelante “los representantes”)1 y a la Comisión, y les otorgó un plazo para que, a más tardar el 28 de abril de 2022, presentaran por escrito las observaciones que estimaran pertinentes. El 28 de abril de 2022 los representantes y la Comisión remitieron sus respectivas observaciones escritas.

II

COMPETENCIA

4. El artículo 67 de la Convención establece que:

El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

5. De conformidad con el artículo citado, la Corte Interamericana es competente para interpretar sus fallos. Para realizar el examen de las solicitudes de int erpretación y resolver lo que corresponda, el Tribunal debe tener, si es posible, la misma composición que tenía al dictar la Sentencia respectiva, de acuerdo con el artículo 68.3 del Reglamento. En esta ocasión la Corte está integrada, en su mayoría, por los mismos Jueces que dictaron la Sentencia cuya interpretación ha sido solicitada por el Estado.

III

ADMISIBILIDAD

6. Corresponde a la Corte verificar si la solicitud presentada por el Estado cumple con los requisitos establecidos en las normas aplicables a una solicitud de interpretación de Sentencia, a saber, el artículo 67 de la Convención anteriormente citado, y el artículo 68 del Reglamento del Tribunal . Asimismo, el artículo 31.3 del Reglamento que establece que “[c]ontra las

a saber, el artículo 67 de la Convención anteriormente citado, y el artículo 68 del Reglamento del Tribunal . Asimismo, el artículo 31.3 del Reglamento que establece que “[c]ontra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación”.

7. La Corte nota que las partes fueron notificadas de la Sentencia el 17 de diciembre de 2021 y el Estado presentó su solicitud de interpretación el 17 de marzo de 2022, dentro del plazo de 90 días establecido en el artículo 67 de la Convención. En consecuencia, la solicitud es admisible en lo que se refiere al plazo en que fue presentada. Con respecto a los demás requisitos, la Corte realizará el análisis respectivo en el próximo capítulo.

1 Los representantes de las víctimas son la Clínica de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la Escue la de Derecho de la Universidad de Suffolk, la abogada Nicole Friederichs, directora de dicha Clínica, Cultural Survival, Inc., Sobrevivencia Cultural, la Asociación Mujb'ab'l Yol y el abogado Cristian Otzín Poyón, de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala Nim Ajpu.3 IV

ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN

8. A continuación, la Corte analizará la solicitud del Estado para determinar si, de acuerdo con la normativa y a los criterios desarrollados en su jurisprudencia, procede aclarar el sentido o alcance de algún punto de la Sentencia.

9. La Corte ha señalado que una solicitud de interpretación de Sentencia no puede utilizarse como medio de impugnación de la decisión cuya interpretación se requiere. Dicha

o alcance de algún punto de la Sentencia.

9. La Corte ha señalado que una solicitud de interpretación de Sentencia no puede utilizarse como medio de impugnación de la decisión cuya interpretación se requiere. Dicha solicitud debe tener como objeto, exclusivamente, determinar el sentido de un fallo cuando alguna de las partes sostiene que el texto de sus puntos resolutivos o de sus consideraciones carece de claridad o precisión, siempre y cuando esas consideraciones incidan en la parte resolutiva de la Sentencia. Por lo tanto, no se puede solicitar la modificación o anulación de la sentencia respectiva a través de una solicitud de interpretación2.

10. Adicionalmente, la Corte ha sostenido la improcedencia de utilizar una solicitud de interpretación para someter cuestiones de hecho y de derecho que ya fueron planteadas en su oportunidad procesal y sobre las cuales la Corte ya adoptó una decisión 3, así como para pretender que la Corte valore nuevamente cuestiones que ya han sido resueltas en la Sentencia4. De igual manera, por esta vía tampoco se puede intentar que se amplíe el alcance de una medida de reparación ordenada oportunamente5.

11. Bajo este entendido, la Corte examinará las cuestiones planteadas por el Estado, así como las observaciones de los representantes y la Comisión, en el siguiente orden: a) sobre el punto resolutivo segundo; b) sobre el punto resolutivo cuarto, c) sobre el punto resolutivo sexto, d) sobre el punto resolutivo séptimo y, e) sobre el punto resolutivo octavo.

A. Sobre el punto resolutivo segundo

A.1. Argumentos de las partes y de la Comisión

12. El Estado solicitó que la Corte interprete el “alcance” del punto resolutivo segundo

A. Sobre el punto resolutivo segundo

A.1. Argumentos de las partes y de la Comisión

12. El Estado solicitó que la Corte interprete el “alcance” del punto resolutivo segundo “frente al respeto y protección de los derechos de terceros que cuenten previamente con autorizaciones para operar sus radios, sin que el actuar del Estado sea considerado constitutivo de una violación de derechos fundamentales”. E xplicó que el referido punto resolutivo “deja abierta la posibil idad” de situaciones como la siguiente: que la Superintendencia de Telecomunicaciones (en adelante “SIT”) o el Ministerio Público deba indicarle al usufructuario que denuncia no poder transmitir en la frecuencia radioeléctrica “que le corresponde”, debido a la interferencia de dicha transmisión por “una radio (supuestamente comunitaria) sin un título legal ”, que “no existe algún mecanismo ” para “ restablecer su derecho”, “ya que no se pueden iniciar acciones legales en contra de [esta] radio”. En ese

2 Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú . Interpretación de la Sentencia de Fondo . Sentencia de 8 de marzo de

1998. Serie C No. 47, párr. 16, y Caso Casa Nina Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2021. Serie C No. 433, párr. 10. 3 Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas , supra, párr. 15, y Caso Casa Nina Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 11.

15, y Caso Casa Nina Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 11. 4 Cfr. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador . Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas . Sentencia de 29 de agosto de 2011. Serie C No. 230, párr. 30, y Caso Casa Nina Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 11. 5 Cfr. Caso Escher y otros Vs. Brasil . Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas . Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 208, párr. 11, y Caso Casa Nina Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 11.4 sentido, el Estado señaló que tal indicación constituiría “una violación de derechos hacia el titular” del derecho de usufructo, y para otras personas en condiciones similares. Asimismo, afirmó que “si bien el ánimo del fallo es garantizar la prot ección de los pueblos indígenas al hacer uso de una radio comunitaria, esto a su vez deja en un estado de indefensión a las radios que cuentan con las autorizaciones legales para operar en el país”.

13. Los representantes afirmaron que la solicitud de interpretación planteada se hace “en perjuicio y exclusión” de las “comunidades y personas indígenas que fueron objeto de allanamientos ilegales y procesos penales, y vivieron bajo la amenaza de tales actos”.

Indicaron que las consideraciones y razonamientos de la Corte respecto a la responsabilidad

“en perjuicio y exclusión” de las “comunidades y personas indígenas que fueron objeto de allanamientos ilegales y procesos penales, y vivieron bajo la amenaza de tales actos”. Indicaron que las consideraciones y razonamientos de la Corte respecto a la responsabilidad del Estado por la violación del artículo 13.2 de la Convención Americana son claros. Además, manifestaron que el Estado presenta hechos planteados durante la etapa de fondo que fueron previamente considerados en la Sentencia. Por lo expuesto, los representantes solicitaron que se declare inadmisible la solicitud de interpretación.

14. La Comisión señaló que de la lectura de los párrafos 158 a 172 de la Sentencia, se puede verificar que se ha establecido “de manera clara" los motivos por los que la Corte “acreditó que el Estado vulneró el derecho a la libertad de expresión”. Por lo tanto, indicó que Guatemala no podría hacerse uso de la solicitud de interpretación para impugnar el Fallo.

Asimismo, argumentó que, respecto al alcance del punto resolutivo frente a la protección de “derechos de terceros”, la petición planteada “no constituye propiamente una solicitud de interpretación”. Además, consideró que, en cuanto a estos alegados “derechos de terceros”, la Corte “fue enfática en establecer que la normativa vigente no solo está vulnerando el derecho a la libertad de expresión, sino que además se está discriminando a las comunidades indígenas al no permitirles acceder al espectro radioeléctrico”.

A.2. Consideraciones de la Corte

15. En el punto resolutivo segundo, el Tribunal dispuso lo siguiente:

2. El Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad de expresión, reconocido en el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las

15. En el punto resolutivo segundo, el Tribunal dispuso lo siguiente:

2. El Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad de expresión, reconocido en el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respeto y garantía, previstas en el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de los pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y Maya Achí de San Miguel Chicaj, en los términos de los párrafos 157 a 172 de la […] Sentencia.

16. En los párrafos 166 a 171, la Corte consideró, en lo pertinente:

166. Por otra parte, tal como se ha señalado previamente (supra párr. 160) las responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión deben responder a un objetivo permitido por la Convención Americana, tal como el respeto a los derechos o a la rep utación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. En el caso concreto, la persecución penal de las personas que operan las radios comunitarias indígenas no responde a ninguna de las finalidades antes señaladas, sino que, por el contrario, los allanamientos de las radios en cuestión y los enjuiciamientos penales afectaron los derechos de los pueblos indígenas a la libertad de expresión y a participar en la vida cultural.

167. En lo que respecta a l examen de la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de la restricción de la libertad de expresión, la Corte considera que es imperioso tomar en cuenta que

(i) el derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas abarca su derecho a funda r y

restricción de la libertad de expresión, la Corte considera que es imperioso tomar en cuenta que (i) el derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas abarca su derecho a funda r y operar radios comunitarias; (ii) la legislación que regula la radiodifusión en Guatemala impidió, en la práctica, que las comunidades indígenas Maya Kaqchikel Sumpango y Achí de San Miguel Chicaj tuvieran acceso al espectro radioeléctrico de forma lega l, y (iii) el Estado no ha dirigido esfuerzos legislativos o de otra índole para reconocer a dichas radios comunitarias y asegurar que los referidos pueblos indígenas pudieran operar sus emisoras de radio.

168. En cuanto a la idoneidad y necesidad de la vía penal para lograr la finalidad perseguida, la Corte ha advertido anteriormente, y vuelve a hacerlo en el presente caso, que si bien un5 instrumento penal puede ser idóneo para restringir el ejercicio abusivo de determinados derechos, siempre y cuando esto sirva al fin de salvaguardar el bien jurídico que se quiere proteger, lo anterior no significa que la utilización de la vía penal para la imposición de responsabilidades ulteriores al ejercicio de la libertad de expresión sea necesaria o proporcional en todos los casos. Al respecto, la Corte ha señalado que el Derecho Penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita, particularmente cuando se impo nen penas privativas de libertad. Por lo tanto, el uso de la vía penal debe responder al principio de intervención mínima, en razón de la naturaleza del derecho penal como ultima ratio. Es decir, en una sociedad democrática el poder punitivo sólo se puede ejercer en la medida estrictamente necesaria para

mínima, en razón de la naturaleza del derecho penal como ultima ratio. Es decir, en una sociedad democrática el poder punitivo sólo se puede ejercer en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado.

169. En este contexto, la persecución penal de las personas que operaban las radios comunitarias indígenas, al igual que los allanamientos de la Radio Ixchel y la Radio “La Voz del Pueblo” y el decomiso de sus equipos de transmisión, no resulta idónea y es innecesaria. Ello porque el Estado pudo haber empleado medios menos lesivos que los previstos por el Derecho Penal, por ejemplo, procedimientos y sanciones administrativas, que asegurarían la misma finalidad, pero afectarían de forma menos gravosa a las comunidades indígenas.

170. Por último, tomando todo lo anterior en cuenta, este Tribunal encuentra que los actos llevados a cabo por el Estado en detrimento de los pueblos Maya Kaqchikel y Achí no solo derivaron de una situación de ilegalidad indirectamente generada por el propio Estado, sino que también resultaron en un sacrificio absoluto del derecho a la libertad de expresión de dichos pueblos, con el propósito de asegurar el pleno goce del derecho a la libertad de expresión de aquellos que supuestamente sufrieron alguna inte rferencia en la trasmisión de sus emisoras de radio. Por ende, la Corte considera que la persecución penal de referencia fue desproporcionada, por cuanto afectó de forma excesiva la libertad de expresión y el derecho a participar en la vida cultural de los pueblos Maya

Kaqchikel de Sumpango y Maya Achí de San Miguel Chicaj.

considera que la persecución penal de referencia fue desproporcionada, por cuanto afectó de forma excesiva la libertad de expresión y el derecho a participar en la vida cultural de los pueblos Maya Kaqchikel de Sumpango y Maya Achí de San Miguel Chicaj.

171. De esta forma, este Tribunal considera que los allanamientos y decomisos de equipos de las radios Ixchel y “La Voz del Pueblo”, llevados a cabo con base en la normativa interna de Guatemala y mediante orden judicial, configuraron acciones ilegítimas y restricciones al derecho a libertad de expresión contrarias a la Convención.

17. La Corte reitera que considera improcedente utilizar una solicitud de interpretación para someter cuestiones de hecho y de derecho que ya fueron planteadas en su oportunidad procesal y sobre las cuales la Corte ya adoptó una decisión 6. En ese sentido, este Tribunal observa que en su Sentencia consideró el contenido de los argumentos esgrimidos por el Estado, en particular, al analizar si los allanamientos a las radios del presente caso y la persecución penal de los operadores constituyeron una restricción legítima al derecho a la libertad de expresión de las víctimas, o una restricción contraria a la Convención Americana, tal como se desprende de las consideraciones previamente citadas. En consecuencia, se constata que la solicitud planteada por el Estado no corresponde a los supuestos de interpretación establecidos en el artículo 67 de la Convención, ya que no versa sobre el sentido o alcance del fallo, sino que refleja su inconformidad con el punto resolutivo segundo y sus cuestionamientos acerca de cómo ejecutar la Sentencia , razón por la cual la Corte declara improcedente la solicitud de interpretación en este extremo.

B. Sobre el punto resolutivo cuarto

cuestionamientos acerca de cómo ejecutar la Sentencia , razón por la cual la Corte declara improcedente la solicitud de interpretación en este extremo.

B. Sobre el punto resolutivo cuarto

B.1. Argumentos de las partes y de la Comisión

18. El Estado estimó “necesario” solicitar la interpretación del punto resolutivo cuarto de la Sentencia, considerando que esta “no indicó de forma expresa […] en dónde está ubicado el segmento de la frecuencia utilizada [por las radios comunitarias] ”, a saber, Amplitud Modulada o Frecuencia Modulada. Además, señaló que ese segmento “se debe tomar en

6 Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo , supra, párr. 15, y Caso Casa Nina Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas , supra, párr. 11.6 cuenta al momento de que el Organismo Legislativo realice las modificaciones legislativas correspondientes para darle cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal”.

19. Sobre el particular, el Estado expuso cuatro argumentos para fundamentar la referida solicitud. En primer lugar, indicó los artículos correspondientes de la Ley General de Telecomunicaciones (en adelante “LGT”) que mencionan los distintos nombres que recibe el espectro radioeléctrico, así como la clasificación de sus bandas. Segundo, argumentó que “no existe dentro del mar co jurídico guatemalteco el concepto de radios comunitarias, ni frecuencias radioeléctricas que hayan sido destinadas para las organizaciones nombradas al momento de emitirse la LGT”. Tercero, mencionó que la SIT ha realizado acciones de

frecuencias radioeléctricas que hayan sido destinadas para las organizaciones nombradas al momento de emitirse la LGT”. Tercero, mencionó que la SIT ha realizado acciones de planificación “que ha[n] garantizado la explotación de estaciones de radio sin interferencias”, sin embargo, frente a “todas aquellas estaciones que estén operando fuera del marco legal, para la SIT resulta difícil garantizar una operación libre de interferencias, principalmente para los usufructuarios con derechos adquiridos en el margen de la ley”. Cuarto, manifestó que la Corte “ordenó al Estado permitir que las víctimas puedan operar libremente sus radios comunitarias, en el plazo de un año, hasta tanto se haya asegurado efectivamente mecanismos legales para el acceso a las comunidades indígenas de Guatemala al espectro radioeléctrico, así como asignado las frecuencias correspondientes”.

20. Asimismo, señaló que para permitir que las radios comunitarias “operen libremente, es menester que cumplan con condiciones mínimas a efecto de evitar daños a personas que vivan aledañas al lugar donde se ubiquen los equipos de radiotransmisión. Esto en el entendido que para poder operar se requiere contar con equipo especial que requiere medidas de seguridad adecuadas”.

21. Los representantes afirmaron que el Estado busca plantear hechos ya abordados por la Corte en su Sentencia, incluyendo que se aclare cómo permitir que las comunidades víctimas puedan operar libremente sus radios comunitarias, expresando su preocupación por el derecho de usufructo de otros. Sostuvieron que tales planteamientos resultan inadmisibles de conformidad con el Re glamento de la Corte. Finalmente, argumentaron que “según el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no

el derecho de usufructo de otros. Sostuvieron que tales planteamientos resultan inadmisibles de conformidad con el Re glamento de la Corte. Finalmente, argumentaron que “según el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno”.

22. La Comisión afirmó que la solicitud de que la Corte se pronuncie “sobre la determinación del espectro en d [o]nde está ubicado el segmento de la frecuencia utilizada […] no constituye propiamente una solicitud de interpretación relativa al sentido o alcance de la [S]entencia”. En ese sentido, manifestó que “se encuentra en cabeza” del Estado el cumplir con la Sentencia, y la Corte podrá “determinar lo que pudiera llegar a corresponder en el marco del proceso de supervisión [de cumplimiento de Sentencia]”. De otra parte, la Comisión notó que durante el desarrollo del proceso no hubo controversia sobre el segmento de la frecuencia autorizada.

B.2. Consideraciones de la Corte

23. El punto resolutivo cuarto de la Sentencia determina que:

4. El Estado adoptará las medidas necesarias para permitir que las comunidades indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango, Achí de San Miguel Chicaj, Mam de Cajolá y Mam de Todos Santos Cuchumatán puedan operar libremente sus radios comunitarias, en el plazo de un año, en los términos del párrafo 184 de la […] Sentencia.

24. Ante la solicitud efectuada por el Estado, respecto a la ubicación de la frecuencia radioeléctrica, esta Corte recuerda que es preciso que las partes realicen una lectura integral7 de la Sentencia y no consideren cada párrafo del Fallo como si fuese independiente del resto7.

radioeléctrica, esta Corte recuerda que es preciso que las partes realicen una lectura integral7 de la Sentencia y no consideren cada párrafo del Fallo como si fuese independiente del resto7. En tal sentido, el Tribunal advierte que no existe cuestión alguna que amerite interpretación en tanto que, de conformidad con los párrafos 195 a 196 de la Sentencia, la Corte indicó que:

195. Vale recordar que, en 2002, Guatemala firmó el Acuerdo Gubernativo 316-2002, mediante el cual el Estado creó un procedimiento por el que se habilitó el acceso a las frecuencias de AM por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil para operar estaciones de radio sin fines de lucro, no políticas y no religiosas. Al respecto, además de solo haberse otorgado algunas frecuencias y bajo un mecanismo que no aparenta dotarse de suficiente certeza jurídica, uno de los declarantes en la audiencia pública señaló que “nadie quería” tales frecuencias y que “no son útiles”, así como que hay equipos de transmisión que ya no pueden conectarse a dichas frecuencias. Asimismo, indicó que pocas son las personas que escuchan las frecuencias otorgadas, su calidad es mala y su costo de operación, muy alto. De ese modo, la Co rte considera que el Acuerdo Gubernativo 3162002 no puede ser tomado como un instrumento legítimo o adecuado para promover una regulación plural, diversa e incluyente de la radiodifusión.

196. Por consiguiente, la Corte estima que el Estado debe, en un p lazo razonable, adecuar la normativa interna con fines de: (i) reconocer a las radios comunitarias como medios diferenciados

196. Por consiguiente, la Corte estima que el Estado debe, en un p lazo razonable, adecuar la normativa interna con fines de: (i) reconocer a las radios comunitarias como medios diferenciados de comunicación, particularmente las radios comunitarias indígenas; (ii) reglamentar su operación, estableciendo un procedimiento sencillo para la obtención de licencias, y (iii) reservar a las radios comunitarias indígenas una parte adecuada y suficiente del espectro radioeléctrico.

25. Así las cosas, este Tribunal estima que los textos transcritos son claros y precisos en señalar la ubicación de la s frecuencias radioeléctricas, más aún al indicarse que las de amplitud modulada no eran consideradas útiles, porque su calidad es mala y su costo de operación es muy alto . Por esta razón, la Corte desestima la presente solici tud de interpretación.

C. Sobre el punto resolutivo sexto

C.1. Argumentos de las partes y de la Comisión

26. El Estado solicitó que se interprete el alcance del punto resolutivo sexto del Fallo en los siguientes dos sentidos. Primero, considerando que el plazo razonable al que alude dicho punto resolutivo debe tomar en cuenta: i ) el “tiempo que toma establecer una plataforma legal o reglamentaria que regule apropiada y suficientemente la consulta de los pueblos indígenas”; ii) el “tiempo que tome llevar a cabo la referida consulta ”, y iii) el “tiempo que tome adecuar la normativa interna con fines de reconocer a las radios comunitaria s como medios diferenciados de comunicación”. Segundo, que determine “en términos concretos”: i) la definición de una radio comunitaria; ii) las actividades que realiza una radio para que deba

tome adecuar la normativa interna con fines de reconocer a las radios comunitaria s como medios diferenciados de comunicación”. Segundo, que determine “en términos concretos”: i) la definición de una radio comunitaria; ii) las actividades que realiza una radio para que deba ser considerada como comunitaria, y iii) las actividades que no debería de realizar una radio comunitaria, “pues alteraría la naturaleza de la misma”. En este sentido , alegó que las características de las radios comunitarias que señaló la Corte no resultan suficientes para que el Estado pueda delimitar de manera precisa qué es una radio comunitaria, cuál es la función que realiza y cuándo una radio no debiese ser considerada en esa categoría. Aunado a lo anterior, indicó que “ante esa falta de definición o por la amplitud de su caracterización, personas que pudiesen operar sin un título de usufructo pueden arrogarse la calidad de radio comunitaria para evadir las acciones legales por parte del Estado ”. De otra parte, el Estado hizo la observación que, en Guatemala aún no existe regulación específica sobre los procesos de consulta para los pueblos indígenas.

7 Cfr. Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú. Solicitud de I nterpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2017. Serie C No. 335, párr. 26, y Caso Casa Nina Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 33.8

27. Los representantes afirmaron que la Corte ha proporcionado en su Sentencia orientación a las partes sobre la definición de la radio comunitaria, citando a la Asociación

27. Los representantes afirmaron que la Corte ha proporcionado en su Sentencia orientación a las partes sobre la definición de la radio comunitaria, citando a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura , “las cuales destacan un amplio acuerdo global sobre cuáles son las características fundamentales de una radio comunitaria ”. Asimismo, indicaron que este Tribunal señaló las “características especiales de las radios comunitarias” a considerar.