CSDJ - F11001010200020180174500ADJUNTA20190228105337-2019

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Bogotá D. C., 27 de febrero de 2019 Aprobado según Acta de Sala No. 11 de la misma fecha.

Magistrado Ponente: Doctor Camilo Montoya Reyes

Radicado N°:110010102000201801745 00 ASUNTO A TRATAR Procede la Sala a pronunciarse respecto del conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, con ocasión del conocimiento del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada a través de apoderado judicial por E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA contra SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN – NACIÓN –

MINISTERIO DE SALUD y SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.

ANTECEDENTES El día 5 de marzo de 2018, el apoderado de E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA, presentó ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN – NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD y SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, para que se declarara la nulidad parcial de la Resolución No. 1960 de 6 de marzo de 2017 “por medio de la cual se resuelven objeciones a los créditos

presentados oportunamente y se clasifican y gradúan acreencias” y la Resolución No. 1970 de 14 de julio de 2017 “por medio de la cual la agente especial liquidadora resuelve los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución No. 1960 de 6 de marzo de 2017 mediante la cual se graduaron y calificaron las acreencias” proferidas por la agente

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M.P. CAMILO MONTOYA REYES Radicado N° 110010102000201801745 00

Referencia: Conflicto de Jurisdicciones especial liquidadora de SALUDCOOP EPS y en su lugar se expida el acto administrativo por medio del cual se reconozca la totalidad de la acreencia No. 18740 de 13 de enero de 2016.

Como consecuencia de lo anterior, en calidad de restablecimiento del derecho, condénese a SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN a pagar a favor de la E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA el saldo insoluto de la acreencia No. 18740 del 13 de enero de 2016, por la suma de $18.467.930. Asimismo, se decrete la falla en el servicio de vigilancia y control en proceso de liquidación de SALUDCOOP E.P.S. por parte de la nación a través del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, debido a la omisión de garantizar que el desaparecimiento de la EPS se hiciera una vez solventara la totalidad de las obligaciones que tenía con las IPS del país.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES COLISIONANTES 1.- JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, mediante auto del 19 de febrero de 2018, después de estudiar los documentos aportados en la demanda, con base en el artículo 104 y numeral 2 del artículo 21 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, concluyó que el conflicto versaba sobre el tema de seguridad social, por cuanto lo que se pretende es la reclamación por concepto de cuentas por servicio en salud y prestaciones económicas, por ende, no es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente asunto, sino la especialidad laboral, entonces, dispuso remitir el expediente a la Jurisdicción Ordinaria. 1 ARTICULO 2o. COMPETENCIA GENERAL. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: 1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. 2

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones 2.- JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en auto de fecha 7 de junio de 2018, el Juzgado consideró que la presente demanda tenía como fin declarar la nulidad de la Resoluciones proferidas por la Agente Liquidadora de la

EPS SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN, esto es, la Resolución No. 1960 de 6 de marzo de 2017, mediante la cual se graduaron y clasificaron acreencias y Resolución No. 1974 de 14 de julio de 2017, mediante la cual, se resuelve objeción a los créditos oportunamente y se gradúan en acreencias. Por ende, no es competencia del Juez Laboral sino del Juez Civil, de acuerdo a lo establecido en el artículo 622 del Código General del Proceso, el cual dispone que es competencia de aquellos los procesos de responsabilidad médica y los relacionados con contratos. Entonces, el cobro de facturas por servicios médicos y medicamentos producto de un contrato o servicios de urgencias a usuarios de la demandada EPS, es competencia propia de la jurisdicción ordinaria civil y no de la jurisdicción ordinaria laboral, por ello, la base del litigio se origina de la reclamación por concepto de cuentas por servicios médicos, asistencias y prestaciones económicas soportadas en facturas por la prestación de servicios médicos ocurridas dentro de los contratos entre entidades contractuales y extracontractuales. Por ende, promovió el conflicto negativo de competencia y remitió a esta Sala para que fuera dirimida. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el artículo 256 numeral 6º de la Constitución Política, y en concordancia con el numeral 2º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996Estatutaria de Administración de Justicia-, es competente para “Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades

administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales...”. 3

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones Dable es señalar que tal facultad Constitucional y Legal se mantiene incólume para

esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable, pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que ha sido avalada por la Corte Constitucional mediante diferentes providencias, entre ellas el Auto 278 de fecha 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo

Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”. Por consiguiente, “(…) para que la Corte Constitucional pueda ejercer la nueva función de “dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones…solo tiene lugar una vez cesen los efectos de las normas transitorias…”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda. Existencia del conflicto. Existe conflicto de jurisdicciones cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, esto es, de la facultad para conocer, tramitar y decidir un caso concreto, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque 4

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones ambos estiman que es de su conocimiento caso en el cual será positivo, o por considerar que no les corresponde evento en el cual será negativo, y para que se estructure o proceda es necesario que se presenten los siguientes presupuestos: a) Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso; b) Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo, y c) Que el proceso se halle en trámite.

Por otra parte, y previo a analizar el asunto objeto de estudio, es necesario precisar que en los pronunciamientos de esta Colegiatura, han de desarrollarse los principios rectores los cuales enmarcan una adecuada administración de justicia, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia de la función judicial, pues estos pueden generar variaciones en el trámite de los conflictos de jurisdicción y competencia puestos a conocimiento de esta Colegiatura, en aras de prever actualmente un trámite expedito y ágil en orden a lograr la eficiencia en el ejercicio de la función judicial tal como lo contempló el principio constitucional consignado en el artículo 2 Superior, veamos: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia NACIONAL, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares." En ese orden de ideas y en procura de materializar tal principio, se ceñirá la Sala a pronunciarse sobre el tema propuesto a su consideración en el entendido de que lo pretendido es definir a quién corresponde la competencia para conocer de determinado proceso judicial, esto es, el verdadero acceso a la administración de

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones justicia, teniendo en cuenta que esta Colegiatura es el órgano constitucional encargado para dirimir este tipo de conflictos, y en aras de garantizar el principio de economía procesal, dada la trascendencia social del litigio traído en autos, por consiguiente, se procederá a analizar el sub lite y tomar una decisión de fondo en la cual se esclarezcan los hechos objeto de la controversia, y así garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, conforme lo prevé el artículo 228 de la Constitución Política cuyo texto legal es del siguiente tenor: "La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes.

Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. (...)" Del asunto a resolver: El objeto del presente conflicto radica en determinar cuál es la jurisdicción competente para el conocimiento del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada a través de apoderado judicial por E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA contra SALUDCOOP EPS EN

LIQUIDACIÓN – NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD y SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD.

Del caso en concreto Así pues, encuentra la Sala en aras a dirimir la controversia planteada, se procederá a

atender la pretensión principal de la demanda, pues ésta se dirige al pronunciamiento por vía judicial para que se declare la nulidad de unos actos administrativos emitidos por la Agente Especial Liquidadora de SALUDCOOP EPS OC, nombrada por el Superintendente Nacional de Salud mediante Resolución No. 1731 de 21 de junio de 2016, posesionada ante el Superintendente Delegado para Medidas Especiales en la misma fecha, cuya competencia se fijó en tener “(…) todas las facultades legales para 6

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones proferir la totalidad de los actos administrativos dentro del proceso de liquidación forzosa administrativa de SALUDCOOP EPS OC.” Si bien, el juez ordinario laboral consideró que la competencia para conocer del presente asunto radicada en el juez ordinario civil soportado en el artículo 622 del Código General del Proceso, por cuanto consideró se trata de un proceso de responsabilidad médica y relacionado con contratos, también lo es, que el juez de lo contencioso administrativo consideró que la competencia no radicada en su jurisdicción, por tanto, a juicio de esta Instancia existe colisión de competencia para conocer del presente asunto entre Jurisdicciones, por entrará a resolverlo y dirimirlo.

Así las cosas, la Sala encuentra que la Ley 712 de 2001 que modificó el Código

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 622 del Código General del Proceso señaló en cuanto a la Jurisdicción Ordinaria lo siguiente: "Artículo 2o. competencia general. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laborales y de seguridad social conoce de: (...)

4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos." De manera evidente, el presente litigio surge por un acto administrativo proferido por la Agente Especial Liquidadora de SALUDCOOP EPS en liquidación, designada por la Superintendencia Nacional de Salud, entidad última cuya naturaleza se encuentra definida en el Decreto 2462 de 2013 “Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud”, señala: “ARTÍCULO 1o. NATURALEZA. La Superintendencia Nacional de Salud, como cabeza del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, es una entidad de carácter técnico adscrita al Ministerio de Salud y

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones Protección Social, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.” (Subraya fuera del texto original).

De conformidad con lo anterior, indica que las Superintendencias con personería jurídica, pertenecen a la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden Nacional, según lo preceptuado en la Ley 489 de 1998, así: “ARTICULO 38. INTEGRACION DE LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO EN EL ORDEN NACIONAL. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades: (…)

2. Del Sector descentralizado por servicios: (…) c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica; (…)” A su vez, el artículo 39 ejusdem señala que la administración pública se integra: “ARTICULO 39. INTEGRACION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA. La Administración Pública se integra por los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano. (…)” Siguiendo este derrotero, se observa por la Sala que en todo caso al demandar un acto administrativo o pronunciamiento de la administración pública se debe acudir a la acción propia descrita en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, que reza: "Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad

procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la 8

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”.

Consecuentemente, tenemos que el Legislador expidió la Ley 1437 de 2011, la cual dispone en su artículo 104, lo siguiente: "Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. (...)" (Subraya fuera del texto original). Como puede verse, lo que quiso el Legislador al expedir la nueva normatividad, en materia de competencia, no es otro distinto que aclarar los vacíos existentes para

asignar el conocimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Ahora bien, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de las acciones de nulidad y restablecimiento que no provengan de un contrato de trabajo, y que se controviertan actos de cualquier entidad pública de conformidad con lo señalado en los artículos 155 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En tal orden, se trata de un asunto de conocimiento de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, pues el derecho reclamado a través de la presente demanda ataca esencialmente un acto administrativo que versa sobre acreencias enconómicas, emanado de la administración pública, pues fue proferido por la Agente Especial Liquidadora de SALUCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN, designada por el Superintendente Nacional de Salud, controversia propia de conocimiento de los 9

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones Jueces Administrativos, jurisdicción a la cual se le remitirá la presente actuación para lo de su cargo.

De acuerdo con lo anterior, el control y juzgamiento de los actos de las autoridades públicas, en desarrollo de esa actividad administrativa, corresponderá a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la medida que tal actividad revista en su contenido, proyección y finalidad en el ejercicio de funciones estrictamente administrativas, la cual se exterioriza generalmente en actos administrativos

unilaterales destinados a producir efectos jurídicos o a través de los contratos estatales. Esta Corporación en reciente decisión con ponencia de la Honorable Magistrada JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ, resolvió conflicto negativo de jurisdicciones radicado bajo el No. 110010102000201702399 00, aprobado en Sala 99 de 28 de noviembre de 2017, en el cual se asignó la competencia para conocer de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada a través de apoderado judicial por EPS y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A., contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, providencia que contó con la aprobación de los Magistrados Magda Victoria Acosta Walteros, Fidalgo Javier Estupiñan Carvajal, María Lourdes Hernández Mindiola, Camilo Montoya Reyes, Pedro Alonso Sanabria Buitrago y Julio César Villamil Hernández. La Sala no encuentra acierto en los argumentos manifestados por el Juez Ordinario, sin embargo, al identificar las pretensiones del demandante contra el demandado, por cuanto, sin más dubitaciones se pide declarar la nulidad de un acto administrativo, circunstancia que sin lugar a dudas, establece el conocimiento del juez administrativo del presente asunto. 10

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones Por lo anterior y de conformidad con lo expuesto en el tema en estudio, se remitirán las diligencias al JUZGADO VEINTICINCO ADMINISTRATIVO ORAL DE BOGOTÁ, para lo de su competencia.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones Legales y Constitucionales, RESUELVE Primero.- DIRIMIR el conflicto suscitado entre el JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el sentido de asignar el conocimiento del presente asunto a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa. Segundo.- REMITIR el presente proceso a conocimiento del JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, y copia de la presente providencia al JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, para su información.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Referencia: Conflicto de Jurisdicciones

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidente

CAMILO MONTOYA REYES

Vicepresidente

MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL

Magistrada Magistrado

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA

Magistrada Magistrada

ALEJANDRO MEZA CARDALES

Magistrado

YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial 12

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