CSDJ - F11001010200020180217100ADJUNTA20191206115120-2019

FUNCIONARIOS / Única Instancia FUNCIONARIOS / irregularidades en el trámite a su cargo TERMINACIÓN Y ARCHIVO / autonomía funcional Se considera que el funcionario investigado no incurrió en la conducta endilgada, pues su actuación y la decisión proferida se adoptaron con pleno con acatamiento de las normas legales y al amparo de la autonomía e independencia judicial, por lo cual la Sala no encuentra mérito para continuar la investigación disciplinaria pues la conducta denunciada a todas luces deviene en atípica.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Magistrada Ponente Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No. 110010102000 201802171 00 (16098-36) Aprobado según Acta de Sala No. 92 ASUNTO Negado el impedimento manifestado por la Magistrada JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ1, procede la Corporación a decidir lo referente a la investigación disciplinaria adelantada contra los MAGISTRADOS DE LA SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER, originada en queja presentada por el

señor JORGE ANTONIO PÉREZ ESLAVA.

ANTECEDENTES 1.- El señor JORGE ANTONIO PÉREZ ESLAVA, presentó queja disciplinaria por un “concurso de cuestionamientos penales y disciplinarios, que conforman la verdadera mafia institucional” contra

diversos funcionarios judiciales, entre los que se encuentran los MAGISTRADOS DE LA SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER, por la actuación relacionada con el abogado CAMPO ELÍAS ACEVEDO GÓMEZ, radicado No. 2014-00865, asunto a cargo del doctor JUAN PABLO SILVA PRADA, el proceso contra el abogado TELMO BARRANGÁN, la queja contra el JUEZ SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA y PRIMERO DE DESCONGESTIÓN de la misma ciudad, indicando que no se investigan en debida forma sus denuncias, lo cual conlleva a la impunidad. (fl. 1 a 18 c.o) 2.- Una vez repartido el asunto correspondió su trámite a la Honorable Magistrada JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ, quien mediante auto 1 En Sala número 84 del 19 de septiembre de 2018. del 13 de agosto de 2018, manifestó impedimento para conocer de la actuación, por considerar que en su caso se configura la causal contemplada en el numeral 8º del artículo 84 de la Ley 734 de 2002. (fls. 22 a 23 c.o.) 3.- Mediante auto del 19 de septiembre de 2018, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, decidió no aceptar el impedimento manifestado por la doctora JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ (fl. 26 c.o.). 4.- En proveído calendado el 5 de octubre de 2018, la Magistrada

Ponente ordenó indagación preliminar por el trámite de las denuncias disciplinarias presentadas por el señor JORGE ANTONIO PÉREZ ESLAVA contra abogados y jueces de Bucaramanga y decretó algunas pruebas (fl. 27 a 29 c.o.). 5.- La Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura comunicó al Agente del Ministerio Público sobre la apertura de investigación, por lo que el señor Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial, se notificó personalmente del auto mencionado, el 22 de octubre de 2018 (fls. 33 y 51 c.o.). 6.- Mediante auto de fecha 20 de junio de 2019, a efectos de perfeccionar la indagación preliminar la Magistrada Ponente reiteró algunas pruebas. (Folios 44 a 46 c.o) 7.- El jefe de sistemas del Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria, anexó en 12 folios la relación de procesos que ha instaurado el quejoso, señor JORGE ANTONIO PÉREZ ESLAVA, contra diversos funcionarios y abogados del país. (Folios 52 a 64 c.o) 8.- La auxiliar judicial del Despacho de la Magistrada de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander MARTHA ISABEL RUEDA PRADA, realizó un recuento de los procesos disciplinarios No. 2019-00826, 2017-00636, y 2010 -00892, los cuales todos se encuentran actualmente archivados. (Folios 74 a 75 c.o)

9.- El Secretario de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, allegó un informe de los procesos promovidos contra el doctor TELMO BARRAGÁN, Juez Primero de Descongestión y Juez Séptimo del Circuito de Bucaramanga, donde el quejoso es el señor JORGE ANTONIO PÉREZ ESLAVA, los cuales se encuentran archivados e igualmente adjuntó copias de las providencias. (Folios 82 a 162 c.o)

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 256 de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, esta Colegiatura es competente para investigar disciplinariamente, entre otros funcionarios, a los Fiscales Delegados ante los Tribunales y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y a los Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura y de los Tribunales. Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina

Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio de 2015 y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”. Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015,

estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente ésta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. 2.- De los inculpados. Como la queja interpuesta por el señor JORGE ANTONIO PEREZ ESLAVA hace referencia a las investigaciones disciplinarias de varios jueces y abogados de la ciudad de Bucaramanga, se tiene que la auxiliar judicial del Despacho de la Magistrada de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander MARTHA ISABEL RUEDA PRADA, realizó un recuento de los procesos disciplinarios No. 2019-00826, 2017-00636, y 2010 -00892, los cuales todos se encuentran actualmente archivados. (Folios 74 a 75 c.o) Además, el Secretario de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, allegó un informe de los procesos promovidos contra el doctor TELMO BARRAGÁN, Juez Primero de Descongestión y Juez Séptimo del Circuito de Bucaramanga, donde el quejoso es el señor JORGE ANTONIO PÉREZ ESLAVA, los cuales se encuentran archivados e igualmente adjuntó

copias de las providencias, donde se observan quienes fueron los Magistrados que conocieron de la actuación. (Folios 82 a 162 c.o) 3.- Presupuestos normativos. Establece el artículo 210 de la Ley 734 de 2002 que el archivo definitivo de la actuación disciplinaria procederá en cualquier etapa, cuando se establezcan plenamente los presupuestos enunciados en el mismo Código. Así, dispone el artículo 73 de la misma codificación que el archivo definitivo de la actuación disciplinaria procede cuando se encuentre plenamente acreditado uno cualquiera de los siguientes presupuestos: 1) Que el hecho atribuido no existió, 2) Que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, 3) Que el investigado no la cometió, 4) Que existe una causal de exclusión de responsabilidad, 5) O que la actuación no podía iniciarse o proseguirse. 4.- Caso concreto. El señor JORGE ANTONIO PÉREZ ESLAVA, presentó queja disciplinaria por un “concurso de cuestionamientos penales y disciplinarios, que conforman la verdadera mafia institucional” contra diversos funcionarios judiciales, entre los que se encuentran los MAGISTRADOS DE LA SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER, por la actuación relacionada con el abogado CAMPO ELÍAS ACEVEDO GÓMEZ, radicado No. 2014-00865, asunto a cargo del doctor JUAN PABLO SILVA PRADA, el proceso contra el abogado TELMO BARRANGÁN, la queja contra el JUEZ SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE

BUCARAMANGA y PRIMERO DE DESCONGESTIÓN de la misma ciudad, indicando que no se investigan en debida forma sus denuncias, lo cual conlleva a la impunidad. (fl. 1 a 18 c.o) Ahora con relación a la inconformidad del señor JORGE ANTONIO PÉREZ ESLAVA, con el trámite y la decisión proferida porlos MAGISTRADOS DE LA SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER, por la actuación relacionada con el abogado CAMPO ELÍAS ACEVEDO GÓMEZ, radicado No. 2014-00865, asunto a cargo del doctor JUAN PABLO SILVA PRADA, el proceso contra el abogado TELMO BARRANGÁN, la queja contra el JUEZ SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA y PRIMERO DE DESCONGESTIÓN de la misma ciudad, considera esta Corporación que es evidente que la queja no tiene vocación de prosperidad, pues de conformidad con la prueba recaudada, se estableció que en este caso la misma obedece a la inconformidad del querellante con las decisiones adoptadas por los Magistrados de la Sala Disciplinaria del Seccional Santander. Se tiene que el disciplinado ha presentado varias denuncias disciplinarias las cuales actualmente se encuentran archivadas, según información allegada por la Magistrada MARTHA ISABEL RUEDA PRADA y el Secretario de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, veamos: - Procesos 2019-00826: Adelantado contra el abogado TELMO

BARRAGÁN, en audiencia del 9 de septiembre de 2019, se escuchó en versión libre al disciplinado y se dio por terminada la actuación, estando actualmente el proceso archivado. - Proceso 2017-00636: Proceso que actualmente se encuentra archivado y del cual también se solicitó información dentro del proceso disciplinario 2019-00415. - Proceso 2010-00892: Proceso adelantado contra el abogado CARMELO JOSÉ CAASTILLA ROJAS, en el cual se decretó la terminación anticipada en audiencia de pruebas y calificación provisional y actualmente se encuentra archivado. el Secretario de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, frente a los procesos presentados por el señor PÉREZ ESLAVA, contra abogados y funcionarios relacionó los siguientes: RADICADO PROCESO INVESTIGADO ESTADO MAGISTRADO 2010-00422 Abogado Telmo Josué Archivado 31 Martha Isabel Barragán de octubre de Rueda 2019 2005-00939 funcionario Juez 7 del Archivado 26 Martha Isabel Circuito de de abril de Rueda Bucaramanga 2007 2008-00356 funcionario Juez 7 del Archivado 9 Martha Isabel Circuito de de marzo de Rueda Bucaramanga 2009 2010-1024 funcionario Juez 7 del Archivado 13 Martha Isabel Circuito de de diciembre Rueda Bucaramanga de 2018 2015-00932 tutela Juez 7 del Excluido de Martha Isabel Circuito de revisión 8 de Rueda Bucaramanga agosto de

2015 2017-01530 Funcionario Juez 1 de Fueron Martha Isabel descongestión incorporadas Rueda de al radicado Bucaramanga 2015-1009 2009-1090 Funcionario Juez 7 del Archivado Juan Pablo Silva Circuito de septiembre Prada Bucaramanga 2015 2015-1009 Funcionario Juez 1 de Archivado Juan Pablo Silva descongestión septiembre Prada de 2015 Bucaramanga 2010-00481 Funcionario Juez 7 del Archivado 13 Martha Isabel Circuito de de diciembre Rueda Bucaramanga 2018 2013-01153 Funcionario Juez 7 del Se envió al Carmelo Tadeo Circuito de Superior pues Mendoza Lozano Bucaramanga se trata de una queja contra el Magistrado Juan Pablo Silva Prada Por lo anterior, considera esta Colegiatura, que en este caso particular, la queja obedece únicamente a la inconformidad del señor JORGE ANTONIO PÉREZ ESLAVA con las decisiones adoptadas por los MAGISTRADOS DE LA SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER, frente a las varias denuncias disciplinarias presentadas por el señor PÉREZ ESLAVA contra abogados y jueces de la República de la ciudad de Bucaramanga y que actualmente se encuentran archivados, pues en la queja disciplinaria no ataca puntualmente cuales son esos motivos de discrepancia, simplemente indicó que existía un “concurso de cuestionamientos penales y disciplinarios, que conforman la verdadera mafia institucional”, sin atacar las decisiones las cuales además no

fueron recurridas. Y es que revisado el archivo de la Corporación, se ha acreditado que el señor PEREZ ESLAVA, ha presentado diversas acciones judiciales, constitucionales y disciplinarias, por su inconformidad con los resultados de algunos procesos disciplinarios, civiles y penales, donde la decisión final le ha sido adversa, y su insatisfacción hace relación a que considera que los funcionarios que emiten las decisiones con las que no está de acuerdo, no han sido sancionados, por lo cual cada vez que un Juez, Fiscal o Magistrado de las diferentes jurisdicciones, no atiende sus pretensiones, es objeto de denuncia disciplinaria. Frente a este punto, debe señalarse lo preceptuado en el artículo 5º de la Ley 270 de 1996 la cual prevé: “ARTICULO 5º. AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA RAMA JUDICIAL. La Rama Judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de su función constitucional y legal de administrar justicia. Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias.” No en vano la Corte Constitucional, en Sala Sexta de Revisión plasmó en la Sentencia T-238/11, del 1 de abril de 2011, que: "Tercera. Naturaleza de la función judicial e independencia y autonomía de quienes la cumplen La actividad judicial o la administración de justicia, cuyo principal objetivo es la pacífica resolución de los conflictos generados dentro de la vida en sociedad, es una de las tareas básicas del

Estado, según lo advirtieron desde tiempos remotos los pensadores de las distintas civilizaciones, y se acepta sin discusión en las sociedades contemporáneas, o al menos en todas aquellas que pudieran considerarse democráticas. La sin igual importancia de esta función es tal que las personas o funcionarios a cuyo cargo se encuentra constituyen una de las tres ramas del poder público que históricamente, pero sobre todo en las épocas más recientes, conforman los Estados. Según se ha reconocido también, la autonomía e independencia de la Rama Judicial respecto de las otras ramas, así como la de cada uno de los funcionarios que la conforman, es condición esencial y necesaria para el correcto cumplimiento de su misión. Estas elementales consideraciones se encuentran presentes en la Constitución de 1991, desde su preámbulo y sus primeros artículos, en los que repetidamente se invoca la justicia como una de las finalidades del Estado y se alude a la intención de alcanzar y asegurar la vigencia de un orden social justo. Para ello, más adelante, el Título VIII de la carta política determina entonces el diseño institucional de la Rama Judicial y establece las funciones de los distintos órganos que la integran. Sobre estas bases, en años recientes esta función ha sido definida por el legislador (estatutario) en los siguientes términos: “ARTICULO 1° de la Ley 270 de 1996: ADMINISTRACION DE JUSTICIA. La administración de Justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la

concordia nacional”. A su turno, al examinar la constitucionalidad de ese basilar precepto, esta corporación ha vertido al respecto las siguientes reflexiones: “Uno de los presupuestos esenciales de todo Estado, y en especial del Estado social de derecho, es el de contar con una debida administración de justicia. A través de ella, se protegen y se hacen efectivos los derechos, las libertades y las garantías de la población entera, y se definen igualmente las obligaciones y los deberes que le asisten a la administración y a los asociados. Se trata, como bien lo anota la disposición que se revisa, del compromiso general en alcanzar la convivencia social y pacífica, de mantener la concordia nacional y de asegurar la integridad de un orden político, económico y social justo. Para el logro de esos cometidos, no sobra aclararlo, resulta indispensable la colaboración y la confianza de los particulares en sus instituciones y, por lo mismo, la demostración de parte de éstas de que pueden estar a la altura de su grave compromiso con la sociedad.”2 La Corte Constitucional ha construido desde sus inicios una sólida y trascendental línea jurisprudencial en torno al concepto de la función judicial, sus características e implicaciones. A partir de su reconocida importancia para el correcto funcionamiento de la vida en sociedad, y del principio consagrado en el artículo 229 superior conforme al cual se garantiza a toda persona el derecho de acceder a la administración de justicia, como vehículo que es de la efectividad de los otros derechos, esta corporación le ha reconocido a esa prerrogativa el carácter de derecho

fundamental3, protegible entonces a través de la acción de tutela. 2 Sentencia C-037 de 1996 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa). 3 Ver a este respecto, entre muchos otros, los fallos T-006 de 1992, C-1195 de 2001, C-1027 de 2002, T-224 de 2003, T-114 de 2007 y T-117 de 2009. De otro lado, la importancia de la función judicial y su condición de mecanismo indispensable para la vigencia de los derechos ciudadanos es también relievada por los principales tratados internacionales de derechos humanos, que por la vía del artículo 93 superior hacen parte del bloque de constitucionalidad. Así por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos4 contiene importantes disposiciones que resaltan la trascendencia de la función judicial y su necesidad dentro de los Estados de derecho, pudiendo entre ellas citarse especialmente los artículos 9°, 10°, 14 y 15 que desarrollan las garantías relativas a la libertad y seguridad personales y a los derechos que no pueden ser restringidos frente a personas acusadas o sospechosas de la comisión de un delito. El mismo tratado atribuye a los jueces la responsabilidad de garantizar la efectividad de esos derechos y garantías. En la misma línea, la Convención Americana sobre Derechos Humanos5, en sus artículos 7°, 8° y 9° contiene también cláusulas relativas a esos mismos temas y a la labor que en relación con ellos compete a los jueces. Además, su artículo 25 establece el derecho de toda persona a contar con un recurso sencillo y rápido ante los jueces o tribunales competentes, que le permita

defenderse de situaciones que violen derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Ahora bien, la gran importancia de la función judicial, e incluso la celosa protección del derecho de acceder a ella resultan vacíos e inútiles, si no se garantizan de igual manera la autonomía e independencia de los jueces, reconocidas y relievadas también por varios preceptos constitucionales y por los tratados internacionales sobre la materia. Entre los primeros deben destacarse particularmente el artículo 228, según el cual las decisiones de la administración de justicia son independientes y el 230, que señala que los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley. Y dentro de los segundos, la ya citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 8° establece que “toda persona tiene derecho a ser oída (…) por un juez o tribunal competente, independiente e 4 Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, e incorporado al derecho interno mediante la Ley 74 de 1968. 5 Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 e incorporada al derecho interno mediante Ley 16 de 1972. imparcial…” (Negrillas no son del texto original). … En suma, los operadores judiciales deben ser autónomos e independientes, pues sólo así los casos puestos a su conocimiento podrán ser resueltos de manera imparcial, aplicando a ellos los mandatos abstractamente definidos por el legislador, de tal modo que verdaderamente se cumpla la esencia de la misión constitucional de administrar justicia”. En este orden de ideas, sólo son susceptibles de acción disciplinaria las providencias judiciales donde el funcionario vulnera

ostensiblemente el ordenamiento jurídico, incurriendo con ello en lo que doctrinalmente se ha denominado vía de hecho, o cuando, para cimentar su decisión, distorsiona los principios de la sana crítica, orientadores de la valoración probatoria, supone indebidamente pruebas inexistentes en el expediente o desconoce groseramente las que obran en el plenario. Por fuera de esas situaciones, las interpretaciones de la ley o el valor asignado por el funcionario a las pruebas, así tales comportamientos en un momento determinado puedan juzgarse equivocados, escapan del ámbito de control de la jurisdicción disciplinaria. Y en reciente Sentencia T-450/18 (Expediente T-6.388.862), proferida por la Corte Constitucional en la acción de tutela de Baldomero Ramón Rojas contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander -Sala Jurisdiccional Disciplinariay Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Magistrado Ponente LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, de fecha 19 de noviembre de 2018, en la cual dejó sin efectos las providencias proferidas por las accionadas, esta Corporación indicó puntualmente: De otra parte, el hecho de que el Juez Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga haya expuesto en sede de la audiencia preliminar diferentes juicios de valor sobre la trascendencia jurídica de los informes de policía judicial para legitimar una captura en flagrancia y así obtener evidencia de responsabilidad penal, no puede tener ningún tipo de repercusión sustancial o procesal negativa, comoquiera que, en

dicho escenario, es viable que se desarrolle una controversia en torno a los elementos probatorios, con características, finalidades y contenidos significativamente diversos a las que tiene ocurrencia en el juicio oral. En ese orden de ideas, no se presenta ningún desbordamiento de la competencia del juez de control de garantías al promover, en desarrollo de una audiencia preliminar de legalización de la captura, una controversia probatoria, por cuanto la misma debe ser garantizada siempre que se advierta la posible afectación de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa. Por último, es menester traer a colación que, en calidad de garante de la reserva judicial de la limitación de derechos fundamentales, el juez de control de garantías, en ejercicio de la revisión de la legalidad y constitucionalidad de una investigación penal, no está vinculado exclusivamente a las pretensiones que haga la Fiscalía o cualquiera otro de los intervinientes, ni mucho menos sometido a la toma automática e irreflexiva de decisiones, sino que está autorizado para adoptar las medidas que, dentro de los márgenes razonables que definen los principios y normas contenidas en la propia Carta Política y en atención a las específicas circunstancias del caso concreto, garanticen de la mejor manera la efectividad de los derechos, bienes e intereses involucrados. 7.2.8. Finalizado así el segundo planteamiento, la Sala concluye que el funcionario judicial asumió a cabalidad su rol funcional de control de garantías durante el desarrollo de la audiencia preliminar de legalización de la captura y ante los hechos concretos de cada uno de los casos y las especificidades ofrecidas en ellos, en contraste con las normas jurídicas

aplicables, resolvió decretar la ilegalidad del procedimiento de captura realizado por la policía judicial, atendiendo propósitos constitucionalmente relevantes: privilegiar los derechos fundamentales de las partes involucradas en la causa, en este caso la libertad de los aprehendidos por no acreditarse debidamente la situación de flagrancia en los procedimientos de captura mediante los medios de prueba pertinentes. 7.2.9. Ciertamente, las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y del Consejo Superior de la Judicatura invadieron el ámbito funcional del juez natural, anteponiendo su criterio interpretativo en la valoración que el Juez Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga realizó de las situaciones de flagrancia alegadas en la audiencia preliminar de legalización de la captura celebrada el 22 de junio de 2011. Con ello, indiscutiblemente, violaron el derecho fundamental al debido proceso del actor, por incurrir en un defecto sustantivo en la aplicación de las normas disciplinarias e imponerle sanción de destitución e inhabilidad por adoptar una decisión judicial cobijada por la protección que los principios de autonomía e independencia judicial confieren al ámbito funcional de los operadores jurídicos. La decisión judicial disciplinaria también vulneró directamente la Constitución al castigar la escogencia de una opción hermenéutica válida por parte del juez natural y su ejercicio activo dirigido al cumplimiento de su rol funcional de protección de los derechos fundamentales de las personas investigadas. 7.2.10. Por todo lo precedentemente analizado, la Sala de

Revisión habrá de revocar la sentencia del 19 de julio de 2017, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, en la que se revocó el fallo de primera instancia proferido el 19 de diciembre de 2016 por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander -Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Sala de Conjueces-, en el que a su vez se denegó el amparo solicitado y, en su lugar, concederá la protección invocada de los derechos al debido proceso, a la defensa y a la igualdad ante la ley del señor Baldomero Ramón Rojas. Lo anterior, por cuanto considera la Sala que las decisiones proferidas al interior del asunto de marras, gozan de la doble presunción de acierto y legalidad, sin que tampoco pueda considerarse que una interpretación equivocada por parte del operador judicial implique de manera automática su incursión en falta disciplinaria, pues ello conllevaría una responsabilidad de naturaleza objetiva que se encuentra proscrita en el derecho disciplinario, tema frente al cual la Sala trae como referente lo expuesto en la Sentencia T-249 de 1995, donde se reitera el principio de la autonomía funcional y además el hecho que no todo error judicial per se conlleva la incursión del servidor judicial en falta disciplinaria, allí se dijo: “(…) el juez, al adoptar una decisión, no obstante que debe tener presente las alegaciones de las partes, resuelve en últimas conforme con las pruebas que militen en autos, las que debe apreciar y valorar siguiendo los parámetros de ley en una labor intelectual que, por consiguiente, puede apartarse de los

razonamientos hechos por las partes. Es que si en la adopción de ese juicio el fallador yerra, no por ello puede darse por establecido de manera automática que su actuar fue doloso, cuando para resolver como lo hizo, cual así sucedió en este evento, se fundamentó en argumentos que en su momento estimó valederos, después de examinar los documentos pertinentes a la luz del artículo 105 del Decreto 1260 de 1970. Y de otra parte, como lo tiene dicho la Corte, es de hacerse ver que los autos de reconocimiento de interesados en procesos sucesorales, pronunciados con quebranto de normas legales, no tienen fuerza vinculante en el sentido de obligar en lo definitivo al Juzgador, por lo que si aún no se ha proferido sentencia, aquellos no lo atan para ésta. Así lo entendieron los Magistrados sancionados, pues luego del fallo de tutela proferido por esa Corte, procedieron a revocar el reconocimiento del presunto heredero, y valga advertir que, en el entre tanto, no hubo quebranto posible de carácter económico para los restantes interesados en la mortuoria. La corrección de