CSDJ - F68001110200020180008901ADJUNTA20190308075252-2019

República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

M.P. DRA. MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

RADICACIÓN NO. 680011102000201800089-01

REFERENCIA APELACIÓN DE AUTOS INTERLOCUTORIOS-ABOGADOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

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Bogotá D. C., Seis (06) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Magistrada Ponente: Dra. MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Radicación No. 680011102000201800089-01 Aprobado según Acta Nº 12 de la misma fecha. ASUNTO Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a resolver el recurso de apelación interpuesto por doctor MARIO BELTRÁN GARCÍA Procurador 54 Judicial II Penal de Bucaramanga, contra la decisión proferida el 8 de febrero de 2018 por la Magistrada MARTHA ISABEL RUEDA PARRA de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, a través de la cual declaró que la profesional del derecho FANNY AMPARO JEREZ FLÓREZ, no tiene la condición de disciplinable y en consecuencia ordenó la terminación anticipada de la actuación y archivo de la acción, con sustento en el artículo 103 de la Ley 1123 de 2007 (folios 9 a 12). HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 1.- La presente actuación se inició de oficio por la compulsa de copias que hiciera el

Juzgado 8º Civil del Circuito de Bucaramanga Santander el 2 de noviembre de 2017,1 del auto del 1º de noviembre de 2017 mediante el cual se resolvió: informar al Consejo Seccional de la Judicatura, que la abogada FANNY AMPARO JEREZ FLÓREZ, no concurrió a posesionarse de la designación efectuada por el despacho, como Curadora Ad litem del demandado FREDY ERNESTO MORALES HERNÁNDEZ, dentro del proceso de restitución de tenencia radicado bajo el Nº 68001-3103-008-2016-00091-00, sin la debida acreditación de estar actuando en las 1 Folios 1 y 2 República de Colombia Rama Judicial

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REFERENCIA APELACIÓN DE AUTOS INTERLOCUTORIOS-ABOGADOS mismas calidades dentro de cinco (5) procesos judiciales, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 11 inciso 2 del artículo 50 del Código General del Proceso. 2.- La Magistrada instructora de instancia mediante auto del 8 de febrero de 2018 declaró que la profesional del derecho FANNY AMPARO JEREZ FLÓREZ, no tiene la condición de disciplinable y en consecuencia ordenó la terminación anticipada de la actuación y archivo de la acción, con sustento en el artículo 103 de la Ley 1123 de 2007 (folios 9 a 12).

3.- Decisión notificada personalmente al doctor MARIO BELTRÁN GARCÍA Procurador 54 Judicial II Penal de Bucaramanga el 14 de febrero de 20182. 4.- El 16 de febrero de 2018 el doctor MARIO BELTRÁN GARCÍA Procurador 54 Judicial II Penal de Bucaramanga, presentó recurso de apelación contra esta decisión3. DEL PROVEIDO APELADO Mediante decisión proferida el 8 de febrero de 2018, la Magistrada MARTHA ISABEL RUEDA PARRA de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, declaró que la profesional del derecho FANNY AMPARO JEREZ FLÓREZ, no tiene la condición de disciplinable y en consecuencia ordenó la terminación anticipada de la actuación y archivo de la acción, con sustento en el artículo 103 de la Ley 1123 de 2007 (folios 9 a 12). Al considerar que el Juzgado 8º Civil del Circuito de Bucaramanga Santander censuró la actuación de la abogada FANNY AMPARO JEREZ FLÓREZ, porque al ser designada Curador Ad litem, no compareció al mismo a manifestar su aceptación o rechazo, en el proceso de restitución de tenencia radicado con el Nº 68001-3103008-2016-00091-00, está designación por razón del artículo 48 numeral 7 del Código General del Proceso, de cuya lectura sobresale que los secuestres, partidores, liquidadores, síndicos, interpretes, traductores y peritos, serán, designados de la lista de auxiliares, que de rehusar la aceptación del cargo sin justificación o no asistieren

2 Folio 17 3 Folios 19 a 26 República de Colombia Rama Judicial

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REFERENCIA APELACIÓN DE AUTOS INTERLOCUTORIOS-ABOGADOS a la diligencia para la cual fueron designados, entre otras faltas, se les excluirá de la lista de auxiliares de la justicia, con sustento en el artículo 50 numeral 9 de esa misma normatividad e incluso se les impondrá sanciones de multa. En lo pertinente al curador ad litem la consagración legislativa es diferente, porque el nombramiento debe recaer, en un abogado que ejerza habitualmente la profesión, no de la lista de auxiliares de la Justicia.

Dice la norma: “Artículo 48. Designación.

Para la designación de los auxiliares de la Justicia se observaran las siguientes reglas:

7. La designación del curador ad litem recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión, quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio. El nombramiento es de forzosa aceptación, salvo que el designado acredite estar actuando en más de cinco (5) procesos como defensor de oficio. En consecuencia, el designado deberá concurrir inmediatamente a asumir el cargo, so pena de la sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, para la cual se compulsaran copias a la autoridad competente.” En este orden de ideas, cuando éstos incumplen con sus deberes, se le aplica la Ley

1123 de 2007, por expresa disposición del legislador al tenor del artículo 19 de la misma ley, porque la naturaleza de la labor que van a desarrollar al interior del proceso judicial es la de su profesión, ejecutando la misión de representar a las personas naturales o jurídicas en el desenvolvimiento de sus relaciones, defendiendo sus derechos y cumpliendo con los actos procesales que le imponen, por lo que la condición de disciplinable no sólo se configura con la condición de abogado titulado e inscrito, sino además, en ejercicio de su profesión y como consecuencia de esa labor infrinjan los deberes éticos del artículo 28 e incurran en falta disciplinaria de acuerdo al catálogo de faltas de esta normatividad, como lo ha decantado la jurisprudencia disciplinaria. Al examinar este aspecto sobre la condición de disciplinable, impuesta por el artículo 103 de la misma ley, sobresale que la doctora FANNY AMPARO JEREZ FLÓREZ, República de Colombia Rama Judicial

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REFERENCIA APELACIÓN DE AUTOS INTERLOCUTORIOS-ABOGADOS no la tiene, porque si bien es abogada titulada e inscrita, en ningún instante el reproche que se le formuló es por actos ejecutados en el ejercicio de la profesión, es decir, representando al sujeto procesal para la cual fue designada en su defensa, porque no compareció al Juzgado a aceptar el cargo.

La comunicación del Juzgado, implica ejercicio de la profesión, surgimiento del deber de atender con celosa diligencia ese ejercicio profesional, lo cual no es una tesis acertada, porque el legislador impone la aceptación de ese encargo, para asumir la representación judicial, e incluso consagra causales de justificación, si en gracia de discusión se aceptara la tesis de tener la doctora FANNY AMPARO JEREZ FLÓREZ, la condición de disciplinable, al examinar el catálogo de faltas disciplinarias, más exactamente las derivadas de los deberes de colaborar leal y legalmente con los fines de la justicia y diligencia profesional, consagrados en los artículos 33 y 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, su conducta de omisión a concurrir al juzgado y aceptar el cargo, no logra estructurarse de alguna de ellas. Podría creerse que sería “un dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional”, pero al no aceptarlo, no surgió el deber de actuar, sumado a que el legislador, al ser procesos sancionatorio -jus puniendi disciplinario, que tiene el límite de la última ratioconsideró como constitutiva de falta disciplinaria la existencia de más de un acto de omisión, al describir diligencias en plural, es decir, conductas que indiquen una grave indiligencia de los actos profesionales que se le imponen, no de un solo acto, que por el principio además de legalidad estricto, cierto y preciso, impide adecuar la conducta de la abogada a esa descripción legal, por lo que el comportamiento es atípico para convocar a audiencia de pruebas y calificación

y aplicar este régimen disciplinario de abogados, surgiendo entonces la necesidad de aplicar el artículo 103 de la Ley 1123 de 2007 en forma anticipada. Si bien el legislador en el artículo 48 citado indicó la existencia de sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, tampoco podría aplicarse el artículo 50 por el procedimiento de la Ley 734 de 2002, porque la naturaleza del cargo no surge de la existencia de lista de auxiliares de la justicia, y porque, existe normatividad especial, como lo es la aplicación del estatuto ético de abogados, que como se explicó en este caso específico, no aplica por el principio de legalidad. Tampoco el artículo 50 en República de Colombia Rama Judicial

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REFERENCIA APELACIÓN DE AUTOS INTERLOCUTORIOS-ABOGADOS materia de competencia, porque la norma señaló que la competencia para excluir de listas e imponer sanciones de multa, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, sin especificar, si son los Consejos Seccionales, o la Sala Jurisdiccional Disciplinaria o las Salas Administrativas, más aún, cuando en el parágrafo del artículo 48 indica: lo dispuesto en este artículo no afectara la competencia de las autoridades administrativas para la elaboración de las listas, designación y exclusión, de conformidad con lo previsto en la Ley”, lo que indica que esa presunta exclusión no es de carácter jurisdiccional, esencia de la función de esta Corporación,

jurisdiccional disciplinaria. Asumir la competencia, involucra violar el artículo 29 de la Carta Constitucional sobre el principio de juez natural y consecuentemente, el debido proceso. Se considera que el mecanismo que debe utilizar el juez, es el de acudir a los poderes correccionales, sancionatorios del artículo 44 numeral 3 del Código General del proceso, previo el debido proceso. DEL RECURSO DE APELACIÓN El 16 de febrero de 2018 el doctor MARIO BELTRÁN GARCÍA Procurador 54 Judicial II Penal de Bucaramanga, presentó recurso de apelación contra la decisión proferida el 8 de febrero de 2018 por la Magistrada MARTHA ISABEL RUEDA PARRA de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, a través de la cual declaró que la profesional del derecho FANNY AMPARO JEREZ FLÓREZ, no tiene la condición de disciplinable y en consecuencia ordenó la terminación anticipada de la actuación y archivo de la acción, con sustento en el artículo 103 de la Ley 1123 de 2007 (folios 9 a 12).

RAZONES DEL DISENSO.

El Ministerio Público se apartó de las consideraciones esbozadas por la Magistrada para archivar la queja, por la posible falta atribuida a la abogada y auxiliar de la justicia, como quiera que las mismas pugnan con la legislación vigente y la jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria. República de Colombia Rama Judicial

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REFERENCIA APELACIÓN DE AUTOS INTERLOCUTORIOS-ABOGADOS El legislador dispuso categóricamente “El cargo de auxiliar de la justicia es de obligatoria aceptación para quienes estén inscritos en la lista oficial.”4 La misma norma dispuso las excepciones a esa regla perentoria, al señalar que son causales para relevar del cargo a los auxiliares de la justicia “ique el designado, dentro de los 5 días siguientes, no acepte el cargo: iise excuse de prestar el servicio, iiino concurra a la diligencia: iv no cumple el encargo en el término otorgado, o, vincurra en causal de exclusión de la lista. El artículo 50 ibídem estipuló taxativamente los motivos por los cuales es posible la exclusión de las listas a los auxiliares de la justicia, atribución que le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, destacándose el numeral 9 que señala: A quienes sin causa justificada rehusaren a la aceptación del cargo…” Esa misma norma, en el párrafo siguiente al numeral 11, dispuso que en los casos previstos en los numerales 8 y 9 de la misma, “podrá el Consejo Superior de la Judicatura imponer sanciones de hasta 20 salarios mínimos legales mensuales, si dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término el auxiliar no demuestra fuerza mayor o caso fortuito que le haya impedido el cumplimiento del

deber.” En lo relativo a los auxiliares de la administración de justicia que sean designados curador ad litem, el numeral 7 del C.G.P., citado expresamente en la decisión apelada, señala que su designación recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión, “quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio.” A renglón seguido dice “el nombramiento es de forzosa aceptación, salvo que el designado, acredite estar actuando en más de cinco (5) procesos como defensor de oficio. En consecuencia, el designado deberá concurrir inmediatamente a asumir el cargo, so pena de la sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, para la cual se compulsaran copias a la autoridad competente.” El legislador dispuso a manera de falta disciplinaria, para los curadores ad litem, además de exclusión de la lista oficial y multa, que siendo designado para cumplir es 4 Artículo 49 del Código General del Proceso República de Colombia Rama Judicial

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REFERENCIA APELACIÓN DE AUTOS INTERLOCUTORIOS-ABOGADOS oficio público5, no asuman el cargo, siendo así el cargo de curador ad litem para la cual fue designada la abogada FANNY AMPARO JEREZ FLÓREZ, es de forzosa aceptación, debiendo en consecuencia, el designado, concurrir inmediatamente a

asumir el cargo, advirtiéndose, se insiste, que de no hacerlo, sin justificación alguna, se incurre en las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar. Para el Ministerio Público, el numeral 7º del artículo 48 ibídem, define de manera clara, expresa, completa, inequívoca y concreta una falta disciplinaria cuyo destinatario especifico es el auxiliar de la administración de justicia que sea designado curador ad litem y no asuma inmediatamente el cargo, sin justificación alguna, lo que desdibuja uno de los argumentos sobre el cual descansa la orden de archivo, según el cual no existe falta en la cual se pueda enmarcar el comportamiento de la investigada, es decir, que su comportamiento resulta atípico por no estar previsto en el catálogo de faltas contenido en la Ley 1123 de 2007, más exactamente en los artículos 33 y 37 ibídem. El legislador consideró frente al curador ad litem, figura que equipara el artículo 48-7 de la Ley 1564 de 2012, consagró como falta disciplinaria (tipicidad en estricto sentido) un actuar de mera conducta, sin que se requiere de resultado alguno, por lo que no es dable exigir, para ese caso específico, que la acción u omisión esté precedida de la posesión del cargo o su intervención al interior del proceso para el cual fue designada como se sostiene en la decisión recurrida. El legislador lo único que omitió regular de manera expresa fue la sanción a imponer por la falta, como ocurre con las demás tipificadas en el código disciplinario, sino que

utilizó la fórmula “quedará sometido a las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar”, advirtiendo que la imposición de la misma lo será exclusivamente por el funcionario competente, para lo cual el juez que conozca de la comisión de la falta deberá compulsar las copias pertinentes al mismo. Si lo anterior es así, no se comparte el argumento de la a quo, al señalar que para que se incurra en la falta definida en el numeral 7º del artículo 48 ibídem se requiere 5 Así lo define el artículo 47 del Código General del Proceso República de Colombia Rama Judicial

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REFERENCIA APELACIÓN DE AUTOS INTERLOCUTORIOS-ABOGADOS que el auxiliar haya acepado el cargo y se hubiere posesionado, es decir, que se encuentre en el ejercicio de la profesión de abogado. Si bien es cierto la norma no especifica cuál es el funcionario competente para adelantar el proceso disciplinario por ese comportamiento omisivo, como tampoco lo hace respecto de las demás faltas previstas para los auxiliares de la administración de justicia y habiéndose considerado por la primera instancia no tener la competencia para conocer de la queja disciplinaria por las razones ya señaladas, no puede pasarse por alto lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 1471 de 2011, que amplió las competencias de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Adicionalmente, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en decisión del 31 de agosto de 2016, Sentencia 2012-00052, proceso radicado 680011102000201200052-02, analizó varios interrogantes entre los que se destacan, ¿quiénes son auxiliares de la justicia? ¿Bajo qué normas sustanciales y procesales se debe adelantar la acción disciplinaria que la Ley 1474 de 2011, en su artículo 41, le ha atribuido a la jurisdicción disciplinaria? Llegando a varias conclusiones. Finalmente, debe destacarse que el artículo 19 de la Ley 1123 de 2007, consagró como destinatarios de ese régimen disciplinario a los curadores ad litem, sin que se haya condicionado o calificado su actuar, para asumir la condición de sujeto pasivo de la acción disciplinaria. Igualmente, acorde con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, numeral 21, uno de los deberes de los abogados es “aceptar y desempeñar las designaciones como defensor de oficio”, labor que resulta semejante a la del curador ad litem, como expresamente se reconoce en el artículo 48 del C.G.P., razón por la cual ese deber también resulta predicable del abogado que en esa condición interviene en los procesos judiciales en general, sin que se violenten principios y garantías constitucionales. Solicitó que se revoque la decisión recurrida, levante la orden de archivo decretada y se disponga que se adelante la investigación que corresponde ante la posible falta dada a conocer por la señora Juez 8ª Civil del Circuito de Bucaramanga, en contra

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REFERENCIA APELACIÓN DE AUTOS INTERLOCUTORIOS-ABOGADOS de la abogada y auxiliar de la justicia, designada curadora ad litem FANNY AMPARO

JEREZ FLÓREZ.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia. Se mantiene incólume para esta Superioridad la facultad de ejercer sus funciones disciplinarias, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones

introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”. Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior República de Colombia Rama Judicial

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REFERENCIA APELACIÓN DE AUTOS INTERLOCUTORIOS-ABOGADOS de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión

Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. Del caso concreto Procede esta Superioridad a resolver los puntos esgrimidos en el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público, contra la decisión de primera instancia, circunscribiéndose al objeto de impugnación, conforme al parágrafo 171 del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), aplicable al caso por remisión del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007. Para resolver el recurso de apelación, esta Corporación consideró relevante citar lo dispuesto por la Corte Constitucional, en diversos fallos, donde se ha pronunciado sobre el papel del abogado en el Estado Social y Democrático de Derecho, así como sobre la relevancia del control que respecto de esta profesión ejercen las autoridades públicas. El poder disciplinario constituye una de las más importantes expresiones de la función de control y vigilancia y su regulación por parte del legislador debe estar orientada al logro de los fines de la profesión en procura de que su ejercicio sea compatible con el interés general, entendido a la luz de los valores y principios constitucionales. El abogado ejerce su profesión principalmente en dos escenarios: (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al interior del proceso,

en la representación legal de personas naturales o jurídicas que acuden a la República de Colombia Rama Judicial

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REFERENCIA APELACIÓN DE AUTOS INTERLOCUTORIOS-ABOGADOS administración de justicia para resolver sus controversias. En el desarrollo de estas actividades, la profesión adquiere una especial relevancia social, pues se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica, en razón a que el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración de justicia. En el marco del nuevo Código Disciplinario, al abogado se le asigna un nuevo deber, de relevancia constitucional, consistente en la defensa y promoción de los Derechos Humanos. De acuerdo con las premisas expuestas, y en la medida en que el ejercicio de la profesión de abogado se orienta a concretar importantes fines constitucionales, el incumplimiento de los principios éticos que informan la profesión, implica también riesgos sociales que ameritan el control y la regulación legislativa, tanto más en cuanto tal intervención se encuentra explícitamente autorizada por la propia Carta Política en su artículo 26. En tal sentido, el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios

constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe. El Derecho Disciplinario, en cualquiera de sus subespecies, debe diferenciarse, demarcarse y delimitarse de las otras especies del Derecho Sancionador, toda vez que, como ninguna otra disciplina, expresa un juicio de reproche ético-jurídico que en el caso de la profesión del abogado comporta una desvaloración social del comportamiento en el ámbito de una profesión liberal intervenida por el Estado, habida cuenta de la misión y función social que el profesional del derecho cumple en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Así, esta Colegiatura, procederá a pronunciarse de fondo y a estudiar lo que en derecho corresponda. República de Colombia Rama Judicial

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REFERENCIA APELACIÓN DE AUTOS INTERLOCUTORIOS-ABOGADOS Respecto a los argumentos de la alzada contra el auto de terminación anticipada y archivo de las diligencias, proferido el 8 de febrero de 2018, expresados por el Ministerio Público, tenemos que los mismos están llamados a prosperar, pues, dentro de los fines que persigue toda investigación integral, establecidos en el artículo 85 de la Ley 1123 de 2007, está la búsqueda de la verdad material, para lo cual, se deberá investigar con igual rigor tanto los hechos o circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad de la encartada y los que

tiendan a demostrar su inexistencia o la eximan de responsabilidad. Se evidenció que la Magistrada instructora no indagó a fondo y con precisión los hechos puestos en conocimiento por el Juzgado 8º Civil del Circuito de Bucaramanga, contra la abogada FANNY AMPARO JEREZ FLÓREZ, pues es indiscutible que no hizo uso de los medios de prueba a su alcance, por cuanto no trató de escuchar por lo menos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que tuvo la encartada para no tomar posesión de la designación del cargo de curadora ad litem hecha por el referido Juzgado, a sabiendas que su aceptación es de forzosa aceptación, no se estableció tampoco, si la misma fue designada de la lista de auxiliares de la justicia, entre otros, condiciones estas que no se establecieron por la primera instancia. En efecto, reflexionó esta Sala que de acuerdo al argumento expuesto por la Magistrada de primera instancia, al suponer que la encartada no es sujeto disciplinable, conforme las previsiones del artículo 19 de la Ley 1123 de 2007, tal conclusión es efímera, primero porque como lo establece el citado artículo que a la letra dice: “Articulo 19 Destinatarios…Se entienden cobijados bajo este régimen los abogados que desempeñan funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio, así como los curadores ad litem…” (Subrayado fuera de texto). En segundo lugar, porque su obligación como instructora del proceso, era propender por la búsqueda real, precisa y clara de las situaciones por las cuales la abogada FANNY AMPARO JEREZ FLÓREZ, tuvo para no haber informado al Juzgado los

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REFERENCIA APELACIÓN DE AUTOS INTERLOCUTORIOS-ABOGADOS motivos por los cuales no aceptaba dicho encargo, pudiendo con su actuar ir en contravía del deber contenido en el numeral 21 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, el que establece: “Aceptar y desempeñar las designaciones como defensor de oficio. Sólo podrá excusarse por enfermedad grave, incompatibilidad de intereses, del servidor público…” Igualmente, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 7º del artículo 48 del Código General del Proceso, la designación de curador ad litem recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión, quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio y el nombramiento es de forzosa aceptación, y deberá concurrir inmediatamente a asumir el cargo, so pena de las acciones disciplinarias a que haya lugar, entonces era su obligación como abogada designada haber aceptado el cargo o en su defecto presentar ante el Juzgado las justificaciones para no hacerlo, por lo que puede estar incursa en una falta disciplinaria. Así mismo el a quo, alegó en su decisión la falta de competencia, la cual es imprecisa pues de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, las Salas Jurisdiccionales Seccionales y Superior, en la instancia

correspondiente examinaran la condu