CSDJ - F08001110200020110013901ADJUNTA20150212153846-2015

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SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA M.P. Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No. 080011102000201100139-01 (9911-21) Abogado en Apelación APELACIÓN / Sentencia condenatoria FALTA A LA HONRADEZ DEL ABOGADO / no entregar a quien corresponda a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional o demorar la comunicación de este recibo. Los elementos de juicio allegados al dossier, evidenciaron que el litigante incurrió en la falta prevista en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, pues no devolvió a su mandante, en la menor brevedad posible, la totalidad de los dineros que había recibido para sufragar gastos procesales (póliza de seguros), teniendo en cuenta que no presentó la demanda encomendada, ni adquirió la póliza de seguros

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Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil quince (2015) Magistrada Ponente: Doctora JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No. 080011102000201100139-01 (9911-21) Aprobado según Acta de Sala No. 9

ASUNTO

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M.P. Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No. 080011102000201100139-01 (9911-21) Abogado en Apelación Procede la Sala a resolver al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 9 de mayo de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico1, mediante la cual sancionó al abogado VICENTE CARLOS URIBE VERGARA con SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN POR EL TÉRMINO DE CUATRO (4) MESES, como autor responsable de las faltas disciplinarias contenidas en el artículo 35 numerales 2º y 4º de la Ley 1123 de 2007. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 1.- El señor ÁLVARO GUERRERO BENÍTEZ formuló queja disciplinaria contra el abogado VICENTE CARLOS URIBE VERGARA, quien actuando como su apoderado promovió ante el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla, demanda Ordinaria Laboral contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, entidad que resultó condenada y como consecuencia de ello, tal despacho judicial profirió mandamiento de pago y se constituyó un depósito judicial por la suma de $40’000.000, el cual fue cobrado por el abogado VICENTE CARLOS URIBE VERGARA, quien tan sólo le devolvió $19’547.371, pues efectuó descuentos por los siguientes valores: $6’360.899 de costas procesales, $4’000.000 de gastos presuntamente autorizados y el 30% como honorarios equivalentes a

$10’091.730. 1 Integrada por los Magistrados ÁLVARO ENRIQUE MÁRQUEZ CÁRDENAS (Ponente) y JOSÉ

DUVÁN SALAZAR ARIAS

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Pruebas y Calificación Provisional con la asistencia del querellante, el abogado implicado y su defensora de confianza y la Representante del Ministerio Público, diligencia en la cual se adelantaron las siguientes actuaciones: 4.1.- El Director de la Audiencia otorgó el uso de la palabra al litigante disciplinable para rendir su versión libre, quien prefirió guardar silencio; seguidamente, su defensora de confianza en relación con los hechos de la

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quien en constancia suscribió un paz y salvo a su representado por todo concepto, el cual obra a folio 12 del expediente, razón por la cual causa extrañeza porqué hasta ahora el quejoso se muestra inconforme con el valor recibido, máxime porque nunca requirió a su prohijado para reclamarle al respecto. 4.2.- Al rendir ampliación y ratificación de la queja, el señor ÁLVARO GUERRERO BENÍTEZ, reiteró lo expuesto en el escrito origen de las presentes actuaciones, indicando no haber suscrito contrato por escrito con el abogado VICENTE CARLOS URIBE VERGARA, el acuerdo fue de manera verbal en la oficina del doctor NELSON REYES –amigo del litigante denunciado-, allí se estipularon honorarios a cuota litis del 30%; respecto a las costas procesales no se mencionó ni autorizó nada, agregó que en el

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efectuarle descuentos no autorizados por él, sin embargo accedió a suscribir ese documento, pues la entrega del dinero se realizó en un banco, y no era el lugar apropiado para esa controversia, aseguró que después no buscó al litigante cuestionado, hasta tanto no fuera incluido en la nómina de pago del “Seguro Social”, porque pensó que si le hacía algún reclamo afectaría su proceso de pago de su pensión. Reiteró no haber autorizado a su apoderado a tomar el valor de las costas y agencias en derecho, máxime porque él nunca le informó en qué gastos procesales había incurrido. 4.3.- Ante las manifestaciones efectuadas por el quejoso, el Magistrado Aquo dispuso compulsar copias de la actuación ante esa Sala y la Fiscalía General de Nación para que se investigara las posibles faltas disciplinarias y conductas punibles que se hubiesen podido presentar y los presuntos responsables. 4.4.- El Magistrado de instancia, previo a suspender la diligencia, decretó las pruebas solicitadas por la defensora de confianza del abogado disciplinable,

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Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional a la cual asistió el abogado investigado y su defensora de confianza, así como el quejoso y la Representante del Ministerio Público, diligencia que se desarrolló así: 5.1.- El señor NELSON ANTONIO REYES CERVANTES fue escuchado en testimonio, quien indicó conocer al querellado –como su colaborador y socioy al quejoso, por cuanto le tramitó vía administrativa el pago de su pensión de vejez ante el I.S.S. (Hoy Colpensiones), y ante la negativa de la entidad y dado que él aun no era abogado para esa fecha, con la anuencia del quejoso le otorgó poder al aquí denunciado para presentar la demanda ordinaria laboral. Agregó que él mismo pactó con el señor ÁLVARO GUERRERO BENÍTEZ como honorarios el 30% de las resultas el proceso, así como las costas y agencias en derecho, por cuanto el querellante no incurrió en ningún gasto procesal; posteriormente, cuando se tuvo conocimiento del fallo favorable, el quejoso acudió a su oficina solicitándole como préstamo o adelanto, la suma de $5’000.000, de los cuales sólo pudo entregar el valor de $4’000.000, los cuales le fueron devueltos el mismo día en que el quejoso recibió el dinero del proceso.

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Abogado en Apelación 5.2.- Intervino el quejoso, quien indicó que después de haberle conferido poder al abogado aquí denunciado, no tuvo contacto alguno con el doctor NELSON ANTONIO REYES CERVANTES y sólo lo volvió a ver el día en que recibió el dinero producto del proceso laboral. 5.3.- El Magistrado Instructor, previo a suspender la audiencia, decretó pruebas de oficio y fijó fecha y hora para continuar con las diligencias. 6.- Mediante oficio No. 1635 del 13 de agosto de 2012, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla remitió copias procesales de la demanda Ordinaria Laboral, radicado No. 2011-000130-00 de ÁLVARO GUERRERO BENÍTEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, obrante en cuaderno anexo de 96 folios (fl. 67 c. 1ª. Instancia) 7.- El 25 de febrero de 2013, el Magistrado Instructor continuó con la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional a la cual asistió el abogado disciplinable y su defensora de confianza, así como el quejoso y la Representante del Ministerio Público, diligencia que se desarrolló así: 7.1.- El Director del proceso escuchó nuevamente al señor ÁLVARO GUERRERO BENÍTEZ en ampliación de la queja, quien reiteró no haber autorizado al abogado VICENTE CARLOS URIBE VERGARA para efectuar descuentos adicionales del dinero recibido del proceso contra el ISS (hoy COLPENSIONES) diferente a los honorarios del 30% y la suma de $2’000.000, ni tampoco haber cedido en su favor las costas y agencias en

derecho.

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suma de $4’000.000, indicándole que ese dinero se le había anticipado al

señor ÁLVARO GUERRERO BENÍTEZ.

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3º y 4º de la Ley 1123 de 2007, imputadas a título de dolo, concurriendo la circunstancia de agravación contenida en el artículo 45, literal C, numeral 4º ibídem., contrariando así los deberes contenidos en el artículo 28 numerales 8 y 11 del Código Disciplinario del Abogado. Consideró el Magistrado A quo haberse acreditado la materialización de las faltas así:

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objeto ilícito. iii) Artículo 35 numeral 4º ejusdem, porque no se logró acreditar o probar por parte del abogado disciplinable que el quejoso le autorizó tomar las costas y agencia en derecho, liquidadas por el juzgado de conocimiento en $6’360.899, y en aplicación de los artículos 345 y 393 del “Código Civil” (sic), que regula la materia, en concordancia con lo dispuesto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en Auto del 28 de junio de 1995, Expediente No. 4571, M.P. Héctor Marín Naranjo, las costas y agencias en derecho pertenecen a la parte vencedora y no a su apoderado, salvo estipulación expresa en contrario. 8.2.- Notificadas en estrados las anteriores determinaciones, el Magistrado Instructor decretó las pruebas solicitadas por la defensora de confianza del

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tarjeta profesional No. 163587, la cual se le expidió el 3 de diciembre de 2007 (fl. 86 c. 1ª. Instancia) 10.- El Director Seccional de Fiscalías por oficio DSFB/CPDS/ No. 2126 del 12 de julio de 2013, comunicó que la compulsa ordenada dentro de esas diligencias fue asignada a la Fiscalía 24 Local de Barranquilla bajo el número 080016001257201200137 (fls. 91 y 92 c. 1ª. Instancia) 11.- El 8 de noviembre de 2013, el Magistrado Instructor dio inicio a la Audiencia de Juzgamiento a la cual concurrió el abogado disciplinable y su defensora de confianza, el quejoso y la Representante del Ministerio Público, surtiéndose en la misma las siguientes actuaciones: 11.1.- El señor NELSON ANTONIO REYES CERVANTES fue escuchado nuevamente en testimonio quien indicó haberse graduado como abogado en octubre de 2007 y reiteró que para la época de los hechos el abogado VICENTE CARLOS URIBE VERGARA trabajaba para él en su empresa COLJURÍDICAS, adujo haber asesorado -previo a la demanda ordinaria laboralal quejoso en la reclamación administrativa ante el I.S.S. (hoy Colpensiones) de su pensión de vejez, y en vista que no se obtuvo un

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Abogado en Apelación resultado favorable, se procedió a iniciar la acción judicial, asignándole ese proceso al profesional querellado. Aclaró que no cobró honorarios por su gestión vía administrativa y para el proceso ordinario, se realizó un contrato verbal con el quejoso, en el cual se pactaron como honorarios a cuota litis del 30%, así como las costas y agencias en derecho, por cuanto trabajan sin recibir anticipo alguno y asumen todos los gastos del proceso; agregó que días previos a obtenerse el fallo, el señor ÁLVARO GUERRERO BENÍTEZ se acercó a su oficina y él le prestó la suma de $4’000.000, la cual devolvió el quejoso en el Banco, recibiendo la suma restante y suscribiendo el paz y salvo correspondiente. Respecto de los gastos en los cuales se incurrió en el proceso judicial, éstos obedecieron a fotocopias, transportes; así como la presentación de una acción de tutela para agilizar el trámite. 11.2.- Seguidamente, el Magistrado a quo interrogó al quejoso, quien tachó de falso lo manifestado por el señor REYES, insistiendo que él no le efectuó ningún préstamo; reiteró que una de sus visitas al abogado VICENTE CARLOS URIBE VERGARA para averiguar por el estado del proceso, él le informó que se había incurrido en un gasto por valor de $2’000.000, suma solicitada por “un funcionario del seguro Social” para desistir de la apelación. 11.3.- Alegatos de Conclusión: La defensora contractual del abogado disciplinable presentó sus alegaciones finales, insistiendo que las

condiciones del contrato de mandato fueron pactadas entre el quejoso y el

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con la suma de “$20’42.629.oo” (Sic), y entregando al denunciante el dinero restante, es decir $19’547.371, lo cual superó la participación que le correspondía a su cliente por el asunto laboral encomendado.

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salvo suscrito por el quejoso obrante a folio 12 del expediente; así como lo manifestado por éste en audiencia, cuando admitió haber firmado tal declaración sin presión alguna de su prohijado, lo cual refleja que el quejoso estuvo de acuerdo con el dinero recibido de tal litigio.

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notificación al disciplinado (fl. 6 c. 2ª Instancia), a su defensora de confianza (fl. 7 c. 2ª Instancia), al Agente del Ministerio Público (fl. 8 c. 2ª Instancia). 3.- El 22 de octubre de 2014, la Viceprocuradora General de la Nación rindió concepto, señalando que en el presente asunto operó la prescripción de la acción, pues el abogado VICENTE CARLOS URIBE VERGARA recibió el pago por el litigio contra el I.S.S. el 27 de julio de 2009, por lo que han transcurrido más de cinco años desde el último acto de ejecución.

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cursan otras investigaciones en su contra por los mismos hechos (fl. 24 c.o. 2ª Instancia). CONSIDERACIONES 1.- Competencia Conforme a las atribuciones conferidas por los artículos 256 numeral 3° de la Constitución Política, 112 numeral 4° de la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia, y 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, esta Colegiatura es competente para conocer de los recursos de apelación contra las decisiones proferidas en primera instancia por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura existentes en el

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desde ya se advierte una causal de improseguibilidad de la acción disciplinaria consistente en la prescripción de la misma de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, que dispone: “ARTÍCULO 24. TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma.

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SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA M.P. Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No. 080011102000201100139-01 (9911-21) Abogado en Apelación Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.” (Negrilla y subrayado de la Sala). Pues bien, respecto de la actuación surtida al interior del proceso en referencia, el Seccional de instancia enrostró responsabilidad disciplinaria al abogado investigado al constatar que éste cobró el depósito judicial producto del proceso laboral encomendado, por valor de $40’000.000, quedándose con la suma de “$20’42.629.oo” (Sic), y entregando al denunciante el dinero restante, es decir $19’547.371, lo cual superó la participación que le correspondía a su cliente por el asunto laboral encomendado. Del análisis de las pruebas allegadas al expediente, se evidencia que

mediante proveído del 15 de julio de 2009, proferido por el Juez Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla, dispuso la entrega al doctor VICENTE CARLOS URIBE VERGARA del depósito judicial No. 416010001220108 por la suma de $40’000.000, en su condición de apoderado de la parte actora (fl. 89 del cuaderno anexo). El abogado disciplinado retiró el depósito judicial No. 416010001220108 por valor de $40’000.000, el día 27 de julio de 2009, tal como consta a folio 90 del cuaderno anexo. Ahora bien, teniendo en cuenta que la falta contenida el artículo 35 numeral 2º de la Ley 1123 de 2007, es una falta considerada de ejecución instantánea en la cual se incurre por acción al “acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente”, resulta claro para esta

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SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA M.P. Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No. 080011102000201100139-01 (9911-21) Abogado en Apelación Sala que la consumación de esa falta en el caso concreto tuvo ocurrencia el día 27 de julio de 2009, fecha en la cual el abogado disciplinado recibió la suma de $40’000.000 por concepto del depósito judicial No. 416010001220108, producto del proceso laboral a él encomendado, toda vez que de ese valor dedujo los honorarios por su gestión en el mismo.

En consecuencia, habiendo transcurrido más de cinco años desde esa data, término durante el cual estaba facultado el Estado para ejercer la acción disciplinaria, es imperativo para la Sala ordenar la extinción de la misma ante el surgimiento del fenómeno prescriptivo a que nos hemos referido, así lo dispuso el legislador en el artículo 23 del Código Deontológico del Abogado, veamos: “ARTÍCULO 23. CAUSALES. Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:

1. La muerte del disciplinable.

2. La prescripción.

PARÁGRAFO. El desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria.” De tal suerte, que la actuación por la cual se ha llamado a responder al encartado, esto es, haber obtenido honorarios que superaron la participación de su cliente en la causa laboral -lo cual se materializó el 27 de julio de 2009-, no deja duda, que la acción disciplinaria se encuentra prescrita, pues desde esa fecha han transcurrido los 5 años a que al