CSDJ - F11001010200020120243300ADJUNTA20121212190650-2012

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA Radicado: 110010102000201202433 00

Registro: 07-11-2012

Magistrado Ponente: Dr.: HENRY VILLARRAGA OLIVEROS

Bogotá D.C., Doce (12) de diciembre de dos mil doce (2012) Aprobada en Sala Según Acta No. 105 de la misma fecha ASUNTO A TRATAR Procede la Sala a resolver el Conflicto positivo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria Penal y la Indígena, representadas por la Fiscalía Veintidós Seccional de Ipiales, Nariño y el Resguardo indígena de Mueses Potosí de Nariño, con ocasión del proceso adelantado contra el señor ADRIAN JESÚS CUASPA CHACUA por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, de que trata el artículo 365 del Código Penal o Ley 599 de 2000. ANTECEDENTES De acuerdo a lo obrante en el expediente, la Fiscalía 22 Seccional de Ipiales, presentó solicitud de audiencias preliminares1, correspondiendo realizarlas al 1 Folios 39 y 40 C.O Juzgado Promiscuo Municipal de Potosí en control de garantías, el día 26 de octubre de 20122 para legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y legalización de los medios probatorios con fines de comiso contra el señor ADRIAN JESÚS CUASPA CHACUA, por la presunta incursión en el delito de

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, en virtud a que el día 25 de septiembre de 2012, a las 6 y 15 de la tarde cuando la policía de la población local realizaba puesto de control en la vía que del Municipio de Potosí conduce a la Victoria, sector la Floresta, fue detenido en flagrancia, yendo de parrillero en una motocicleta, y al ser requisado le fue hallada en su poder un arma de fuego, tipo pistola, con proveedor y sin munición, elementos éstos que escondía en su chaqueta y de los cuales no portaba los respectivos salvoconductos. TRÁMITE PROCESAL 1.- Según el informe policial3 de Vigilancia en casos de captura en flagrancia FPJ-5 del día 25 de septiembre de 2012, firmado por el agente de la Estación de Potosí, HARVI CÓRDOVA OTAVO, cuando realizaban el operativo de control, al mando del Sr. Intendente CHACÓN QUINTERO VÍCTOR, y en compañía otros auxiliares, se dio la señal de pare a dos personas que iban en una motocicleta de color negro, marca AKT, la cual era conducida por una señora. Al hacer el registró se determinó que el parrillero, llevaba escondida un arma de fuego, tipo pistola, marca Browing, calibre 7.65 mms, de fabricación italiana, serie BDA-38042579U65469, niquelada, con un proveedor para 12 cartuchos, sin munición y al solicitarle si tenía permisos para portar dichos elementos manifestó que no. 2 Folio 41 C.O 3 Folios 2 y 3 C.O

2.- El 26 de septiembre de 2012, el Juzgado Promiscuo Municipal de Potosí con función de control de garantías, realizó audiencia4 de imputación con allanamiento a cargos con persona privada de la libertad, en la que se hizo la debida legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento en el domicilio y legalización de los medios probatorios con fines de comiso contra el señor ADRIAN JESÚS CUASPA CHACUA, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. 3.- El Resguardo Indígena de Mueses, Potosí, Nariño, representado por el gobernador MANUEL MESIAS YAMA y el Secretario HÉCTOR OSWALDO TULCAN, el 2 de octubre de 2012, radicaron escrito5 de petición ante la Fiscal del conocimiento, para que el proceso adelantado contra el señor CUASPA CHACUA fuera trasladado a dicha jurisdicción indígena por ser de su competencia, ya que el acusado pertenece a esta etnia cultural. Argumentan los aborígenes en su exposición que en el caso del prenombrado CUASPA CHACUA, se reúnen los elementos personal y territorial del fuero indígena exigidos por la Corte en sentencia T-496 de 1996, M.P CARLOS GAVIRIA DIAZ, en materia de competencia. Que, además a nivel interno el resguardo de Mueses, tiene elaboradas y están en aplicación sus propias normas de gobierno y justicia para la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos y conductas atentatorias contra la vida comunitaria, para que el citado comunero tenga la garantía de

ser juzgado y corregido de acuerdo a los usos y costumbres de su organización y además se garantizan la conservación de sus derechos 4 Folio 41 C.O 5 Folios 42 a 45 C.O colectivos y las prácticas culturales que lo ligan dentro con su comunidad de origen. 4.- Mediante oficio6 del 2 de octubre de 2012, gobernador del resguardo mencionado MANUEL MESIAS YAMA certificó la calidad de asociado a esa comunidad del señor CUASPA CHACUA. 5.- En oficio del 10 de febrero de 2012, la Coordinadora del Grupo de Investigación, Registro y Sistemas de Información de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, MYRIAN EDITH SIERRA MONCADA, certificó7 la calidad de Gobernador del mencionado cabildo del señor MANUEL MESIAS YAMA, quien es la persona que solicita la competencia para el conocimiento y juzgamiento del referido proceso a su jurisdicción. 6.- La Fiscal 22 Seccional de Ipiales SOCORRO CADENA CHAMORRO en escrito del 10 de octubre de 2012, rechazó la petición hecha por los representantes indígenas y planteó el conflicto positivo de jurisdicciones8, en atención a las siguientes argumentaciones:  El fuero indígena que apunta a garantizar el respeto por la cosmovisión de los pueblos indígenas tiene unos elementos a fin de determinar en qué casos se debe aplicar en materia penal, cuando miembros de éstas comunidades incurren en conductas que trascienden los linderos de este dispositivo. 6 Folio 45 C.O 7 Folio 46 C.O

8 Folios 53 a 55 C.O  Estos elementos han sido diseñados mediante sendos pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional así: “En la noción de fuero indígena se conjugan dos elementos: uno de carácter personal, con el que se pretende señalar que el individuo debe ser juzgado de acuerdo con las normas y las autoridades de su propia comunidad, y uno de carácter geográfico, que permite que cada comunidad pueda juzgar las conductas que tengan ocurrencia dentro de su territorio, de acuerdo con sus propias normas. La solución puede variar si la acción típica es cometida por miembros de pueblos indígenas dentro de sus territorios, o si un indígena de manera individual, incurre en ella afectando a quien no es miembros de su comunidad por fuera del ámbito geográfico del resguardo. En el primer caso, en virtud de consideraciones territoriales y personales, las autoridades indígenas son las llamadas a ejercer la función jurisdiccional; pero en el segundo, el juez puede enfrentar múltiples situaciones no solucionables razonablemente mediante una regla general de territorialidad”  En el presente asunto, el imputado ADRIAN JESÚS CUASPA CHACUA, es indígena perteneciente al Resguardo de Mueses, pero tiene fijada su residencia en el Municipio de Ipiales, sin embargo el delito se cometió en el mismo territorio aborigen.  De las anteriores disposiciones se desprende que, no se desconoce que el implicado es indígena del Resguardo mencionado, pero tampoco se puede perder de vista que en su poder se encontró un arma de fuego sin documentación que ampare su porte

y que según el concepto “es apta para los fines que fue creada”, hallada en su poder, ciertamente en el mismo territorio. Pero además se debe considerar el elemento “naturaleza del conflicto” y en este caso, estamos ante un delito pluriofensivo, en cuanto atenta no solo contra la seguridad pública, sino contra otros bienes jurídicos de importancia, como la misma agrupación indígena y la comunidad en general.  Además debe analizarse, según la Fiscal del caso, los elementos subjetivo y territorial, en tanto que en el subjetivo, el implicado aceptó la imputación, admitiendo que su comportamiento sin duda trascendió los límites de su resguardo al llevar consigo arma de fuego ilegalmente, y además que dicha conducta no se identifica con los “usos y costumbres indígenas”. Finalmente la funcionaria advirtió que es claro que el conocimiento de este asunto no le compete a la jurisdicción peticionaria, por las razones expuestas y decidió remitir el expediente a esta Colegiatura para lo pertinente. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia Es competente esta Corporación, al tenor de lo previsto en el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política y 112 de la Ley 270 de 1996, para dirimir el conflicto en cita, por cuanto el mismo se ha suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria Penal y la Indígena, representadas por la Fiscalía Veintidós Seccional de Ipiales, Nariño y el Resguardo indígena de Mueses Potosí del mismo Departamento, con ocasión del proceso adelantado contra el señor ADRIAN JESÚS CUASPA CHACUA por el delito de fabricación, tráfico y

porte de armas de fuego. Conflictos de Jurisdicción en Materia Penal.- Antes de que se produjera el tránsito en nuestro ordenamiento jurídico, del sistema penal inquisitivo característico del Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 de 2000, al sistema Acusatorio conforme al mandato constitucional del Acto Legislativo Nº03 de 2002, desarrollado en la Ley 906 de 2004, tradicionalmente esta Superioridad venía sosteniendo que, para entender debidamente trabado un conflicto de jurisdicciones, se requería como elemento esencial, la presencia de una disputa entre dos autoridades, bien fuera reclamando ambas la competencia para dirimir un litigio (conflicto positivo), o ambas rehusando su conocimiento (conflicto negativo). Así, entonces, se tenía sentado lo siguiente: “...Concepto jurídico de jurisdicción. En sentido propio se define como la soberanía del Estado, ejercida por conducto de una de sus ramas del poder público, destinada a la administración de justicia, con el fin de satisfacer intereses generales y, en particular, de aplicar el derecho material a un caso particular y concreto, caracterizándose por ser general, exclusiva, permanente e independiente; dividiéndose para su funcionamiento de acuerdo a la pretensión reclamada. Entonces tenemos que, el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia de distinta jurisdicción, se disputan el conocimiento de un proceso, bien por considerar, que no les corresponde, evento en el cual será negativa o porque estiman ambas que es de su incumbencia, caso en el cual será positiva, es así como para su configuración es preciso que se den varios presupuestos.

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce y otro u otros acerca de quien debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite, esto es que no haya sido fallado.

4. Que los funcionarios entre quienes se disputan formen parte de distinta jurisdicción”9.

Lo anterior implicaba que se hacía forzoso para efectos de dirimirlo, la plena verificación de la existencia de un pronunciamiento expreso de los representantes de las jurisdicciones, para el caso que nos ocupa la indígena y la ordinaria penal. Habiéndose preceptuado en el asunto que concita actualmente la atención de la Sala manifestación expresa tanto del representante de la jurisdicción indígena como el representante de la jurisdicción ordinaria, se procede a examinar el tema propuesto. 9 Providencia del Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria M.P. Rubén Darío Henao Orozco, Rad 20032928 01 09 Aprobada en Acta 127 del 17 de septiembre de 2003. Es así que la Fiscalía logró demostrar el comportamiento ilegal, por el cual se encuentra sindicado el antes mencionado, y que se realizó en el año 2012, incriminándolo de ser sorprendido en flagrancia por unidades de la policía nacional cuando realizaban operativo de control, en la vía que del Municipio de Potosí conduce a la Victoria, sector la Floresta, cuando se desplazaba en una moto en compañía de una mujer, y al proceder ha hacerles el pare y la respectiva requisa, se encontró en su poder un arma de fuego para la cual no portaba salvoconducto o documentación alguna que

indicara el permiso para el porte legal de la misma. Problema Jurídico En el asunto objeto de fijar la ley del proceso, la Sala deberá resolver los siguientes problemas jurídicos: i) No habiéndose aún expedido por el Legislador la ley que establezca las formas de coordinación de la Jurisdicción especial indígena con el sistema judicial nacional, ¿qué delitos o conflictos judiciales conoce, investiga y dirime esta jurisdicción especial indígena?; ii) pueden las entidades territoriales indígenas y sus autoridades jurisdiccionales desconocer los principios fundamentales consagrados en el artículo 1º de la CP, que contempla que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”; y el de Soberanía nacional, consagrado en el artículo 3º, cuando una población con un territorio determinado o demarcado pretenden organizar un Estado dentro del mismo Estado Colombiano, organizando su propia fuerza pública y su propia forma de funcionamiento y aparato judicial?; una vez resuelto los anteriores interrogantes o problemas generales jurídicos del asunto, se deberá resolver el siguiente, a saber: iii) Si, en atención al presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, del que es acusado el señor ADRIAN JESÚS CUASPA CHACUA, ésta persona debe ser

investigada por la Jurisdicción Penal Ordinaria o por la Jurisdicción Especial Indígena, representadas, la primera por la Fiscalía Veintidós Seccional de Ipiales, Nariño, y la segunda, por el Resguardo indígena de Mueses Potosí, del mismo Departamento. Sea entonces esta la oportunidad para delimitar y dilucidar el gran problema que ha venido alcanzando y denotando connotaciones impredecibles en el desarrollo diario de la sociedad Colombiana, cual es, el de poder precisar y limitar los alcances o competencias de la Jurisdicción Especial Indígena, razón que nos lleva a abordar en primer lugar este gran y trascendental problema jurídico que deberá marcar la ley del proceso en lo sucesivo cuando se trate de fijar la competencia jurisdiccional en donde resulte involucrado o comprometido un indígena colombiano; en tanto que, si bien es cierto la Constitución Política de 1991, en su artículo 246, frente a ello se refirió en los siguientes términos: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República, La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”. El reconocimiento de este fuero especial es producto del principio fundamental establecido en la Carta Política en su artículo 7°: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”, disposición que implica no sólo la declaración de la necesaria coexistencia pacífica de

diferentes pueblos y etnias, sino además, la protección de los valores culturales que le son propios a dichos pueblos. Bajo los principios del Estado democrático, social de derecho y de la axiología superior de los derechos humanos, todas las etnias, los pueblos y los hombres se conciben iguales en dignidad y derechos. Tales preceptos determinan el reconocimiento y garantía de la identidad y pluralismo cultural que reconoce el derecho de los pueblos indígenas de gobernarse por autoridades conformadas y reglamentadas según los usos y costumbres de sus comunidades (Art. 330 Constitución Política de Colombia) e implica la aceptación de su cosmovisión y las tradiciones valorativas diversas y hasta diferentes a la ética dominante en la sociedad mayoritaria10 Esto explica claramente la razón y naturaleza del fuero indígena, el cual deviene en esencia de la pertenencia a una cultura aborigen, esto es, de la posesión de una cosmovisión y a unos valores culturales propios que dan sentido a la existencia y orientan el comportamiento en la vida de relación, con sus formas de gobierno y justicia, al reconocimiento de su cultura y tradición como normas jurídicas aplicables por sus mismas autoridades en sus respectivas comunidades y territorios. En virtud a todo ello, se puede afirmar que el Estado Colombiano ha reconocido, fortalecido y financiado la existencia de autoridades indígenas tradicionales y origina precisamente el reconocimiento de la competencia jurisdiccional en materia penal de las mismas, con aplicación de sus propias 10 Ver Corte Constitucional. Sentencia T-254 de 1994

normas y procedimientos (Arts. 246, 286, 329 Constitución Política de Colombia), en aras a garantizar el respeto por la particular cosmovisión del individuo11, pero, esa competencia no puede rebasar ni sobreponer la justicia Colombiana o aquella de la mayoría del pueblo Colombiano, en tanto que, la cultura aborigen, la posesión de una cosmovisión y la defensa de unos valores culturales propios de los pueblos indígenas, no pueden, ni podrán estar por encima de los intereses generales del pueblo Colombiano y menos aún desconocer principios como el de la dignidad humana o de la soberanía del Estado Colombiano o el de la misma seguridad institucional del Estado, en tanto que la democracia y el Estado social de derecho son principios fundamentales igualmente protegidos y amparados por el sistema de justicia nacional y hasta internacional. Las autoridades de los pueblos indígenas ya sean unipersonales o colectivas, ejercerán funciones jurisdiccionales al interior de sus propios y respectivos territorios, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la república, por lo tanto, en principio estas autoridades tienen competencia para juzgar ciertas conductas punibles que ocurren bajo su jurisdicción, pero, como se verá y desarrollará en el segundo de los problemas jurídicos planteados, esta competencia jurisdiccional penal, estará circunscrita a aquellos asuntos que afecten su entorno socio cultural12 en el de sus tradiciones, usos y costumbres, hasta tanto, con la expedición de norma positivas, se reglamente la materia. 11 .-Corte Constitucional, sentencia T496 de 1996 12 Quién aquí oficia como Magistrado Ponente, ha considerado que la facultad punitiva de las

autoridades indígenas, hasta tanto la ley que deba expedirse por el Legislador, delimite la coordinación que debe existir entre la jurisdicción especial indígena y el sistema judicial nacional, se circunscribe al conocimiento de los delitos querellados, es decir, aquellos que admiten desistimiento. Así lo ha expresado en varias aclaraciones y salvamentos de voto, entre ellos cabe citar: radicados 110010102000201201764 00, Magistrada Ponente Doctora JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ y radicado 11001010200020120178600, Magistrado Ponente Doctor JOSÉ OVIDIO CLAROS

POLANCO.

No obstante, cuando el comportamiento delictivo se ha cometido fuera del territorio indígena, afectándose a un extraño o a la propia comunidad, corresponderá al juez ordinario, establecer si en el caso concreto prevalece o no el fuero cultural que determinaría la competencia de las autoridades indígenas. Por ello, de esta forma queda claramente establecido que Colombia como Estado Social de Derecho se encuentra organizado en forma de República unitaria, y por ende las jurisdicciones que operan en el sistema judicial nacional, no pueden considerarse una rueda suelta dentro de dicho engranaje sistémico, creando una desestabilización para la sociedad colombiana, so pretexto de la cultura y de la cosmovisión de dichos pueblos, para desde allí atentar, desconocer y vulnerar bienes jurídicos trascendentales, importantes y del resorte exclusivo de la jurisdicción ordinaria penal, en tanto ello sería atentar contra la soberanía del Estado Colombiano, quien, ha instituido, organizado, financiado y capacitado toda una jurisdicción ordinaria para

garantizar la paz y la convivencia pacífica del Pueblo Colombiano. La autonomía de que gozan las entidades territoriales indígenas - como la han venido igualmente disfrutando las demás entidades territoriales (municipios, departamentos y las regiones) - no puede confundirse con la entrega parcial de la soberanía del Estado, en tanto ella, solo está radicada en esa República unitaria, desarrollada en la forma de estructura del Estado, debidamente regulada en la Constitución Política de Colombia. Entendida esa República unitaria como la forma de gobierno que se caracteriza por la centralización política y la competencia legislativa está asignada y reservada al Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes) pero que aplica las técnicas de la descentralización y la desconcentración administrativa para la ejecución de su actividad; con un Poder judicial debidamente organizado y regulado (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Jurisdicción Penal Militar y Jurisdicción Indígena) que debe aplicar el derecho y administrar justicia para todo el territorio Colombiano; con un Poder ejecutivo fuerte, organizado jerárquicamente, pero autónomamente dentro del límite de sus competencias territoriales asignado por la Constitución Política para poder ejercer la debida administración y manejo del Estado Colombiano. Dicha república unitaria que cohesiona a sus asociados tiene sus concretos efectos en la aplicación de las leyes que la rigen, dando vigencia al apotegma: donde existen los mismos supuestos de hecho, deben obrar las mismas reglas y principios de Derecho y quién las infringe se hará acreedor a la misma

sanción. Y es la Corte Constitucional, en sentencia C-790 de 2002, la que nos permite hacer las precisiones que anteceden, en tanto en dicha providencia en relación a este concepto manifestó lo siguiente: “Conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la Carta, Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Según lo ha dicho la Corte "República unitaria implica que existe un solo legislador; descentralización consiste en la facultad que se otorga a entidades diferentes del Estado para gobernarse por sí mismas, a través de la radicación de ciertas funciones en sus manos y autonomía significa la capacidad de gestión independiente de los asuntos propios. Etimológicamente, autonomía significa autonormarse, y de ella se derivan las siguientes consecuencias: a. Capacidad de dictar normas; b. Capacidad de la comunidad de designar sus órganos de gobierno; c. Poder de gestión de sus propios intereses y d. Suficiencia financiera para el desempeño de sus competencias"3. El principio de unidad de la República implica la fijación del orden estructural superior del Estado que rige respecto de la totalidad de éste y por tanto de cualquiera de sus partes. Dicho principio también, determina un orden material o sustantivo único y vinculante para la totalidad de los poderes públicos, con relación tanto al status jurídico de los ciudadanos como al cuadro de principios rectores de las políticas de los referidos poderes públicos. Y, diseña la organización y el funcionamiento del Estado en su conjunto. La autonomía por su parte, segundo principio clave de la organización

territorial del Estado Colombiano, permite que las entidades territoriales gocen de autogobierno para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley, y por ende tienen derecho a gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar sus propios recursos y participar en las rentas nacionales (CP. Art. 287). Por lo tanto, tales entes territoriales tienen capacidad tanto de autonormación como de acción en el plano ejecutivo, es decir, una aptitud para la definición de una política propia en la elección de estrategias distintas para la gestión de sus propios intereses. Puede afirmarse entonces, que la autonomía de los entes territoriales les permite tener una organización y una capacidad derivada y limitada de autorregulación. Ahora bien, la forma de cómo interpretar nuestra dogmática constitucional, y el camino que adoptemos para solucionar las colisiones que se presenten, teniendo en ello admisibilidad de los principios de interpretación en cuyos criterios, como lo sostiene el Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, en su obra “la interpretación constitucional”, la labor del intérprete constitucional, debe respetar unos límites racionales para que su decisión esté legitimada. Dicha interpretación debe considerar la Constitución como un sistema integrado dentro de un contexto político, social y cultural, teniendo en cuenta la armonía y coordinación para encontrar la solución que mejor convenga con el sistema constitucional. El principio de interpretación debe reconocer la máxima eficacia posible a los derechos fundamentales que han sido objeto de conformación legislativa. Todo lo cual, significa, dar prevalencia al criterio “favor libertatis”, o sea que la interpretación constitucional debe buscar la máxima eficacia de los derechos fundamentales, por lo que las restricciones a los

derechos fundamentales deben analizarse con extremo cuidado para no desvirtuar el núcleo esencial del derecho invocado. También ha dicho La Corte Constitucional que los criterios de interpretación a seguirse cuando se trata de dirimir conflictos entre derechos constitucionales, han de ser equilibrados o ponderados: “Cuando hay derechos o bienes constitucionales enfrentados, la tensión se resuelve armonizando los principios, valores y derechos estableciendo límites y restricciones que permitan articular los intereses constitucionales en juego”13 ()”. “Los derechos fundamentales, no obstante su consagración constitucional y su importancia, no son absolutos y, por tanto necesariamente deben armonizarse entre sí y con los demás bienes y valores protegidos por la Carta, pues de lo contrario, ausente esa 13 Sentencia C475 de 1997, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz indispensable relativización, la convivencia social y la vida institucional no serían posibles”.14 Partiendo de todas estas premisas y principios, es claro que todos los ciudadanos nacionales hacen parte del Estado Colombiano, llámense indígenas, negros, mestizos o blancos, hombres, mujeres o niños, y por ende estamos sometidos a esa soberanía nacional que está representada en el Estado Colombiano, ente creado por el pacto social al cual nos hemos sometido desde nuestro nacimiento mismo, para que seamos regulados en sociedad, por esa estructura organizada que garantice la convivencia pacífica y armónica de un pueblo como el nuestro. En virtud a ello, esa soberanía nunca ha sido delegada en materia jurisdiccional a ningún pueblo o etnia que exista en nuestro país, lo cual implica que la función jurisdiccional que ejercen los

pueblos indígenas a través de sus autoridades, dentro de su ámbito territorial, conforme a sus propias normas y procedimientos, no pueden desconocer esa soberanía nacional constituida por el respeto a la constitución y a la ley, es decir, no se puede pretender, que desde esa prerrogativa funcional se construyan hechos que generen impunidad contra dichas etnias y contra los demás nacionales colombianos en materia penal en Colombia, y así vulnerar y desconocer los bienes jurídicos tutelados regulados en el código penal, en tanto la delincuencia organizada conoce que las sanciones impuestas por la jurisdicción indígena es más flexible y benigna que las consagradas en el ordenamiento sustantivo punitivo colombiano. Es así entonces, que de acuerdo a lo prescrito esta Sala ha sido respetuosa de las disposiciones que protegen la jurisdicción indígena, en tanto considera que debe admitirse el principio de armonización concreta 14 Sentencia C578 de 1995, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz. con el cual se impide que se busque la efectividad de un derecho mediante el sacrificio o restricción de otro. La colisión de derechos no debe, por lo tanto, resolverse mediante una ponderación superficial o una prelación abstracta de uno de los bienes jurídicos en conflicto. Esta ponderación exige tener en cuenta los diversos bienes o intereses en juego y propender su armonización en la situación concreta, como momento previo y necesario a cualquier jerarquización o prevalencia de una norma constitucional sobre otra. El principio de armonización concreta implica la mutua delimitación de los bienes contrapuestos, mediante la concordancia

práctica de las respectivas normas constitucionales, de modo que se asegure su máxima efectividad”15. Resulta claro entonces, que teniendo como norte principios basilares de interpretación constitucional; como efectividad constitucional, interpretación conjunta y sistemática, ponderación, armonización concreta y concordancia práctica, la Corte Constitucional procure hallar el equilibrio en puntuales confrontaciones entre los derechos de la defensa, debido proceso y autonomía de las comunidades indígenas a buscar la solución de conflictos originados por la comisión de delitos por parte de sus miembros. Se torna entonces no solo peligroso, sino que se atenta contra la seguridad del mismo Estado Colombiano, abrir la brecha para que la función jurisdiccional indígena conozca, investigue y sancione toda clase de ilícitos, cuando de antemano se parte y se conoce que en la jurisdicción indígena su capacidad punitiva y hasta carcelaria es bastante limitada y busca otros objetivos diferentes a la jurisdicción ordinaria, lo cual no sólo lograría enviar un mensaje equivocado a la comunidad colombiana, sino que vuelve muy vulnerables a los mismos pueblos indígenas en tanto sería objetivo y caldo de cultivo