CSDJ - F11001010200020130018900ADJUNTA20130221130659-2013

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D. C., 20 de febrero de 2013. Aprobado según Acta No. 012 de la fecha.

Magistrado Ponente: ANGELINO LIZCANO RIVERA Radicación No. 110010102000201300189 00

Referencia: Conflicto de Jurisdicciones.

Colisionados: Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Neiva-Huila y el Juzgado Tercero Administrativo Oral de la misma ciudad.

Demandante: Carlos Miguel Roa Perdomo.

Tema: Demanda Ejecutiva Laboral de Carlos

Miguel Roa Perdomo contra La Nación, Ministerio Educación, Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y Departamento del Huila.

Decisión: Adscribir a la Jurisdicción Ordinaria.

ASUNTO A TRATAR Procede la Sala a pronunciarse respecto del conflicto negativo de jurisdicción suscitado entre el JUZGADO TERCERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE NEIVA-HUILA Y EL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL de la misma ciudad, por el conocimiento de la Demanda Ejecutiva Laboral que instauró a través de apoderado, el señor CARLOS MIGUEL ROA PERDOMO contra la

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Referencia: CONFLICTO DE JURISDICCIONES

Nación, Ministerio Educación, Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y Departamento del Huila. ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL La apoderada judicial del accionante, interpuso la demanda ejecutiva laboral el 03 de octubre de 2012 ante los Juzgados Laborales del Circuito de Neiva - Huila, contra la Nación, Ministerio Educación, Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y Departamento del Huila, cuyas pretensiones están encaminadas a obtener que se libre mandamiento de pago por los intereses moratorios que considera se le adeudan por el pago tardío de sus cesantías, las cuales fueron reconocidas conforme a la Resolución N° 3766 del 11 de octubre de 2011, expedida por la Secretaría de Hacienda Municipal de Neiva, las cuales le fueron canceladas el día 20 de junio de 2012. (fl. 17 del c.o.) PRONUNCIAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES EN CONFLICTO El JUZGADO TERCERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE NEIVA-HUILA.- La demanda fue repartida al Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Neiva, donde por auto del 29 de octubre de 2012 resolvió rechazar la demanda de la referencia, considerando que en este evento la Ley 1147 de 2011, aclaró y amplió la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que hasta esa fecha se limitaba al cobro de obligaciones provenientes de sus sentencias y a las generadas por el incumplimiento de contratos

administrativos lo que había obligado a la Jurisdicción del Trabajo a conocer de las ejecuciones de actos administrativos proferidos por la Administración Pública. EL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE NEIVA-HUILA.- Arribadas las diligencias al Despacho Judicial, según acta individual de reparto del 17 de enero de 2013, por auto del día 22 del mismo mes y año, este, hizo lo propio y dispuso

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Referencia: CONFLICTO DE JURISDICCIONES suscitar el conflicto de competencias y enviarlo a esta Superioridad, toda vez que no compartía lo indicado por el Juez Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Neiva.

Lo anterior, por cuanto el numeral 6 del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, era claro al establecer que esa jurisdicción está instituida para conocer de los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una Entidad Pública e igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades. Así que de la simple lectura de la norma en comento, se infiere cómo la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conoce de aquellos procesos ejecutivos cuyo

título sea un Acto Administrativo, pues no fueron incluidos en la disposición antes transcrita, la cual se limitó a señalar los derivados de condenas impuestas y conciliaciones aprobadas por ésta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiese sido parte una Entidad Pública y los originados en contratos estatales.

De otra parte señaló: “Tendría que concluirse además que, como se mantuvieron inmodificables las obligaciones que son objeto de ejecución por esta autoridad, continúa perenne la legal general de competencia contenida en el numeral 5° del artículo 2° de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 2° del Código de Procedimiento Laboral, que atribuye a la Jurisdicción Ordinaria Laboral “la ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del Sistema de Seguridad Social integral que no correspondan a otra autoridad “entendida como relación de trabajo, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario, cualquiera que sea el acto que le dé origen (v.gr. vinculación por contrato de trabajo o legal y reglamentario”. (fl. 23 - Negrillas fuera de texto)

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Referencia: CONFLICTO DE JURISDICCIONES Por lo que decidió suscitar el conflicto de jurisdicciones y remitir a esta Colegiatura el

expediente para lo de su competencia. CONSIDERACIONES Competencia.- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 256 de la Constitución Política y el numeral 2 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, es competente la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer el conflicto de jurisdicciones suscitado entre la Justicia Ordinaria, representada por el JUZGADO TERCERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE NEIVA-HUILA y la Jurisdicción Contencioso Administrativa, representada por EL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL de la misma ciudad, por el conocimiento de la demanda ejecutiva laboral que instauró a través de apoderado, el señor CARLOS MIGUEL ROA PERDOMO contra la Nación, Ministerio Educación, Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y Departamento del Huila. Existencia del conflicto.- Existe conflicto de jurisdicciones cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, esto es, de la facultad para conocer, tramitar y decidir un caso concreto, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos estiman que es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar que no les corresponde, evento donde es negativo y para que se estructure o proceda es necesario que se presenten los siguientes presupuestos: a) Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso; b) Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso u otros acerca de quién debe conocerlo y c) Que el proceso se halle en trámite. Una vez establecido que se configuró un conflicto negativo de jurisdicciones, entrará

la Sala a analizar los supuestos fácticos para resolver el conflicto y asignar la competencia de la demanda a una de las jurisdicciones colisionantes, de conformidad

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Referencia: CONFLICTO DE JURISDICCIONES con las facultades Constitucionales y Legales asignadas.

Del asunto a resolver.- Discuten el conocimiento en este asunto, el JUZGADO TERCERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE NEIVA-HUILA Y EL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL de la misma ciudad, a propósito de la demanda ejecutiva laboral presentada a través de apoderado por el señor CARLOS MIGUEL ROA PERDOMO, contra la Nación, Ministerio Educación, Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y Departamento de Neiva, cuyas pretensiones están encaminadas a obtener que se libre mandamiento de pago por los intereses moratorios que considera se le adeudan por el pago tardío de sus cesantías, las cuales fueron reconocidas conforme a la Resolución N° 3766 del 11 de octubre de 2011. Ahora bien, se recordará que la función de Administrar Justicia es aquella ejercida por los Jueces de la República conforme a la Constitución y la Ley y que teniendo en cuenta las reglas previamente señaladas para su definición, se distribuye entre las

diferentes jurisdicciones. De igual manera la competencia se define como la facultad que tiene el Juez o el Tribunal para ejercer por autoridad de la Ley en determinado asunto. Así mismo, en reiteradas oportunidades ésta Corporación en materia de conflictos de jurisdicciones ha establecido que para que este se configure, debe surgir disputa entre el funcionario que conoce u otros acerca de quién debe conocerlo. En el presente asunto como se dijo, se refiere a la asignación de la autoridad competente para asumir el conocimiento de la Demanda Ejecutiva incoada por intermedio de apoderado Judicial por el señor Roa Perdomo, con el fin de obtener el pago de la sanción moratoria establecida por la Ley 244 de 1995, para cuando la Administración es negligente en el pago oportuno de las prestaciones sociales a cargo

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Referencia: CONFLICTO DE JURISDICCIONES de sus colaboradores como en este caso las Cesantías Definitivas del demandante, toda vez que desde el día en que se hizo exigible el derecho transcurrieron 239 días sin que el pago se hubiera efectuado por lo tanto no se está frente a la discusión del derecho que se reclama, por el contrario el origen de la solicitud no es otro que la consecuencia cierta del incumplimiento en el pago de una obligación clara y expresa contenida en un acto administrativo que reconoció un derecho cierto e indiscutible.

Luego el demandante puede reclamar el pago de la mora, una vez presente los presupuestos que consagró la precitada norma que concede a los pagadores de las Entidades Públicas un plazo razonable de 45 días para erogar las sumas reconocidas por concepto de cesantías, por consiguiente estamos frente a la ejecución de una suma determinada de dinero en consecuencia no es competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en tanto no se pretende el reconocimiento como tal de un derecho, sino se reitera la mora en la efectividad del mismo por lo que es viable el ejercicio de la acción ejecutiva a la luz de lo normado en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone lo siguiente: “(…) Artículo 488. Títulos Ejecutivos: pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él , o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contenciosos administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia (…)” A su turno, el numeral 5 de la Ley 712 de 2001, modificatoria del Código de Procedimiento Laboral, en materia ejecutiva contempla: “Artículo 20. Competencia general. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laborales y de seguridad social conoce de: (…)

5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del

sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad”.

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Referencia: CONFLICTO DE JURISDICCIONES En concordancia con la norma anteriormente citada el artículo 100 del Código Procesal del Trabajo establece: “Artículo 100. Procedencia de la ejecución. Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme.

Cuando de fallos judiciales o laudos arbitrales se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este Capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 987 y siguientes del Código Judicial, según sea el caso.” A su vez, la Ley 1437 de 2011, en vigencia desde el 2 de julio de 2012, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagró de manera expresa en el artículo 104, los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción, sin que pueda predicarse que en el caso sometido a consideración de la Sala, se encuentre allí consagrado. Debe valorarse además, el hecho que la clase de ejecución demandada no es el derecho incorporado dentro del acto administrativo que junto con el documento que

acredita la efectividad del pago, constituye el título ejecutivo en los términos precisos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil. Con fundamento en las anteriores consideraciones en el presente conflicto la competencia se asignará a Jurisdicción Laboral Ordinaria en titularidad del Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales del Circuito de Neiva. Huila, a donde se remitirán las diligencias en forma inmediata. En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales,

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Referencia: CONFLICTO DE JURISDICCIONES RESUELVE Primero.- DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la

Jurisdicción Ordinaria, representada por el JUZGADO TERCERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE NEIVA-HUILA y la Jurisdicción Contencioso Administrativa representada por EL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL de la misma ciudad, por el conocimiento de la Demanda Ejecutiva Laboral que instauró a través de apoderado, el señor CARLOS MIGUEL ROA PERDOMO contra la Nación, Ministerio Educación, Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y Departamento del Huila, asignando el conocimiento a la primera de las nombradas,

representada por el JUZGADO TERCERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE NEIVA-HUILA, a donde se remitirá el expediente en forma inmediata, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. Segundo.- Conforme a lo anterior, envíese copias de este proveído al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE NEIVA, para su información.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

WILSON RUÍZ OREJUELA

Presidente

JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ

Vicepresidente Magistrada

ANGELINO LIZCANO RIVERA MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA

Magistrado Magistrada

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Referencia: CONFLICTO DE JURISDICCIONES

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO HENRY VILLARRAGA OLIVEROS

Magistrado Magistrado

YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial