CSDJ - F11001010200020130242800ADJUNTA20140227155158-2014

CONFLICTO NEGATIVO / Jurisdicción Ordinaria Civil y Contencioso Administrativa. Conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO y el JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE LA MISMA CIUDAD, con ocasión de la demanda ejecutiva, interpuesta en nombre propio, por el señor ERASMO EDUARDO

CHÁVES DE LOS RIOS contra de RICARDO EFRAÍN MARTÍNEZ

NARVÁEZ.

Se asigna a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil catorce (2014) Magistrada Ponente Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No. 110010102000201302428-00 (8609-17) Aprobado según Acta de Sala No. 12 ASUNTO Procede la Sala a resolver el conflicto negativo de competencia suscitado entre el JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE PASTO y el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE LA MISMA CIUDAD, quienes se niegan a conocer de la demanda ejecutiva instaurada por el señor EDUARDO ERASMO CHÁVES DE LOS RÍOS contra del señor

RICARDO EFRAÍN MARTÍNEZ NARVÁEZ.

HECHOS 1.- En nombre propio el señor EDUARDO ERASMO CHÁVES DE LOS

RIOS, impetró demanda ejecutiva para hacer efectivo el pago de honorarios causados a su favor en calidad de auxiliar de la justicia dentro de la Acción Popular No. 2009-00042, interpuesta por el señor RICARDO EFRAÍN MARTÍNEZ NARVÁEZ, por medio de apoderado judicial, en contra de la NACIÓNMINISTERIO DE TRANSPORTEINSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO-INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS - (folio 19 del c.o.). La acción popular fue instaurada ante el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO, despacho que le dio el impulso procesal correspondiente. Narra el actor en su petitum demandatorio, que en dicho proceso el señor MARTÍNEZ NARVÁEZ solicitó un dictamen pericial, razón por la cual se designó al auxiliar judicial señor EDUARDO ERASMO CHÁVES DE LOS RÍOS; quien desplegó la actuación contratada y rindió la experticia requerida. Por lo anterior, el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO, mediante proveído del 05 de noviembre de 2010, fijó los honorarios del perito CHÁVES DE LOS RÍOS, en la suma de treinta salarios mínimos diarios vigentes a cargo de la parte demandante. Dicha parte no cumplió con el pago de los honorarios del perito fijados por el citado juzgado, motivo por el cual el mencionado perito, instauró la presente demanda ejecutiva en aras de obtener el pago de sus honorarios tasados por el Juez Contencioso dentro de la mencionada acción popular (fl. Fl. 1 -9 del c.o.).

2.- El día 21 de junio de 2013, fue repartida al JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE PASTO, y en auto interlocutorio ese juzgado rechazó de plano la demanda ejecutiva, al considerar que carecía de jurisdicción para conocer dicho asunto. Lo anterior, lo fundamentó bajo el postulado descrito en el artículo 391 del Código de Procedimiento Civil, que versa sobre la competencia del juez de primera instancia para conocer sobre ese tipo de demanda, razón por la cual debió conocer el juez contencioso. Por ello, se amparó en lo señalado en el artículo 88 del C.P.C., que reza sobre el rechazo de plano de la demanda por falta de jurisdicción. En consecuencia, ordenó remitir la actuación a la Jurisdicción Contenciosa para lo de su competencia (folio 11 – 13 del c.o.). 3.- Arribada la demanda a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, le correspondió al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE PASTO, despacho que en su criterio estableció su falta de jurisdicción para conocer del presente asunto, en virtud de lo consagrado en el artículo 104 del C.P.A.C.A, en el cual se establece que la “jurisdicción contenciosa conoce de las condenas impuestas, conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en el que hubiere sido parte una entidad publica; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esa entidades”. Lo anterior, al considerar que dicho título es una providencia que fijó unos honorarios a un perito dictado dentro de un proceso judicial. En

conclusión, procedió al envío de expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia (folio 16-17 del c.o.).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia. De conformidad con las atribuciones consagradas en el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política, en armonía con el numeral 2 del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para dirimir conflictos de competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las consagradas en el numeral 3º del artículo 114 de la Ley 270 de 1996. Entendida la jurisdicción como la función del Estado de administrar justicia, y la competencia, como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para ejercer, por autoridad de la ley en determinado asunto. Así tenemos por regla general, el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos funcionarios estiman es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar no corresponderle, será negativo, y para que éste se estructure o proceda, es necesario se presenten los siguientes presupuestos:

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite.

Por otra parte, y previo a analizar el asunto objeto de estudio, es necesario

precisar que en los pronunciamientos de esta Colegiatura, han de desarrollarse los principios rectores los cuales enmarcan una adecuada administración de justicia, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia de la función judicial, pues estos pueden generar variaciones en el trámite de los conflictos de jurisdicción y competencia puestos a conocimiento de esta Colegiatura, en aras de prever actualmente un trámite expedito y ágil en orden a lograr la eficiencia en el ejercicio de la función judicial tal como lo contempló el principio constitucional consignado en el artículo 2° Superior, veamos: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” En ese orden de ideas y en procura de materializar tal principio, se ceñirá la Sala a pronunciarse sobre el tema propuesto a su consideración en el entendido de que lo pretendido es definir a quién corresponde la competencia para conocer determinado proceso judicial, esto es, el verdadero acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta que

esta Colegiatura es el órgano constitucional encargado para dirimir este tipo de conflictos, y en aras de garantizar el principio de economía procesal, dada la trascendencia social del litigio traído en autos, por consiguiente, se procederá a analizar el sub lite y tomar una decisión de fondo en la cual se esclarezcan los hechos objeto de la controversia, y así garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, conforme lo prevé el artículo 228 de la Constitución Política cuyo texto legal es del siguiente tenor: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. (…)” 2.- Objeto del conflicto. El objeto del presente conflicto radica en determinar a cuál jurisdicción compete el conocimiento de la demanda ejecutiva, que en nombre propio interpuso el señor ERASMO EDUARDO CHÁVES DE LOS RÍOS contra RICARDO EFRAÍN MARTÍNEZ NARVÁEZ. 3.- Del caso en concreto. Procede la Sala a dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, representada por el JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE PASTO y el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE LA MISMA CIUDAD, con el objeto de definir cual es el despacho judicial competente para conocer del proceso ejecutivo, en el cual es accionante RICARDO EFRAÍN MARTÍNEZ

NARVÁEZ.

El presente litigio se originó por el cobro de los honorarios reclamados por el

actor a la demandada, los cuales fueron reconocidos dentro del proceso 2009-00042, mediante auto del 05 de noviembre de 2010, por lo anterior, en menester revisar las normas que sobre el particular gobiernan tal reclamación. Como primera medida, debemos anotar que el Código de Procedimiento Civil en su artículo 388, establece la institución de los honorarios de auxiliares de la justicia, así: “ARTÍCULO 388. HONORARIOS DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 41 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> El juez, de conformidad con los parámetros que fije el Consejo Superior de la Judicatura, señalará los honorarios de los auxiliares de la justicia, cuando hayan finalizado su cometido, o una vez aprobadas las cuentas mediante el trámite correspondiente si quien desempeña el cargo estuviere obligado a rendirlas. En el auto que señale los honorarios, se determinará a quién corresponde pagarlos. Las partes y el auxiliar podrán objetar los honorarios en el término de ejecutoria del auto que los señale. El juez resolverá previo traslado a la otra parte por tres días. Ejecutoriada la providencia que fije los honorarios, dentro de los tres días siguientes la parte que los adeuda deberá pagarlos al beneficiario, o consignarlos a la orden del juzgado o tribunal para que los entregue a aquél, sin que sea necesario auto que lo

ordene. Los honorarios del curador ad lítem se consignarán a órdenes del despacho judicial, quien autorizará su pago al momento de terminación del proceso o al momento en que comparezca la parte representada por él. La suma que se fija en el momento de la designación del curador ad lítem no tiene relación con los honorarios y sólo se refiere a la suma para gastos de curaduría. Cuando haya lugar a remuneración o reembolso de honorarios por concepto de un dictamen pericial, en ningún caso se podrán exceder las tarifas señaladas por el Consejo Superior de la Judicatura, las cuales deberán ser fijadas dentro de los tres (3) meses siguientes a la promulgación de la presente ley.” En igual sentido, el artículo 391 ibídem establece: “ARTÍCULO 391. COBRO EJECUTIVO DE HONORARIOS Y EXPENSAS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627 > <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 197 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente: la parte deudora no cancela, reembolsa o consigna los honorarios en la oportunidad indicada en el artículo 388, el acreedor podrá formular demanda ejecutiva ante el juez de primera instancia, la cual se tramitará en la forma regulada por el artículo 508. Si el expediente se encuentra en el juzgado o tribunal de segunda instancia, deberá acompañarse a la demanda copia auténtica del auto que señaló los honorarios y del que los haya modificado, si

fuere el caso, y un certificado del magistrado ponente o del juez sobre las personas deudoras y acreedoras cuando en las copias no aparezcan sus nombres. Contra el mandamiento ejecutivo no procede apelación, ni excepciones distintas a las de pago y prescripción.” De lo anterior, se observa que la fijación de honorarios es un procedimiento establecido por el juez de conocimiento del asunto de marras, para el presente caso, es el juez popular quien estableció los valores a que tenía derecho el actor por su actividad desplegada al interior de la referida acción popular. Por otra parte, el legislador estableció en el C.P.A.C.A. (Ley 1437 de 2011) la competencia para conocer los asuntos propios de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que a la luz del numeral 7 del artículo 155 la Competencia de los jueces administrativos en primera instancia, así: “Artículo 155. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…)

7. De los procesos ejecutivos, cuando la cuantía no exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. ” Así mismo, en el artículo 105 del C.P.A.C.A., resaltó los asuntos que no son del resorte del Juez Contencioso, hecho del cual se puede inferir que las pretensiones de la demanda no se enmarcan dentro de los supuestos normativos fijados por el legislador en dicho artículo, razón por la cual no se excluye de esta jurisdicción el conocimiento del asunto traído en autos.

Ahora bien, la Jurisdicción Ordinaria esta instituida para conocer de los

procesos originados de un contrato de trabajo y de los eventos establecidos en el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, que para el estudio del caso, los numerales 1 y 6 establecen: “ARTÍCULO 2º. El artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social quedará así:"ARTICULO 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.

6. Los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive.” La demanda ejecutiva no puede ser conocida por la jurisdicción ordinaria, en virtud que la mencionada jurisdicción tiene el conocimiento en la vía ejecutiva para el cobro de honorarios, en el caso que estos provengan de una relación laboral, caso que no corresponde al asunto tratado.

Encuentra la Sala que la demanda presentada por el señor CHÁVES DE LOS RÍOS en aras de obtener el pago de los honorarios fijados dentro del trámite de una acción popular por parte del Juez de Conocimiento, debe ser de conocimiento del mismo operador jurídico que los reconoció, de la misma jurisdicción, que para el caso de autos, promovió el trámite incidental y que deberá ser asumido por el Juez de lo Contencioso Administrativo bajo la misma cuerda procesal. Luego, sí se atiende a la presunta omisión en el pago de los honorarios a un auxiliar de la justicia por haber actuado como perito en un proceso

adelantado en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es a ésta a quien le corresponde conocer la acción ejecutiva pertinente, de conformidad con las normas de competencia establecidas al respecto en los artículos 388 y 391 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por expresa remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo. En conclusión, las normas procesales que sitúan en una u otra jurisdicción las controversias surgidas de la ejecución de honorarios de los auxiliares de la justicia, atienden, salvo norma en contrario, a la naturaleza del proceso que las origina, lo que determina la jurisdicción competente para conocer del proceso ejecutivo para el cobro de los honorarios de un auxiliar de la justicia. Sean las anteriores razones suficientes para radicar el conocimiento de la demanda ejecutiva en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, representada por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE PASTO.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus facultades constitucionales y legales. RESUELVE PRIMERO.- DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE PASTO y el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE LA MISMA CIUDAD, en el sentido de asignar el conocimiento del presente tema a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en esta materia, representada por el segundo de los Despachos mencionados. SEGUNDO.- REMITIR el proceso a conocimiento del JUZGADO TERCERO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO, y copia de la presente providencia al JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE LA MISMA CIUDAD, para su información.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidenta Vicepresidente

JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ

Magistrado Magistrada

ANGELINO LIZCANO RIVERA NÉSTOR IVÁN JAVIER OSUNA PATIÑO

Magistrado Magistrado

WILSON RUÍZ OREJUELA

Magistrado

YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial