CSDJ - F11001010200020130243600ADJUNTA20131106173028-2013

CONFLICTO NEGATIVO / Jurisdicción Ordinaria Laboral / Jurisdicción Contencioso Administrativa. Conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, representada por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN y la Jurisdicción Ordinaria en cabeza del JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN, con ocasión de acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta a través de apoderado judicial por la señora ELCY

VICTORIA CERÓN MUÑOZ contra LA NACIÓN, MINISTERIO DE

EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO – DEPARTAMENTO DEL CAUCA –

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. O

FIDUPREVISORA.

Se asigna a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil trece (2013) Magistrada Ponente Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No. 110010102000201302436-00 (8621-17) Aprobado según Acta de Sala No. 85 ASUNTO Procede la Sala a dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, representada por el

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN y

la Jurisdicción Ordinaria en cabeza del JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN, con ocasión de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta a través de apoderado judicial por la señora ELCY VICTORIA CERÓN MUÑOZ contra LA NACIÓN, MINISTERIO

DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO – DEPARTAMENTO DEL CAUCA –

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. O

FIDUPREVISORA.

ANTECEDENTES RELEVANTES 1.- El presente conflicto se originó con la presentación de la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho el día 13 de agosto de 2012 por el apoderado judicial de la señora ELCY VICTORIA CERÓN MUÑOZ

contra LA NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. O FIDUPREVISORA, en aras de obtener la nulidad de los actos administrativos, uno ficto o presunto por la configuración del silencio administrativo negativo, respecto de la petición presentada el 22 de diciembre de 2011; así como la nulidad del oficio No. 1212EE287301 del 20 de enero de 2012, mediante la cual le negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria en favor de la actora, frente a la mora en que incurrieron las accionadas al momento del pago de las cesantías parciales reconocidas mediante la Resolución No. 2080 del 27 de

noviembre de 2011. Como restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria generada por el retardo de las entidades accionadas en el pago de las cesantías de la actora, correspondiente a 583 días, desde el 5 de enero de 2010 hasta el 15 de abril de 2010 (fl. 1 - 53 del c.o.) 2.- Sometidas a reparto las presentes diligencias, correspondieron al JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA ORAL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN, autoridad judicial que una vez le impartió el impulso procesal correspondiente, declaró mediante auto del 12 abril de 2013, su falta de competencia para conocer del presente asunto, al apoyar su decisión en pronunciamientos del Consejo de Estado y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil, Laboral y Familia, resaltando: “(…) lo que se exige es el pago de la mora, este deberá adelantarse por la vía ejecutiva y como quiera que no se trata de una sentencia condenatoria ni de un contrato estatal – título de naturaleza ejecutables ante la jurisdicción contencioso administrativa-, será la Jurisdicción Ordinaria laboral quien asuma el conocimiento del asunto de conformidad con los demás fundamentos que se esbozan en la presente providencia. ”. En consecuencia, ordenó la nulidad de todo lo actuado y remitió la actuación a los Jueces Laborales del Circuito de Popayán (fl. 113 - 116 del c.o.).

3. Sometidas a reparto las diligencias el 23 de abril de 2013, fueron asignadas al JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE

POPAYÁN, Despacho que en auto del 24 de abril de 2013, resolvió negar el mandamiento solicitado porque el título aportado no reuniría los requisitos de un título ejecutivo (fl. 119 – 122 del c.o.) La anterior decisión fue recurrida por el apoderado de la parte demandante, razón por la cual el proceso fue sometido a reparto, siendo repartido al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYÁN, SALA LABORAL, Despacho judicial que mediante auto del 24 de julio de 2013, señaló: “(…) si lo que pretendía la demandante era el reconocimiento de un derecho, era porque éste en realidad aún no existía y precisamente lo que se procuraba era obtener el título que le sirviera de base de recaudo para adelantar, ahí sí, el correspondiente proceso ejecutivo, en caso de que la administración, en el trámite de dicho proceso, no accediera a su pago. Así las cosas, se equivocó la juez de instancia al resolver sobre un mandamiento de pago que no le había sido solicitado, que lo instaurado no fue un proceso ejecutivo, pues en este caso, el derecho de acción de la demandante estaba orientado únicamente, a que a través de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, se le reconociera el derecho al pago de la sanción moratoria por la no cancelación oportuna de cesantías parciales, para luego, sí eventualmente la decisión le fuera favorable y la administración insistiera en desatender el pago por tal concepto, ahora sí, entrar a demandar ejecutivamente la obligación, pues para ello tendría como base el título ejecutivo contentivo del derecho, es decir, la sentencia proferida por el Juez

Administrativo.”. En consecuencia, ordenó la nulidad de lo actuado y regresar las diligencias al Despacho de origen, para que estudie la posibilidad de proponer un conflicto negativo de jurisdicción (fl. 8 – 16 del cuaderno anexo). Allegado el expediente al JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN, mediante auto del 23 de agosto de 2013, resolvió manifestar su falta de competencia en razón a lo resuelto por su superior jerárquico y propuso conflicto negativo, manifestando: “Este Despacho declara su incompetencia para conocer del presente asunto, en cuanto que de acuerdo con lo expuesto lo que se persigue con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es que le sea reconocido el derecho al pago de la sanción moratoria por la no cancelación oportuna de cesantías, para luego, si eventualmente la decisión le es favorable y la administración insiste en desatender el pago de esos conceptos, entrar a reclamar ejecutivamente su pago, teniendo como título ejecutivo la sentencia proferida por el juez administrativo.”. Por lo anterior, envío el expediente a esta Colegiatura para lo de su competencia (fl. 137 – 142 del c.o).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia. De conformidad con las atribuciones consagradas en el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política, en armonía con el numeral 2 del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para dirimir conflictos de competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones y entre éstas y las

autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las consagradas en el numeral 3º del artículo 114 de la Ley 270 de 1996. Entendida la jurisdicción como la función del Estado de administrar justicia, y la competencia, como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para ejercer, por autoridad de la ley en determinado asunto. Así tenemos por regla general, el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos funcionarios estiman es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar no corresponderle, será negativo, y para que éste se estructure o proceda, es necesario se presenten los siguientes presupuestos:

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite.

Por otra parte, y previo a analizar el asunto objeto de estudio, es necesario precisar que en los pronunciamientos de esta Colegiatura, han de desarrollarse los principios rectores los cuales enmarcan una adecuada administración de justicia, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia de la función judicial, pues estos pueden generar variaciones en el trámite de los conflictos de jurisdicción y competencia puestos a conocimiento de esta Colegiatura, en aras de prever actualmente un trámite expedito y ágil en orden a lograr la eficiencia en el ejercicio de la función judicial tal como lo contempló el principio constitucional consignado en el artículo 2° Superior, veamos: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” En ese orden de ideas y en procura de materializar tal principio, se ceñirá la Sala a pronunciarse sobre el tema propuesto a su consideración en el entendido de que lo pretendido es definir a quién corresponde la competencia para conocer determinado proceso judicial, esto es, el verdadero acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta que esta Colegiatura es el órgano constitucional encargado para dirimir este tipo de conflictos, y en aras de garantizar el principio de economía procesal, dada la trascendencia social del litigio traído en autos, por consiguiente, se procederá a analizar el sub lite y tomar una decisión de fondo en la cual se esclarezcan los hechos objeto de la controversia, y así garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, conforme lo prevé el artículo 228 de la Constitución Política cuyo texto legal es del siguiente tenor: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el

derecho sustancial. (…)” 2.- Objeto del conflicto. El objeto del presente conflicto radica en determinar a cuál jurisdicción compete para el conocimiento de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que a través de apoderado judicial interpuso la señora ELCY

VICTORIA CERÓN MUÑOZ contra LA NACIÓN, MINISTERIO DE

EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO – DEPARTAMENTO DEL CAUCA –

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. O FIDUPREVISORA. 3.- Del caso en concreto.

Procede la Sala a dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, representada por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN y la Jurisdicción Ordinaria en cabeza del JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN, en aras de obtener la nulidad de los actos administrativos, uno ficto o presunto por la configuración del silencio administrativo negativo, respecto de la petición presentada el 22 de diciembre de 2011 respecto de la petición presentada el 11 de mayo de 2012; y el otro por el oficio No. 1212EE287301 del 20 de enero de 2012, comunicación mediante la cual le negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria en favor de la actora, por cuanto las accionadas incurrieron en mora en el pago de las cesantías parciales reconocidas mediante la Resolución No. 2080 del 27 de noviembre de 2011. Como

restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria generada por el retardo de las entidades accionadas en el pago de las cesantías de la actora, correspondiente a 583 días, desde el 5 de enero de 2010 hasta el 15 de abril de 2010. Así las cosas, se advierte respecto de la pretensión de la ciudadana CERÓN MUÑOZ la circunscripción de la misma en primer lugar, a que se declare la nulidad del acto ficto generado por el silencio de las entidades accionadas, con el cual se negó su solicitud. Y como segunda pretensión, que se condene a los accionados al reconocimiento y pago de la mencionada sanción moratoria reclamada por la demandante. La reclamación de la actora, se basó en lo contenido en la Ley 244 de 1995, normatividad según la cual establece: “LEY 244 DE 1995 (diciembre 29) Diario Oficial No. 42.171, de 29 de diciembre de 1995 Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones. EL CONGRESO DE COLOMBIA, DECRETA: ARTÍCULO 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución

correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley. PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo. ARTÍCULO 2o. <Artículo subrogado por el artículo 5o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro. PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este. ARTÍCULO 3o. <Artículo subrogado por el artículo 6o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Los Organismos de Control

del Estado garantizarán que los funcionarios encargados del pago de las prestaciones sociales de los Servidores Públicos, cumplan con los términos señalados en la presente ley. Igualmente, vigilarán que las cesantías sean canceladas en estricto orden como se hayan radicado las solicitudes, so pena de incurrir los funcionarios en falta gravísima sancionable con destitución. ARTÍCULO 4o. Todas las entidades públicas responsables del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los servidores públicos de cualquier orden, contarán con un (1) año, a partir de la vigencia de la presente Ley, para presentar un balance de los montos adeudados por este concepto a todos sus trabajadores. Hacia el futuro deberán presentar a sus respectivas Corporaciones Públicas, el balance de los aportes y apropiaciones para el pago oportuno de todas las prestaciones sociales, so pena de incurrir los funcionarios responsables, en causal de mala conducta. ARTÍCULO 5o. La presente ley rige a partir de su promulgación.” Por lo anterior, y en concordancia con el principio de justicia rogada1, el cual se aplica en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se concluye como intención de la accionante, obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos mediante los cuales presuntamente se le negó el pago perseguido, y como consecuencia de tal declaración, se le reconozca y pague la sanción moratoria reclamada por la actora. Teniendo en cuenta que la demanda originaria de la presente controversia, se presentó en vigencia de la Ley 1437 de 2011, advierte la Sala, que el

presente asunto se atenderá con lo dispuesto en dicha norma, pues de conformidad con lo señalado en el inciso 3° del Artículo 308 del nuevo 1 Consejo de Estado, sentencia del 22 de febrero de 2007, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Radicado 110010328000200600021, R.I. No. 3959. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso (Ley 1437 de 2011), el legislador dispuso: “Los procedimientos y actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. Por lo anterior, corresponde a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa el conocimiento del asunto de autos, en razón, en principio, a la naturaleza de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho impetrada por la señora ELCY VICTORIA CERÓN MUÑOZ, la cual se encuentra prevista en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), que a la letra reza: "Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo

general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.” En tal orden, se trata de un asunto de conocimiento de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, pues el derecho reclamado a través de la presente acción ataca un acto administrativo, controversia propia de conocimiento de los Jueces Administrativos, jurisdicción a quien se le remitirá la presente actuación para lo de su cargo. En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus facultades constitucionales y legales. RESUELVE PRIMERO.- DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN y el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN, en el sentido de asignar el conocimiento del presente asunto a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en este asunto, representada en el primero de los Despachos mencionados. SEGUNDO.- REMITIR el proceso a conocimiento del JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN, y copia de la presente providencia al JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN, para su información.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILSON RUÍZ OREJUELA JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO

Presidente Vicepresidente

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ ANGELINO LIZCANO RIVERA

Magistrada Magistrado

MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Magistrada Magistrado

HENRY VILLARRAGA OLIVEROS

Magistrado

YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial