CSDJ - F11001010200020130258500ADJUNTA20140702073103-2014

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014) Aprobado según Acta Nº. 047 Registro de Proyecto. Diecisiete (17) de junio de dos mil catorce (2014) Magistrada Ponente: Doctora MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA RAD. 110010102000201302585 00 OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO Dirimir el conflicto negativo de jurisdicción por competencia, suscitado entre los Juzgados Tercero Laboral de Descongestión y Quince Administrativo, ambos del Circuito de Cali, por razón del conocimiento de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida a través de apoderada por el señor ENRIQUE PENAGOS ROMERO contra la Universidad del Valle. ANTECEDENTES PROCESALES La apoderada del señor ENRIQUE PENAGOS ROMERO, el 5 de septiembre de 2011 ante el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Universidad del Valle. Pretende la declaratoria de nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. R-1321-2010 del 20 de diciembre de 2010, expedido por la Universidad del Valle, por medio del cual se respondió su reclamación administrativa presentada el 26 de noviembre de esa anualidad, en el sentido de negársele el reajuste de su mesada pensional. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,

de ordene a la Universidad del Valle a reconocer y pagar el monto correspondiente al reajuste de su mesada pensional, así como los demás valores a que haya lugar para restablecer el derecho. Al demandante le fue reconocida pensión vitalicia de jubilación de acuerdo con la Convención Colectiva de Trabajo vigente para entonces, según Resolución No. 006 del 4 de enero de 1993 de la Universidad del Valle, en cuyo contenido se observa que el demandante ocupó el cargo de vigilante en la sección de seguridad y vigilancia de la vicerrectoría administrativa con dedicación de tiempo completo1. POSICIÓN DEL JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI Con auto del 12 de septiembre de 2011, este Despacho judicial se declaró sin competencia, por cuanto: “… el actor se encontraba vinculado a la entidad 1 Fols. 9 – 11 C. O demandada, en el rango de trabajador oficial, toda vez que la pensión de jubilación le fue reconocida por medio de una convención colectiva de trabajo, lo que hace que la jurisdicción ordinaria laboral sea la competente para conocer del presente asunto con arreglo al artículo 2° numeral 1° del Código Procesal del Trabajo modificado por la Ley 712 de 2001”2 POSICIÓN DEL JUZGADO TERCERO LABORAL DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE CALI Este Despacho judicial trabó el conflicto, al considerar: “… en este proceso se está pretendiendo entre otros aspectos la declaratoria de nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. R-1321-2010 del 20 de diciembre de 2010, que fuera expedido por la Rectoría de la UNIVERSIDAD DEL

VALLE y como consecuencia de lo anterior se ordene reajustar a favor del actor su pensión de jubilación a partir del 1 de enero del año 2000 conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 71 de 1988 y su Decreto reglamentario No. 1160 de 1989. –fl. 11-, empleadora que no hace parte del sistema de seguridad social. … Cabe destacar que con los documentos arrimados al expediente se deduce que el demandante ejerció como último cargo el de “VIGILANTE EN LA SECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA” –fl. 47-, y al ser la aquí demandada un establecimiento público de orden departamental y que la labor desempeñada por el actor es ajena a la construcción y sostenimiento de obra pública, al tenor de la reglamentación que rige para los casos como el que aquí nos ocupa, éste debe considerarse como un empleado público…”3 CONSIDERACIONES DE LA SALA 2 Fol. 61 C. O 3 Fol. 137 - 142 C. O Competencia. De acuerdo con lo dispuesto en los numerales 6º del artículo 256 de la Constitución Política y 2º del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, a esta Colegiatura le corresponde dirimir el conflicto negativo de jurisdicción por competencia, suscitado entre los Juzgados Tercero Laboral de Descongestión y Quince Administrativo, ambos del Circuito de Cali. Asunto en concreto. El presente caso se relaciona con el conflicto negativo de Jurisdicción, suscitado entre las autoridades arriba anotadas para el

conocimiento de la demanda incoada por la apoderada del señor ENRIQUE PENAGOS ROMERO contra la Universidad del Valle, con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. R-1321-2010 del 20 de diciembre de 2010, expedido por la Universidad del Valle, por medio del cual se respondió su reclamación administrativa presentada el 26 de noviembre de esa anualidad, en el sentido de negársele el reajuste de su mesada pensional. Se entiende entonces que se trata en estricto sentido de una controversia en materia pensional, planteada por el titular de una pensión de jubilación, cuya reliquidación pretende por parte su ex empleador (Universidad del Valle) por ser quien le reconoció esa prestación. Precisamente, en materia de competencia cambiaron las reglas procesales a partir de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –ley 1437 de 2011-, cuya normativa dio un viraje parcial en punto de las discusiones suscitadas en materia pensional. El asunto sub-lite tiene como controversia una situación pensional, identificada en precedencia como la reliquidación de una pensión de vejez, adquirida bajo el status de trabajador oficial, como puede inferirse por el hecho de motivarse la Resolución de reconocimiento de pensión “de acuerdo con la Convención Colectiva de Trabajo vigente”4. Así las cosas, y como quiera que se trata de una controversia para el reajuste de una pensión a cargo del ex empleador, es preciso traer en cita las consideraciones tenidas en cuenta por esta Colegiatura cuando dirimió una colisión planteada por Despachos de las Jurisdicciones Ordinaria y

Contencioso Administrativa para conocer de un asunto de naturaleza pensional: “… en materia de competencia cambiaron las reglas procesales a partir de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –ley 1437 de 2011-, cuya normativa dio un viraje parcial en punto de las discusiones suscitadas en materia pensional, más no respecto de las relaciones laborales en general de los servidores públicos en categoría de trabajadores oficiales, como pasa a verse. El asunto sub-lite tiene como controversia una situación pensional, identificada en precedencia como la reliquidación de una pensión de vejez, adquirida bajo el status de trabajador oficial5, cuya relación o vínculo jurídico ostentó respecto del Fondo Nacional de Caminos Vecinales – Regional Nariño y cuya pensión fue reconocida por la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. … Bajo ese contexto, la Sala ha sostenido sin diferenciación alguna, que en materia pensional, cuando se trata de 4 Fol. 47 C. O 5 Fol. 148 C. O: Obra copia de la Resolución No. 04849 del 12 de diciembre de 1989, por la cual se acepta la renuncia y se da por terminado el contrato de trabajo al señor ANTIDIO ÑAÑEZ URBANO, Mampostero, a partir del 1° de enero de 1990”. (negrilla fuera de texto) vinculación por contrato de trabajo respecto de alguna entidad pública y, conforme reza el artículo 4° de la misma Ley 712 en cita que “Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios

o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan”, entonces dichos litigios no pueden ser de conocimiento de Jurisdicción diferente a la Ordinaria Laboral, para ello se trató de especializar la materia de seguridad social en estos Jueces, no obstante se polarizó el tema cuando surgieron interpretaciones como:

1. Que por transición prevista en la Ley 100 de 1993 todo era competencia de la Justicia de lo Contencioso Administrativa.

2. Que por ser la pensión consecuencia de una relación jurídica o vínculo por contrato de trabajo era competencia de la Justicia

Ordinaria Laboral.

3. Que cuando se demanda a la entidad pública invocando acción de nulidad contra el acto que niega tal reconocimiento

(derecho pensional o reajuste) la competencia es de lo Contencioso Administrativo sin que se oponga a ello la vinculación contractual, lo anterior con ocasión del factor orgánico que rige la competencia en esa jurisdicción.

4. Que en virtud de la entrada en vigencia de la Ley 712 de 2001 y antes la Ley 362 de 1996, debía verificarse la condición del demandante frente a la entidad demandada, porque si su pretensión era contra la entidad administradora y, respecto de ella tenía la condición de afiliado no obstante haber sido empleado público con otra entidad, la competencia era de la

Justicia Ordinaria Laboral.

5. Si la acción incoada era contra una entidad netamente pública, mas no Empresa Industrial y Comercial del Estado, la competencia era de lo contencioso administrativo.

En fin, son múltiples las variantes interpretativas que se crearon con ocasión de la entrada en vigencia de las diferentes leyes reguladoras de la materia, lo cual se viene a unificar con la Ley 1437 de 2011, al prever que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa conocerá de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucrados las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa, en especial el numeral 4° ídem que previó entre esos litigios “Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una entidad de derecho público” (se resalta fuera del texto normativo). Así las cosas, preciso es advertir la unificación del tema para ser tratado por la Justicia de lo Contencioso Administrativo, cuando está de por medio una demanda en asunto pensional contra entidad pública como administradora de ese item relativo a la seguridad social, máxime si se tiene en cuenta la definición dada por el mismo C.P.A.C.A. en el parágrafo del artículo 104 antes mencionado, esto es, que para efectos de ese Código “Se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital, y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%”. Con esa claridad normativa, bien puede deducirse que la entidad acá demandada (UGPP) está incluida en el listado del

parágrafo transcrito. Ahora, bien pudiera señalarse que cuando se trata de asuntos pensionales de trabajadores oficiales independientemente de la naturaleza jurídica de la entidad demandada, todo se regula conforme al numeral 4° del artículo 105 del ibídem, pues allí se previó como exclusión expresa del conocimiento de lo contencioso administrativo los “conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales”. Tal política normativa lleva confusión a muchos, para afirmar que definitivamente un asunto pensional es de carácter laboral, por ende, trasciende a la esfera del conocimiento de la Justicia Ordinaria Laboral; pero esa conclusión es desacertada cuando se integran las dos hipótesis jurídicas aparentemente contrarias, se dice aparente porque en lugar de contrariarse se complementan, aquella es una acepción impropia en el estudio de un Código, por la simple razón que el estudioso del derecho debe hacer un análisis holístico de las preceptivas legales en aras de su mejor entendimiento, más no pretender en pro de la confusión, la contrariedad legal. Así es que, con una mirada integral y no meramente exegética y aislada, el legislador en el artículo 105 del C.P.A.C.A. - numeral 4°-, excluyó en forma expresa de su jurisdicción todo aquello inherente a los conflictos de carácter laboral, pero dejó a salvo los asuntos pensionales de los servidores públicos respecto de las administradoras de pensiones de carácter público, por estar previamente reglado como tal en el artículo

anterior –parágrafo-, sin ser desconocido que como servidores públicos se ha entendido el conjunto de trabajadores oficiales y empleados vinculados mediante relación legal y reglamentaria. De tal manera que, en tratándose de este tipo de servidores, debe observarse para efectos de determinar la jurisdicción competente, la naturaleza jurídica de la entidad demandada, en una especie de factor orgánico como determinador de la competencia, pues basta con estar frente a una entidad pública de las enlistadas en el parágrafo del artículo 104 ejusdem, para que sea suficiente el razonamiento en punto de la jurisdicción. Con ello se pretendió y así se logra efectivamente, que se cumpla con el objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, creada desde sus inicios cuando se le otorgó función jurisdiccional a principios de siglo XX, para controlar los actos de la administración y, ésta, se manifiesta funcionalmente como reza el primer inciso del artículo 104 Idem, por lo menos en lo que interesa a esta jurisdicción. Con base en lo dicho precedentemente, no se está matriculando la competencia de esa jurisdicción en un criterio específico –no factorde aquellos determinadores en momento dado de la competencia, porque en concepto de esta Sala, pueden surgir como fuente de esa asignación competencial, criterios material y orgánico. Para el primero, es fácil aducir que se entiende como la fijación de la competencia por la función o actividad generadora del litigio, bien de entidad estatal o particular en cumplimiento de funciones administrativas; mientras para el segundo –orgánicosu fijación o adscripción depende de la naturaleza de la entidad

demandante. Tampoco viene al caso invocar en este asunto específico, criterios de fijación de competencia como el imperativo de la norma procesal por su revestimiento de tener el carácter de orden público, menos alegar la Ley posterior, la Ley especial, ni la perpetuatio jurisdicctionis hoy mal interpretada por quienes alegan la falta de competencia en asuntos iniciados con normas anteriores, por cuanto ésta, refiere a hechos definidos dentro del proceso que se regirán por las normas que regularon el caso, más no frente a todo el proceso, considerado tradicionalmente no como un escenario consolidado, sino una situación en curso pendiente de definición, por lo tanto, las nuevas disposiciones instrumentales se aplican a los procesos en trámite tan pronto entran en vigencia , caso concreto de l artículo 308 6 del C.P.A.C.A, más aún, nada impide que a l centrarse la discusión en el límite temporal conforme la norma en cita, el Juez de la causa -no el juez del conflictopueda aplicar directamente con vigencia inmediata las normas acá dispuestas. 6 Según ese precepto, el código rige a partir del 2 de julio de 2012, por lo tanto, sólo será aplicable a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Complementó esa norma, el hecho que los procedimientos y actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia de esa Ley, continuarán de conformidad al régimen jurídico anterior. Tal aseveración es acorde con la finalidad del Código en

materia de litigios de asuntos pensionales, cuya concentración viene como alivio a tan dispersa interpretación por parte de los dispensadores de justicia, como igualmente es acorde a la doctrina constitucional cuando refiere al hecho que sólo es nocivo ese tipo de aplicaciones en tanto contradigan la Constitución Política, lo contrario, es aferrarse a un formalismo mal sano y contrario a postulados de la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, tal cual reza el artículo 228 7 de la C.P…”8 (Subraya fuera de texto) Este último aspecto resaltado es aplicable para el presente caso por tratarse de una controversia de naturaleza pensional, iniciado en virtud de demanda presentada ante la Jurisdicción Ordinaria el 5 de septiembre de 2011. De manera análoga se pronunció la Sala desde el 14 de noviembre de 2013, cuando en sala 88 profirió la providencia por medio de la cual se resolvió el proceso No. 110010102000201301156 00 y reiteró su postura en Sala 26 del 9 de abril de 2014 al definir la colisión de competencia radicada con el número 110010102000201301917 00. Entonces, para el asunto sub-lite, donde se tiene como demandada a una entidad pública –de las enlistadas en el parágrafo del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011-, no queda duda que la competencia para resolver el litigio de autos debe radicarse en cabeza de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pues no se trata de un asunto laboral de los previstos en el numeral 4° del artículo 105 de la normatividad en cita, sumado a que el

numeral 4° del artículo 104 expresamente se refirió a servidores públicos, 7 El contenido de tal precepto es como sigue: la administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia…” 8 Rad. 110010102000201301379 00, aprobado el 19 de febrero de 2014. concepto que abarca empleados públicos y trabajadores oficiales, siendo imposible al interprete distinguir aquello que el legislador no distinguió. En suma, por ser un asunto de seguridad social contra una entidad pública, se cumple con la materialización del objeto de esa jurisdicción, razón por la cual se remitirá el expediente al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali, por cuanto, es de los casos en los cuales sin reparo alguno debe aplicarse el criterio orgánico que rige en materia de competencias. Por lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, RESUELVE PRIMERO. DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicción planteado entre los Juzgados Tercero Laboral de Descongestión y Quince Administrativo, ambos del Circuito de Cali, declarando que el conocimiento de la demanda incoada por el señor ENRIQUE PENAGOS ROMERO contra la Universidad del Valle, le corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, representada por el último de los Despachos mencionados, al cual se le remitirá el

expediente para lo de su competencia, conforme las motivaciones dadas en esta providencia SEGUNDO. REMÍTASE copia de esta providencia al Juzgado Tercero Laboral de Descongestión del Circuito de Cali, para su información.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA PPEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Presidenta Vicepresidente

JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ

Magistrado Magistrada

ANGELINO LIZCANO RIVERA NÉSTOR IVÁN JAVIER OSUNA PATIÑO

Magistrado Magistrado

WILSON RUIZ OREJUELA

Magistrado

YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial

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CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

SALVAMENTO DE VOTO

Bogotá D. C., Julio 24 de 2014

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA MERCEDES LÓPEZ

MORA AUTORIDADES COLISIONADAS: Juzgado 3 Laboral de Descongestión y 15 Administrativo del Circuito de Cali.

APROBADO SEGÚN ACTA DE SALA 47 DEL 26 DE JUNIO

DE 2014.

RADICACIÓN N° 110010102000201302585

00 De manera comedida me permito exponer los motivos en los cuales sustento el salvamento de voto en el asunto de la referencia, toda vez que no comparto la decisión tomada por esta Sala el día 26 de junio de 2014, según Acta 47, donde

se resolvió dirimir el conflicto suscitado entre el Juzgado 3 Laboral de Descongestión del Circuito de Cali y el Juzgado 15 Administrativo del mismo circuito judicial, asignando el asunto a la Jurisdicción Contencioso Administrativa en cabeza del segundo de los mencionados. Lo anterior, por cuanto considero que el conocimiento de dichas diligencias han debido asignársele a la Jurisdicción Ordinaria, toda vez que el asunto sometido a estudio hace referencia al sistema de seguridad social integral de un trabajador oficial que se acogió a la Convención Colectiva de Trabajo de la Universidad del Valle, conforme lo dispone el numeral 4° del artículo 2° de la Ley 712 de 2001, que prescribe: “Art. 2°.- Competencia general. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: (…) 4.- Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan”. Por lo anterior en mi sentir debió asignarse el conocimiento del asunto a la jurisdicción ordinaria laboral representada en este caso por el Juzgado 3 Laboral de Descongestión del Circuito de Cali. De mis compañeros de Sala,

ANGELINO LIZCANO RIVERA

Magistrado Adolfo Castillo A. Luis Ramón Silva Jorge Rodríguez B.

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