CSDJ - F11001010200020130275502ADJUNTA20140409155655-2014

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RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D. C., 09 de abril de 2014 Aprobado según Acta No. 026 de la fecha Magistrado Ponente: ANGELINO LIZCANO RIVERA Radicación No. 110010102000201302755 02

Referencia: Tutela en Segunda Instancia.

Accionadas: Salas Administrativas del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima –

Unidad de Administración de Carrera Judicial y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué - Tolima.

Accionante: Astrid Rodríguez Barrios.

Primera Instancia: Improcedente.

Decisión: Confirmar.

ASUNTO A TRATAR Subsanada la causal de nulidad advertida en proveído del 29 de enero de 2014 y negado el impedimento de la Magistrada Julia Emma Garzón de Gómez, procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a decidir la impugnación presentada contra el fallo del 24 de febrero de 2014 con el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, declaró improcedente la acción de tutela impetrada contra la ciudadana ASTRID RODRÍGUEZ BARRIOS, a través de apoderado judicial, contra las SALAS ADMINISTRATIVAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA

JUDICATURA DEL TOLIMA - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA

JUDICIAL y el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUÉ -Tolima.

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Referencia. TUTELA SEGUNDA INSTANCIA HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES Hechos. Son los referidos por la apoderada judicial de la ciudadana Astrid Rodríguez Barrios, en el libelo introductorio, de los cuales en el cuerpo de la tutela se encontró el siguiente extracto: “ Ha prestado sus servicios en la Rama Judicial como Jueza de la República por más de 25 años, viendo agudizada su patología Urinaria multifocal, con disuria de ardor y poliaquiuria, con posterior desarrollo de incontinencia urinaria y cambios corticales en parénquima renal izquierda como consecuencia de las largas jornadas de audiencias, en desarrollo de su labor de Juez Tercera Penal Municipal con funciones de control de garantías para adolescentes, y al no poder cumplir con las recomendaciones médicas relativas a no aguantar el deseo miccional, con la consecuente incontinencia urinaria. El médico laboral adscrito a CAFESALUD E.P.S. en dictámenes médicos del 5 de agosto de 2011, abril a diciembre de 2012, enero 26 y febrero de 2013 efectuó recomendaciones de traslado de su puesto de trabajo, en razón de las

múltiples infecciones urinarias que desarrolló, por las cuales ha requerido el uso de pañales, la existencia de cambios corticales en el parénquima renal izquierdo y de una patología asociada con el fenómeno de “prostatismo” debida a la retención de orina que generó hipertonía en trígono vesical que ante la persistencia de la causa subyacente ocasiona dificultad para la micción y posterior incontinencia urinaria de esfuerzo, señalando que el tratamiento incluye ejercicio dinámico de control vesical para procurar una mejor capacidad de control debiendo proceder a la evacuación urinaria por horario programado teniendo en cuenta lo anterior el médico laboralista manifestó que la accionante requería de condiciones que le permitieran cumplir sus funciones como juez, procurando su traslado a un despacho que le permita tener acceso a un baño en el momento que lo requiera. El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Tolima de conformidad con lo establecido en el Acuerdo N°756 de 2000 protegió el derecho a la salud en conexidad con la vida en condiciones dignas de la accionante, disponiendo su reubicación laboral temporal desde el 1° de marzo de 2012, indicándole además que debía efectuar la solicitud de traslado por razones de salud al Juzgado 2 Civil Municipal de Ibagué ante la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura. La actora solicitó el traslado por razones de salud conforme a lo dispuesto en el artículo 134 y 152-6 de la ley 270 de 1996, modificado por la ley 771 de 2002 y reglamentado por el Acuerdo PSAA 10-6837 de 2010 de la Sala

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, aportando certificado del médico laboral, historia clínica y recomendación de traslado conforme a la cual desde que se produjo su reubicación en el Juzgado 2 Civil Municipal su salud urinaria y renal ha mejorado, señalando la necesidad del traslado al nuevo

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Referencia. TUTELA SEGUNDA INSTANCIA Juzgado o uno similar por la imposibilidad de retornar a uno penal con desarrollo de audiencias prolongadas y sin acceso oportuno y adecuado a servicios sanitarios. Mediante resolución contenida en el oficio CSJTSAPOF013-0924 del 20 de marzo de 2013, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima emitió concepto desfavorable para el traslado, aduciendo que no se cumplía con el requisito de especialidad conforme al artículo 17 del Acuerdo N°6837 de 2010; norma que en su artículo séptimo establece la necesidad de observar la especialidad y jurisdicción pero en tratándose de empleados y no de funcionarios como el caso de la actora. Se negó igualmente el concepto favorable para el traslado, teniendo en cuenta el ejercicio de funciones afines para el cargo solicitado, requisito reglamentado mediante sesión del 15 de junio de 2011, recogida en la circular

N°PSAC11-31 del 28 de junio de 2011 que permitió afinidad entre jurisdicciones de familia y penales de adolescentes pero a nivel circuito y no municipal, lo que señala vulnera el derecho a la igualdad. Afinidad que proviene de lo establecido en el artículo 163 parágrafo segundo de la ley 1098 de 2006, conforme al cual la designación de quienes conforman al sistema de responsabilidad penal para adolescentes debe recaer en personas con conocimiento calificado de derecho penal, de infancia y familia, requisito que aduce cumplir la actora teniendo en cuenta que aprobó el concurso de méritos en la jurisdicción civil, siendo designada en varios cargos sin poder posesionarse en razón de su estado de salud. Inconforme con dicha decisión, la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación; en relación con el primero la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima mediante oficio CSJTSAPOF0130924 del 20 de marzo de 2013 profirió concepto desfavorable, aduciendo únicamente el incumplimiento del requisito respecto a la especialidad, sin tener en cuenta que el acuerdo PSA 10-6837 del 17 de marzo de 2010, solo lo exige respecto a los empleados y no a los f uncionarios. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Resolución N°CJRES13-53 del 9 de agosto de 2013 confirman la decisión impugnada, señalando que la accionante confunde los términos de traslado de los servidores judiciales y la reubicación de los mismos, sin tener en cuenta que

lo que en realidad se estaba solicitando era el traslado por razones de salud” (fls. 258-259 c.o. - Sic para lo transcrito – resalta la Sala). Pretensiones. Que se amparen sus derechos fundamentales a la vida, salud, dignidad humana, trabajo y estabilidad reforzada, presuntamente vulnerados por las Salas Administrativas del Consejo Superior de la Judicatura y Seccional de la Judicatura del Tolima y la Unidad de Administración Judicial de Carrera Judicial. En consecuencia ordenarles a las accionadas, emitir dentro de las 48 horas siguientes a

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Referencia. TUTELA SEGUNDA INSTANCIA partir de la notificación del fallo de instancia un concepto favorable de traslado por razones de salud para el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué – Tolima, “…como requisito indispensable para que su hoja de vida pueda ser valorada por el ente nominador, es decir, el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial del Tolima, quien a su vez disponga conforme a su digna competencia, el traslado de Astrid Rodríguez Barrios, para el Juzgado 2 Civil Municipal de la ciudad de Ibagué Tolima, en protección de los derechos fundamentales vulnerados, teniendo en cuenta la situación especial y las razones enunciadas en la parte motiva, y se observe que tal concepto favorable, lleva intrínseca la salvaguarda del derecho a la salud y a la vida en condiciones de dignidad de la funcionaria de la Rama Judicial” (fls.9-10 c.o).

Pruebas. Con el escrito de tutela el accionante hizo llegar copia de documentos varios, así: Poder legalmente para actuar. Certificación del médico laboral del 5 de agosto de 2011 respecto de la patología sufrida por la accionante. Copia del diagnóstico médico sobre las condiciones de salud expedido por el doctor Germán Vanegas Cabezas, médico laboral inscrito a CAFESALUD E.P.S., expedido el 26 de febrero de 2013, en el cual se recomienda expresamente la necesidad del traslado por razones de salud, por la imposibilidad de continuar desempeñando el cargo del cual es titular en propiedad mi mandante. Copia del oficio N°SP 4788 del 3 de diciembre de 2012, mediante el cual se indica a mi prohijada realizar nuevamente la solicitud de traslado para el Juzgado Segundo civil Municipal de Ibagué, ante la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Ibagué. Copia de la Circular PSAC11-31 del 28 de junio de 2011, donde se permite

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Referencia. TUTELA SEGUNDA INSTANCIA afinidad entre las Jurisdicciones de Familia y Penales de Adolescentes, es decir a nivel de juzgados de Circuito. Copia del Acuerdo N°6837 de 2010 por el cual se reglamenta los traslados de

los servidores judiciales, capítulo segundo y título tercero. Copia del oficio N°CSJTSAPOF013-0924 del 20 de marzo de 2013, proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima. Copia de la Resolución N° CJRES 13-53 del 9 de agosto de 2013, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa, el cual emitió concepto desfavorable sobre el traslado por razones de salud a mi mandante, proferido por la accionada. Certificación del tiempo de servicios prestados por la accionante. Fotocopias del Diploma de Especialización en Derecho de Familia, Derecho Constitucional y Administrativo. Solicitar por el principio de carga dinámica de la prueba, se allegue constancia acerca que la accionante superó el concurso de méritos en la Jurisdicción Civil (fls.2553 c.o.). ACTUACIÓN PROCESAL La acción de tutela en principio fue radicada ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, correspondiéndole a quien funge como ponente conforme al acta individual de reparto del 17 de octubre de 2013 (fl.4 c.o.). Sin embargo en aras de garantizar el principio de la doble instancia por auto del 23 de

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Referencia. TUTELA SEGUNDA INSTANCIA

octubre de la misma anualidad fue enviada a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima (fls.56-57 c.o.). Posteriormente fue enviada al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, donde por auto del 5 de noviembre de 2013, la Magistrada Amparo Emilia Peña Mejía, envió las diligencias a reparto a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por esta Superioridad (fls.64-65 c.o.). Por auto del 7 de julio de 2013, el Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, doctor Carlos Fernando Cortés Reyes, avocó el conocimiento de la acción admitiéndola y ordenando las notificaciones a las autoridades accionadas – SALAS ADMINISTRATIVAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA. Ordenó vincular como terceros con interés a la Dirección Seccional de Administración Judicial del Tolima y a la Unidad de Administración Judicial, a quienes se les pidió enviar toda la documentación aportada por la actora en virtud de la solicitud de traslado, incluyendo sus respuestas (fls.69 - 70c.o.). Intervención de las partes accionadas. Una vez notificadas las partes, concurrieron al llamado de tutela en su orden: El doctor César Augusto Molina Suárez, Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Ibagué – Tolima, contestó el llamado de tutela a través del oficio N°DESAJ-000952 del 15 de noviembre de 2013, precisando como la accionante, Astrid Rodríguez Barrios, laboraba en la Rama Judicial Seccional Tolima,

desde el 1° de agosto de 1988 en diferentes cargos y despachos, con interrupciones, en propiedad en el cargo de Jueza Tercera Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Ibagué y que en la actualidad se desempeñaba como Jueza Segunda Civil Municipal de Ibagué, en provisionalidad, desde el 1° de

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Referencia. TUTELA SEGUNDA INSTANCIA marzo de 2012 a la fecha, dada la reubicación laboral por razones de salud, hecha por el Honorable Tribunal Superior de Ibagué e indicó que revisada la documentación de los archivos de hojas de vida y en el Histórico Laboral del Área de Talento Humano y de la Oficina de Salud Ocupacional, se podía constatar que reposaba documentación relacionada con sus quebrantos de salud - afección urinaria y renal, aportados por aquella y otros por el Tribunal Superior de Ibagué, para conocimiento de esa Dirección y la hoja de vida. Entonces, según se evidenciaba en los documentos (de lo cual anexó copia), el Honorable Tribunal Superior de Ibagué, con todos los soportes clínicos y médicos, tomó la decisión de acceder a la solicitud de reubicación laboral solicitada por la accionante doctora Astrid Rodríguez Barrios, por razones de salud, trasladándola del Juzgado Penal de donde era titular a un Juzgado Segundo Civil Municipal de esa

ciudad, en donde no se desarrollaran largas jornadas de audiencias, el cual lo argumentó con la normatividad establecida en la Ley 270 de 1996 concordante con el Acuerdo N°765 de 2000, no sin dejar de observar la existencia a la valoración médica de un especialista en salud ocupacional del 5 de Agosto de 2011 (anexó copia), médico laboral de la E.P.S., Saludcoop donde se manifestaba sobre la reubicación en sitio de trabajo o en un Despacho de fácil acceso a un baño en el momento de ser requerido debido a su enfermedad. Indicó la accionada que después de reubicada al Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué, se evidenciaba otro reporte o diagnóstico del 26 de febrero de 2013, del médico laboral de la E.P.S., Central de Especialistas, en donde emitió un concepto, manifestando que después de un año de reubicada, consideraba la necesidad de continuar en el Juzgado en donde viene realizando las labores como Juez, teniendo en cuenta la imposibilidad médica de retomar al Juzgado Penal por el desarrollo de audiencia prolongadas y sin acceso adecuado y oportuno a servicios sanitarios, según los informes registrados.

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Referencia. TUTELA SEGUNDA INSTANCIA Luego, con base en lo manifestado por el Honorable Tribunal Superior de Ibagué, con oficio N°SP4788 del 3 de diciembre de 2012, donde le solicitó a la Jueza que debía

hacer solicitud de traslado ante la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, con el fin de tomar una decisión sobre la reubicación, ya fuera definitiva o temporal, aquella hizo lo propio ante la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, el 7 de marzo de 2013, teniendo en cuenta la situación de salud urinaria y renal que presentaba y basada en lo establecido por la Ley 771 de 2002, el Acuerdo N° PSAA 10-6837 de 2010, Ley 270 de 1996 y Acuerdo N°756 de 2000, a lo cual la última de las referidas - Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, por oficio N° CSJTSAPOF013-0924 del 20 de marzo de 2013, emitió concepto desfavorable de traslado, frente a lo cual interpuso recurso de reposición y apelación. Observó la Sala A quo que también reposaban otros documentos respecto de los quebrantos de salud de la accionante Astrid Rodríguez Barrios, así como copia de la Circular PSAC11-31 de Junio 28 de 2011, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa, que establece la Tabla de Afinidades para los Traslados de los Servidores Judiciales y demás documentos relacionados con el presente caso. Conforme a lo expuesto anteriormente y según se evidenciaba en los documentos que reposaban en la Hoja de Vida, era claro entonces, que la accionante presentaba una enfermedad que le impedía el ejercicio pleno de sus funciones, por lo cual el Honorable Tribunal Superior de Ibagué, tomó la decisión de hacer reubicación

temporal por razones de salud del cargo de Juez Penal a Juez Civil y esto ha hecho que tenga mejoría en su salud, en su calidad de vida y al dejar de realizar largas jornadas de audiencias, pues ahora si le permitían por lo menos acceder a un baño las veces requeridas en forma oportuna y como consecuencia no se soslayaban sus derechos.

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Referencia. TUTELA SEGUNDA INSTANCIA Precisó que la Dirección Seccional ha tenido conocimiento sobre la situación de salud que ha presentado la funcionaria Astrid Rodríguez Barrios, tratando su situación en el Paritario de Salud Ocupacional - Copaso y comunicado mediante el oficio SP-2628 del 20 de junio de 2012, estando siendo presta esa Dirección a atender las solicitudes para el efecto, empero lo del traslado era una decisión del resorte tanto del Consejo Seccional Sala Administrativa o en su defecto del nominador, esto es el Tribunal Superior de Ibagué, pues allí no se tenía autonomía para tal fin, pues le corresponde velar por el Bienestar de los funcionarios en materia de seguridad social en el pago oportuno de sus aportes, etc. Dijo que la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima mediante Oficio N°CSJTSAPOF013-0924 del 20 de marzo de 2013, emitió concepto

desfavorable a la solicitud de traslado por razones de salud, argumentando que la hoy actora no cumplía con los requisitos exigidos en el Acuerdo PSAA 10-6837 del 17 de marzo de 2010, para ejercer funciones afines para el cargo solicitado (afinidad de funciones del cargo de Juez Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías) para el cargo de Juez Segundo Civil Municipal de Ibagué. Conforme a lo anterior, según se evidenciaba en las peticiones de aquella, lo aspirado era demostrar el perfil de Juez, tanto para el sistema de adolescentes, como para la jurisdicción civil, manifestando en sus escritos la superación del concurso de méritos en dicha jurisdicción. Finalmente alegó la falta de legitimación por pasiva de esa Dirección por no ser ésta entidad la competente para decidir sobre la solicitud de traslado por razones de salud, pretendida por la accionante, pues ésta entidad considera que es competencia de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima y del Honorable Tribunal Superior de Ibagué, quien debe resolver tal situación, conforme a las pretensiones de la accionante, entonces, solicitó la desvinculación (fls.77-141 c.o.).

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Referencia. TUTELA SEGUNDA INSTANCIA La doctora Ángela Stella Duarte Gutiérrez, en su condición de Presidenta de

la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, por oficio N°CSJTSAPOF13-03473 del 14 de noviembre de 2013, después de hacer un recuento de la situación administrativa – laboral y de salud de la actora, deprecó la improcedencia de la acción de tutela al considerar que esta era un mecanismo destinado a la protección de los derechos fundamentales cuando resultaran vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares y en lo que hacía referencia a esa Sala ningún derecho había violentado a la doctora Astrid Rodríguez Barrios, en tanto allí solo se dio a la solicitud de traslado por razones de salud el trámite correspondiente y de conformidad a las disposiciones sobre esa materia – traslados, contenidas en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 771 de 2002 y reglamentadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en los Acuerdos N°PSAA10-6837 del 17 de marzo de 2010; PSAA11-7688 del 27 de enero de 2011; PSAA 129312 del 16 de marzo de 2012 y PSAA 129391 del 13 de abril de 2012 y Circular PSAC 1131 del 28 de junio de 2011. Dijo que la accionante olvidaba como hoy a la luz del Código General del Proceso – que empezaba a regir en pleno rigor a partir del 1° de enero de 2014, la especialidadcivil debía implementar la oralidad, circunstancia que según ella le afectaba su salud y en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, la funcionaria contaba con condiciones dignas para atender sus necesidades fisiológicas y bajo la autonomía

e independencia judicial, como Jueza directora del despacho, del proceso y de la audiencia, tenía las mismas prerrogativas para desempeñar su función, sin verse afectada su salud, además, de no ser cierto lo manifestado en cuanto a que esa Sala en el oficio CSJTSAPOF13-0924 del 20 de marzo de 2013, argumentó de antemano que se habían confundido los términos de traslado de servidores judiciales y la reubicación de los mismos, cuando lo que se manifestó sobre la reubicación laboral por salud, era que se mantuvo la posición de lo manifestado al Honorable Tribunal

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Referencia. TUTELA SEGUNDA INSTANCIA Superior de Ibagué a través de oficio CSJTSAPOF12-0410 del 24 de febrero de 2012, así: “... Corresponde al Tribunal Superior en calidad de nominador de los Jueces, tomar la decisión con relación al asunto de la referencia a la luz del Acuerdo N°756 del 2000, por el cual se reglamenta la Reincorporación o Reubicación de los Servidores Judiciales por Enfermedad, profesional o por accidente de trabajo”, es decir el Tribunal Superior de Ibagué es el competente en este caso, para adelantar el trámite que en derecho corresponde”. (fls. 142-151 c.o.- resalta la Sala). Por auto del 21 de noviembre de 2013, el Magistrado Sustanciador, doctor

Carlos Fernando Cortés Reyes, pidió a la Unidad de Administración de Carrera Judicial que certificara si la doctora Astrid Rodríguez Barrios, había superado las pruebas del concurso en la jurisdicción civil (fl.153 c.o.), lo que fue resuelto a través de escrito del día 19 del mismo mes y año, por la doctora Claudia Granados, Directora de esa Unidad, donde además deprecó la improcedencia de la acción (fls.160-172 c.o.). Ante el permiso del Honorable Magistrado José Guarnizo Nieto, se procedió al sorteo de Conjueces, designándose al doctor José Bercelio Forero Ángel (fl.242 c.o.), en cuyo desempate disintió de la ponencia del Magistrado Carlos Fernando Cortés Reyes, derrotándola, por lo que fue asignada al despacho del funcionario ausente, dejándose expresa constancia de la situación administrativa de aquel (fls.242-244 c.o.). La providencia nulitada. Mediante providencia del 2 de diciembre de 2013, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, resolvió: “Declarar improcedente la acción de tutela invocada por la doctora Astrid Rodríguez Barrios contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura del Tolima y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial, por lo discurrido en la parte considerativa de esta providencia” (fls.256-257 c.o. Sic para lo transcrito). Consideró el A quo que el artículo 86 de la Constitución Política, establecía como toda

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Referencia. TUTELA SEGUNDA INSTANCIA persona tenía derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos Constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le fueran vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no existiera otro medio de defensa judicial o un perjuicio de carácter irremediable. Reiteró que era un mecanismo excepcional con procedimiento preferente y resultaba improcedente cuando existieran otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo cuando se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. De la nulidad. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante proveído del 29 de enero de 2014, resolvió: “PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado en la presente acción de tutela desde el auto admisorio de la demanda, fechado el 12 de noviembre de 2013, para que en su defecto, el mismo Magistrado sustanciador, notifique y corra traslado del auto admisorio de la solicitud de amparo Constitucional al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUÉ – Tolima , como autoridad nominadora de la doctora Astrid Rodríguez Barrios, en su condición de Jueza Tercera

Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Ibagué – Tolima, como a cualquier otro tercero que pueda tener interés en la decisión que aquí se adopte, integrando debidamente el litisconsorcio necesario, a efectos de adecuar el trámite de la actuación a lo indicado en el Decreto 2591 de 1991, sin perjuicio de validez que mantienen las pruebas recaudadas. SEGUNDO. DEVOLVER las presentes diligencias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional del Tolima, de conformidad con lo expuesto en esta providencia”. (Sic). En cumplimiento de lo ordenado por esta Superioridad, por auto del 10 de febrero de 2014, el A quo, avocó nuevamente el conocimiento de la acción admitiéndola y ordenando las notificaciones a la actoras y a las autoridades accionadas – SALAS

ADMINISTRATIVAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DEL

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA.

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Referencia. TUTELA SEGUNDA INSTANCIA Ordenó esta vez, vincular también como tercero con interés al Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué – Tolima (fls.5-6 c.o prov.) y los demás que tuvieran interés en la actuación (fls.103-105 c.o. prov.). Intervención de las partes accionadas. Una vez notificadas las partes, concurrieron

al llamado de tutela en su orden: La actora a través de su apoderada judicial por escrito del 14 de febrero de 2014, deprecó que provisionalmente se suspendieran los efectos del acto administrativo, mediante el cual el Honorable Tribunal Superior de Ibagué, procedió a designar en propiedad la persona para el cargo de Juez Segundo Civil Municipal de Ibagué – Tolima de la lista de elegibles siguiente a la firmeza del mismo, hasta tanto exista un pronunciamiento de fondo debidamente ejecutoriado dentro de la presente acción, garantizándole su permanencia en ese cargo (fls.14-16 c.o. prov.). El doctor Alirio Sedano Roldán, en calidad de Presidente del Tribunal Superior de Ibagué – Tolima, con oficio del 13 de febrero de 2014, pidió la desvinculación de esa Corporación en la presente acción. Sin embargo, hizo una síntesis de la situación laboral de la doctora Astrid Rodríguez Barrios, de quien dijo era Jueza Tercera Civil Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías y el 12 de enero de 2012, presentó una solicitud de reubicación laboral “por razones de salud”, para los despachos judiciales con denominación Juzgados Civiles Municipales en vacancia definitiva en la ciudad de Ibagué. Fue así como en sesión ordinaria plena, - Acta Nº011 del 15 de febrero de 2011, se acordó acceder a aquella solicitud y se ubicó en forma temporal en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué, teniendo en cuenta la certificación médica laboral, expedida por el galeno Germán Vanegas Cabezas – Especialista de Salud Ocupacional de IPS Tolima Saludcoop, condicionándose a un informe mensual

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Referencia. TUTELA SEGUNDA INSTANCIA sobre la evolución de la enfermedad – Acuerdo Nº756 de 2000 – Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Aquella aceptó la reubicación a partir del 1º de marzo de 2012, en provisionalidad, conforme a la sesión ordinaria del 23 de febrero de 2012 – acta Nº013. Sin embargo el 15 de noviembre de esa anualida