CSDJ - F11001010200020130280400ADJUNTA20131121153148-2013

CONFLICTO NEGATIVO / Jurisdicción Ordinaria Laboral acción Contencioso Administrativa Conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria, representada por el JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, y la Jurisdicción Administrativa en cabeza del JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE LA MISMA CIUDAD, con ocasión de la demanda ejecutiva interpuesta por la señora LUZ MARINA ZAPATA

RODRÍGUEZ contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES.

Se asigna a la Jurisdicción Ordinaria.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013) Magistrada Ponente Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No. 110010102000201302804-00 (8723-17) Aprobado según Acta de Sala No. 89 ASUNTO Procede la Sala a dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria, representada por el JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, y la Jurisdicción Administrativa en cabeza del JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE LA MISMA CIUDAD, con ocasión de la demanda ejecutiva interpuesta por la señora LUZ

MARINA ZAPATA RODRÍGUEZ contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE

EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

SOCIALES.

ANTECEDENTES RELEVANTES 1.- El 26 de agosto de 2013, la señora LUZ MARINA ZAPATA RODRÍGUEZ presentó demanda ejecutiva laboral contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES, con el objeto de que libre mandamiento de pago en favor de la actora y contra las entidades accionadas, por la suma de $19.827.297; suma que corresponde a la sanción moratoria generada en razón al retardo injustificado en el pago de sus cesantías parciales reconocidas el 26 de agosto de 2010 mediante Resolución No. 437, siendo canceladas el 25 de febrero de 2011 (fl. 1 - 13 del c.o.). 2.- Sometidas a reparto el 26 de agosto de 2013 las presentes diligencias, le correspondieron al JUZGADO QUINTO LABORAL DE PEREIRA, Despacho que en auto del 30 de agosto de 2013 consideró: “En la presente demanda se aporta como título base de recaudo ejecutivo relacionado en el acápite de pruebas y anexos, copia auténtica de la resolución No. 437 del 26 de agosto de 2010 que reconoce la liquidación parcial de cesantías a favor de la actora, certificado expedido por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en relación con el mérito ejecutivo que presta la copia de la resolución No. 437 de 2010, constancia del pago de las cesantías emitida por la Fiduprevisora y certificado de los salarios devengados por la actora en el año 2010. Conforme lo establecen los artículos 100

del C.P.L. y 488 del C.P.C., se pueden exigir ejecutivamente las obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles que consten en acto o documentos que provenga del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él.”. En consecuencia, ordenó el envío de la actuación a la ficina de reparto de los Juzgados Administrativos de ese distrito, para lo de su competencia (fl. 16 – 17 del c.o.). 3.- Las presentes diligencias le correspondieron al Juzgado Tercero Administrativo de Pereira, Despacho que mediante auto del 10 de octubre de 2013, manifestó lo siguiente: “La competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se encuentra determinada en la Ley 1437 de 2011 y, en lo relacionado con ejecutivos, el ordinal 6° del artículo 104 establece: (…). Como quiera que las pretensiones de la demanda ejecutiva presentada por la señora Luz Marina Zapata Rodríguez no encuadran dentro de los asuntos consagrados en el ordinal 6° del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el asunto no es de competencia de esta jurisdicción.”. Por lo anterior, propuso el presente conflicto de competencia y ordenó el envío de las diligencias a esta Colegiatura (fl. 42 – 43 del c. o.).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia. De conformidad con las atribuciones consagradas en el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política, en armonía con el numeral 2 del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para dirimir conflictos de

competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las consagradas en el numeral 3º del artículo 114 de la Ley 270 de 1996. Entendida la jurisdicción como la función del Estado de administrar justicia, y la competencia, como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para ejercer, por autoridad de la ley en determinado asunto. Así tenemos por regla general, el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos funcionarios estiman es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar no corresponderle, será negativo, y para que éste se estructure o proceda, es necesario se presenten los siguientes presupuestos:

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite, esto es, que no haya sido fallado.

Por otra parte, y previo a analizar el asunto objeto de estudio, es necesario precisar que en los pronunciamientos de esta Colegiatura, han de desarrollarse los principios rectores los cuales enmarcan una adecuada administración de justicia, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia de la función judicial, pues estos pueden generar variaciones en el trámite de los conflictos de jurisdicción y competencia puestos a conocimiento de esta Colegiatura, en aras de prever actualmente un trámite expedito y ágil en orden a lograr la eficiencia en el ejercicio de la función judicial tal como lo

contempló el principio constitucional consignado en el artículo 2° Superior, veamos: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” En ese orden de ideas y en procura de materializar tal principio, se ceñirá la Sala a pronunciarse sobre el tema propuesto a su consideración en el entendido de que lo pretendido es definir a quién corresponde la competencia para conocer determinado proceso judicial, esto es, el verdadero acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta que esta Colegiatura es el órgano constitucional encargado para dirimir este tipo de conflictos, y en aras de garantizar el principio de economía procesal, dada la trascendencia social del litigio traído en autos, por consiguiente, se procederá a analizar el sub lite y tomar una decisión de fondo en la cual se esclarezcan los hechos objeto de la controversia, y así garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, conforme lo prevé el artículo 228 de la Constitución Política cuyo texto legal es del siguiente tenor:

“La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. (…)” 2.- Objeto del conflicto: Procede la Sala a conocer del conflicto negativo de competencias suscitado con ocasión de la demanda instaurada por la señora LUZ MARINA ZAPATA RODRÍGUEZ presentó demanda ejecutiva laboral contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES, con el objeto de que libre mandamiento de pago en favor de la actora y contra las entidades accionadas, por la suma de $19.827.297; suma que corresponde a la sanción moratoria generada en razón al retardo injustificado en el pago de sus cesantías parciales reconocidas el 26 de agosto de 2010 mediante Resolución No. 437, siendo canceladas el 25 de febrero de 2011. En el presente caso se está frente a conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la justicia Ordinaria en su especialidad Laboral y la Contenciosa Administrativa, con ocasión del conocimiento de la demanda ejecutiva de carácter laboral instaurada por el actor, en aras de obtener el pago del valor reconocido por la accionada mediante acto administrativo que le reconoció las cesantías parciales y a la fecha no ha sido cancelado dicho valor. Como primera medida se tiene, que el artículo 100 del Código Sustantivo de Trabajo, establece: “Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento

que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral en firme”. Por su parte, el numeral 5 del canon 2° de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 2° del Código de Procedimiento Laboral, dispone que la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social, conoce de “la ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad” Así las cosas, la acreencia laboral reclamada por la actora, deviene del reconocimiento por parte del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES, de las cesantías parciales a que tenía derecho la señora ZAPATA RODRÍGUEZ, y teniendo en cuenta que no se está discutiendo la legalidad de dicho acto administrativo, sino el cumplimiento del referido acto administrativo ante el no pago en el término definido para ello, resulta indudable que la competencia para conocer del asunto recae en la Jurisdicción Ordinaria. Independientemente que se esté o no en presencia de un título con capacidad de ejecución para ser reconocido como tal al interior del proceso ordinario, la ejecutividad del mismo no corresponde a los asuntos previstos en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, ni en la Ley 80 de 1993, es decir no es precisamente originaria de un contrato estatal ni es producto ejecutivo de una sentencia emitida por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siendo las dos únicas opciones que ligan la competencia en esa jurisdicción. Es de resaltar, y teniendo en cuenta que la presente demanda se originó en

vigencia de la Ley 1437 de 2011, advierte la Sala, que el presente asunto se atenderá con lo dispuesto en dicha norma, y de conformidad con lo señalado en el inciso 3° del Artículo 308 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso (Ley 1437 de 2011), el legislador dispuso que: “Los procedimientos y actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. Con base en lo anterior, téngase en cuenta que conforme a lo regulado en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción o de otra providencia judicial con fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en proceso contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia. Y en términos de lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 488 del C. de P. C., la Jurisdicción Ordinaria es competente para conocer de todos los asuntos contenciosos en que sean parte las entidades públicas referidas anteriormente. En tal orden, es claro que no se trata de un asunto de la órbita de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en su lugar es de conocimiento de la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral,

teniendo en cuenta que ésta conoce de la ejecución de obligaciones emanadas del deudor que para el caso en autos, hace referencia a la mora generada por la entidad demandada en el pago de las cesantías parciales reconocidas la señora LUZ MARINA ZAPATA RODRÍGUEZ mediante Resolución 0509 del 26 de mayo de 1999, situación que sin lugar a dudas, ubica las pretensiones de la demandante en una acción ejecutiva, encontrando acierto en lo manifestado por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE PEREIRA, al establecer en la pretensión principal es el cobro por vía ejecutiva de una obligación insatisfecha por la administración. En consecuencia, en el asunto que ocupa la atención de la Sala, la demanda ejecutiva materia de colisión, es ajena a las regulaciones contenidas por los artículos 32 y 75 de la Ley 80 de 1993 y numeral 6 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual el competente para conocer de la misma es la jurisdicción ordinaria en aplicación de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 del C. de P.C., representada en el presente caso por el JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, al cual se le radicará la competencia. En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus facultades constitucionales y legales. RESUELVE PRIMERO.- DIRIMIR el conflicto suscitado entre el JUZGADO QUINTO

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, y el JUZGADO TERCERO

ADMINISTRATIVO DE LA MISMA CIUDAD, en el sentido de asignar el conocimiento del presente asunto al primero de los mencionados. SEGUNDO.- REMITIR el proceso a conocimiento del JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, y copia de la presente providencia al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE LA MISMA CIUDAD DE LA MISMA CIUDAD, para su conocimiento y fines pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILSON RUÍZ OREJUELA JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO

Presidente Vicepresidente

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ ANGELINO LIZCANO RIVERA

Magistrada Magistrado

MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Magistrada Magistrado

YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial