CSDJ - F11001010200020140215800ADJUNTA20141203155309-2014

Consejo Superior de la Judicatura

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Título: CSDJ - F11001010200020140215800ADJUNTA20141203155309-2014
Autor: Consejo Superior de la Judicatura
Categoría: Jurisprudencia
Área del derecho: Disciplinario
Año: 2014

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D. C., 03 de diciembre de 2014 Aprobado según Acta No. 099 de la fecha Magistrado Ponente: ANGELINO LIZCANO RIVERA Radicación No. 110010102000201402158 00

Referencia: Conflicto Negativo de Jurisdicciones Colisionantes: Juzgado Veinticinco Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá y el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de la misma Ciudad.

Tema: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurada por la señora Gloria Ilma Reina Almanza contra La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Alcaldía de Bogotá - Secretaria de Educación de Bogotá - Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Fiduciaria La Previsora S.A Decisión: Asigna a la Jurisdicción Ordinaria representada por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito Judicial de Bogotá. ASUNTO A DECIDIR Se pronunciará la Sala sobre el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Veinticinco Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá y el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de la misma Ciudad, con ocasión del conocimiento de la demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurada por la señora GLORIA ILMA REINA ALMANZA contra La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Alcaldía de Bogotá - Secretaria de Educación de Bogotá - Fondo Nacional

de Prestaciones Sociales del Magisterio y Fiduciaria La Previsora S.A. 2

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M.P. Dr. ANGELINO LIZCANO RIVERA Radicación N° 110010102000201402158 00

Referencia. CONFLICTO DE JURISDICCIONES SITUACIÓN FÁCTICA La señora GLORIA ILMA REINA ALMANZA, por conducto de apoderada judicial presentó demanda el 13 de diciembre del 2013 de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra La Nación - Ministerio de Educación NacionalAlcaldía de Bogotá - Secretaria de Educación de Bogotá - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Fiduciaria La Previsora S.A. con el fin que se declare la nulidad del oficio N° S-2013-114979 del 15 de Agosto de 2013, proferido por el representante del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante el cual niega el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecido en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 (Artículo 2 de la Ley 244 de 1995) por el pago tardío de la cesantía; de igual manera que se declare la nulidad del oficio N° 2013EE00058944 del 25 de junio de 2013, proferido por el representante de

la Fiduciaria La Previsora S.A., mediante el cual niega el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en el parágrafo del artículo 5 de la ley 1071 del 2006 3

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Referencia. CONFLICTO DE JURISDICCIONES

(Artículo 2 de la Ley 244 de 1995) por el pago tardío de las cesantías de la demandante. Así mismo que como consecuencia de la declaración de nulidad de los oficios mencionados, que se condene a La Nación - Ministerio de Educación NacionalAlcaldía de Bogotá - Secretaria de Educación de Bogotá - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Fiduciaria La Previsora S.A., a RECONOCER y PAGAR el valor de la SANCION POR MORA POR EL PAGO TARDÍO DE LAS CESANTIAS, de la misma forma se condene a la parte demandada a reconocer y a pagar la Indexación sobre las sumas de dinero adeudadas por concepto de los reajustes solicitados acorde con el IPC, desde el momento del reconocimiento de la cesantía y hasta que se haga efectivo el pago, conforme a lo establecido en los artículos 187 y 192 del C.P.A.C.A

TRÁMITE Y RAZONES DE LOS COLISIONANTES

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Referencia. CONFLICTO DE JURISDICCIONES

Juzgado Veinticinco Administrativo De Oralidad del Circuito Judicial De Bogotá. Una vez presentada la demanda el 13 de diciembre de 2013 en la Oficina Judicial de Bogotá, fue repartida el 14 de diciembre de la misma anualidad al despacho de la Juez Rocío Barón Meza quien mediante auto del 14 de marzo de 2014, declaró la falta de jurisdicción para conocer del proceso de la referencia, indicando que según numeral 5° del artículo 2° de la Ley 712 de 2001, la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y seguridad social conoce entre otros asuntos de la ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad, adicionalmente la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en providencia del 18 de octubre de 2012, al desatar un conflicto negativo de jurisdicción suscitado entre las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, frente a un caso análogo, precisó entre otros aspectos lo siguiente:

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Referencia. CONFLICTO DE JURISDICCIONES “(…) Así las cosas, las acreencias laborales reclamadas por los actores, devienen del reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación de Tunja respecto del pago de las cesantías parciales a que tenían derecho los actores y teniendo en cuenta que no está discutiendo la legalidad de dichos actos administrativos, sino el cumplimiento de la sanción moratoria establecida por la Ley ante el no pago en el término definido para ello, resuelta indudable que la competencia para conocer del asunto recae, sin lugar a dudas, en la Jurisdicción Ordinaria. (…)”. En consecuencia concluyó ese despacho que carece de competencia para tramitar el presente asunto, escenario en el cual atendiendo las disposiciones del articulo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, deberán remitirse las diligencias a la oficina de reparto de los Juzgados Laborales de Bogotá D.C., para lo de su competencia. Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá. Una vez repartido el proceso al despacho, mediante proveído del 25 de abril del año en curso, propuso conflicto de competencia ordenando remitir a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria para que dirima la

controversia, con base en los siguientes argumentos: 6

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Referencia. CONFLICTO DE JURISDICCIONES “Según la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 138 señala: “Articulo 138. Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de

ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.” Así las cosas se pudo establecer que del acervo probatorio y del análisis de la norma anteriormente transcrita, se puede definir de manera inequívoca, que no es jurisdicción ordinaria del trabajo, la encargada de conocer del presente asunto, por los siguientes aspectos: - La pretensión principal es que se declare LA NULIDAD del oficio N° S2013114979 del 15 de agosto de 2013, proferido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Oficina regional de Bogotá D.C y del oficio 7

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Referencia. CONFLICTO DE JURISDICCIONES N° 2013330058944 del 25 de junio de 2013, proferido por el representante de la Fiduciaria la previsora S.A la cual escapa a la órbita de competencia de esta jurisdicción ya que no puede convalidar ni invalidar actos administrativos.

La actora laboró como docente del Magisterio Oficial de Bogotá de D.C. - La naturaleza de la demanda y el cargo de la demandante en el

Magisterio Oficial de Bogotá D.C nos lleva a concluir que la demandante fue empleada pública. Por lo anterior el despacho no comparte el exiguo argumento que hace el Juez 25 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, toda vez que lo que pretende la demandante es declarar la nulidad de unos actos y no la ejecución de un pago, no encontrándose que esté conformado un título ejecutivo del cual se pueda hacer exigible una obligación clara, expresa como lo determina el artículo 488 del C.PC y 100 C.P.T y s.s motivo más que suficiente para declararse incompetente de conocer del consabido asunto, declarando conflicto negativo de competencia por falta de Jurisdicción y ordenando enviar el expediente al Honorable Consejo Superior de la Judicatura para que lo dirima, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 148 y 28 del C.P.C.” (Sic a lo transcrito) 8

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Referencia. CONFLICTO DE JURISDICCIONES Por lo anterior, propuso el Conflicto Negativo de Competencia y dispuso la remisión de las diligencias a esta Corporación por ser la competente para dirimir el conflicto de jurisdicciones suscitado.

CONSIDERACIONES

Competencia. El artículo 256 numeral 6° de la Constitución Política indica que corresponde a esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria, “dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”. Por su parte, el artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en su numeral 2° dispone que son funciones de esta Superioridad: “Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo 114, numeral Segundo de esta Ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos Salas de un mismo Consejo Seccional”. 9

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Referencia. CONFLICTO DE JURISDICCIONES Existencia del conflicto. Existe conflicto de jurisdicciones cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, esto es, de la facultad para conocer, tramitar y decidir un caso concreto, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos estiman que es de su conocimiento, caso en el cual será positivo o por considerar que no les corresponde, evento en el cual será negativo y para que se

estructure o proceda es necesario que se presenten los siguientes presupuestos: a) Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso; b) Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo y c) Que el proceso se halle en trámite. Una vez establecido que se configuró un conflicto negativo de jurisdicciones, entrará la Sala a analizar los supuestos fácticos, para de esta forma resolver la colisión y asignar la competencia de la demanda a uno de los funcionarios judiciales. 10

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Referencia. CONFLICTO DE JURISDICCIONES Del asunto a resolver. Se discute el conocimiento en este asunto, de la demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurada por la señora GLORIA ILMA REINA ALMANZA contra La Nación - Ministerio de Educación NacionalAlcaldía de Bogotá - Secretaria de Educación de Bogotá - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Fiduciaria La Previsora S.A. con el fin que se declare la nulidad del oficio N° S-2013-114979 del 15 de Agosto de 2013, proferido

por el representante del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante el cual niega el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecido en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 (Artículo 2 de la Ley 244 de 1995) por el pago tardío de la cesantía; de igual manera que se declare la nulidad del oficio N° 2013EE00058944 del 25 de junio de 2013, proferido por el representante de la Fiduciaria La Previsora S.A., mediante el cual niega el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en el parágrafo del artículo 5 de la ley 1071 del 2006 (Artículo 2 de la Ley 244 de 1995) por el pago tardío de las cesantías de la demandante. 11

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Referencia. CONFLICTO DE JURISDICCIONES Solución del mismo: Ahora bien, el ejercicio de la potestad jurisdiccional debe enmarcarse dentro de las competencias reglamentadas por el Legislador al distribuir los asuntos de los cuales le corresponde conocer a los distintos jueces y tribunales del Territorio Nacional, ya que los términos jurisdicción y competencia entrañan conceptos

distintos, en la medida que la primera responde a la facultad de administrar justicia y la segunda a la atribución para conocer de determinado asunto, las dos guardan estrecha relación y no es posible separarlas, sobre todo en sistemas de derecho como el nuestro, donde convergen varias jurisdicciones como la ordinaria de lo contencioso administrativo, penal y penal militar, eclesiástica, indígena, etc., siendo apenas lógico entonces que si el funcionario carece de jurisdicción para asumir el conocimiento de un litigio, desde luego también carezca de competencia. En todo caso, como esa distribución obedece a unos criterios adoptados por el Legislador en orden a asegurar la adecuada y eficiente atención de las distintas clases 12

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Referencia. CONFLICTO DE JURISDICCIONES de controversias sometidas al poder jurisdiccional, la definición de los conflictos por el conocimiento de un asunto, lo cual entraña simultáneamente establecer la competencia en un juez unipersonal o colegiado, remite a la Sala en el ejercicio de su función, a las reglas generales que el Legislador ha señalado para el efecto, sobre

cuyas pautas el derecho procesal y la jurisprudencia han precisado en orden a preservar las facultades del juez natural llamado por la ley a conocer de determinado litigio. Es así, de acuerdo con dichas reglas, la competencia generalmente se determina por ciertos factores, como el objetivo, delimitado por la naturaleza del asunto y la cuantía; el subjetivo, referido a la calidad de las partes que intervienen en el litigio; el funcional, relativo a la instancia; el territorial, respecto al domicilio de las partes y el de conexión o fuero de atracción, en virtud del cual un solo juez puede decidir distintas pretensiones acumuladas que por su naturaleza u otros factores que le correspondería conocer a jueces distintos. 13

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Referencia. CONFLICTO DE JURISDICCIONES Hecha la observación anterior, ha de precisarse que el mencionado conflicto se suscita cuando el interesado frente al pago extemporáneo de sus cesantías, peticiona a la administración el reconocimiento de la indemnización moratoria, evento en el cual, bien la administración guarda silencio configurándose el acto ficto presunto negativo o bien mediante acto administrativo expreso niega tal reconocimiento.

Por tales razones los profesionales del derecho a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, atacan la legalidad del acto ficto presunto o del acto administrativo mediante el cual la entidad que reconoció las cesantías al accionante niega el reconocimiento indemnizatorio moratorio que le corresponde al interesado de conformidad a lo establecido en la Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006. 14

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Referencia. CONFLICTO DE JURISDICCIONES Ha de indicarse en concreto, lo que se pretende es el pago de la indemnización moratoria la cual es reconocida de forma taxativa por la Ley, sin que sea necesario de manera alguna entrar a debatir si se tiene o no el derecho a la misma mediante el citado medio de control estipulado en lo contencioso administrativo, aduciendo que el debate no radica en el derecho a ser reconocida la indemnización por pago tardío de las cesantías ya que la misma legislación la reconoce, por tal motivo su pago es procedente mediante la Acción Ejecutiva ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral, en razón a que no tiene encuadramiento jurídico alguno en los cuatro (4) eventos que consagra el numeral 6 del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y

de lo Contencioso Administrativo. “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y

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