CSDJ - F11001010200020140229800ADJUNTA20141215124244-2014

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., once (11) de diciembre de 2014

Magistrado Ponente: Dr. NÉSTOR IVÁN JAVIER OSUNA PATIÑO Radicación No. 110010102000201402298 00

Registro proyecto: 9 de diciembre de 2014

Aprobado según Acta N° 101 de 11 de diciembre de 2014

REFERENCIA: Conflicto Negativo de Jurisdicciones

Juzgados 36 Administrativo Oral – Sección COLISIONANTES: Tercera y 29 Laboral del Circuito de Bogotá Controversias por glosas a la facturación TEMA: dentro del sistema general de seguridad social en salud. Asigna competencia a la Jurisdicción

DECISIÓN: Ordinaria Laboral y de la Seguridad Social.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 36 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá – Sección Tercera1 y el Juzgado 29 Laboral del Circuito de la misma ciudad2, con ocasión de la demanda que, en ejercicio del medio de control reparación directa, interpuso la sociedad NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD – NUEVA EPS contra la NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 1 Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

2 Jurisdicción Ordinaria. Conflicto Negativo de Jurisdicciones Radicado número: 110010102000201402298 00

II. ANTECEDENTES 1.- LA DEMANDA El 18 de julio de 20123, la sociedad NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. – NUEVA EPS S.A., mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control reparación directa contra la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, con la finalidad que: i) Se declare patrimonial y administrativamente responsable a la entidad demandada, por los perjuicios antijurídicos causados a la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. – Nueva EPS S.A. con ocasión del “no pago de las cuentas presentadas para recobro por concepto de Comités Técnicos Científicos y fallos de tutela en vigencia de las Resoluciones 3797 de 2004, 2933 de 2006, y 3099 de 2008, presentadas de manera extemporánea, en atención a lo que para el efecto dispone la Sentencia C-510 de 2004”. ii) Como consecuencia de lo anterior, se condene a la entidad demandada a pagar a la demandante la suma de dinero equivalente a MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($1.363.368.597.oo), por concepto de servicios medico asistenciales prestados a los afiliados de la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. – Nueva EPS S.A., en cumplimiento de los Comités Técnicos Científicos y de los fallos de tutela.

El contexto fáctico narrado en la referida demanda es, en breve, el siguiente:

1.- La Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. – Nueva EPS S.A., en cumplimiento de las actas emitidas por el Comité Técnico Científico y fallos de tutela, ha asumido el costo económico de los medicamentos, procedimientos y/o insumos ordenados a sus afiliados, los cuales, no se encuentran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud – POS. 2.- En los primeros días del mes de febrero y marzo de 2010, la demandante radicó ante el Consorcio Fidufosyga 2005, las cuentas de cobro –paquetes de recobro No. 3 Fls.2-18, C.O. 2 Conflicto Negativo de Jurisdicciones Radicado número: 110010102000201402298 00 0210 y 0310por concepto de suministro de medicamentos, procedimientos y/o insumos entregados a sus afiliados por las Instituciones Prestaciones de Servicios de Salud, por un valor de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.363.368.597.oo). 3.- El Consorcio Fidufosyga 2005 expidió los oficios MYT-1174-10 de 28 de abril de 2010 y MYT-1422-10 de 24 de mayo de 2010, por medio de los cuales rechazó 689 de los recobros presentados por la demandante, bajo la causal única de extemporaneidad y, en consecuencia, devolvió los respectivos soportes físicos de tales recobros. 4.- Manifiesta la parte actora que “solicita mediante la presente demanda el

reconocimiento y pago de los recobros radicados en CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005 que no fueron reconocidos en virtud de la glosa única de extemporaneidad”. 2.- TRÁMITE PROCESAL Y POSICIÓN DE LOS COLISIONADOS Por reparto de 18 de julio de 20124, el conocimiento del asunto le correspondió al despacho de la doctora Bertha Lucy Ceballos Posada, Magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, quien, mediante auto de 4 de marzo de 2013, declaró la falta de competencia funcional del Tribunal para conocer de la presente demanda en primera instancia y, en consecuencia, ordenó remitir el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Reparto5, al considerar que “la cuantía en el presente asunto se determina por el recobro de mayor valor y no por el valor estimado en la demanda, ya que, se insiste, cada recobro constituye una pretensión de servicio de salud autónoma e independiente, con material probatorio y término de caducidad propio”. El 18 de marzo de 20136, por reparto, se le asignó el conocimiento del asunto al Juzgado Treinta y Seis (36) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Sección Tercera, el cual, luego de admitir la demanda, mediante providencia de 30 de julio de 2014, declaró la nulidad de todo lo actuado dentro

4 Fl.19, C.O.

5 Fls.48-50, Ibídem.

6 Fl.52, C.O.

3 Conflicto Negativo de Jurisdicciones Radicado número: 110010102000201402298 00

del presente asunto desde el auto que admitió la demanda, por falta de jurisdicción y en consecuencia, ordenó remitir las diligencias a los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Reparto7, con fundamento en las siguientes consideraciones: “Observa el Despacho al revisar la decisión del Consejo Superior de la Judicatura antes referido, y al compararla con el caso específico, que a la jurisdicción contenciosa administrativa no le es dado conocer de la presente demanda, por cuanto la controversia versa sobre los perjuicios materiales causados con ocasión de la falta de reconocimiento y pago de los valores correspondientes a 689 solicitudes de recobro, por concepto de prestación de servicios de salud NO incluidos dentro de las coberturas del Plan Obligatorio de Salud POS, que tuvo que asumir por ordenes (sic.) del Comité Técnico Científico, o por fallos de tutela, luego la controversia es propia del Sistema de Seguridad Social Integral, a que se refirió la jurisprudencia consignada en líneas anteriores” Por reparto de 19 de agosto de 2014, el conocimiento de la presente demanda, le correspondió al Juzgado Veintinueve (29) Laboral del Circuito Judicial de Bogotá D.C., el cual, a través de providencia de 4 de septiembre de 2014, rechazó la demanda por falta de competencia, en consecuencia, propuso el conflicto negativo de jurisdicciones y, ordenó remitir las diligencias a esta Corporación8, bajo los siguientes argumentos: “[L]a regla general actualmente es que solo pueden ser de conocimiento de la jurisdicción laboral las obligaciones que emanen o se originen en una relación de

trabajo y del sistema de seguridad social que no correspondan a otra autoridad, en vista que tratándose de conflictos relacionados con la seguridad social, por expresa disposición legal desde que entró en vigencia el Código General del Proceso, no es competente esta jurisdicción de conocer las relativas a contratos, es por lo que se impone rechazar la presente demanda, habida cuenta que en el caso que se examina, no está en controversia el pago por la demandante a las diversas entidades administradoras de seguridad social que le prestaron sus servicios, junto con el suministro de medicamentos y procedimientos; sino el derecho al RECOBRO ante el FOSYGA de lo que canceló a ellas, donde necesario resulta examinar la naturaleza de la parte convocada a juicio, sobro todo cuando la demanda se dirige contra una entidad estatal como lo es la Nación – 7 Fl.40, Ibídem 8 Fls.214-219, C.O. 4 Conflicto Negativo de Jurisdicciones Radicado número: 110010102000201402298 00 Ministerio de Salud y Protección Social, que es a quien se le atribuye el incumplimiento de la obligación contenida en el contrato de encargo fiduciario No. 0242 de 2005 con el Consorcio Fidufosyga 2005, quien a su vez es el encargada (sic.) de administrar la subcuenta de compensación interna del régimen contributivo donde, entre otras, se resuelven las peticiones de RECOBRO; que a la fecha no ha reconocido”. El 8 de septiembre de 2014, el expediente arribó a esta Corporación9, el cual fue asignado, por reparto de 15 de septiembre de 2014, al despacho del magistrado

sustanciador10.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1.- Competencia De conformidad con lo dispuesto en los artículos 256.6 de la Constitución Política y 112.2 de la Ley 270 de 1996, corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de esta Corporación dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les ha atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las consagradas en el artículo 114.3 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Por lo cual, no cabe duda acerca de la competencia de esta Sala para dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Treinta y Seis (36) Administrativo Oral

del Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Sección Tercera y el Juzgado Veintinueve (29) Laboral del Circuito Judicial de la misma ciudad. 2.- Problema jurídico Le corresponde a la Sala determinar si es la jurisdicción de lo contencioso administrativo o por el contrario, la jurisdicción ordinaria laboral y de la seguridad social, la competente para conocer la demanda formulada por la sociedad NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. – NUEVA EPS S.A., a través de apoderado judicial, en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y

PROTECCIÓN SOCIAL.

9 Fl.1, C. Conflicto. 10 Fls.2-3, C. Conflicto. 5 Conflicto Negativo de Jurisdicciones Radicado número: 110010102000201402298 00 3.- Marco normativo 3.1.- Cuestión previa

Antes de desatar el problema jurídico planteado, la Sala considera pertinente fijar el contexto inicial del presente conflicto negativo de jurisdicciones, el cual está dado por las solicitudes de recobro de facturas por vía administrativa al Fondo de Solidaridad y Garantía - Fosyga, efectuadas luego de que una Empresa Promotora de Salud – EPS ha pagado a sus Instituciones Prestadoras de Salud – IPS dichas facturas por concepto de suministro de servicios NO POS que, por tal razón, no son costeadas con cargo a las Unidades de Pago por Capitación –UPC-. En ese escenario, el Fondo de Solidaridad y Garantía - Fosyga formula glosas a la facturación recobrada, por lo cual no le resulta posible aceptar las facturas ni ordenar el pago de los respectivos recobros presentados por la EPS. Se precisa además que el proceso judicial es promovido por la respectiva EPS contra la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, toda vez que el Fondo de Solidaridad y Garantía – Fosyga es una cuenta sin personería jurídica, adscrita a dicho ministerio. De acuerdo con la parte demandante, el medio procesal idóneo a seguir en estos casos es el de reparación directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, aspecto que deberá verificar esta Sala, entre otros que resulten ligados al problema jurídico principal. 3.2.- Identificación de los enunciados normativos relevantes En abstracto, para efectos de dirimir conflictos de jurisdicción de esta naturaleza, la Sala deberá arribar a una interpretación y aplicación armoniosa de las disposiciones que, de manera aislada, se enuncian a continuación:

A.- Disposiciones jurídicas directamente relacionadas con la asignación de jurisdicción - Artículo 41 de la ley 1122 de 2007, literal f), adicionado por el artículo 126 de la ley 1438 de 2011: 6 Conflicto Negativo de Jurisdicciones Radicado número: 110010102000201402298 00 “FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Con el fin de garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en ejercicio del artículo 116 de la Constitución Política, la Superintendencia Nacional de Salud podrá conocer y fallar en derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un juez, en los siguientes asuntos: f) Conflictos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud” (subrayas fuera del texto).

• Decreto 2462 de 2013, artículo 30, numeral 1:

“FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN. Son funciones del Despacho del Superintendente Delegado para la Función Jurisdiccional y de Conciliación, las siguientes:

1. Conocer a petición de parte y fallar en derecho, con carácter definitivo, en primera instancia y con las facultades propias de un juez, los asuntos contemplados en el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, modificado por el artículo 126 de la Ley 1438 de 2011 y en las demás normas que la reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan. En caso que sus

decisiones sean apeladas, el competente para resolver el recurso, conforme a la normativa vigente será el Tribunal Superior del Distrito Judicial –Sala Laboral– del domicilio del apelante” (subrayas fuera del texto). - Ley estatutaria 270 de 1996, artículo 12, modificado por el artículo 5 de la ley estatutaria 1285 de 2009: “DEL EJERCICIO DE LA FUNCION JURISDICCIONAL POR LA RAMA JUDICIAL. La función jurisdiccional se ejerce como propia y habitual y de manera permanente por las corporaciones y personas dotadas de investidura legal para hacerlo, según se precisa en la Constitución Política y en la presente Ley Estatutaria. Dicha función se ejerce por la jurisdicción constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las jurisdicciones especiales tales como: la penal militar, la indígena y la justicia de paz, y la jurisdicción ordinaria que conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos por la Constitución o la ley a otra jurisdicción” (subrayas fuera del texto). - Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social – CPTSS, artículo 2, numeral 4, modificado por el artículo 622 de la ley 1564 de 2012 – Código general del Proceso CGP: “COMPETENCIA GENERAL. La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: 7 Conflicto Negativo de Jurisdicciones Radicado número: 110010102000201402298 00 (…)

4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se

susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos”. - Ley 1437 de 2011 – Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo CPACA, artículo 104, inciso primero y numeral 4, artículo 105, numeral 2: “ARTICULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)

4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público” (subrayas fuera del texto). “ARTICULO 105. EXCEPCIONES. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no

conocerá de los siguientes asuntos: (…)

2. Las decisiones proferidas por autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, sin perjuicio de las competencias en materia de recursos contra dichas decisiones atribuidas a esta jurisdicción. Las decisiones que una autoridad administrativa adopte en ejercicio de la función jurisdiccional estarán identificadas con la expresión que corresponde hacer a los jueces precediendo la parte resolutiva de sus sentencias y deberán

ser adoptadas en un proveído independiente que no podrá mezclarse con decisiones que correspondan al ejercicio de función administrativa, las cuales, si tienen relación con el mismo asunto, deberán constar en acto administrativo separado” (subrayas fuera del texto).

B. Disposiciones jurídicas complementarias o accesorias - Ley 100 de 1993, artículos 1, 4, 8, 155, 156 literal l) y 218: “ARTICULO. 1º- SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten.

8 Conflicto Negativo de Jurisdicciones Radicado número: 110010102000201402298 00 El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro”. “ARTICULO. 4º- DEL SERVICIO PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL. La seguridad social es un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado y que será prestado por las entidades públicas o privadas en los términos y condiciones establecidos en la presente ley. Este servicio público es esencial en lo relacionado con el sistema general de seguridad social en salud. Con respecto al sistema general de pensiones es esencial sólo en aquellas actividades directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las pensiones”.

“ARTICULO. 8º- CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

El sistema de seguridad social integral es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la presente ley”. “ARTICULO. 155.- INTEGRANTES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. El sistema general de seguridad social en salud está integrado por:

1. Organismos de dirección, vigilancia y control: a) Los Ministerios de Salud y de Trabajo; b) El consejo nacional de seguridad social en salud, y c) La superintendencia nacional en salud;

2. Los organismos de administración y financiación: a) Las entidades promotoras de salud; b) Las direcciones seccionales, distritales y locales de salud, y c) El fondo de solidaridad y garantía.

3. Las instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas, mixtas o privadas.

4. Las demás entidades de salud que, al entrar en vigencia la presente ley, estén adscritas a los Ministerios de Salud y Trabajo.

5. Los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones y los trabajadores independientes que cotizan al sistema contributivo y los pensionados.

6. Los beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud en todas sus modalidades.

7. Los comités de participación comunitaria "Copacos" creados por la Ley 10 de 1990 y las organizaciones comunales que participen en los subsidios de salud”. “ARTICULO 156, LITERAL L): “Existirá un fondo de solidaridad y garantía que tendrá por objeto, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, garantizar la compensación entre personas de distintos ingresos y riesgos y la solidaridad del sistema general de seguridad

social en salud, cubrir los riesgos catastróficos y los accidentes de tránsito y demás funciones complementarias señaladas en esta ley”. 9 Conflicto Negativo de Jurisdicciones Radicado número: 110010102000201402298 00 “ARTICULO. 218.- CREACIÓN Y OPERACIÓN DEL FONDO. Créase el fondo de solidaridad y garantía, como una cuenta adscrita al Ministerio de Salud que se manejará por encargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal propia, de conformidad con lo establecido en el estatuto general de la contratación de la administración pública de que trata el artículo 150 de la Constitución Política” (subrayas fuera del texto).

• Decreto-ley 19 de 2012, artículos 111 y 122: “ARTICULO 111. TÉRMINO PARA EFECTUAR CUALQUIER TIPO DE COBRO O RECLAMACIÓN CON CARGO A RECURSOS DEL FOSYGA. El artículo 13 del Decreto 1281 de 2002, quedará así: "Artículo 13. Término para efectuar cualquier tipo de cobro o reclamación con cargo a recursos del FOSYGA. Las reclamaciones o cualquier tipo de cobro que deban atenderse con cargo a los recursos de las diferentes subcuentas del FOSYGA se deberán presentar ante el FOSYGA en el término máximo de (1) año contado a partir de la fecha de la generación o establecimiento de la obligación de pago o de la ocurrencia del evento, según corresponda.

Parágrafo 1: Por una única vez, el FOSYGA reconocerá y pagara todos aquellos recobros

y/o reclamaciones cuya glosa aplicada en el proceso de auditoría haya sido únicamente la de extemporaneidad y respecto de la cual el resultado se haya notificado a la entidad reclamante y/o recobrante, antes de la entrada en vigencia de la presente disposición, siempre y cuando no haya operado el fenómeno de la caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., o en la norma que lo sustituya, previa nueva auditoría integral, que deberá ser sufragada por la entidad reclamante o recobrante, según sea el caso, en los términos y condiciones que para el efecto fije el Ministerio de Salud y Protección Social”. “ARTÍCULO 122. PROCEDIMIENTO PARA SANEAMIENTO DE CUENTAS POR RECOBROS. Sin perjuicio de los mecanismos alternativos de solución de conflictos establecidos en la ley, cuando se presenten divergencias recurrentes por las glosas aplicadas en la auditoría efectuada a los recobros ante el FOSYGA, por cualquier causal, el Ministerio de Salud y Protección Social establecerá los lineamientos o procedimientos orientados a su solución, siempre y cuando no haya transcurrido el plazo de caducidad establecido para la acción de reparación directa en el Código Contencioso Administrativo. En estos casos, el costo de la nueva auditoría integral deberá ser sufragado por la entidad recobrante. Cuando la glosa se origine en la inclusión en el POS de las tecnologías en salud recobradas al FOSYGA, se aplicará el concepto que para el efecto expida la Comisión de Regulación en Salud CRES, quien será la competente para determinar en forma definitiva

si se encuentran o no incluidas, tanto para lo contenido en las normas expedidas por esa Comisión como para lo previsto en normas anteriores, Emitido el concepto de la CRES y efectuada la auditoría integral, en caso de ser favorables, se procederá al trámite de pago. Para los recobros que a la entrada en vigencia del presente Decreto ley ya surtieron la auditoría integral y cuya glosa se aplicó por considerar que la tecnología se encontraba incluida en el POS, se aplicará por una sola vez, dentro del año siguiente contado a partir 10 Conflicto Negativo de Jurisdicciones Radicado número: 110010102000201402298 00 de la vigencia de la presente disposición, siempre y cuando no haya transcurrido el plazo de caducidad establecido para la acción de reparación directa en el Código Contencioso Administrativo”. - Ley 1608 de 2013, artículo 11, inciso 4º: “En el caso de los recobros y reclamaciones que se realizan al Fosyga cuya glosa de carácter administrativo hubiese sido notificada con anterioridad a la expedición de la presente Ley, y sobre los cuales no haya operado el término de caducidad de la acción contenciosa administrativa correspondiente, solo se exigirán para su reconocimiento y pago los requisitos esenciales que demuestren la existencia de la respectiva obligación. Las entidades recobrantes deberán autorizar el giro directo del valor total que se llegue a aprobar a favor de las Instituciones Prestadoras de Salud habilitadas. El Ministerio de Salud y Protección Social podrá permitir que los documentos de soporte de los cobros o reclamaciones ante el Fosyga sean presentados a través de imágenes digitalizadas o de

la tecnología que para tal efecto defina dicha entidad”.

• Decreto 347 de 2013, artículo 7, numeral 3:

“ARTÍCULO 7°. PROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS

RECOBROS Y RECLAMACIONES CON GLOSA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.

Los recobros o reclamaciones de que trata el inciso cuarto del artículo 11 de la Ley 1608 de 2013, en concordancia con el presente decreto, sobre los cuales procederá el reconocimiento y pago, serán aquellos: (…)

3. Respecto de los cuales no haya operado el término de caducidad prevista para la acción de reparación directa en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 3.3.- Precedente jurisprudencial horizontal de la Corporación En algunas ocasiones esta Sala ha dirimido este tipo especial de conflicto negativo de jurisdicciones, asignando el conocimiento de los procesos a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social11. Ahora bien, a partir de su providencia del 11 de junio de 201412 se unificaron y detallaron los parámetros que los despachos judiciales del país deben acatar para hacer un juicio de jurisdicción y competencia acorde con el ordenamiento jurídico vigente y respetuoso de los derechos de los sujetos procesales en este tipo de litigio. 11 Cf. Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, providencia del 30 de octubre de 2013, Rad. 110010102000201302347-00, M.P. Dra. Julia Emma Garzón de Gómez, entre otras.

12 Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, providencia del 11 de junio de 2014, Rad. 110010102000201302787-00, M.P. Dr. Néstor Iván Osuna Patiño. 11 Conflicto Negativo de Jurisdicciones Radicado número: 110010102000201402298 00 Tales parámetros, recogidos posteriormente en la providencia del 11 de agosto de 201413 -que fue a su vez remitida a todos los despachos de las jurisdicciones ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social, y de lo contencioso administrativo, mediante Circular PSAC14-29 de la Sala Administrativa de esta Corporación14-, son los siguientes: “i) Los procesos judiciales declarativos y de condena que en el marco del sistema general de seguridad social en salud se adelanten por parte de administradores del sistema de salud contra el Estado colombiano, representado jurídicamente por La Nación – Ministerio de Salud y Protección Social en calidad de responsable último del FOSYGA y del respeto de los derechos fundamentales a la salud y la seguridad social, cuyo objeto sea el recobro por concepto de servicios NO POS con base en facturas devueltas, rechazadas o glosadas, son – a falta de norma explícita de atribución a la jurisdicción de lo contencioso administrativo – competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social. ii) El único litigio que dentro del sistema de seguridad social en salud se debe adelantar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el previsto taxativamente en el artículo 104.4 del Código de Procedimiento Administrativo y

de lo Contencioso Administrativo, esto es, aquel relativo a la seguridad social de los empleados públicos, cuando su régimen sea administrado por una persona de derecho público. iii) La modificación al texto del artículo 2.4 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por parte del artículo 622 del Código General del Proceso, no puede entenderse como una limitación, restricción, excepción, inaplicación o derogación de la cláusula general o residual de competencia que caracteriza a la jurisdicción ordinaria en cada una de sus especialidades, en particular, la laboral y de seguridad social. iv) La interpretación coherente y armoniosa entre el artículo 2.4 del CPT y la cláusula general o residual prevista en el artículo 12 de la ley estatutaria 270 de 1996, junto con las demás normas constitucionales, legales y reglamentarias del sistema general de seguridad social en salud, es aquella en virtud de la cual los procesos judiciales de recobro al Estado por prestaciones NO POS no están excluidos, sino incluidos por vía indirecta dentro de los asuntos que deben tramitarse ante la justicia ordinaria laboral y de seguridad social. v) Las demandas judiciales contra el Estado por concepto de recobros al FOSYGA podrán presentarse, a elección del demandante, ante los jueces laborales y de seguridad social, o bien ante la Superintendencia Nacional de Salud – Delegatura para la Función Jurisdiccional. De conformidad con el artículo 41 de la ley 1122 de 2007, adicionado por el artículo 126 de la ley 1438 de 2011, 13 Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, providencia del 11 de agosto de 2014,

Rad. 110010102000201401722-00, M.P. Dr. Néstor Iván Osuna Patiño. 14 Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, Circular PSAC14-29 del 16 de septiembre de 2014. 12 Conflicto Negativo de Jurisdicciones Radicado número: 110010102000201402298 00 esta última autoridad conoce a prevención, con la jurisdicción ordinaria laboral y de seguridad social, de los conflictos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Además, la segunda instancia de las decisiones jurisdiccionales de la Superintendencia Nacional de Salud se debe surtir ante la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social. En concordancia con lo anterior, el artículo 105.2 del CPACA prohíbe a la justicia contencioso administrativa controlar judicialmente las decisiones jurisdiccionales de la Superintendencia Nacional de Salud. vi) Los artículos 111 y 122 del decreto-ley 19 de 2012 no son normas de