CSDJ - F1100101020002014026150120161025085042-2016

REPÚBLICA DE COLOMBIARAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016). Magistrado Ponente JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO Radicación 1100101020002014 02615 01 /C Aprobado según Acta No. 67, de esta misma fecha. ASUNTO A TRATAR Procede la Sala a pronunciarse sobre el conflicto positivo de competencia entre la Jurisdicción Especial Indígena, representado por el RESGUARDO INDIGENA PIJAO NUEVA ESPERANZA DE COYAIMA TOLIMA y la Jurisdicción Penal Ordinaria, en cabeza de Juzgado Tercero Promiscuo Municipal con Funciones de Garantías de Guamo (Tolima), para conocer de la investigación penal seguida en contra de los señores CRISTIAN DAVID MARTÍNEZ POLOCHE, MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ POLOCHE y LUCELY MARTÍNEZ POLOCHE, por el delito de homicidio, cometido en el señor LUIS

EMIRO ORTÍZ TAPIERO.

ANTECEDENTES Las diligencias penales seguidas contra los señores CRISTIAN DAVID MARTÍNEZ POLOCHE, MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ POLOCHE y LUCELY MARTÍNEZ POLOCHE, tienen su origen en la presunta comisión del delito de homicidio, contra quien en vida fuera su compañero sentimental, señor LUIS EMIRO ORTIZ TAPIERO, quienes se encuentran actualmente detenidas, para

efectos del trámite y decisión del proceso penal con radicación No. 735045000471201480016, que cursa en el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías del Guamo (Tolima).

DE LA ACTUACIÓN PROCESAL

República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA M.P. JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO Radicado 110010102 000 2014 02615 00 /2429 C Referencia: Conflicto Positivo de Jurisdicción Dentro de dicho proceso judicial, en audiencia celebrada el 29 de septiembre de 2015, el señor DARÍO FERNANDO BOTACHE TIQUE, Gobernador del Cabildo Mesas de San Juan de Coyaima Tolima del Resguardo del mismo nombre, solicitó al juzgado Tercero Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías del Guamo, la libertad de los implicados antes mencionados por cumplir con los requisitos exigidos, para que la Jurisdicción Especial Indígena asuma el conocimiento de este caso, acorde con los usos y costumbres de la comunidad, ante lo cual el juez que tiene actualmente el conocimiento se pronunció indicando que se había solicitado en la audiencia anterior que acudiera un representante de las víctimas, con el fin escuchar su versión y si estaba de acuerdo con que el conocimiento del asunto estuviera en cabeza de la Jurisdicción Especial indígena, se hizo presente la señora MIRYAM ORTIZ POLOCHE, hija de la víctima, quien en uso de la palabra

indicó que no deseaba que la jurisdicción Especial indígena hiciera la investigación ya que no tenían confianza en esta jurisdicción y que lo único que querían era que se investigara y castigara a los responsables. Luego el juez de conocimiento cedió la palabra al Gobernador indígena, quien planteó conflicto de competencia, pues, ya habían reunido los requisitos para que el conocimiento del asunto le correspondiera a la Jurisdicción que él representaba, y planteó conflicto positivo de competencia ante el Juez de Conocimiento, quien con fundamento en la solicitud de la representante de víctimas, trabó el conflicto positivo de competencia con la Jurisdicción especial indígena y lo envió ante esta Colegiatura para que se dirimiera el conflicto. Se debe aclarar que éste mismo asunto ya fue tramitado y decidido este mismo conflicto el 16 de diciembre de 2014, mediante acta 105 de la misma fecha, en el cual se le había asignado la competencia a la Jurisdicción Ordinaria Penal en Cabeza del Juzgado Penal del Circuito del Guamo Tolima, con la diferencia que en esta ocasión aparecen vinculado tres sindicados, es decir dos personas más que son los señores CRISTIAN DAVID MARTÍNEZ POLOCHE, MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ POLOCHE, que actualmente se encuentran detenidos en 2 República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA M.P. JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO Radicado 110010102 000 2014 02615 00 /2429 C

Referencia: Conflicto Positivo de Jurisdicción

la Cárcel Municipal de Chaparral Tolima y que los elementos personal de los vinculados hoy detenidos se cumple.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

Es competente esta Corporación para dirimir el conflicto planteado por expresa autorización del numeral 6 del artículo 256, de la Constitución Nacional y numeral 2 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia). Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina

Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto 3 República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA M.P. JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO Radicado 110010102 000 2014 02615 00 /2429 C Referencia: Conflicto Positivo de Jurisdicción hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”. Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “…los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa

que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. Jurisdicción indígena.

La Sala de tiempo atrás ha expresado en diversos pronunciamientos los alcances de la jurisdicción indígena de la siguiente manera: “(…). Conforme con el artículo 246 de la Constitución Nacional, “...Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema nacional.” (…).” (Subrayas fuera de texto). 4 República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA M.P. JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO Radicado 110010102 000 2014 02615 00 /2429 C Referencia: Conflicto Positivo de Jurisdicción La corte Constitucional en Sentencia T-811 de 2004, al analizar el artículo que se ha trascrito en el párrafo anterior manifiesta: “(…). Son pues cuatro los elementos que contiene el artículo en relación con la jurisdicción especial indígena y la protección de los derechos de los miembros de las comunidades indígenas: i) la existencia de autoridades propias de los pueblos indígenas, que ejercen funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito

territorial; ii) la potestad de los pueblos indígenas para establecer y aplicar normas y procedimientos judiciales propios; iii) la sujeción de dichas jurisdicción, normas y procedimientos a la Constitución y a las leyes de la República; y iv) la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. Según lo señaló esta Corporación, “Los dos primeros elementos conforman el núcleo de autonomía otorgado a las comunidades indígenas -que se extiende no sólo al ámbito jurisdiccional sino también al legislativo, en cuanto incluye la posibilidad de creación de “normas y procedimientos”-, mientras que los dos segundos constituyen los mecanismos de integración de los ordenamientos jurídicos indígenas dentro del contexto del ordenamiento nacional”. En relación con el último de los elementos señalados, esto es, la remisión a la ley para que establezca las formas de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional, la jurisprudencia nacional tiene establecido que la omisión del legislador en esta materia no condiciona ni suspende el ejercicio efectivo de la jurisdicción indígena. En la sentencia T-254 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional señaló que, “El ejercicio de la jurisdicción indígena no está condicionada a la expedición de una ley que la habilite, como podría pensarse a primera vista. La Constitución autoriza a las autoridades de los pueblos indígenas el ejercicio de funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos,

siempre y cuando no sean contrarios a la constitución y a la ley. Así, pues, del reconocimiento constitucional de las jurisdicciones especiales se deriva el derecho de los miembros de las comunidades indígenas a un fuero, en aplicación del cual serán juzgados por sus propias autoridades, conforme a sus 5 República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA M.P. JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO Radicado 110010102 000 2014 02615 00 /2429 C Referencia: Conflicto Positivo de Jurisdicción normas y procedimientos, dentro de su ámbito territorial y en aras de garantizar el respeto por la particular cosmovisión del individuo. (…).” Así las cosas, por mandato constitucional los pueblos indígenas tienen derecho a ejercer funciones jurisdiccionales y, precisamente ello obedece al interés del Estado en garantizar la existencia, conservación, respeto y reconocimiento de las comunidades indígenas, protegiendo la diversidad cultural aceptando su autonomía, para que, ante la existencia de unos requisitos mínimos para reconocer el fuero, las autoridades indígenas puedan investigar y juzgar, según sus principios, usos y costumbres a los miembros que integran su comunidad. Y es que el derecho a la integridad étnica, cultural y social de los pueblos indígenas se ha erigido en uno de los derechos fundamentales de estas colectividades, así lo ha indicado en varios pronunciamientos la Corte

Constitucional: “(…). Los derechos fundamentales de los cuales son titulares las comunidades indígenas son, básicamente, el derecho a la subsistencia, derivado de la protección constitucional a la vida (C.P., artículo 11); el derecho a la integridad étnica, cultural y social, el cual se desprende no sólo la protección a la diversidad y del carácter pluralista de la nación (C.P., artículos 1 y 7) sino, también, de la prohibición de toda forma de desaparición forzada (C.P., artículo 12); el derecho a la propiedad colectiva (C.P., artículos 58, 63, 329); y, el derecho a participar en las decisiones relativas a la explotación de recursos naturales en sus territorios. (…)”1 (subrayas y negrillas fuera de texto).

Es innegable que los diversos grupos indígenas que aún se conservan en nuestro territorio nacional tienen una especial cosmovisión, una forma particular de apreciación, raciocinio y percepción del individuo, del mundo que los rodea, así como de algunos acontecimientos, los que los hace diferentes, y por ello es indispensable, ante la presencia de una trasgresión a la normatividad laboral 1 T-380/93-MP. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ; C-058/94-M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO; T-349/96 M.P.

CARLOS GAVIRIA DÍAZ; T-496/96 M.P. CARLOS GAVIRIA DÍAZ; SU-039/97 M. ANTONIO BARRERA CARBONELL; T552/03 MP. RODRIGO ESCOBAR GIL.

6 República de Colombia

Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA M.P. JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO Radicado 110010102 000 2014 02615 00 /2429 C Referencia: Conflicto Positivo de Jurisdicción por parte de un integrante de estas comunidades, entrar a analizar, cada caso en particular, el sentido de pertenencia del individuo con la comunidad de la cual hace parte, así como, su conocimiento y familiaridad con la cultura mayoritaria, para establecer si tiene la suficiente capacidad de comprender que su conducta es considerada ilícita en el derecho interno. Con relación a este punto la Corte Constitucional manifestó: “…Los miembros de comunidades indígenas, como sujetos éticos, son y se ven como distintos y esa diferencia genera modos de reflexionar diversos que no pueden ser equiparados con una inferioridad síquica o, en otros términos, con inmadurez sicológica o trastorno mental, factores que utiliza el Código Penal para caracterizar a los inimputables.2 De acogerse una interpretación en tal sentido, se desconocería la capacidad de autodeterminación de los pueblos indígenas conforme a sus valores, además de enfatizarse una cierta connotación peyorativa: ‘retraso mental cultural’.3 (…). No quiere decir lo anterior, que el indígena que es juzgado a la luz del derecho penal, deba ser tratado siempre como alguien que conocía y comprendía la ilicitud de un acto. Por el contrario, de lo que se trata, es de cambiar la perspectiva del análisis, ya

no fundada en un concepto de inmadurez sicológica, sino en la diferencia de racionalidad y cosmovisión que tienen los pueblos indígenas. El juez, en cada caso, debe hacer un estudio sobre la situación particular del indígena, observando su nivel de conciencia étnica y el grado de influencia de los valores occidentales hegemónicos, para tratar de establecer si conforme a sus parámetros culturales, sabía que estaba cometiendo un acto ilícito. De determinarse la falta de comprensión del contenido y alcance social de su conducta, el juez deberá concluir que ésta es producto de una DIFERENCIA valorativa y no de una INFERIORIDAD en las capacidades intelecto-volitivas; en consecuencia ordenará devolver al indígena a su comunidad para que sea juzgado por sus propias autoridades...”4 (subrayas y negrillas fuera de texto). 2 En este mismo sentido ya se había pronunciado La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de septiembre 20 de 1984. 3 Hernán Darío Benítez. Tratamiento Jurídico penal del Indígena Colombiano. ¿Inimputabilidad o inculpabilidad?. Temis. Bogotá, 1988, pg 119.

4 C-496/96. MP. CARLOS GAVIRIA DÍAZ.

7 República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA M.P. JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO Radicado 110010102 000 2014 02615 00 /2429 C Referencia: Conflicto Positivo de Jurisdicción Así las cosas y como quiera que los integrantes de las comunidades indígenas

gozan de un fuero especial, resulta relevante indicar que éste consiste en el derecho que tienen las personas pertenecientes a una de estas comunidades a ser investigadas y juzgadas por miembros de la misma según sus usos, costumbres, y de acuerdo con sus normas y procedimientos, teniendo en cuenta la particular cosmovisión que tienen del mundo y del individuo. Sobre los elementos esenciales que comprende el fuero indígena la Corte Constitucional en sentencia T-811 de 20045 expuso: “(…). El fuero indígena comprende tres elementos esenciales, a saber: i) el personal “con el que se pretende señalar que el individuo debe ser juzgado de acuerdo con las normas y las autoridades de su propia comunidad”6; ii) el territorial “que permite que cada comunidad pueda juzgar las conductas que tengan ocurrencia dentro de su territorio, de acuerdo con sus propias normas”7 y iii) el objetivo, “referido a la calidad del sujeto o del objeto sobre los que recae la conducta delictiva”8. Siendo así, las autoridades indígenas son el juez natural para conocer de los delitos cometidos por miembros de su comunidad, siempre y cuando se atiendan los requisitos establecidos para el reconocimiento del fuero indígena. (…)” (negrillas fuera de texto). De lo anterior se concluye que es indispensable estudiar cada caso en particular para establecer si se dan o no, todos los presupuestos que son necesarios para reconocer el fuero indígena: En primer lugar en cuanto al elemento personal se debe indicar que los señores

CRISTIAN DAVID MARTÍNEZ POLOCHE, MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ

POLOCHE y LUCELY MARTÍNEZ POLOCHE, sí pertenecen a la comunidad del Resguardo Indígena Mesas de San Juan de Coyaima Tolima, de conformidad con el listado de miembros de la comunidad allegados por el señor

5 M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

6 Corte Constitucional. Sentencia T-496/96, M.P. Carlos Gaviria Díaz 7 Ibídem 8 Corte Constitucional. Sentencia T-552/03, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 8 República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA M.P. JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO Radicado 110010102 000 2014 02615 00 /2429 C Referencia: Conflicto Positivo de Jurisdicción DARÍO FERNANDO BOTACHE TIQUE, y certificados por el Ministerio del Interior sin que esta situación haya sido controvertida, por lo que el elemento personal, se cumple. En segundo lugar, el elemento territorial también se cumple, dado que se anexa la Resolución No. 050 del 10 de diciembre de 1997, mediante la cual se fija el área del territorio luego este elemento, se encuentra satisfecho. En tercer lugar el objeto referido a la calidad del sujeto o del objeto sobre los que recae la conducta delictiva, esta se refiere al señor LUIS EMIRO ORTIZ TAPIERO, quien no aparece como miembro de dicha comunidad del Resguardo Indígena Mesas de San Juan de Coyaima Tolima, por lo que este elemento, no se cumple, situación que permite con certeza determinar que la orientación de la decisión debe ser la Justicia Ordinaria.

Otro elemento fundamental es la reglamentación exigida para que sea reconocida la jurisdicción que son las autoridades debidamente autorizadas, las cuales según la documentación adosada al expediente por la misma comunidad, se extrae, que existen pugnas que no han permitido su organización interna y aunque se conoce su territorio, y la pertenencia de la sindicada a dicha comunidad, cual es la reglamentación que tienen al interior de la comunidad tanto de procedimiento, como los convenios que estos tienen con las autoridades penitenciarias para que los sindicados permanezcan en dichos centros o en caso de ser responsables del delito que se le sindica puedan recibirá apoyo por parte de estas instituciones; no existe ninguna prueba que permita señalar que el elemento institucional pueda cumplirse, por tal razón la Sala no encuentra soporte suficiente, para asignarle a la Jurisdicción Especial Indígena este asunto y por tal razón deberá continuar con la investigación la Justicia ordinaria. Mucho más si no se demuestra que exista una reglamentación que permita indicar que existen unos procedimientos para el eventual cumplimiento de la sanción impuesta, las cuales brillan por su ausencia. 9 República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA M.P. JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO Radicado 110010102 000 2014 02615 00 /2429 C Referencia: Conflicto Positivo de Jurisdicción Los anteriores elementos son suficientes para decidir por parte de esta Colegiatura que el caso aquí estudiado deba ser de conocimiento de la Jurisdicción Ordinaria Penal, en cabeza de Juzgado Tercero Promiscuo

Municipal con Funciones de Control de Garantías del GUAMO (Tolima), como en efecto se asignará. En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, RESUELVE PRIMERO: ASIGNAR la competencia para conocer del presente asunto a la JURISDICCIÓN PENAL ORDINARIA representada por Juzgado Tercero Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Guamo (Tolima), conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Remítase el expediente a, Juzgado Tercero Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías del Guamo (Tolima), para continuar el trámite; y envíese copia de esta providencia al Resguardo Indígena Mesas de San Juan de Coyaima Tolima, para su información.

TERCERO: Por la Secretaría Judicial de la Sala entérese de lo dispuesto en la presente providencia a los sujetos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO

Presidente 10 República de Colombia Rama Judicial

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA M.P. JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO Radicado 110010102 000 2014 02615 00 /2429 C

Referencia: Conflicto Positivo de Jurisdicción

MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN

CARVAJAL

Magistrada Magistrado

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ

MINIDOLA

Magistrada Magistrada

CAMILO MONTOYA REYES PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Magistrado Magistrado

YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA

Secretaria Judicial 11