CSDJ - F11001010200020150007800ADJUNTA20150216081624-2015

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., febrero once de dos mil quince Magistrado Ponente Doctor: WILSON RUIZ OREJUELA Radicación No. 110010102000201500078 00 Aprobado en Sala No. 009 de la misma fecha. ASUNTO Procede la Sala a resolver el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla (Atlántico) y el Juzgado Quinto Administrativo Oral de la misma ciudad, para conocer de la demanda ordinaria laboral instaurada por el señor Jaime Enrique Morales Morales contra el Departamento del Atlántico-Secretaría de Educación Departamental. HECHOS El señor Jaime Enrique Morales Morales, instauró demanda ordinaria laboral contra el Departamento del Atlántico-Secretaría de Educación Departamental a fin de que se declare la existencia de un contrato de trabajo realidad y le cancelen los salarios dejados de pagar y la indemnización correspondiente, como consecuencia de la terminación unilateral “sin justa causa” del contrato de trabajo a término fijo celebrado con el demandado antes del término definido, pues cuenta el demandante que el contrato tuvo su origen el día 16 de octubre de 2008 y finalizó el 23 de septiembre de 2009. En consecuencia, solicitó se condenara al ente demandado a pagarle los salarios laborados correspondientes a los meses de julio, agosto y 23 días de septiembre, la indemnización como consecuencia de la terminación unilateral del contrato a término fijo sin justificación alguna, las cesantías parciales y

definitivas liquidadas durante la vigencia del contrato laboral, los intereses de las cesantías de acuerdo a la liquidación de las mismas, la prima de servicio, de antigüedad, de navidad, vacaciones, sanción moratoria y demás emolumentos. POSICIÓN DE LOS COLISIONADOS Mediante providencia del 30 de abril de 20141, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla (Atlántico) declaró probada de oficio la excepción de falta de jurisdicción y competencia, argumentando, que el actor venia desempeñando el cargo de celador en la Institución Educativa Técnica Juan José Nieto, entidad adscrita a la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico lo que ubica al accionante como empleado público atendiendo a la entidad y a las funciones del cargo, por lo que debe ser de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa. 1 Folios 38 y 39 del cuaderno principal del expediente. En la misma decisión, ordenó remitir el expediente a los Juzgados Administrativos de Barranquilla. Arribado el expediente, el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Barranquilla (Atlántico), mediante auto del 21 de octubre de 20142 declaró igualmente la falta de jurisdicción y competencia para conocer del asunto, señalando que lo pretendido por el demandante se originó por la terminación unilateral del contrato de trabajo a término fijo “sin justa causa”, entonces, corresponde su conocimiento a la jurisdicción Ordinaria Laboral, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, en concordancia con el numeral 2º del artículo 155 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, propuso el conflicto negativo de jurisdicciones remitiendo el expediente a esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria. CONSIDERACIONES Competencia Conforme con el numeral 6° del artículo 2563 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el mandato que consagra el numeral 2° del artículo 1124 de la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de Administración de 2 Folios 46 y 47 del cuaderno principal del expediente. 3 Art. 256.Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:

6. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. 4 Art. 112. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la

Judicatura:

2. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran ente las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones Justicia-, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para dirimir los conflictos que se susciten entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales.

Se entiende la jurisdicción como la función del Estado de administrar justicia y, la competencia, como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para ejercer, por autoridad de la Ley en determinado asunto. Por regla general, un conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, se disputan el conocimiento de un proceso, bien

porque ambos funcionarios estiman es de su conocimiento, evento en el cual será positivo; o, por considerar que no les corresponde tramitar el asunto, caso en el cual será negativo y, para que éste se estructure serán necesarios los siguientes presupuestos:

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro acerca de quién debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite.

En aras de lograr la eficiencia en el ejercicio de la función judicial, tal como lo contempló el principio constitucional consagrado en el artículo 2 Superior5, la jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo 114, numeral tercero, de esta ley y entre los consejos seccionales o entre dos salas de un mismo consejo seccional. 5 “Art. 2. Constitución Política. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad genera y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los Sala se ceñirá a pronunciarse sobre el tema propuesto a su consideración, en el entendido de definir a quién corresponde la competencia para conocer de determinado proceso judicial, para garantizar el acceso a la

administración de justicia, teniendo en cuenta que esta colegiatura es el órgano constitucional encargado de dirimir este tipo de conflictos y, en aras de garantizar los principios de economía procesal y de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, como lo prevé el artículo 228 constitucional6. Caso Concreto Procede la Sala a pronunciarse en relación con la jurisdicción competente para conocer de las presentes diligencias. Se trata de definir la autoridad a quien corresponde conocer la demanda ordinaria laboral contra el Departamento del Atlántico-Secretaría de Educación Departamental, a fin de que se declare la existencia de un contrato de trabajo realidad y se cancelen los salarios dejados de pagar y la indemnización correspondiente, como consecuencia de la terminación unilateral del contrato de trabajo a término fijo celebrado con el demandado antes del término definido, sin justificación alguna. El Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla (Atlántico) argumentó, que el actor venia desempeñando el cargo de celador en la Institución Educativa Técnica Juan José Nieto, entidad adscrita a la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico lo que ubica al accionante como deberes sociales del Estado y de los particulares”. 6 “Art. 228 Constitución Política. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial.” empleado público atendiendo a la entidad y a las funciones del cargo, por lo que debe ser de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa. Por su parte, el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Barranquilla

(Atlántico), señaló, que lo pretendido por el demandante se originó por la terminación unilateral del contrato de trabajo “sin justa causa”, entonces, corresponde su conocimiento a la jurisdicción Ordinaria Laboral, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, en concordancia con el numeral 2º del artículo 155 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Previamente se observa, que la demanda en cuestión fue interpuesta en vigencia de la ley 1437 de 20117, Estatuto que en cuanto a la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, dispone: “ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. En concordancia, el artículo 138 ibídem prevé: 7 18 de febrero de 2014 – folio 4 Cuaderno Principal del Expediente. Decreto 01 de 1984 vigente hasta el 1 de julio de 2012 conforme lo dispuesto en el art. 309 de la Ley 1437 de 2011. “ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare

la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”. Y el artículo 155 que establece la competencia de los jueces administrativos en primera instancia dispone: “ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Por su parte, el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, que prevé la competencia general de la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y seguridad social, reza lo siguiente: “ARTÍCULO 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo”.

En el sub judice, se pretende que se declare la existencia de un contrato de trabajo realidad y cancelen los salarios dejados de pagar y la indemnización correspondiente, como consecuencia de la terminación unilateral “sin justa causa” del contrato de trabajo a término fijo celebrado con el demandado antes del término definido, por haberse desempeñado como celador de una entidad educativa adscrita a la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico y en consecuencia, se le pague los salarios laborados correspondientes a los meses de julio, agosto y 23 días de septiembre, la indemnización como consecuencia de la terminación unilateral del contrato a término fijo “sin justificación alguna”, las cesantías parciales y definitivas liquidadas durante la vigencia del contrato laboral, los intereses de las cesantías de acuerdo a la liquidación de las mismas, la prima de servicio, de antigüedad, de navidad, vacaciones, sanción moratoria y demás emolumentos. Frente al contrato realidad, el Consejo de Estado ha señalado, que “el contrato de prestación de servicios no puede constituirse en un instrumento para desconocer los derechos laborales y conforme a ello, en aras de hacer triunfar la relación laboral sobre las formas que pretendan ocultarla, es dable acudir a los principios constitucionales del artículo 53 de la C.P. que contempla la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas, con la finalidad de exigir la especial

protección en igualdad de condiciones a quienes realizan la misma función pero en calidad de servidores públicos”.8 La jurisprudencia de esa misma Corporación ha reiterado, que aunque se haya realizado una vinculación bajo la forma de contrato de prestación de servicios, si el interesado logra desvirtuar su existencia al demostrar la presencia de la subordinación o dependencia respecto del empleador, tendrá derecho al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo9. Ese máximo Tribunal, ha concretado el tratamiento jurisprudencial de los contratos realidad, precisando cuáles son los requisitos indispensables para demostrar la existencia de una relación de trabajo en el desarrollo de una función pública10, para identificar, cuándo un contratista se desempeña en las mismas condiciones de cualquier otro servidor público y, cuándo se trata una 8 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 26 de enero de 2012, Sección Segunda Subsección B, exp. 50001-23-31-000-2005-10518-02(1094-10), CP: Gerardo Arenas Monsalve. 9 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 22 de marzo de 2012, Sección Segunda Subsección A, exp. 44001-23-31-000-2001-00459-03(0782-10), CP: Alfonso Vargas Rincón. 10 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1 de marzo de 2012, Sección Segunda Subsección A, exp. 25000-23-25-000-2008-00344-01(0681-11), CP:

Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. relación de simple coordinación entre las partes para el desarrollo del contrato, en virtud de las particularidades de la actividad para la cual fue suscrito11. Ahora bien, frente a la situación particular de los vigilantes, el Consejo de Estado12 ha señalado que si una persona presta servicios como vigilantecelador resulta inadmisible afirmar que realiza actividades temporales e independientes, siendo que la labor contratada por la entidad exige que se brinde el servicio de seguridad en forma permanente para poder funcionar con total tranquilidad. Para esa Corporación, carecería de cualquier lógica que los servicios de vigilancia se prestaran ocasionalmente, siendo que la seguridad de la entidad puede verse afectada en cualquier momento, lo que exige la presencia continua de una persona que ofrezca y garantice la guarda de la misma. De ahí, que concluyera que para cumplir con las labores de vigilancia, la persona contratada para tal fin, debe atender y obedecer las órdenes de sus superiores, a quienes les corresponde determinar en qué forma, horario y dependencia se debe prestar el servicio, es decir, que el elemento de la subordinación es indispensable para que se pueda desarrollar tal servicio. En efecto, como de antaño lo ha señalado esa misma Corporación, “las personas que prestan sus servicios en la administración municipal son empleados públicos si la actividad es distinta de la construcción y sostenimiento de las obras públicas; estas actividades son desempeñadas por trabajadores oficiales, que se vinculan mediante contrato”13, pues 11 Consejo de Estado Sección Segunda. Sentencia del 19 de febrero de 2009. Rad. No.

3074-2005. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. 12 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A, sentencia de 2 de mayo de 2013, exp. 050012331000200403742 01 2027-2012, CP: Alfonso Vargas Rincón. 13 Ibídem. así lo prevé el artículo 5 del Decreto-Ley 3135 de 1968, el cual consagra lo siguiente: “Art. 5. Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales. Las personas que prestan sus servicios en los Ministerios; Departamentos Administrativos, Superintendencias y Establecimientos Públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos”. De lo anterior se colige, que de conformidad con el artículo 155 numeral 2 de la Ley 1437 de 2011 vigente para la época de presentación de la demanda instaurada por el señor Jaime Enrique Morales Morales, es de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, por tratarse de una controversia que no proviene de un contrato de trabajo. De acuerdo con lo arriba precisado, es evidente que la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en materia de litigios laborales, se circunscribe a asuntos que no provengan de un contrato de trabajo,

mientras que la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, conoce de los que provengan de dicha modalidad contractual. Sin más consideraciones, esta Superioridad determina que la Jurisdicción competente para conocer de la demanda instaurada por el señor Jaime Enrique Morales Morales contra el Departamento del Atlántico – Secretaría de Educación Departamental, es la contencioso administrativa representada por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Barranquilla (Atlántico), al cual se le enviará el expediente. En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, RESUELVE PRIMERO: Asignar el conocimiento de la demanda instaurada por el señor Jaime Enrique Morales Morales contra el Departamento del Atlántico – Secretaría de Educación Departamental, a la jurisdicción contencioso administrativa, en cabeza del Juzgado Quinto Administrativo Oral de Barranquilla (Atlántico).

SEGUNDO: Remítase el expediente al Juzgado Quinto Administrativo Oral de Barranquilla (Atlántico), para que proceda de conformidad con esta providencia; y, copia de la misma al Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla (Atlántico).

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

NÉSTOR IVÁN JAVIER OSUNA PATIÑO

Presidente Continúan firmas……..

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO

Vicepresidente Magistrado

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ ANGELINO LIZCANO RIVERA

Magistrada Magistrado

MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA WILSON RUIZ OREJUELA

Magistrada Magistrado YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA Secretaria judicial