CSDJ - F11001010200020150025200ADJUNTA20170329124310-2017

Consejo Superior de la Judicatura

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Título: CSDJ - F11001010200020150025200ADJUNTA20170329124310-2017
Autor: Consejo Superior de la Judicatura
Categoría: Jurisprudencia
Área del derecho: Disciplinario
Año: 2017

REPÚBLICA DE COLOMBIA

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CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D. C., Veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

Magistrado Ponente: Dra. MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Radicación N°110010102000201500252 00 Aprobado según Acta N°. 24 de la misma fecha. ASUNTO A DECIDIR Resuelve la Sala lo pertinente respecto de la queja de RAMIRO ALBERTO JIMÉNEZ GIL, contra Magistrados del TRIBUNAL SUPERIOR DE SANTA MARTA SALA CIVILFAMILIA, en virtud de la decisión adoptada en segunda instancia en la Acción de Tutela instaurada contra la Oficina de Instrumentos Públicos de Santa Marta.

ANTECEDENTES PROCESALES

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Referencia: FUNCIONARIO ÚNICA INSTANCIA La Defensoría Regional del Pueblo de Santa Marta, remitió oficio Nº DPRM 5011

8248ROY de octubre 31 de 2014 a esta Superioridad, en el que allegó queja de RAMIRO ALBERTO JIMÈNEZ GIL contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta - Sala Civil - Familia -, que presentó el 29 de octubre de 2014 por su desacuerdo con la determinación de Confirmar el fallo de primera instancia estando en paro la rama judicial, como que tampoco se tuvo en cuenta los argumentos presentados por el accionante ante la Procuraduría el 9 de octubre de 2014. La solicitud de investigación contra la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, se plantea por adoptarse una decisión de segunda instancia en oportunidad que la Rama Judicial se encontraba en cese de actividades por paro. El quejoso manifiesta su inconformidad con el proceder del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta - Sala Civil - Familia -, por cuanto resolvieron en segunda instancia una acción de tutela que en primera oportunidad le fuera despachada en forma desfavorable a sus intereses.

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Referencia: FUNCIONARIO ÚNICA INSTANCIA El oficio remisorio de la queja, librado por la Defensoría Regional del Pueblo de Santa Marta, indicó lo manifestado por Ramiro Alberto Jiménez Gil en la denuncia disciplinaria: “…CON EXTRAÑEZA RECIBO EL DÍA 23 DE OCT/2014, CONFIRMACIÒN DEL FALLO DE 1ERA INSTANCIA, EL CUAL FUE PROFERIDO POR LA SALA CIVIL FAMILIA DE STA MTA, ESTANDO EN PARO LA RAMA JUDICIAL Y NO TUVO EN CUENTA LOS ARGUMENTOS Q PRESENTE ANTE LA PROCURADURÌA EL 9 DE COT/2014, CONTROVIRTIENDO EL FALLO DE 1ERA INSTANCIA, CON LO CUAL SE ME ESTA VULNERANDO MI DERECHO A LA DEFENSA; SOLICITO AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA INVESTIGUE LA CONDUCTA DE DICHA SALA POR ENCONTRARSE EN PARO…” (Sic a lo transcrito).

La discrepancia que manifiesta el noticiante, se perfila como un hecho de protesta por figurar en labores la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, en momento en que la Rama Judicial se encontraba en cese de actividades por jornada de paro para el 23 de octubre de 2014; alega que no se tuvo en cuenta los argumentos presentados ante la Procuraduría el 9 de octubre de 2014 controvirtiendo el fallo de

primera instancia, destaca su solicitud para investigar la conducta de la citada Sala por encontrarse en paro judicial y sin embargo resolvió la tutela en segundo grado.

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Referencia: FUNCIONARIO ÚNICA INSTANCIA

CONSIDERACIONES

Competencia. De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 256 de la Carta Política, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura: “Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la Rama Judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley”. Dicha norma se desarrolló en el artículo 112 del Estatuto Orgánico de la Administración de Justicia, al fijar las funciones de la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura en su numeral 4 dispuso: “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la

Judicatura.”

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Referencia: FUNCIONARIO ÚNICA INSTANCIA Teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos objeto de la presente investigación, es conveniente tener presente el alcance del artículo 6º de la Constitución Política, al señalar: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio

de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de

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Referencia: FUNCIONARIO ÚNICA INSTANCIA jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las

Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”. Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “…los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros

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Referencia: FUNCIONARIO ÚNICA INSTANCIA de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional

disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. Del asunto a tratar Evalúa la Sala los argumentos planteados por el quejoso en su noticia disciplinaria, con la finalidad de establecer si los mismos cuentan con el alcance de irrogar comportamiento disciplinario alguno contra los Magistrados de la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en razón de haber resuelto en

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Referencia: FUNCIONARIO ÚNICA INSTANCIA segunda instancia la acción de tutela interpuesta contra Oficina de Instrumentos Púbicos de Santa Marta por parte del petente.

Presentó el denunciante acción de tutela contra la Oficina de Registro de Instrumentos Púbicos de Santa Marta, considerando violados por dicha autoridad administrativo los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso, legítima defensa, libre acceso a la administración de justicia y reclama el sometimiento de las decisiones al imperio de la Ley; la acción de tutela versa sobre el hecho de haber presentado revocatoria de

inscripción ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta al estimar que se efectuó un registro ilegal de una escritura de hipoteca. Radicó el quejoso la acción de tutela inicialmente ante la oficina Judicial de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, encargada del reparto de rigor que una vez realizado correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Restitución de Tierras de Santa Marta, despacho que tramitó la acción constitucional y con sentencia de septiembre 12 de 2014 resolvió no acceder a la acción de tutela promovida por el aquí quejoso, en virtud de tratarse de la interposición de varias

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Referencia: FUNCIONARIO ÚNICA INSTANCIA acciones públicas de la misma naturaleza y por los mismos hechos, en aplicación al artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, que nos enseña: “ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales,

se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”. De acuerdo con la documental existente en el asunto, se tiene que la Sala CivilFamilia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, resolvió la impugnación de la decisión de septiembre 12 de 2014, con calenda de octubre 22 de 2014 en el radicado 2014-00049 01, y dispuso confirmar la providencia fechada doce (12) de septiembre de dos mil catorce (2014), proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras en la acción de tutela de Ramiro Jiménez Gil contra la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta en la que se vinculó al Juzgado Quinto Civil Municipal de Santa Marta.

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Referencia: FUNCIONARIO ÚNICA INSTANCIA La comunicación se patentó en oficio Nº 06336 de octubre 23 de 2014 dirigido a Ramiro

Jiménez Gil a la carrera 20 Nº 11 C-37 de Santa Marta, en el que se informó que la Magistrada Ponente en esa decisión de segunda instancia, es la doctora TULIA

CRISTINA ROJAS ASMAR.

Solución del caso Se procede entonces a examinar el contexto de la queja junto con la documentación acreditada, para entrar a determinar la decisión que más se ajuste a derecho en este caso; de una parte encuentra como el quejoso eleva protesta contra los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, al confirmar la providencia fechada doce de septiembre de 2014, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Santa Marta, al interior de la tutela impetrada por Ramiro Alberto Jiménez Gil en contra de la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE SANTA MARTA, a la que fue vinculado el Juzgado Quinto Civil Municipal de Santa Marta.

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Referencia: FUNCIONARIO ÚNICA INSTANCIA La inquietud planteada por el noticiante, se interpreta en la solicitud de investigar la razón por la que si se hallaba en paro la rama judicial, se realizó el pronunciamiento del 22 de octubre de 014 y comunicado el 23 de octubre de esa misma anualidad con el

citado oficio 06334; desde esta óptica cabe precisar, que la motivación argumentada por haber laborado la Corporación Judicial en jornada de paro, no cuenta con la relevancia disciplinaria pertinente, pues de un lado, se tiene que no cuenta con reparo alguno este episodio, además que se respetó la importancia de la tutela como figura constitucional. Llama la atención de la Sala, el que menciona el quejoso en su escrito que la doctora TULIA CRISTINA ROJAS ASMAR en calidad de Magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, no se declaró impedida cuan do quiera que en fallo anterior lo hizo. Resulta pertinente mencionar que la finalidad de la investigación disciplinaria con fundamento en el artículo 153 de la Ley 734 de 2002, se encuentra reglada de la siguiente manera:

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Referencia: FUNCIONARIO ÚNICA INSTANCIA “La investigación disciplinaria tiene por objeto verificar la ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo,

modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la falta, y la responsabilidad disciplinaria del investigado”. Frente a esta finalidad debe decirse que la misma desborda el campo funcional de la jurisdicción disciplinaria, por cuanto en realidad de verdad no se puede propiciar un ambiente en el que se ofrezca presencia de una tercera intervención judicial, es decir, una actuación equivalente a una tercera instancia completamente inexistente en nuestro ordenamiento jurídico. Las funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se establecen en los artículos 256-3 de la Constitución Política y 112-3 de la Ley 270 de 1996 en el siguiente tenor:

Constitución Política:

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Referencia: FUNCIONARIO ÚNICA INSTANCIA “Artículo 256. Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: 1…2…3.

Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así

como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley…” (Sic a lo transcrito). Por su parte, la Ley 270 de 1996. “Artículo 112. FUNCIONES DE LA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 1…2…3. Conocer, en única instancia, de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los magistrados de los Tribunales y Consejos Seccionales de la Judicatura, el Vicefiscal, los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales…” (Sic a lo transcrito). Se entiende claro que la intervención en las decisiones judiciales para modificar o revocar su sentido solamente se presenta como consecuencia de los recursos de reposición y/o apelación interpuestos en las decisiones de única o primera instancia en

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Referencia: FUNCIONARIO ÚNICA INSTANCIA lo que corresponda a la especialidad disciplinaria; no puede interferir adoptando

decisiones frente a las determinaciones de las instancias regulares en materia de los asuntos de sus competencias. Solamente se conoce eventualmente para los efectos de alguna actuación disciplinaria que se de

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