CSDJ - F11001010200020150038700ADJUNTA20150319165446-2015

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M.P. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No 110010102000201500387-00 (10372-23)

Referencia: Conflicto entre Diferentes Jurisdicciones

CONFLICTO NEGATIVO / Jurisdicción Ordinaria Civil y Jurisdicción Contencioso Administrativa La Jurisdicción Ordinaria es a quien le corresponde dirimir la presente litis, toda vez que la controversia se suscitó entre una entidad administrativa prestadora del servicio de salud de carácter particular y una entidad pública, situación que sin lugar a dudas, se enmarca en lo normado y ya referido numeral 4 del artículo 2 del Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues dicha controversia es propia del Sistema de Seguridad Social Integral. Asignó el conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria.

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Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil quince (2015) Magistrada Ponente Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No. 110010102000201500387-00 (10372-23) República de Colombia Rama Judicial

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Referencia: Conflicto entre Diferentes Jurisdicciones

Aprobado Según Acta de Sala No. 21 ASUNTO Procede la Sala a dirimir el conflicto negativo de competencias suscitado

entre el JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE BOGOTÁ, SECCIÓN TERCERA, la SUPERINTENDENCIA

DELEGADA PARA LA FUNCION JURISDICCIONAL Y DE

CONCILIACIÓNSUPERSALUD, y el JUZGADO SEXTO LABORAL DEL

CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C., con ocasión del conocimiento del proceso de reparación directa interpuesta por la COMPAÑÍA DE MEDICINA

PREPAGADA COLSANITAS S.A. contra la NACIÓN – MINISTERIO DE

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

ANTECEDENTES RELEVANTES 1.- El 17 de julio de 2013, la COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A., mediante apoderado judicial presentó ante el Juez ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ, demanda de reparación directa, cuyas pretensiones son: “PrimeraQue se declare administrativa, extracontractual y solidariamente responsable a la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social por los perjuicios materiales causados a Colsanitas S.A. (en calidad de cesionaria de EPS Sanitas), con República de Colombia Rama Judicial

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M.P. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No 110010102000201500387-00 (10372-23) Referencia: Conflicto entre Diferentes Jurisdicciones ocasión de la de la demanda, por concepto del suministro o provisión

de los servicios, insumos, procedimientos o medicamentos NO incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS, y, por consiguiente, NO costeados por las Unidades de Pago por Capitación , UPC, de manera que están a cargo de la Subcuenta de Compensación del Fosyga, y los cuales fueron efectivamente suministrados y cubiertos en su momento por EPS Sanitas a favor de afiliados y beneficiarios suyos y cuyos respectivos recobros fueron glosados.” Como consecuencia de la declaración anterior, solicitó la parte actora que se condene a la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social a cancelar a las demandantes por concepto de perjuicios materiales, unos valores por daño emergente, lucro cesante y debidamente indexadas las sumas reconocidas, allegando como soportes las bases de datos en la que se identifican y clasifican los recobros presentados para pago ante el Ministerio de Salud y Protección Social representado por el consorcio administrador, que son objeto de la demanda de autos (fl. 1-51 c.o) 2.- Sometida a reparto le correspondió conocer del proceso al JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, SECCIÓN TERCERA, despacho judicial que le dio el impulso procesal respectivo hasta el 27 de mayo de 2014, fecha en la cual se instaló la Audiencia Inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, en la cual el operador judicial no evidenció la existencia de nulidades o irregularidades que invalidaran la actuación, procediendo a resolver la excepciones previas presentadas en ese trámite decidiendo: i) No prosperó

la excepción de caducidad, por cuanto el demandado no tuvo en cuenta que la solicitud de conciliación suspende el término de caducidad; ii) No evidenció República de Colombia Rama Judicial

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M.P. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No 110010102000201500387-00 (10372-23) Referencia: Conflicto entre Diferentes Jurisdicciones la existencia de un daño antijurídico; iii) No prosperó la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, pues la notificación de la demanda al demandado, fue tanto del escrito como de las pruebas y anexos que el demandante pretende hacer valer, decisión que fue apelada por parte de la apoderada de la parte demandada, por lo cual ordenó el titular del despacho, remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para desatar el referido recurso (fl. 206 – 207 c.o.) 3.- Del recurso de apelación conoció el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A”, autoridad que mediante auto del 19 de junio de 2014, declaró la nulidad de todo lo actuado y la falta de jurisdicción para seguir conociendo de la demanda, al considerar que: “(…) la Sala advierte una controversia relativa a la prestación del servicio de seguridad social y el no reconocimiento y pago de prestaciones NO POS a la entidad prestadora del servicio, situación que encuentra adecuación dentro de lo normado en la ley 712 de 2001, que establece los asuntos de competencia de la

jurisdicción ordinaria. En este orden de ideas, la situación fáctica planteada por la Litis en cuestión es ajena a lo normado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por ende, ésta Corporación carece de jurisdicción para conocer y fallar el presente litigio, en consecuencia, se declarará la falta de jurisdicción y se dispondrá la remisión del expediente a los Juzgados Laborales del Circuito de Bogotá.” (sic para lo transcrito). La apoderada judicial del Ministerio de Salud y Protección Social, interpuso “recurso de apelación” contra el anterior auto al considerar que la controversia suscitada entre su representada y el demandante es propia de República de Colombia Rama Judicial

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M.P. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No 110010102000201500387-00 (10372-23) Referencia: Conflicto entre Diferentes Jurisdicciones la Jurisdicción Contenciosa Administrativa al tratarse de una acción de reparación directa, recurso que fue resuelto por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A”, en proveído del 1 de agosto de 2014, rechazando el recurso por improcedente (fl. 221 – 227, 229 – 266, 268 - 269 del c.o.). 4.- Allegado el expediente a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, le correspondió conocer del mismo al JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE

BOGOTÁ D.C., mediante auto interlocutorio de fecha 16 de septiembre de 2014, resolvió declarar la falta de competencia para conocer del asunto, y remitir la actuación a la Superintendencia Nacional De Salud al manifestar que: “(…) el problema jurídico a definir se circunscribe al cobre de facturas por servicios y/o procedimientos médicos e insumos, tema que se encuentra regulado expresamente por el Decreto 4747 de

2007. De lo que se duele que dicho asunto no corresponde propiamente a un conflicto de seguridad social, esto, en el entendido de que el objeto de la acción judicial no persigue prestaciones o derechos regulados por la Ley 100 de 1993, lo que significa que no se refiere a un tema de seguridad social integral, razones que resultan suficientes para considerar que este Despacho no es el competente para definir el conflicto jurídico propuesto por la entidad accionante COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGRADA COLSANITAS S.A. (…) ”(sic para lo transcrito).

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M.P. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No 110010102000201500387-00 (10372-23) Referencia: Conflicto entre Diferentes Jurisdicciones En suma, concluyó que la jurisdicción ordinaria no es la competente para conocer del asunto, ordenando el envío del expediente a la Superintendencia Nacional de Salud (fl. 273 - 276c.o.).

5.- La SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCIÓN

JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN DE LA SUPERSALUD, mediante proveído del 22 de octubre de 2014, rechazó el conocimiento de la controversia por falta de competencia, manifestando que el legislador asignó a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral el conocimiento de las controversias relacionadas con el sistema de seguridad social integral y los cobros realizados al FOSYGA siendo una litis que se desprende de la prestación del servicio de salud a afiliados, beneficiarios o usuarios de la entidad, indicando que la interpretación dada al artículo 41 de la Ley 1122 de 2007 y artículo 126 de la Ley 1438 de 2011, son situaciones que están enmarcadas dentro de dicho sistema siendo del resorte del juez ordinario. Finalmente señaló que si bien se tiene la existencia de dos autoridades competentes para conocer de estas demandas, lo cierto es que el conocimiento de las mismas debe atribuirse a la jurisdicción ante la cual se instauró inicialmente la misma, es decir una competencia a prevención, y para el caso en particular debe ser la Jurisdicción Ordinaria, en consecuencia, ordenó el envío de las diligencias a esta Colegiatura para lo de su competencia (fl. 308 – 310 c.o.)

CONSIDERACIONES DE LA SALA

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Referencia: Conflicto entre Diferentes Jurisdicciones

1.- Competencia. De conformidad con las atribuciones consagradas en el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política, en armonía con el numeral 2 del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para dirimir conflictos de competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las consagradas en el numeral 3º del artículo 114 de la Ley 270 de 1996. Entendida la jurisdicción como la función del Estado de administrar justicia, y la competencia, como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para ejercer, por autoridad de la ley en determinado asunto. Así tenemos por regla general, el conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos funcionarios estiman es de su conocimiento, caso en el cual será positivo; o por considerar no corresponderle, caso en el que será negativo, y para que éste se estructure o proceda, es necesario se presenten los siguientes presupuestos:

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite, esto es, que no haya sido fallado.

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Referencia: Conflicto entre Diferentes Jurisdicciones Por otra parte, y previo a analizar el asunto objeto de estudio, es necesario precisar que en los pronunciamientos de esta Colegiatura, han de desarrollarse los principios rectores los cuales enmarcan una adecuada administración de justicia, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia de la función judicial, pues estos pueden generar variaciones en el trámite de los conflictos de jurisdicción y competencia puestos a conocimiento de esta Colegiatura, en aras de prever actualmente un trámite expedito y ágil en orden a lograr la eficiencia en el ejercicio de la función judicial tal como lo contempló el principio constitucional consignado en el artículo 2° Superior, veamos: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia NACIÓN al, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” En ese orden de ideas y en procura de materializar tal principio, se ceñirá la Sala a pronunciarse sobre el tema propuesto a su consideración en el entendido de que lo pretendido es definir a quién corresponde la

competencia para conocer de determinado proceso judicial, esto es, el verdadero acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta que República de Colombia Rama Judicial

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M.P. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No 110010102000201500387-00 (10372-23) Referencia: Conflicto entre Diferentes Jurisdicciones esta Colegiatura es el órgano constitucional encargado para dirimir este tipo de conflictos, y en aras de garantizar el principio de economía procesal, dada la trascendencia social del litigio traído en autos, por consiguiente, se procederá a analizar el sub lite y tomar una decisión de fondo en la cual se esclarezcan los hechos objeto de la controversia, y así garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, conforme lo prevé el artículo 228 de la Constitución Política cuyo texto legal es del siguiente tenor: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. (…)” 2.- Objeto del conflicto. El objeto del presente conflicto radica en determinar cuál es la jurisdicción competente para el conocimiento de la demanda ordinaria laboral, que a través de apoderado judicial interpuso la COMPAÑÍA DE MEDICINA

PREPAGADA COLSANITAS S.A. contra la NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 3.- Del caso en concreto.

En el Sub - examine, el demandante pretende el pago de la suma de dinero adeudada por el ente accionado, en razón a la cobertura y suministro efectivo de los servicios no incluidos en el plan obligatorio de saludPOS y a su vez costeados por las unidades de pago por capitación UPC, que el República de Colombia Rama Judicial

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M.P. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No 110010102000201500387-00 (10372-23) Referencia: Conflicto entre Diferentes Jurisdicciones Sistema General de Seguridad Social en Salud reconoce a sus usuarios y están a cargo de la Subcuenta de Compensación del FOSYGA, así como las indemnizaciones y demás emolumentos que le corresponden por ley. Definido lo anterior, la Sala entra a estudiar y analizar la normatividad en la cual se amparan los funcionarios de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la Ordinaria, para proponer el conflicto que nos ocupa. Al respecto se tiene que con la Ley 100 de 1993 se creó el “Sistema de Seguridad Social Integral”, con el objeto de garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad, con el fin de brindar una calidad de vida de acuerdo con el postulado constitucional de un orden social justo e igualitario, mediante la protección de las contingencias que la afecten, y estando sujeta a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. También se concibió constitucional y legalmente la Seguridad Social como un servicio público obligatorio el cual está direccionado, coordinado y bajo

control del Estado siendo este último el rector y los particulares sus prestadores, quedando así este sistema sin lugar a duda, atado visiblemente a la Ley 100 de 1993, en el sentido de que comprende los sistemas generales de pensiones, de salud, de riesgos profesionales y los servicios sociales obligatorios, definidos en dicha normatividad, por manera que no reviste duda alguna que lo que no está comprendido dentro de los respectivos regímenes no hace parte del sistema de seguridad social integral. República de Colombia Rama Judicial

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M.P. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No 110010102000201500387-00 (10372-23) Referencia: Conflicto entre Diferentes Jurisdicciones Por otro lado, encontramos que el artículo 48 de la Constitución Política consagró como derecho fundamental la garantía a todos los habitantes del derecho irrenunciable a la seguridad social, y establece que el Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente su cobertura que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. Así mismo, dispone que la seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de acuerdo con la ley, y que sus recursos no se puedan destinar ni utilizar a fines diferentes. Así las cosas se aduce además que la Seguridad Social Integral, cuya unidad conceptual que viene dada desde la propia Constitución y es desarrollada por la Ley 100 de 1993, exigen la existencia de un proceso especial y de una jurisdicción también especializada en orden a dirimir las controversias que se

relacionen con esta materia que no es otra que la ordinaria laboral, con las excepciones contempladas en los artículos 36 y 279 de la Ley 100 de 1993. A su turno la Ley 712 de 2001 modificatoria del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y que a su vez fue reformado por la Ley 1564 de 2012, señaló en cuanto a la Jurisdicción Ordinaria lo siguiente: “4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos”. República de Colombia Rama Judicial

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M.P. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No 110010102000201500387-00 (10372-23) Referencia: Conflicto entre Diferentes Jurisdicciones Sobre el tema ha expresado la Corte Constitucional, al ocuparse de una demanda de inexequibilidad contra el artículo 4°, numeral 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, arriba transcrito en la cual reafirmó sus enseñanzas sobre la materia en los siguientes términos: “De conformidad con el ordenamiento superior, en sus artículos 48 y 365, la distribución de la competencia que trae la norma demandada, en el sentido de que la jurisdicción del trabajo conocerá de las controversias producidas entre entidades públicas y privadas del régimen de la seguridad social integral y sus afiliados proviene, adicionalmente a lo

señalado en el acápite anterior, de la facultad del legislador de establecer el régimen jurídico al cual se verá sometida la prestación de un servicio público. El ámbito de aplicación de la regulación que ocupa la atención de la Corte es el de la seguridad social, la que por mandato del artículo 48 de la Carta Política, forma parte de los derechos sociales y económicos, como derecho irrenunciable de todos los habitantes del territorio NACIONAL, debiendo prestarse en la forma de un servicio público de carácter obligatorio, bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En claro desarrollo de ese mandato superior, el legislador creó el sistema de seguridad social integral mediante la Ley 100 de 1993, con el objeto de proteger globalmente a todas las personas frente a las contingencias económicas y de salud que les impidan mantener una calidad de vida en condiciones dignas. Así, cuando la citada ley se refiere al sistema de seguridad social integral, debe entenderse que comprende todas aquellas “obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios República de Colombia Rama Judicial

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M.P. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No 110010102000201500387-00 (10372-23) Referencia: Conflicto entre Diferentes Jurisdicciones complementarios, materia de esta ley, que se incorporen normativamente en el futuro” (art. 1o.).

La anterior concepción del sistema permite asegurar una mayor cobertura en la población colombiana en materia de salud y pensiones, con especial atención de las personas que carecen de capacidad económica, para brindarle suficiente protección ante eventuales contingencias. De este modo, la implantación de un sistema en estos términos se evidencia como un conjunto armónico de “entidades públicas y privadas, normas y procedimientos” para la prestación de los regímenes generales establecidos para las pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios definidos en esa Ley 100 (art. 8o.). (…) La creación de un sistema integral de seguridad social, con el cual se pudiese establecer una organización institucional y normativa especial para brindar una mejor prestación de ese servicio público, era requerida dada la multiplicidad de situaciones que existían antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que ésta normatividad debió diseñar un sistema único que abarcase progresivamente la totalidad de la población colombiana, bajo la vigencia de unos principios rectores, como son los de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación (art. 2o.). La articulación de las políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones de la seguridad social en un régimen jurídico unificado y específico, proviene precisamente del cumplimiento de ese principio de unidad (art. 2o. literal e); con ello, el legislador integró tanto los asuntos de orden sustantivo, en la medida en que permite desarrollar el derecho a la seguridad social, como los de orden procedimental, los cuales facilitan su prestación efectiva; a éstos últimos, pertenecen las reglas de jurisdicción y

competencia de las respectivas autoridades judiciales destinadas a tramitar las materias que se deriven de esos asuntos. República de Colombia Rama Judicial

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M.P. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No 110010102000201500387-00 (10372-23) Referencia: Conflicto entre Diferentes Jurisdicciones De esta manera, la atribución de la solución de las controversias suscitadas entre las entidades públicas y privadas de la seguridad social integral con sus afiliados, responde a la necesidad de especializar una jurisdicción estatal con la asignación de dicha competencia, haciendo efectiva la aplicación del régimen jurídico sobre el cual se edificó la prestación del servicio público de la seguridad social. (…) Así las cosas, siendo el objeto de la norma acusada la atribución de una competencia a una determinada jurisdicción con el fin de precisar la autoridad judicial que dilucide las controversias de los sujetos que, bajo un mismo régimen jurídico, integran el sistema de seguridad social integral, es claro que la clase de vinculación al Estado no puede configurar un criterio válido para alegar una desigualdad de trato entre servidores públicos, pues se reitera que es en razón de la condición de afiliado a dicho sistema que se estructura la competencia judicial, en la forma de un factor subjetivo tenido en cuenta para la respectiva configuración”1. (negrillas y subrayado fuera de texto) Más adelante, precisa la Corte Constitucional sobre el tema materia de litis lo siguiente: "Como ya se dijo la asignación de dicha competencia a la jurisdicción

ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social obedeció a la necesidad de hacer efectivos los mandatos de los artículos 29, 48 y 365 de la Carta Política que según se advirtió en la citada Sentencia C111 de 2000 imponen la necesidad de especializar una jurisdicción estatal para el conocimiento de las controversias sobre seguridad social integral, 1 CORTE CONSTITUCIONAL , SENTENCIA c-111 DE 2000, expediente D-2465, M.P. Dr. ALVARO TAFUR GALVIS, 9 de febrero de 2000 República de Colombia Rama Judicial

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M.P. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No 110010102000201500387-00 (10372-23) Referencia: Conflicto entre Diferentes Jurisdicciones haciendo efectiva la aplicación del régimen jurídico sobre el cual se edificó la prestación del servicio público de la seguridad social. Además, la especialización que se hace de la justicia ordinaria laboral corresponde al sentido unificado del sistema de seguridad social integral querido por el constituyente. Unidad del sistema que se proyecta en la unidad de la jurisdicción. Así las cosas, la Corte no comparte la opinión del Procurador en el sentido de que lo procedente es declarar inexequible la expresión “integral” del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 712 de 2001, pues ha quedado claramente establecido que las personas pertenecientes a los regímenes de excepción, al igual que los afiliados al sistema de seguridad social integral de la Ley 100 de 1993, también tienen derecho a

acceder a la administración de justicia con arreglo a los criterios tradicionales que determinan el juez natural para conocer de las controversias relacionadas con la aplicación de dichos regímenes de excepción. En suma, el numeral 4° del artículo 2° de la Ley 712 de 2001 al atribuir a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social la solución de los conflictos referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan, integra un sistema mediante el cual debe prestarse el servicio público obligatorio de la seguridad social bajo el principio de unidad que rige el régimen jurídico que la regula. Finalmente, es de anotar que en lo esencial el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001 es mutatis mutandi igual al artículo 2º de la ley 362 de 1997, que acogió en forma más explícita la exégesis que las altas Corporaciones de justicia le habían impartido. Valga recordar que en esas República de Colombia Rama Judicial

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M.P. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No 110010102000201500387-00 (10372-23) Referencia: Conflicto entre Diferentes Jurisdicciones sentencias se precisó que después de la expedición de Ley 100 de 1993, para los efectos del sistema de seguridad social integral no es necesario tener en cuenta la naturaleza jurídica del vínculo ni los

actos que reconocieron o negaron un derecho sustancial en esa materia, sino la relación afiliado, beneficiario o usuario, con la respectiva entidad administradora o prestadora de servicios de seguridad social integral. Por tanto, es la materia de la controversia lo que define la jurisdicción competente y no el status jurídico del trabajador. Igualmente se destacó que el legislador en ejercicio de la libertad política de configuración de normas jurídicas y en armonía con los artículos 150-23 y 228 Superiores, tiene un amplio margen de decisión para distribuir una competencia judicial dentro de las distintas jurisdicciones estatales, a fin de que una precisa autoridad judicial ejerza la jurisdicción del Estado en un asunto previamente señalado, bajo estrictos contornos de protección de la vigencia y primacía del debido proceso (C.P. art. 29). Por tanto, bien podía el legislador en ejercicio de esas innegables potestades asignar la competencia a la jurisdicción ordinaria para conocer de las controversias referentes a sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de su relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan2”. Sea lo primero delimitar, teniendo en cuenta que la demanda originaria de la presente controversia, se presentó el 17 de julio de 2013, es decir, en vigencia de la Ley 1437 de 2011, se debe atender lo dispuesto en el inciso 2°

del Artículo 308 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso (Ley 1437 de 2011), en el cual se estipuló lo siguiente: “Este 2

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA C-1027 DE 2002, expediente D-4027, M.P. Dra. CLARA INÉS VARGAZ HERNÁNDEZ, 27 de noviembre de 2002

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M.P. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ Radicado No 110010102000201500387-00 (10372-23) Referencia: Conflicto entre Diferentes Jurisdicciones Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia”, atendiendo lo contenido en la mencionada Ley para la solución del presente caso. Ahora bien hechas las precisiones normativas pertine