CSDJ - F11001010200020150055400ADJUNTA20150506163859-2015

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., abril veintinueve de dos mil quince Magistrado Ponente Doctor: WILSON RUIZ OREJUELA Radicación No. 110010102000201500554 00 Aprobado en Sala No. 032 de la misma fecha. ASUNTO Resolver el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Catorce Civil Municipal de Cali y el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cali, para conocer de la demanda ejecutiva de mínima cuantía presentada por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF contra los señores Alexander Moreno Montoya, Maribel Criollo Villota, Marceliano Rubén Criollo Villota, Amanda Carmona Osorio y Rafael Enrique Aroca Gutiérrez. HECHOS El INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF presentó demanda ejecutiva de mínima cuantía contra Alexander Moreno Montoya y otros, a fin de que se libre mandamiento de pago por valor de $3.027.118 representados en un pagaré, más intereses de mora del 20% anual desde el 1 de agosto de 2000 hasta que se haga efectivo el pago. En consecuencia, se condene al pago de costas y agencias en derecho a la demandada. POSICIÓN DE LOS COLISIONADOS Mediante providencia del 14 de noviembre de 20141, el Juzgado Catorce Civil Municipal de Cali señaló, que efectuada la revisión de la demanda, el titulo aportado como base de la obligación debe presentarse ante la

jurisdicción contencioso administrativa de conformidad con el artículo 104 numeral 6 de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, rechazó la demanda y ordenó su envío a los juzgados administrativos. Arribado el expediente al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante auto del 11 de febrero de 20152 consideró, que el titulo valor que se ha adjuntado como recaudo ejecutivo corresponde a un pagaré, el cual como titulo valor reúne los requisitos para su existencia contenidos en el artículo 709 del Código de Comercio sin hacer parte de un 1 Folio 16. 2 Folio 357 cuaderno anexo. contrato estatal, el cual se echa de menos en la demanda y es por ello, que debe cobrarse ante la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, provocó conflicto negativo y envió el expediente a esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria. CONSIDERACIONES Competencia Conforme con el numeral 6° del artículo 2563 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el mandato que consagra el numeral 2° del artículo 1124 de la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de Administración de Justicia-, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para dirimir los conflictos que se susciten entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales. Se entiende la jurisdicción como la función del Estado de administrar justicia y, la competencia, como la facultad que tiene el juez o el Tribunal para

ejercer, por autoridad de la Ley en determinado asunto. 3 Art. 256.Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:

6. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. 4 Art. 112. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la

Judicatura:

2. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran ente las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo 114, numeral tercero, de esta ley y entre los consejos seccionales o entre dos salas de un mismo consejo seccional.

Por regla general, un conflicto se presenta cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos funcionarios estiman es de su conocimiento, evento en el cual será positivo; o, por considerar que no les corresponde tramitar el asunto, caso en el cual será negativo y, para que éste se estructure serán necesarios los siguientes presupuestos:

1. Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso.

2. Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro acerca de quién debe conocerlo.

3. Que el proceso se halle en trámite.

En aras de lograr la eficiencia en el ejercicio de la función judicial, tal como lo contempló el principio constitucional consagrado en el artículo 2 Superior5, la Sala se ceñirá a pronunciarse sobre el tema propuesto a su consideración,

en el entendido de definir a quién corresponde la competencia para conocer de determinado proceso judicial, para garantizar el acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta que esta colegiatura es el órgano constitucional encargado de dirimir este tipo de conflictos y, en aras de garantizar los principios de economía procesal y de prevalencia del 5 “Art. 2. Constitución Política. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad genera y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. derecho sustancial sobre el formal, como lo prevé el artículo 228 constitucional6. Caso Concreto Procede la Sala a pronunciarse con relación a la jurisdicción competente para conocer de las presentes diligencias. Se trata de definir la autoridad a quien corresponde conocer la demanda ejecutiva de mínima cuantía, instaurada por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF contra los señores Alexander Moreno Montoya, Maribel Criollo Villota, Marceliano Rubén Criollo Villota, Amanda Carmona Osorio y Rafael Enrique Aroca Gutiérrez, a fin de que se libre

mandamiento de pago por valor de $3.027.118 representados en un pagaré, más intereses de mora del 20% anual desde el 1 de agosto de 2000 hasta que se haga efectivo el pago, así como el reconocimiento de costas y agencias en derecho a la demandada. Previamente se observa, que la demanda7 en cuestión fue interpuesta en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 20118, Estatuto que en cuanto a la competencia 6 “Art. 228 Constitución Política. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial.” 7 30 de octubre de 2014 – folio 14 cuaderno anexo. 8 Ley 1437 de 2011 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con de la jurisdicción contencioso administrativa, en materia de procesos ejecutivos prevé: “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de

las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…)

6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades”.

En armonía, el artículo 297 ibídem contiene la definición de título ejecutivo para los efectos de ese Código: Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. el régimen jurídico anterior”.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las

partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar”.

Descendiendo al caso en examen, se observa, que la acción fue incoada para librar mandamiento de pago con base en un pagaré9 suscrito y aceptado por los demandados, para respaldar un crédito otorgado a los mismos en su calidad de funcionarios de la entidad ejecutante, dentro de un programa de vivienda adelantado por ésta para sus empleados. Se trata entonces de un proceso ejecutivo de una entidad pública contra particulares, donde el título base de la ejecución lo compone un pagaré, 9 Folios 7-8. calificado como título valor de conformidad con el Código de Comercio, el cual reúne los requisitos y características que establece esa misma normatividad10 y, que no se enmarcan dentro de los previstos como títulos ejecutables ante la jurisdicción contencioso administrativa de conformidad con las normas arriba citadas, pues se itera, sólo son: (i) el contrato estatal mismo; (ii) las actas adicionales que modifican el contrato; (iii) las actas de liquidación del contrato; (iv) las actas de pago; (v) el convenio de transacción; (vi) las facturas de los bienes recibidos y las facturas cambiarias; (vii) los actos administrativos unilaterales, debidamente ejecutoriados y derivados de

los contratos, que contengan una obligación de pagar una suma líquida de dinero a favor de la Administración (liquidación unilateral del contrato, por ejemplo); (viii) las sentencias proferidas en los procesos contractuales; (ix) los autos interlocutorios, ejecutoriados y proferidos en los procesos contractuales (verbigracia, los que aprueban las conciliaciones prejudiciales); (x) los laudos arbítrales; (xi) las pólizas de seguros; además, (xii) las ejecuciones derivadas de condenas proferidas por la misma Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en los procesos de carácter contractual. Siendo así, queda claro entonces que los títulos valores, son válidos para respaldar las distintas obligaciones contractuales adquiridas por la Administración o por los propios contratistas, siempre y cuando se deriven del ejercicio de la actividad contractual estatal, pues si no provienen 10 Código de Comercio: “Artículo 621: Además de lo dispuesto para cada título-valor en particular, los títulos-valores deberán llenar los requisitos siguientes: 1) La mención del derecho que en el título se incorpora, y 2) La firma de quién lo crea (..).”. “Artículo 709: requisitos del pagaré. El pagaré debe contener, además de los requisitos que establece el Artículo 621, los siguientes: 1) La promesa incondicional de pagar una suma determinante de dinero; 2) El nombre de la persona a quien deba hacerse el pago; 3) La indicación de ser pagadero a la orden o al portador, y 4) La forma de vencimiento. (..)”. directamente de dicho contrato, no podrán ejecutarse ante la jurisdicción

contencioso administrativa. En este caso, si bien una de las partes es ente público, el origen de la obligación no desplaza la cláusula general de competencia de la justicia ordinaria, por el contrario, se trata de una ejecución con base en un título valor, sin que de las pretensiones se advierta la existencia de un contrato estatal, sino, se itera, de la ejecución de una obligación crediticia respaldada mediante un pagaré, ejecutable ante la jurisdicción ordinaria civil de conformidad con el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil: “Artículo 488. Títulos ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 294”. De acuerdo con todo lo anterior, queda claro que la competencia para conocer de la acción ejecutiva cuya base es un pagaré, sin origen en un contrato estatal, deberá asignarse a la jurisdicción ordinaria civil. Sin más consideraciones, esta Superioridad determina que la Jurisdicción competente para conocer de la demanda ejecutiva de mínima cuantía, instaurada por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR –

ICBF contra los señores Alexander Moreno Montoya, Maribel Criollo Villota, Marceliano Rubén Criollo Villota, Amanda Carmona Osorio y Rafael Enrique Aroca Gutiérrez, es la ordinaria civil, representada por el Juzgado Catorce Civil Municipal de Cali, al cual se le enviará el expediente. En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, RESUELVE PRIMERO: Asignar el conocimiento de la demanda ejecutiva de mínima cuantía, instaurada por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF contra los señores Alexander Moreno Montoya, Maribel Criollo Villota, Marceliano Rubén Criollo Villota, Amanda Carmona Osorio y Rafael Enrique Aroca Gutiérrez, a la jurisdicción ordinaria civil, representada por el Juzgado Catorce Civil Municipal de Cali, al que se enviará el expediente de forma inmediata.

SEGUNDO: Envíese copia de esta providencia al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cali, para su información.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

NÉSTOR IVÁN JAVIER OSUNA PATIÑO

Presidente

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO RAFAEL ALBERTO GARCÍA ADARVE

Vicepresidente Magistrado (E)

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ ANGELINO LIZCANO RIVERA

Magistrada Magistrado

MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA WILSON RUIZ OREJUELA

Magistrada Magistrado YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA Secretaria judicial